El 16 de Junio de 1955 se producía el bombardeo aéreo de la Plaza de Mayo. Fue en ocasión de un frustrado intento de terminar con la presencia en el gobierno de Juan Domingo Perón, que incluía la posibilidad de su muerte en el mismo ataque. Aquello fue una manifestación de la disposición de sectores […]
El 16 de Junio de 1955 se producía el bombardeo aéreo de la Plaza de Mayo. Fue en ocasión de un frustrado intento de terminar con la presencia en el gobierno de Juan Domingo Perón, que incluía la posibilidad de su muerte en el mismo ataque. Aquello fue una manifestación de la disposición de sectores de las Fuerzas Armadas y de políticos opositores a Perón a utilizar la violencia, incluso contra la población civil, para terminar con la era del peronismo.. Estaban comprometidos con el golpe el conservador Adolfo Vicchi, el radical Miguel Angel Zavala Ortiz, el socialista Américo Ghioldi, y el nacionalista Mario Amadeo, entre otros. Sectores del empresariado y la Iglesia miraban con beneplácito. El resultado fue cercano a los trescientos muertos y una cantidad mayor de heridos, casi todos ocasionales transeúntes o defensores del gobierno que habían acudido ante la noticia de la sublevación. Los militares argentinos ya habían realizado operaciones contra la propia población del país, como la de la Patagonia de 1921, y otros actos de represión sangrienta de huelgas y manifestaciones obreras, además de las masacres de indígenas. Pero era la primera vez que un intento de golpe de estado daba lugar a una efusión de sangre de esa magnitud; y no como producto de un choque entre uniformados, sino por el ametrallamiento de civiles inermes; y en el centro de Buenos Aires, frente a la Casa de Gobierno
Aquello marcó un punto de inflexión. Fue el prólogo de la ‘Revolución Libertadora’, la que en nombre del aniquilamiento definitivo del peronismo encarceló a militantes peronistas o no por centenares, prohibió hasta la mención del nombre de Perón y Evita, y derogó por decreto una reforma constitucional. Y en otro junio, de 1956, fusiló a los responsables de un alzamiento contra su gobierno, aplicando el rigor que el de Perón no había usado con los alzados de junio del 55, entre los cuales la condena más grave fue la dictada al contraalmirante Samuel Toranzo Calderón, de degradación y prisión por tiempo indeterminado.
Hubo reacción popular, aunque Perón apuntó a no convocar a los obreros a la defensa del gobierno. El general Franklin Lucero, ministro de Guerra, cursaría una directiva al militar que oficiaba de enlace con la CGT que hablaba explícitamente de «evitar la salida del pueblo a la calle». Y en el discurso que dio por radio, mientras todavía se producían bombardeos en la Plaza de Mayo, el propio jefe de Estado afirmaba: «…para no ser nosotros criminales como ellos, les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. La lucha debe ser entre soldados. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Yo les pido a los compañeros trabajadores que refrenen su propia ira.» Esas palabras no evitaron que grupos de trabajadores acudieran a la Plaza e intentaran atacar al rebelde ministerio de Marina. Y que hechos semejantes se produjeran en otras ciudades del país,.
A la noche fueron incendiadas varias iglesias, en una mezcla de acción organizada de algunos sectores del peronismo, anuencia gubernamental y cólera espontánea de los partidarios del gobierno. Era una represalia contra la institución que formaba una de las bases de la acción antiperonista, a partir del estallido del conflicto gobierno-iglesia a fines del año anterior, y bajo cuya ala ‘sagrada’ había pasado a cobijarse el conjunto del antiperonismo . No constituía por cierto una acción efectiva contra los inspiradores del golpe, y sus consecuencias fueron de suma utilidad para los sectores antiperonistas, al servirle para presentar a la ‘tiranía’ resuelta a arrasar hasta con lo más sagrado, con tal de permanecer en el poder.
Como en el episodio de abril de 1953, en que los muertos por bombas colocadas en la Plaza de Mayo fueron eclipsados en la memoria colectiva de muchos por el incendio nocturno del Jockey Club, la Casa del Pueblo y la Casa Radical; los muertos de la mañana y la tarde del 16 de junio quedaron semiocultos tras las llamas de la Curia Metropolitana, San Francisco, Santo Domingo, La Merced, San Miguel, San Nicolás de Bari y otras sedes de la devoción católica. Ardieron los templos y se maltrató a algunos sacerdotes y fieles, pero no hubo ningún muerto. Sin embargo, muchos opositores colocaron a las pérdidas sufridas por los templos por encima de las vidas humanas, y en el sentido común ‘antiperonista’ aquella jornada quedó signada como la del atentado del peronismo contra la religión, y no por la matanza perpetrada por los golpistas. La muerte ‘caída del cielo’ horas antes, fue a veces negada, otras relegada a episodio secundario, y hasta justificada.
Desde el mismo día 16, en varios sitios del país se produjeron detenciones de opositores, muchos de ellos no vinculados en modo alguno a la sublevación. Una de ellas derivó en la tortura y el asesinato no reconocido, en Rosario, del médico y dirigente comunista Juan Ingalinella
Perón adoptó con rapidez un tono conciliador, que mantuvo durante un par de meses. Minimizó el conflicto existente e incitó una y otra vez a sus partidarios a respetar «la ley, el orden y la tranquilidad pública», mientras alejaba a los ministros más comprometidos en el enfrentamiento con las autoridades eclesiásticas. Ese momento ‘pacificador’ fue acompañado por un silenciamiento de las consecuencias sangrientas de la intentona golpista, impulsado desde la propio Casa Rosada. Buscando algún acuerdo con las fuerzas opositoras, el presidente exculpó públicamente a los partidos políticos, siendo que sabía perfectamente que entre sus dirigentes se contaban partícipes y cómplices del alzamiento. Ni siquiera se difundió la lista de las víctimas, reconstruida trabajosamente mucho después.
A fin de agosto Perón, percibiendo que las conspiraciones tendientes a derrocarlo continuaban, revertiría su talante pacificador, al proclamar el famoso ‘5×1’.Consigna que a su vez se vería desmentida en los hechos semanas después, cuando el general abandonó el gobierno ante un nuevo pronunciamiento militar, siendo que la situación distaba de estar decidida en su contra.
La violencia contra el pueblo desarmado pudo ser ejercida, justamente porque no hubo pueblo armado. Perón y la mayor parte de la dirigencia peronista no deseaba arrostrar un enfrentamiento prolongado, y mucho menos dar lugar a una intervención popular, que podía establecer bases para la radicalización política. Y aunque el gobierno hubiera estado decidido a hacerlo, seguramente una parte sustancial de los militares ‘leales’ no hubieran consentido en combatir junto a los trabajadores, en contra de sus ‘camaradas de armas’ y de los intereses que habían aprendido a defender desde sus épocas de cadetes.
El 16 de Junio fue el preludio del fin del gobierno peronista. No porque estuviera así pre-determinado, sino porque las acciones del propio gobierno lo facilitaron en gran medida. Pero por sobre todo, constituyó un anuncio de la capacidad y voluntad destructiva que las clases dominantes y las instituciones a ellas vinculadas podían desplegar contra las ‘clases peligrosas’ en cuánto percibieran algún grado de amenaza, activa o potencial, a sus intereses fundamentales. Su motivación profunda en el intento de junio, no eran los atropellos contra las libertades públicas y los abusos propagandísticos del gobierno, por cierto numerosos y reiterados, pero que quedarían empequeñecidos ante los cometidos posteriormente por los abanderados de la ‘democracia’ y la ‘libertad’. El choque gobierno-iglesia era para muchos más un pretexto eficaz que un impulso fundamental. La causa de la ira había que buscarla más bien en la persistente gravitación política y presencia callejera de las masas peronistas, unidas al poder alcanzado por esas comisiones internas y cuerpos de delegados que podían parar una fábrica en minutos o ‘flexibilizar’ a favor de los asalariados la disciplina de los lugares de trabajo. Esto preocupaba mucho a los grandes empresarios, sin excluir a los afines al gobierno, como José Gelbard, que había tronado contra los ‘desbordes’ de la organización obrera en el Congreso de la Productividad, celebrado pocos meses antes de los sucesos.
La masacre de junio del 55 sentó un precedente funesto, a través del cual las instituciones armadas mostraron con claridad que su misión fundamental no era preservar la soberanía territorial frente al extranjero, sino aniquilar al ‘enemigo interno’ que sus mandantes reales les señalaran: Si los explotados pretendían ocupar un lugar distinto en la sociedad, el fuego y la metralla acudirían prestas a sofocar el intento. La Iglesia, por su parte, exhibió su propensión a bendecir las armas de los ‘cruzados’ que marcharan a defender el orden establecido. Y parte sustancial de la sociedad argentina se manifestó dispuesta a mirar para otro lado, cuando no a aplaudir; a condición que los muertos fueran ‘negros’ indignos de levantar cabeza, o ‘subversivos’ de ideas peligrosas para su mezquina concepción del orden y la ‘paz social’. La ‘mesa estaba servida’ para el exorcismo de sangre perpetrado dos décadas después, bajo el gobierno peronista de Isabel Perón y la dictadura militar del ‘Proceso’.