Hace un par de días, el 28 de mayo, que el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) emitieron un pronunciamiento conjunto: competir con una candidata indígena en las elecciones presidenciales de 2018. Este hecho ha despertado todo tipo de comentarios de los cuales me parece necesario hacer aclarar algunos. […]
Hace un par de días, el 28 de mayo, que el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) emitieron un pronunciamiento conjunto: competir con una candidata indígena en las elecciones presidenciales de 2018. Este hecho ha despertado todo tipo de comentarios de los cuales me parece necesario hacer aclarar algunos.
En principio, es importante recordar que desde sus orígenes, el EZLN se ha declarado como un movimiento armado, una milicia, entre cuyos objetivos está la creación de nuevas formas de ejercer el poder, desde abajo, hacia arriba y a la izquierda, pero sin tomar el poder del Estado ni a través de las armas, ni por la democracia electoral. Entonces la pregunta obligada es ¿porque entonces el CNI se ha pronunciado por participar en las elecciones de 2018 con una candidata indígena? El cuestionamiento tiene más de una respuesta. De forma precipitada y, posiblemente, la más difundida sería aquella que considera que la propuesta zapatista no hace más que seguirle el juego al PRI restándole votos a otros candidatos y partidos, particularmente, a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien se perfila como favorito para ganar las elecciones de 2018. Esto puede resultar cierto, a no ser que, actualmente, nos parece que no están dadas las condiciones políticas, reales y suficientes, como para pensar que eventualmente, el zapatismo, aún sin proponérselo pueda acceder a la máxima investidura estatal. En efecto, una participación exitosa en una contienda electoral requiere de una sólida y previa estructura organizativa (alianza con distintos sectores popular, campesino, con organizaciones, formación de comités promotores del voto, etcétera) además de años de trabajo y posicionamiento político (por ejemplo, a Evo Morales le llevó diez años llegar a la presidencia de Bolivia), que permita en determinado momento, como en el presente caso, cubrir el número suficiente de electores que la legislación electoral exige para registrarse como candidato independiente, cuyo porcentaje es el 1% del padrón de electores con credencial para votar, lo que equivale a casi un millón de votos ciudadanos.
De esto parece darse cuenta el EZLN, ya que en su comunicado de fecha 28 de mayo publicado en el blog de «Enlace zapatista», señaló que el zapatismo no busca «administrar el poder», lo que se busca, dice, es desmontarlo desde las grietas de la resistencia, de la rebeldía. Es decir, congruente con los principios fundacionales del EZLN, el zapatismo no busca acceder al poder estatal, sino solo convulsionarlo, hacer temblar el poder político establecido, la élite política, sin distinción ideológica o partidista. De este hecho ya han dado cuenta algunos escribanos, como Luciano Concheiro, para quien «la propuesta de participar en las elecciones presidenciales del 2018 con una candidata indígena se parece más a una performance de arte contemporáneo que a una operación de realpolitik «, la cual tendrá como efecto sacudir el sistema político mexicano.
Ahora bien, de la propia experiencia del EZLN, como de las muchas organizaciones sociales, sindicatos y colectivos, sabemos que la lucha anticapitalista, antisistémica, descolonizadora se desarrolla día a día en todos los espacios posibles y permisibles para ello, en las comunidades, en los barrios, colonias, comités y, que no necesariamente está condicionada a tiempos políticos electorales, de ahí que a nuestro entender hay algo que no encaja en la apuesta zapatista y, menos aún cuando, según pinta el escenario, con las elecciones de 2018, por primera vez en años se está ante una posibilidad real, si no de fijar un nuevo orden económico y social distinto al capitalismo en la era neoliberal, sí por lo menos de interrumpir la hegemonía de un partido político cuyo gobierno se ha distinguido por su actitud entreguista a los intereses del capital, actos de corrupción en la élite política y, sobre todo, por la represión y criminalización de los movimientos sociales. Los casos de Javier Duarte y el de la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, son solo dos de los casos más emblemáticos del gobierno priista. Así pues, en lo personal no cuestiono la estrategia zapatista de descubrir los sistemas de opresión, de colonización y de despojo territorial indígena, o la reorganización de movimientos sistémicos en México, solo sigo que no es el momento coyuntural oportuno para hacerlo.
Epifanio Díaz Sarabia
Abogado triqui
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.