Con una decisión sin precedentes históricos, el gobierno nacional puso en tensión al cuerpo social y del Estado para sacar a la luz y juzgar las complicidades empresarias y mediáticas con el último régimen de facto. Al Grupo Clarín y asociados les llegó la hora de rendir cuentas por sus crímenes. Otro avance de la […]
Con una decisión sin precedentes históricos, el gobierno nacional puso en tensión al cuerpo social y del Estado para sacar a la luz y juzgar las complicidades empresarias y mediáticas con el último régimen de facto. Al Grupo Clarín y asociados les llegó la hora de rendir cuentas por sus crímenes. Otro avance de la democracia.
Desde fines de la pasada década del 40, cuando el primer gobierno del general Juan Domingo Perón y sus políticas económicas y sociales pusieron en marcha uno de los procesos de creación de ciudadanía más portentosos de la historia latinoamericana, que los argentinos no vivíamos una instancia republicana de la envergadura que tuvo el gesto político de la presidenta Cristina Fernández, el miércoles pasado, cuando hizo pública una investigación condensada en miles de folios acerca de los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por los más poderosos empresarios mediáticos del país, al apropiarse del paquete accionario de Papel Prensa, el monopolio de insumos para diarios, en complicidad con la pasada dictadura.
Esta iniciativa gubernamental y la desplegada hasta lograr, en octubre último, la sanción de la nueva Ley de Medios Audiovisuales, que reparte el espacio radioeléctrico en porciones iguales entre empresas privadas, Estado y organizaciones sociales, anulando el oligopolio del sector, son llaves maestras para introducir en Argentina un nuevo tiempo político, pues ambas tienden a democratizar aquello que no sólo es decisivo en términos políticos sino a la hora de construirnos y comprendernos como sujetos: la lengua, las palabras, la posibilidad de nombrar y de nombrarnos.
Es la justicia la que tiene la palabra para saber la suerte de los empresarios del Grupo Clarín y de los diarios La Nación y La Razón, que aparecen, según el informe anunciado por la presidenta, comprometidos con la autoría de crímenes aberrantes.
Y será el Congreso, debido a otra de las vueltas de tuerca democráticas ejercidas por Cristina Fernández, el encargado de controlar de ahora en más la producción y distribución equitativa de papel destinado a publicaciones periodísticas.
La decisión de la jefa del Estado de remitir al debate parlamentario un proyecto de ley en ese sentido hará que la oposición asuma su responsabilidad: como políticos con divergencias pero sometidos a las instituciones constitucionales o como voceros vergonzosos de los intereses corporativos. Hasta ahora, con estrategias claramente destituyentes o «neogorilìstas», el arco mayoritario del espectro opositor viene comportándose justamente como eso, como un espectro, no sólo defendiendo con diatribas al Grupo Clarín y asociados sino transitando con peligro la fina cornisa que los pone a un paso de convertirse en cómplices en el encubrimiento de delitos de lesa humanidad.
Sin lugar a dudas, Argentina ya es otra; sólo podría volver atrás si se viola el orden constitucional, si se viola el espíritu republicano por el cual viene trabajando el gobierno de Cristina Fernández.
Fuente: http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=4785
rCR