Introducción Estamos transitando el último acontecimiento (por ahora) de esta historia iniciada con la explosión en la Embajada de Israel y la reciente muerte del Fiscal Alberto Nisman, 23 años después. No se trata de sumar más opciones a la investigación detectivesca o sembrar nuevas hipótesis judiciales. Es probable que nunca sepamos las características de […]
Introducción
Estamos transitando el último acontecimiento (por ahora) de esta historia iniciada con la explosión en la Embajada de Israel y la reciente muerte del Fiscal Alberto Nisman, 23 años después.
No se trata de sumar más opciones a la investigación detectivesca o sembrar nuevas hipótesis judiciales.
Es probable que nunca sepamos las características de lo ocurrido, más allá de que la justicia acuse a tal o cual persona, institución o país. Ello hoy se debate entre el oficialismo y la oposición y sirve para dirimir sus cuentas de corto plazo aunque aporte muy poco a una comprensión cabal de lo que está ocurriendo.
El problema central, que está en el eje de estas reflexiones, tiene que ver con el marco en el que se inscriben tanto los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA y sus encubrimientos como la acusación, por parte del Fiscal Nisman, a la Presidenta, su Canciller y un grupo de argentinos como encubridores del atentado a la AMIA, y la muerte posterior del propio Fiscal.
Lo gravitante, a lo que tenemos que responder como militantes del campo popular, es acerca de los intereses que se mueven en torno a este conjunto de acontecimientos y su evolución.
Lo hacemos convencidos de la confusión que reina en la propia militancia donde corremos el riesgo de prestar mayor atención a voces enemigas que al avasallamiento de nuestra propia soberanía.
Adentrarnos en la búsqueda de los responsables de estos hechos es identificar a quienes están en el origen y la actualidad del saqueo a nuestros recursos y la explotación de nuestros trabajadores. Ubicarlos es encontrar la clave de nuestra dependencia y de quienes son los actores interesados en mantenernos disciplinados y sometidos a sus designios mientras ellos se enseñorean sobre nuestra Patria, sus trabajadores y el conjunto del pueblo.
Los atentados – Muchas denuncias y pocas investigaciones
El 17 marzo de 1992 fue el atentado a la Embajada de Israel y el 18 de julio de 1994 ocurrió lo propio en la sede de la AMIA, Mutual Israelita.
Ambos atentados sumaron más de un centenar de muertos. Esa cifra solo es superada -para toda la segunda mitad del siglo pasado- por la masacre producida por militares y civiles gorilas, en junio de 1955, cuando bombardearon la Plaza de Mayo y sus alrededores.
Sobre los atentados es mucho lo que se ha hablado y denunciado y muy poco lo realmente investigado. En aquellos tiempos gobernaba Carlos Menem. Desde los inicios fue quedando claro que ambos hechos no podían ser desvinculados de cuestiones internacionales. Uno de los comentarios más fuertes, que se fue instalando en la prensa, era que se trataba de una «factura» de algunos países del Medio Oriente, enfrentados a Israel. ¿El motivo? Que Menem habría incumplido con el compromiso de facilitarles información sobre el misil -Cóndor- que la Argentina estaba experimentando. Proyecto que la presión los estadounidenses, junto a la decisión política de Menem de mantener relaciones carnales con ellos, llevó a desmantelar.
De ese enfoque surgieron la «pista siria», un atisbo -abortado- de una «pista pakistaní» y… por fin la «pista iraní». Esta fue la que finalmente adoptó Menem, consolidó Eduardo Duhalde y profundizó el kirchnerismo, en todos los casos con la anuencia de la inmensa mayoría de sus respectivas oposiciones y de los principales medios de prensa.
Pero hubo otra versión que, apenas fueron apareciendo pruebas, fue rápidamente silenciada. Según la misma tales atentados estarían vinculados a una «interna» israelí o un hecho accidental, en el caso de la Embajada, producido por un acopio de material explosivo dentro de ese edificio.
Recordemos que el 4 de noviembre de 1995 fue asesinado el Primer Ministro Israelí, Isaac Rabin, promotor -junto a Yasser Arafat- de los Acuerdos de Oslo (13 de setiembre de 1993). Acuerdos fuertemente cuestionados por los sectores más reaccionarios y belicistas de la política israelí, a los que también se vincula con el asesinato de Rabin.
El «atentado a la Embajada de Israel» que dejara un saldo de 29 muertos y 242 heridos fue la primera manifestación de esta trágica saga que se está desarrollando, desde hace más de dos décadas, en nuestro territorio.
Inmediatamente después del hecho, las declaraciones de los diplomáticos israelíes trataron de instalar la responsabilidad de Irán mediante la explosión de un coche-bomba en la puerta de la Embajada, procurando desvirtuar todos los indicios y las declaraciones de los primeros testigos que señalaban la existencia de una implosión.
La maleabilidad de los funcionarios del Gobierno y la Justicia de nuestro país y su escaso espíritu patriótico hicieron que se terminara aceptando el criterio de una explosión exterior y el coche-bomba. Pero antes ocurrieron algunas cuestiones que permiten afirmar la existencia de encubrimientos que durante largos años impusieron e imponen esa lógica.
Entre otras varias responsabilidades vale la pena detenerse en el rol de nuestra Suprema Corte de Justicia, natural instancia jurisdiccional por tratarse de la sede diplomática de un país extranjero.
En el expediente había criterios encontrados acerca del lugar de la explosión. Los de la Policía Federal y Gendarmería indicaban que se había producido en el exterior, un perito de oficio y otro del Ejército la ubicaban en el interior del edificio. Para zanjar la duda Corte solicitó a la Academia Nacional de Ingeniería otro peritaje. La tarea, a cargo de 3 ingenieros estructuralistas y con metodologías diferentes, fue concluyente: La explosión se produjo en el interior. Ese peritaje fue hecho público por la Corte en setiembre de 1996.
Desde el gobierno de Israel se rechazaron esas pericias alegando «que se quería culpar a las víctimas». Vinieron las presiones y denuncias de antisemitismo. La Corte comenzó a retroceder y realizó una audiencia «reservada» (15-5-97) para «compatibilizar pericias». Dicha audiencia no alcanzó sus objetivos. Fue resignando tareas de instrucción y en mayo de 1999, mediante una «acordada», dio por cierta la versión del coche-bomba, sin acusar al gobierno de Irán. No siguió investigando. Los encubridores habían logrado su objetivo.
El «atentado a la AMIA (Mutual Israelita)» producido el 18 de julio de 1994 dejó un saldo de 85 muertos y alrededor de 300 heridos.
Los criterios utilizados para que nunca se pudiera investigar y determinar responsabilidades son conceptualmente semejantes a los aplicados al caso de la Embajada. Se plantaron pruebas (nuevamente un coche-bomba) y se eligió un responsable (el Estado de Irán); lo demás son farragosos trámites e impugnaciones judiciales que permiten que el encubrimiento funcione.
Como en este caso intervenía la Justicia Federal y no la Suprema Corte, como en el caso de la Embajada, las cosas tuvieron más «idas y venidas».
Desde el primer momento, apareció con un protagonismo mayor la inteligencia israelí, actuando -casi inmediatamente- en el mismo escenario de los hechos. Nuevamente, la inconsistencia de las pruebas respecto a las acusaciones formuladas hizo que las investigaciones se fueran derivando hacia cuestiones secundarias de la llamada «conexión local». Todo ello culminó en un laberinto de falsedades y corrupciones, que terminó cuando, en setiembre de 2004, el Tribunal Oral Federal Nº 3 (TOF 3) ordenó la nulidad de lo actuado. Los acusados de haber participado en el ataque de la AMIA recuperaron su libertad. El Juez instructor Juan José Galeano fue apartado de la causa. Idéntico proceder se adoptó respecto a 2 de los 3 fiscales intervinientes, Gabriel Müllen y José Carlos Barbaccia; el tercero, Alberto Nisman, continuó en sus funciones. Los funcionarios judiciales separados, junto al Presidente de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), Rubén Beraja, y otros involucrados, fueron procesados.
Luego de la separación del juez Galeano, la causa quedó en manos de Rodolfo Canicoba Corral. Se designó al Fiscal Alberto Nisman al frente de la Unidad Fiscal de Investigación para la AMIA (UFI-AMIA). En estos últimos 10 años el Fiscal Nisman fue la voz cantante de dicha «investigación». Se apoyó en la misma información que había utilizado Galeano y siguiendo la «pista iraní» pidió, junto al Fiscal Marcelo Martínez Burgos, el 25 de octubre de 2006, el procesamiento de 8 iraníes, acusando al gobierno iraní como responsable de su planificación y a Hezbollah de ejecutarlo.
Aquí también el encubrimiento funcionó, en este caso con mayor incidencia que en el caso de la propia Embajada, porque continuó el «guión» de una acusación preparada desde los intereses de potencias imperiales y sus servicios de inteligencia, particularmente la MOSSAD (agencia de inteligencia israelí) y el FBI.
El acompañamiento del gobierno a las políticas imperialistas de aislamiento de Irán y los virajes producidos
Argentina «acompañó» la política norteamericana de colocar al Estado de Irán en el «ojo de la tormenta» como «eje del mal» con las acusaciones que anualmente hacían Néstor y Cristina Kirchner en las Naciones Unidas y con el hecho de dejar en manos del dúo Stiuso-Nisman las investigaciones. Stiuso fue hasta hace poco el director general de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia. Durante 6 Asambleas Generales de las Naciones Unidas, el kirchnerismo (Néstor en 2007, Cristina en 2008 / 2009 / 2010 / 2011 y 2012) atacó a Irán haciéndolo responsable de los mencionados atentados. De esta manera se comportaba en línea con las políticas de Estados Unidos e Israel, que tenían como propósito el aislamiento de Irán.
Hasta aquí la relación del dúo Stiuso-Nisman y el gobierno transitaba pacíficamente, con una amplia apoyatura y aval del gobierno. Cabe recordar que, en Julio de 2004, Gustavo Béliz, Ministro de Justicia de Néstor Kirchner, confrontó con Stiuso y tuvo que renunciar. Allí, Beliz mostró una foto de Stiuso -lo que le valió un juicio penal- y dijo que Stiuso le hacía mucho mal a la Argentina ya que «manejaba un ministerio de seguridad paralelo que operaba como la Gestapo».
Hacia el año 2012 se fue consolidando el cambio de política del kirchnerismo respecto al Estado de Irán. El 27 de enero del año 2013, los cancilleres de Argentina e Irán firmaron en la ciudad de Adís Abeba, Etiopía, el Memorándum de Entendimiento, procurando una salida a la situación planteada entre ambos países, a través de una Comisión Internacional de Juristas.
Israel siempre se opuso a ese acuerdo, los Estados Unidos no lo cuestionaron y la comunidad judía -en la Argentina- tuvo posiciones ambiguas.
Eso pasó cuando los Estados Unidos también viraban su propia posición, ante sus necesidades estratégicas -entre otras razones por el retiro de sus tropas de Irak y Afganistán- de aflojar la tensión con Irán. Ello tomó estado público cuando el vicepresidente norteamericano, Joe Biden, propuso negociaciones directas entre Estados Unidos e Irán en la Conferencia de Seguridad de Munich el 13 de febrero de 2013. Esto ocurría prácticamente en simultáneo con la firma del Memorándum de Entendimiento, que nunca tuvo principio de ejecución.
Esta coincidencia de fecha y reorientación política tiene dos lecturas: una que la Argentina también en este caso «acompañó» la política estadounidense. Dos, que «leyó mal» sobre las razones estratégicas de los cambios estadounidenses y avanzó sin reparar en las consecuencias de su viraje.
A partir de allí la relación con el tándem Stiuso-Nisman se fue tensando. Nisman se opuso al Memorándum de Entendimiento. A eso hay que agregar que, al mismo tiempo -cuestiones de orden interno, como el haber proporcionado informaciones incorrectas sobre el lanzamiento de la candidatura de Sergio Massa por fuera del oficialismo- también contribuyeron al deterioro de las relaciones respecto de Stiuso.
Por ese entonces la Argentina ya comenzaba a tener dificultades económicas, fundamentalmente en el sector externo. La caída de los precios internacionales de los productos primarios afectó a nuestro país y la falta de divisas se hacía evidente. El gobierno creyó que podía obtenerlas restableciendo vínculos con los mercados financieros internacionales, a pesar de las críticas que la Presidenta les venía formulando en foros internacionales. En ese camino se pagaron varios juicios que teníamos ante el CIADI; se acordó el pago al Club de París de una deuda que veníamos arrastrando desde mucho tiempo atrás; se negoció el pago -sin reparar en los denunciados «daños ambientales»- de una indemnización a REPSOL por la nacionalización de YPF. La «frutilla del postre» era lograr que los reclamos, ante la justicia norteamericana, de los bonistas que no habían entrado en los canjes (2005/2010) fueran aplazados. Ello dependía de que la Suprema Corte de los Estados Unidos aceptara una apelación argentina. El fallo negativo (junio 2014) fue un duro golpe a la estrategia del gobierno argentino. El no-pago de sentencias anteriores, dictadas por el juez Thomas Griesa de Nueva York, hizo que la Argentina entrara en un «default selectivo».
El gobierno argentino endureció su posición. Buscó y logró diversas apoyaturas internacionales para sus denuncias contra ese tipo de fondos. Llevó el tema hasta la Asamblea General de las Naciones. En todos los foros logró significativos apoyos. Ello, obviamente no benefició su posición respecto al sionismo-imperialismo. Debemos tener presente que Paul Singer, uno de los principales «fondos buitre» es un reconocido financiador del sionismo y los sectores más reaccionarios de los Estados Unidos.
En medio de estas controversias Argentina fortaleció sus vínculos con Rusia y China. Con esta última, los acuerdos comerciales y financieros de corto y largo plazo le están permitiendo a nuestro país sobrellevar la compleja situación que atraviesa. Así es, por ejemplo, como los swaps (un intercambio de divisas: pesos por moneda china que puede cambiarse por dólares) con China contribuyen a mantener un buen nivel de reservas en el Banco Central. Las inversiones y actividades chinas en sectores claves (hidrocarburos, transporte, represas, minería) implican una nueva relación estratégica que privilegia estos vínculos sobre los tradicionales con los Estados Unidos.
Esto fue colocando progresivamente a nuestro país en una vereda distinta al bloque de las potencias occidentales.
Fortaleciendo esa misma tendencia, en el reciente mes de diciembre, la Presidenta ordenó cambios en la conducción de la Secretaría de Inteligencia, donde colocó a Oscar Parrilli, un funcionario de su más absoluta confianza. Ello derivó en una «limpieza» que dejó afuera a Jaime Stiuso -después de 42 años- del aparato oficial de inteligencia.
Este conjunto de elementos dan sustento al «combo» que explica la «molestia» de los países occidentales respecto a la actual política internacional de nuestro país.
Atentado de París – Las horrendas dudas sobre su autoría y la actitud del gobierno argentino
Arranca el presente año con un contexto internacional donde encontramos a Estados Unidos procurando redefinir su política exterior y adecuando su situación militar a las nuevas condiciones. Con Francia como principal aliado y colocando los mayores esfuerzos en encontrar la forma de contrarrestar la creciente influencia china. Sabe que además de Ucrania, en Europa, es en el Medio Oriente donde hoy se despliegan las principales estrategias. Luego del fracaso en Siria, por los vetos de Rusia y China en el Consejo de Seguridad y por la resistencia encontrada al interior de ese país, está repensando su estrategia. En ella, ese extraño engendro llamado Estado Islámico tiene un rol importante, al igual que las denominadas «células dormidas» de Al Qaeda.
En ese marco, se produjo en París, el 7 de enero, el ataque a la revista satírica Charlie Hebdo, con un saldo de 19 muertos (12 de ellos periodistas que integraban la redacción de dicho medio).
Diversos factores intervienen para que se produzcan este tipo de situaciones. Componentes religiosos, económico-sociales y geopolíticos deben ser considerados a la hora de analizar ese hecho.
La condena fue universal. Solo lo aplaudió el Estado Islámico, esa extraña fuerza en cuya preparación, fortalecimiento y acciones hay fuertes y naturales sospechas de que estrategias norteamericanas e israelíes algo que tienen que ver.
El mundo que emergió de la Segunda Guerra Mundial, el mundo de la Guerra Fría, fue el reino de la bipolaridad. Estados Unidos y la Unión Soviética fueron sus protagonistas. En términos generales el resto se alineaba en alguno de los bandos de esos grandes decisores universales, en función de las «áreas de influencia» acordadas en Yalta, al final de aquella guerra.
Luego vino la implosión de la Unión Soviética, se impuso la unipolaridad estadounidense y la creencia occidental de que ese momento sería eterno.
Pero las aberraciones culturales e históricas, la injusticia sobre la que estaba construida y la propia crisis del sistema capitalista -en el que se sustenta- hicieron que se abrieran paso manifestaciones de multipolaridad. Otros actores comenzaron a pesar y viejas reivindicaciones de todo tipo ocuparon el escenario mundial.
Ahora el «enemigo» no era uno y fácil de identificar. Para sostener sus intereses y mantener su hegemonía Estados Unidos alimentó conflictos y desató guerras. Junto a sus aliados de la OTAN invadió y ocupó territorios. Algunos casos fueron: Irak, 1990 y 2003; Somalia, 1993 y 2002; Yugoslavia, 1995 y 1999; Sudán, 1998; Afganistán, 1998 y 2001; Pakistán y Yemen 2002; Libia, 2011. Solo en Irak hubo más de un millón de muertos. En muchos de esos casos se enarboló la bandera de la democracia y los derechos humanos como causal que justificara la intervención. Se le incorporaba otro «guión» que parecía un libreto que el Presidente George Bush puso al servicio de aquellas intervenciones militares. Se trata de lo sostenido en los 90 por el filósofo Samuel Huntington, en el sentido que los futuros enfrentamientos estarían sustentados -más que en problemas ideológicos o entre estados- en un «choque de civilizaciones». Según esa idea, ahora las cuestiones religiosas se irían instalando en el centro de muchos conflictos.
Para el decadente occidente, el islam se fue transformando en una poderosa fuente de confrontaciones. Para evitar un choque directo nada mejor que tomar compromisos con las fuerzas islámicas. Esto se hizo bajo distintas formas, ya sea promoviendo alguna de sus formas de organización o exaltando sus propias contradicciones, en este último caso aprovechándose de las históricas diferencias entre entre sunnitas y chiitas. Así fue como apoyaron a Bin Laden y su Al Qaeda, cuyo poder luego tratarían de debilitar. En tiempos más cercanos están apoyando al Estado Islámico, y lo utilizan para sus propios fines respecto a Siria e Irán, aunque temen por su desarrollo futuro.
De todos estos elementos se alimenta esto que suele denominarse «extremismo islámico». Es uno de los modos que utiliza, la estrategia sionista y norteamericana, para producir hechos o atentados de «falsa bandera» (operación encubierta para ser atribuida a quienes no son sus responsables), que sirven a sus intereses. Esta es la principal lógica para entender lo ocurrido en París cuando recién se iniciaba el año.
Este hecho, definido por las usinas comunicacionales como «un atentado contra la libertad de prensa» y producido en París, la «capital de los derechos humanos», debería tener un efecto notable. Así fue y en lo que puede considerarse como «una explotación del objetivo» se hizo la gigantesca Marcha de París. Marcha que fue transmitida de forma permanente y en directo por los canales de televisión argentinos.
Si bien las informaciones sobre la cantidad de participantes no son coincidentes, no caben dudas que se trató de una movida imponente, numéricamente hablando. No parece exagerada la apreciación de muchos periodistas en el sentido que se trató de una marcha tan o más importante que la realizada con motivo del fin de la ocupación de París por parte de los nazis, en la Segunda Guerra Mundial. Se habla de 1,5 a 3 millones de franceses, en su inmensa mayoría, legítimamente preocupados por su futuro. Son parte de una sociedad acorralada por una pinza de la que no logran zafar. La crisis económica cuyo final es un horizonte al que no pueden llegar y los riesgos de una violencia cuya causa no logran descifrar aunque una creciente islamofobia les hace creer que tiene que ver con la creciente presencia de inmigrados musulmanes. Esto último, aunque negado en el discurso oficial, está omnipresente en la vida cotidiana. Ello llega a tal punto que una novela -«Sumisión»- que salió a luz el mismo día de los atentados ironiza con la ficción de un Presidente musulmán para el año 2022.
Si lo dicho vale para la mayoría de un pueblo que -altivo en su gesto y temeroso en su alma- se movilizó el domingo 18 de enero, no puede decirse lo mismo de la cabecera de dicha movilización. Allí primó la hipocresía de la dirigencia de una cincuentena de estados. Allí estaban las máximas autoridades de varios estados integrantes de la OTAN y responsables de miles y miles de asesinatos en varias intervenciones armadas contra pueblos diversos. Dejando en claro el modo en que se usa una vara diferente para medir las muertes si se trata de víctimas occidentales o de otros pueblos. Tampoco faltaron aquellos que ocupan sillones presidenciales, en países emergentes de lo que se conocía como el Tercer Mundo, que fueron electos en «democracias a la occidental» después de haber aceptado las reglas de juego impuestas por esas invasiones militares o dominaciones imperiales.
La foto de esa cabecera -publicada por el diario Le Monde- la muestra fuera de la movilización, ajena al pueblo allí presente y «para la galería». Ella es una muestra y símbolo de esa contradicción.
En la decadencia del occidente desarrollado, en la miseria y el dolor de sentirse violados e invadidos -que los pueblos musulmanes sometidos padecen cotidianamente- se encuentra el campo fértil para reclutar las desesperaciones juveniles que alimentan al «terrorismo» que cínicamente dicen combatir.
Es por eso que la mayoría de la dirigencia de la Marcha de París está manchada con sangre.
Hizo bien la Presidenta, si lo ordenó, en no permitir que el Canciller asumiera la representación del país en la misma. Aunque después de la muerte de Nisman, la propia Presidenta aludió a su presencia.
Pero los hechos de París no se agotaron en esa marcha y la muerte de quienes habrían sido sus ejecutores.
Mientras tanto, adolescentes de algunas escuelas del París suburbano pobladas por hijos de inmigrantes pobres provenientes de países musulmanes, se negaron a rendir homenaje a las víctimas; el Papa Francisco sostuvo que las religiones merecen respeto -ya que forma parte del respeto que merecen las personas que las practican y las naciones que las asumen- y que «no se puede insultar la fe de los demás» y los redactores sobrevivientes de la masacre a la revista Charlie Hebdo sacaron un número extra, del que sostienen haber vendido 7 millones de ejemplares, con una imagen nuevamente satírica de Mahoma que, en nuestro país, acompañó vergonzosamente -en una reciente edición- la Revista Noticias.
Mientras todo eso acontece trascienden algunas informaciones que provocan horror. Se trata de opiniones en algunos casos, afirmaciones y pruebas en otros, sobre los responsables del atentado realizado en París.
Julian Assange -el fundador de Wikileaks- refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, quien diera a publicidad comunicaciones oficiales que afectan a muchos estados y dirigentes, proporciona algunos detalles que es bueno tener presente. Assange afirma que Francia tiene responsabilidad, por acción u omisión, en el atentado. Por omisión, por la escasa o nula eficacia preventiva. Lo más grave es que plantea que es posible que los servicios franceses dieran protección a los atacantes para facilitar el ataque. Lo explica en el hecho de que ello legitimaría sus escandalosas intervenciones en Libia, Siria y otros lugares.
Para la francesa Red Voltaire y el diario norteamericano McClatchy, los hermanos Kouachi, responsabilizados por las autoridades francesas del ataque, fueron reclutados por el francés David Drugeon, miembro de los servicios de inteligencia franceses. En noviembre de 2014 la cadena norteamericana Fox News anunciaba la muerte de David Drugeon con motivo de ataque con drones, en Siria, reivindicando que trabajaba para los servicios secretos franceses.
Paul Craig Roberts, un conservador norteamericano de 75 años quien fuera Subsecretario del Tesoro en la Administración Reagan, lo ocurrido en París fue una operación de «falsa bandera» destinada a fortalecer el dominio norteamericano sobre Francia y ponerle cuerpo a la amenaza terrorista. Sostiene que el documento perteneciente a uno de los «Kouachi», encontrado «casualmente» en el lugar de los hechos, confirma la perspectiva en el sentido que la responsabilidad atribuida a los «islámicos» Kouachi está fundada en una mentira que los «pueblos occidentales estúpidos van a creer».
El Presidente Recep Tayyip Erdogan de Turquía ha hecho responsable al MOSSAD. Es un dato a tener en cuenta, a pesar de que dicho presidente no sea santo de nuestra devoción por reprimir al pueblo turco y a los revolucionarios kurdos del PKK.
Entre nosotros, la periodista Stella Calloni, autora de un irrebatible trabajo sobre el «Plan Cóndor» en nuestra región, sostiene que es común que las potencias occidentales apelen a estos mecanismos. Ella nos recuerda que hace pocas semanas la Corte Penal Internacional aceptó la participación de Palestina en su seno, con el voto afirmativo de Francia. Situación que es un problema para Israel, por las denuncias que lloverán sobre ese Estado. Según Calloni esta podría ser una «devolución de favores» al estado francés por haber apoyado esa decisión. Quienes niegan el rol del imperialismo en el mundo, y ridiculizan con el mote de «teorías conspirativas» cualquier análisis que vincule las disputas dentro de un país con las grandes disputas geopolíticas, deberían revisar sus posiciones, especialmente si políticos y analistas de tan diversas filiaciones ideológicas han planteado la posibilidad de un atentado de «bandera falsa».
Todo lo anterior lleva a reflexionar sobre el hecho de que lo que se denomina «terrorismo islámico» está en gran parte controlado por las grandes potencias occidentales que lo utilizan al servicio de sus intereses.
Independientemente de si el lector se convenció de que los servicios secretos actuaron por omisión o acción en el atentado de París, hay algo que es innegable: el atentado fue aprovechado por los gobiernos de los países que manejan el mundo. No es muy atrevido pensar que el «atentado de París» y los hechos que lo rodean fueron un detonante para la producción de diferentes acciones posteriores. En este punto ya señalamos algunas de ellas, sucedidas en Francia, inmediatamente después del atentado. Pensamos que lo desencadenado pocos días después en nuestro país con las denuncias y muerte de Nisman, no es totalmente ajeno a ese atentado.
La extraña denuncia del fiscal Nisman y su no menos extraña muerte
Este marco internacional profundiza lo que ya venía aconteciendo con el cambio de conducción en la Secretaría de Inteligencia.
Ese «combo» hizo que los jugadores locales de un ajedrez cuyas piezas se mueven desde otros lugares, tuvieran que acelerar jugadas. Esto explica la oportunidad en que el fiscal Nisman solicitara -en plena feria judicial- la citación a indagatoria de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, del Canciller Héctor Timerman y otros ciudadanos argentinos, acusándolos de encubrimiento del atentado a la AMIA.
Los vínculos de Nisman con la Embajada de los Estados Unidos son conocidos. Nisman era indiscutiblemente un agente de intereses extranjeros; era un funcionario traidor con todas las letras.
La importancia de esos atentados para la política de los Estados Unidos lo da el hecho que, según los cables de Wikileaks, hay 196 cables -muchos de ellos «secretos» o «clasificados»- intercambiados entre la Embajada de Buenos Aires y el Departamento de Estado de EEUU, vinculados a esos acontecimientos. Allí están las pruebas sobre la relación de los intereses estadounidenses con el Fiscal Nisman. La investigación sobre dichos cables le permite afirmar a Santiago O´Donnell, autor de «Argenleaks» y «Politileaks» que «Nisman le anticipaba dictámenes a la Embajada, que inclusive los mandaba a corregir, y él los corregía. En los Wikileaks también hay registros de los pedidos de disculpas de Nisman a la embajada norteamericana por no anticipar determinados movimientos».
Respecto a Stiuso, tampoco caben dudas de sus vínculos con la MOSSAD y los servicios estadounidenses (CIA y FBI). El propio Nisman no ocultaba el hecho de que las informaciones sobre la «pista iraní» se las proporcionaba Stiuso, a quien se las hacían llegar servicios de inteligencia extranjeros.
Es por ello que el encubrimiento sobre el atentado a la AMIA se produjo por parte del propio Fiscal, que tomó como propias las informaciones de estos servicios. Todas ellas estaban fundadas en el famoso coche-bomba que habría explotado en la puerta de acceso de la AMIA, conducido por un autoinmolado yihadista del Hezbollah, quien respondía a directivas del Estado de Irán. Información que se corresponde con el «guión» elaborado desde el inicio por los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel. Dicha «prueba» fue cuestionada inclusive por las primeras informaciones proporcionadas por la Policía y la Gendarmería.
La inconsistencia de las pruebas llega al punto de que la mayor parte de las investigaciones periodísticas (Salinas, Levinas, Lanata-Goldman) descartan las pruebas sobre la «pista iraní». Un conocido opositor al gobierno, Jorge Lanata, publicó en la revista Perfil de noviembre de 2006 que «en las 113.600 fojas del expediente usado por Nisman para acusar no hay nada».
A la hora de calibrar las razones de este exabrupto judicial hay que recordar que según la acusación del Fiscal Nisman los objetivos prácticos del «encubrimiento» serían: poner fin a las «circulares rojas» (el instrumento que tiene INTERPOL para detener sospechosos), que impiden a los iraníes acusados salir de su país a cambio de una mejora en el comercio bilateral. Las «circulares rojas» siguen vigentes y Argentina nunca pidió su levantamiento. Si bien es cierto que en el «punto 7» del Memorándum de Entendimiento se decía: «Este acuerdo, luego de ser firmado, será remitido conjuntamente por ambos cancilleres al Secretario General de Interpol en cumplimiento a requisitos exigidos por Interpol con relación a este caso». En lo que respecta al comercio con Irán, efectivamente creció, pero ello ocurrió antes del 2012 y la firma del mencionado Memorándum. Nisman trabajaba con información provista por servicios, que muy probablemente estuvieron implicados en el atentado o por lo menos en su encubrimiento. Su interés estaba en que la responsabilidad de los mismos cayese en Irán, u otro de los estados enemigos de los yankis e Israel. Nunca tuvo interés en investigar nada.
Esta saga de acontecimientos no terminó con la acusación de Nisman, producida el 15 de enero. El domingo 18 apareció muerto, con un tiro en la cabeza, en el baño de su departamento.
Su muerte ocurrió en una de las Torres de Puerto Madero. Un barrio hermético, supuestamente seguro, donde residen poderosos -de todo tipo- en una mezcla que haría las delicias del autor de «Cambalache».
Si el lugar es llamativo, la forma en que aconteció el hecho también lo es. El arma, aparentemente usada, traída por un subordinado; rastros del disparo que no se encuentran en las manos del difunto; puertas y entradas llamativamente fáciles de abrir; custodios que poco custodian; funcionarios de roles ambiguos que rápidamente dicen que fue «suicidio». En fin… detalles detectivescos que pululan por las pantallas televisivas y los comentaristas de todo tipo que poco aclaran y mucho oscurecen.
Todo lo dicho sobre el lugar y la forma podría ser menor si no tuviéramos en cuenta la oportunidad en la que muere este «personaje». Fue un domingo y al día siguiente debía concurrir al Congreso para presentar las pruebas sobre las cuales se asentaba la denuncia sobre la Presidenta, el Canciller y un grupo de personas acusadas de encubrimiento del atentado a la AMIA. El diario La Nación aceptó en una nota titulada «Según juristas, a la acusación de Nisman le costará probar el delito» que la denuncia es insostenible. Naturalmente, la oposición igual aprovecha para golpear al gobierno.
La muerte del Fiscal, inédito acusador de la Presidenta, fue la que no solo potenció al hecho investigado, sino que transformó su muerte en una cuestión internacional de primer orden. La denuncia en sí no hubiese tenido demasiado efecto si el fiscal no estuviese muerto. Llamativas miradas internacionales se posaron sobre nuestro gobierno, desacreditando al Estado Argentino por su supuesta responsabilidad, por acción u omisión, sobre ese hecho. Los principales diarios del mundo y diversas organizaciones se hicieron eco -críticamente- de esta muerte. El Secretario General de las Naciones Unidas ha ofrecido colaboración técnica para investigarlo. Estados Unidos han solicitado una «investigación completa e imparcial». Desde el Estado de Israel llovieron críticas.
Desde el punto de vista de la política interna de nuestro país no quedan dudas de que lo acontecido incomoda al gobierno. Más allá de lo que luego se pueda determinar, es indudable que en el imaginario colectivo se trata de un hecho delictivo del cual el gobierno difícilmente pueda «despegarse» totalmente.
Parece que estamos asistiendo a una «operación de inteligencia» pero… ¿qué es una operación de inteligencia? Se trata de acciones desarrolladas principalmente por Estados que tienen por objetivo producir hechos que parecen haber sido llevados a cabo por otros. Esta muerte y los propios atentados, publicitariamente muy usados aunque escasamente investigados, forman parte de esas «operaciones de inteligencia», que obviamente no solo involucran a los agentes de inteligencia.
Es por eso que, por la envergadura de los actores más importantes y más allá del «éxito» de la tarea judicial, es posible pensar que descifrar la verdad es una perspectiva que difícilmente podamos ver.
Las diferentes y contradictorias apreciaciones que tuvo la Presidenta sobre la forma en que se produjo la muerte de Nisman ejemplifican el nivel de confusión en el que se mueve el gobierno. Sin embargo el contexto de sus últimas presentaciones parece asomarse a la complejidad de responsabilidades que aquí se señalan, aunque insiste en que no se puede pensar en su encubrimiento dada las múltiples denuncias y acciones en contra del Estado de Irán.
Ideas para seguir
Vemos la necesidad de analizar algunas informaciones y reflexionar sobre las mismas para evitar que sean los enemigos de nuestro pueblo los que nos digan qué pasó, qué tenemos qué pensar y hacer.
Sí tenemos muchas preocupaciones.
Ellas nacen de un hecho fundamental: Las agencias imperialistas, sus voceros y propaladores pagos, ingenuos o «idiotas útiles» contribuyen a moldear un pensamiento funcional a quienes nos someten con el objetivo de disciplinar nuestros comportamiento y tener mejores condiciones para profundizar el saqueo y la explotación.
Nos preocupa el hecho de que la muerte trágica del Fiscal Nisman sea utilizada para reivindicarlo. La tragedia humana no modifica el hecho de que fue un agente al servicio de un «guión» elaborado desde las usinas imperialistas, uno de cuyos objetivos fue el encubrimiento sobre un atentado que debía investigar.
Nos preocupa la islamofobia, una forma de racismo, que se está instalando. Las diferentes culturas merecen todo nuestro respeto. Es lamentable que se las denigre cuando de su seno nacen fuerzas antiimperialistas que procuran luchar contra el sistema de dominación.
Nos preocupa y nos alarma la denuncia contra militantes populares como Yussuf Khalil, Fernando Esteche y Luis D’Elía. Vemos dicha acusación como una advertencia al conjunto de la militancia que se viene manifestando en oposición al sionismo y al imperialismo por la reiteradas masacres y genocidios que practican. En el marco de las llamadas políticas antiterroristas que el imperio despliega, dichas acusaciones se constituyen en una «espada de Damocles» sobre la militancia popular. La vigencia de la Ley Antiterrorista, elaborada por el FMI, es uno de los instrumentos legales que tiene el Estado para esos fines.
Nos preocupa que la situación en la que estamos sea la antítesis de las certezas que -desde hace más de dos décadas- reclaman los familiares de las víctimas. Además, lamentablemente, hay sectores del campo popular que han hecho propia las posiciones de nuestros enemigos, sectores que se centran en un análisis y políticas puntuales escapando al problema de fondo, mientras se ignora el ataque a militantes del campo popular.
La corrupción, mentiras y encubrimientos que rodearon a las presuntas investigaciones han ocupado el lugar de la verdad. Sólo cuando el pueblo recupere la plenitud de su soberanía éstos y otros hechos semejantes podrán ser investigados y habrá una inteligencia al servicio de esa soberanía.
Argentina está metida en un berenjenal de difícil solución. Una auténtica salida, aunque de muy difícil realización, es recuperar el derecho a decir y sostener la verdad. Eso supone poner en cuestión lo «investigado» desde el inicio, incluida -obviamente- la autoría de los atentados. De lo contrario la verdad seguirá oculta entre los escombros de la Embajada y la AMIA. El país seguirá pendiente de enfrentamientos en los que no tiene decisión y de injerencias que violan nuestra soberanía y que, desde el principio, obstruyeron las posibilidades de una real investigación, colocándose en el papel de víctimas y contribuyendo al encubrimiento de lo ocurrido.
Ello seguirá así mientras la política continúe subordinada a las encuestas y los asesores de imagen ocupen el lugar de los estadistas.
Esperamos que cada compañero, desde su lugar de militancia, elabore las propuestas y modos de acción más eficaces para responder a estas provocaciones que van contra los intereses de la inmensa mayoría de los argentinos.
Firman este artículo: Roberto Perdía, Carlos Aznárez, Héctor Carrica, Norman Briski, Vicente Zito Lema y Facundo Guillén
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