La respuesta del gobierno nacional llegó con premura para resolver los reclamos salariales de los integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado. Mientras que trabajadores estatales protestan y se manifiestan durante semanas para obtener respuestas a sus reclamos, no sucede lo mismo con quienes cumplen un rol represor contra el pueblo. Desde hace tres […]
La respuesta del gobierno nacional llegó con premura para resolver los reclamos salariales de los integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado. Mientras que trabajadores estatales protestan y se manifiestan durante semanas para obtener respuestas a sus reclamos, no sucede lo mismo con quienes cumplen un rol represor contra el pueblo.
Desde hace tres días gendarmes y prefectos permanecen concentrados frente a los edificios de cada fuerza, el Guardacostas y el Centinela, en la Ciudad de Buenos Aires. Acamparán allí, según dijeron, hasta el martes al mediodía. Para ese día el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, dará respuesta a un petitorio con reclamos que le presentaron.
Lo que inició esta protesta fue la firma por parte de la presidenta Cristina Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina y de la ministra de Seguridad, Nilda Garré del decreto 1307/12, cuya implementación trajo recortes salariales de entre 30 y 60 por ciento.
El conflicto en la Ciudad de Buenos Aires, al que se sumaron las mismas fuerzas de seguridad de diversas ciudades de provincias (Mendoza, Tucumán, Bariloche, Salta, Jujuy, Rosario y Jesús María), provocó el relevo del comandante General Héctor Bernabé Schenone y del prefecto general Oscar Adolfo Arce, máximas autoridades de ambas fuerzas que presentaron sus renuncias. El gobierno nacional debió dar marcha atrás, al menos momentáneamente, con la aplicación de este decreto y anunciar que se les devolverían los descuentos efectuados.
A pesar de ello, las exigencias de gendarmes y prefectos se ampliaron a tres puntos: un sueldo básico de 7.000 pesos, que no les apliquen sanciones de ningún tipo por esta protesta y que se permita la participación del personal de ambas fuerzas en las sucesivas negociaciones salariales.
Durante estos días diversos sectores políticos y sociales se manifestaron básicamente con dos lecturas de este conflicto aun no cerrado. Una es la del intento de desestabilización a las instituciones democráticas. La otra es la del reclamo como una reivindicación salarial.
Sin embargo poco se dijo de algunos elementos que ponen en contraste los reclamos y el accionar de los integrantes de estas fuerzas de represión estatal, con los de trabajadores que viven de sus salarios o de planes sociales.
No se escuchó, por ejemplo, nada del método «piquetero» (corte de calle) que han utilizado gendarmes y prefectos. Ni el gobierno ni los sectores políticos que sí lo hacen cuando de trabajadores se trata, pusieron en tela de juicio esta «metodología» que cuestionan con dureza cuando la utilizan los trabajadores. Es más, quienes desde hace tres días protagonizan esta protesta son los que desprecian y reprimen a los «piqueteros» que cortan calles o rutas y muchas veces los reprimen para liberar el paso.
No se escuchó tampoco decir por qué mientras los empresarios, incluso el Estado en su rol de empleador, les dice a los trabajadores que no negociará mientras no se levante la medida de fuerza, sí lo hace en este caso con gendarmes y prefectos que permanecen acampando y que han dicho que se quedarán allí hasta que aprueben sus reclamos.
Tampoco su empleador (el Estado ) ha salido a cuestionar el monto del básico salarial que piden de 7.000 pesos para «que coman mis hijos», para «alimentar a mi familia», pero sí lo hace cuando de los trabajadores se trata.
Intento destituyente. Defensa del sistema
Poco después de iniciado el conflicto, diversos sectores del kirchnerismo se posicionaron ante la protesta como un acto destituyente. Así los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, Julián Domínguez y Amado Boudou, reunieron de urgencia a legisladores oficialistas y de la oposición y sacaron una declaración instando a gendarmes y prefectos «a adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas, de acuerdo a la Constitución».
Claudio Lozano no participó de la reunión y dio a conocer su opinión en un comunicado diciendo que su sector «no acompañará ninguna declaración que tienda a ilegalizar el reclamo salarial de los prefectos bajo la excusa oficial de que encubre un intento desestabilizador».
La Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica, peronismo federal y el PRO, se pronunciaron en un comunicado conjunto con el Frente para la Victoria y sus aliados contra la medida de fuerza junto a sectores que son parte del Frente Amplio Progresista como el Partido Socialista y Libres del Sur.
Por su parte, los diputados Víctor De Gennaro y Margarita Stolbizer (Frente Amplio Progresista) afirmaron: «Apoyamos el reclamo laboral porque la falta de sindicalización condena hoy a estos trabajadores con bajos salarios, desprotección legal, falta de capacitación, situaciones de riesgo y malas condiciones generales para el desempeño de sus funciones».
Hugo Moyano, titular de la CGT peleada con el gobierno, se reunió con representantes de prefectos y gendarmes. Luego afirmó que «son trabajadores como cualquier otro y están en su derecho de reclamar lo que les pertenece».
Por su parte, el recientemente electo Secretario General de la otra fracción de la CGT, Antonio Caló, apoyó en un principio la protesta pero luego cambió su postura en línea con el rechazo a cualquier intento destituyente.
Hugo Yasky, quien encabeza Central de Trabajadores Argentinos (CTA) – fracción oficialista de la central sindical – manifestó el estado de alerta y dio a conocer una declaración en defensa de la democracia.
En el mismo sentido se manifestaron diversos organismos de derechos humanos que suscriben el proyecto político kirchnerista, como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo (línea fundadora), HIJOS y Familiares.
De derechas y de izquierdas
«Yo los entiendo profundamente: llevan una década de maltratos, de falta de respeto, de humillación de un Gobierno nacional que ha improvisado en políticas de seguridad y por eso han fracasado», espetó Mauricio Macri para luego focalizar en que «hay que apostar a la convivencia, al diálogo, al trabajo en conjunto. Tenemos un enorme futuro pero apostando al respeto de las instituciones». Reubicando a su jefe político en el eje central del asunto, Federico Pinedo – presidente del bloque de diputados del Pro- manifestó que gendarmes y prefectos «no pueden hacer abandono de servicio»; «no son fuerzas deliberativas» para manifestarse y «deben obedecer al poder político».
Christian Castillo, dirigente nacional del PTS y del Frente de Izquierda criticó la postura de Moyano de Stolbizer y De Gennaro asi como la de la izquierda que «apoyan los reclamos de los integrantes de las fuerzas represivas del Estado capitalista, ya que darles más recursos es generar mejores condiciones para que repriman al pueblo trabajador.»
Se refería al MST quien se posicionó ante el conflicto con su línea ya conocida de la necesidad de sindicalizar a las fuerzas de seguridad. «Ante una rebaja salarial de tamaña magnitud estos sectores han salido a reclamar como lo haría cualquier trabajador. Más allá de las posturas reaccionarias que se han manifestado en medio de estos sectores movilizados y del rol institucional que juegan estas fuerzas, los reclamos en curso son absolutamente justos, los mismos por los que luchan miles de trabajadores que enfrentan similares medidas de ajuste salarial y laboral, con los que el gobierno pretende hacernos pagar la crisis», declaró el MST.
Otras fuerzas de izquierda fueron contundentes en el planteo del rol represivo de esta fuerzas cuyos reclamos no pueden considerarse como de «trabajadores».
El Nuevo MAS afirmó que «las organizaciones obreras y la izquierda cometerían un grave error si salieran a apoyar un planteo que, en definitiva, nada tiene que ver con los reclamos de los trabajadores y que solo sirven, por el contrario, para fortalecer una fuerza que se usa contra ellos y sus luchas».
El Partido Obrero caracterizó a este conflicto como el desenlace de una crisis al interior del gobierno y su gabinete de seguridad, entre la ministra de Seguridad Nilda Garré, por un lado y el militar Sergio Berni, por el otro. Aseguran que el secretario de Seguridad fue quien alentó a prefectos y gendarmes cuando la funcionaria comenzó a preparar estos recortes salariales. «Un sector del kirchnerismo ha salido a denunciar una acción de la ´derecha golpista´. Pero los autores de este golpe están alojados en el propio gabinete nacional», afirmaron.
Gendarmes y prefectos; no «trabajadores»
Son política e ideológicamente anti obreros y anti populares, algo congruente con la función social represiva que cumplen», afirmó el dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas, Christian Castillo.
Recordó además que son «los mismos que no han vacilado bajo las órdenes del gobierno nacional en reprimir multitud de protestas obreras y populares, y realizar tareas de espionaje ilegal como en el caso de los gendarmes y su ‘Proyecto X’. No olvidamos cómo los prefectos fueron parte del genocidio que se cometió en la dictadura, el grupo Albatros participó del movimiento ‘carapintada’ para evitar los juicios a los represores y fueron la herramienta predilecta de la represión en la huelga del Casino flotante contra los despidos del empresario kirchnerista Cristóbal López y en el caso de los gendarmes en multitud de conflictos obreros».
Por su parte, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) afirmó que «prefectos, gendarmes, y el resto de los represores, no son trabajadores; no se trata de una huelga, sino un motín o asonada. La obtención de sus objetivos, más que acercarlos al pueblo, los envalentonará aún más para ejercer la función para la que existen: reprimirlo (…) Formando parte del aparato represivo, no se trabaja, se cumple la función de disciplinar y controlar a los que trabajan, lo que impacta en la subjetividad de la clase trabajadora».
Recordaron también que quienes hoy están reclamando son los que no hace mucho «desalojaron salvajemente la Panamericana y apalearon y metieron presos a 60 trabajadores en Campo de Mayo (por primera vez desde 1983), cuando se conmemoraba el día del detenido desaparecido, por orden de un ex carapintada, segundo de la ministra más «progre» del «gobierno de los derechos humanos»; los mismos que en 2005 y 2006 militarizaron y torturaron en Las Heras y reprimieron a los trabajadores pesqueros en Mar del Plata; los mismos que, en 2007, reprimieron a los trabajadores del Casino; los mismos que se infiltran y espían trabajadores con el «Proyecto X»; en fin, los mismos que, en 1999, asesinaron a Mauro Ojeda y Francisco Escobar en el puente de Corrientes», cuando la misma Nilda Garré era la viceministra del Interior del gobierno de la Alianza.
La Junta Indígena Nacional, en un duro comunicado, define a Gendarmería y Prefectura como el brazo armado del poder político de turno, «los que nunca dan su nombre y los que conocen absolutamente cada uno de los movimientos de todos los argentinos» Son quienes «ocupan sus noches custodiando las propiedades de los políticos y empresarios que viven en Puerto Madero, estos que supuestamente descubren siempre algunos miles de kilogramos de la droga que mata a nuestros jóvenes. Ellos saben todo lo que ingresa o sale por las fronteras y conocen cada uno de los detalles de la trata de personas en todas partes. Estos mismos que enfrentan a los verdaderos trabajadores en sus protestas y desalojan a comunidades y pueblos indígenas de sus tierras. Estos mismos que resguardan y callan los asesinatos en complicidad y obsecuencia con Gildo Insfrán de Formosa, Sapag de Neuquén y Fellner en Jujuy son cómplices también del asesinato de Luis Condori en Humahuaca».
Fuente: http://www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=9076&Itemid=130