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¿De qué soberanía hablamos?

Fuentes: Rebelión

«Si el interés privado se prefiere al bien general, el noble sacudimiento de una nación es la fuente más fecunda de todos los excesos y del trastorno del orden social».

«…el mejor gobierno, forma y costumbre de una nación es aquel que hace feliz al mayor número de individuos; y que la mejor forma y costumbres son aquellas que adopta el mismo número, formando el mejor concepto de su sistema; igualmente es máxima aprobada, y discutida por los mejores filósofos y grandes políticos, que las fortunas agigantadas en pocos individuos, a proporción de lo grande de un estado, no sólo son perniciosas, sino que sirven de ruina a la sociedad civil, cuando no solamente con su poder absorben el jugo de todos los ramos de un estado, sino cuando también en nada remedian las grandes necesidades de los infinitos miembros de la sociedad».

 Mariano Moreno – Plan de Operaciones

El gobierno del FDT, encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández, ha emitido el decreto 949/20 que, tal como reza la declaración fundacional del Frente por la Soberanía Nacional, «propone la continuidad de la política de entrega de puertos, tareas, astilleros, talleres, dragado, balizamiento, control de exportaciones y medios, concesionados en 1995 (por el gobierno de Carlos Menem) por un plazo de 25 años».

Más allá del vergonzoso –y nada casual- ocultamiento de los medios de comunicación masiva de uno u otro lado de la famosa «grieta», algunos grupos políticos, sindicales y sociales se han puesto de pie para tratar de impedirlo; incluso corrientes afines al oficialismo.

El inconveniente es que para esos distintos grupos, el concepto de soberanía es diferente, lo cual hace complicado articular una política que defienda «la soberanía» así declamada, a secas, como si fuese una cuestión meramente del derecho de una nación, Estado o país respecto del resto del mundo, sin tener en cuenta los intereses de clases al interior de esa nación, Estado o país.

¿Qué es la «Soberanía»?

Según el diccionario, soberanía es: «Autoridad en la que reside el poder político/Gobierno propio de un pueblo o nación en oposición al gobierno impuesto por otro pueblo o nación».

Se nota una contradicción insalvable en esa definición: pues si la soberanía es la autoridad que reside en el poder político, depende de quién detente ese poder; es decir, puede ser o no del pueblo. Para ser más claros, en una monarquía la soberanía reside en la corona. Entonces… en un país capitalista como Argentina… ¿dónde?

Soberanía… ¿de quién?

El gran problema al que se enfrentan quienes se proponen dar pelea contra el decreto 949/20 es creer que «la entrega del Paraná» está disociada de un proceso que viene desde hace décadas en el país y que por lo tanto puede abordarse por separado. Se podría decir que la cuestión viene desde los albores mismos de la organización nacional y no sería equivocado. Pero para abreviar el análisis y la argumentación, conviene señalar la cuestión desde mucho más acá. El punto inicial podría establecerse en el famoso Rodrigazo del gobierno de Isabel Perón, y con mucha más contundencia, en la Ley de entidades financieras de José Alfredo Martínez de Hoz y la Dictadura Genocida (Ley 21.526).

Con esos dos hitos se terminaron el estado de bienestar que había instaurado el primer peronismo y el concepto de la patria productiva, dándole paso a la patria financiera y a la estructura socioeconómica actual, que ningún gobierno modificó de raíz desde entonces.

Pero… ¿todos perdieron soberanía en nuestro país, o dentro de la lucha de clases vernácula hubo vencedores y perdedores?

El Rodrigazo fue la concreción de la política exigida por el empresariado argentino, que necesitaba bajar los costos laborales y cortar el poder de los sindicatos, para incrementar su tasa de ganancia, ganar en competitividad y relacionarse en mejores condiciones con el sistema financiero internacional.

La Dictadura fue fogoneada, apoyada y nutrida por el empresariado y la oligarquía por los mismos motivos, en el marco del Plan Cóndor y el avance impiadoso del imperialismo neoliberal.

Desde entonces, el concepto de Estado fue denostado, vilipendiado, ensuciado, estigmatizado desde la misma administración del Estado, para abrirle las puertas a la privatización de las áreas estratégicas de nuestro suelo y nuestra sociedad, empezando por la base fundamental: el sistema financiero. Esa fue la plataforma para lo que vendría después, con el menemismo y el PJ como actores esenciales de la entrega de todo lo público.

La soberanía, desde entonces, es la de los dueños del poder económico casi sin discusión.

Es por eso que la producción petrolera, minera, agropecuaria, de energía, industrial, más todos los servicios, acopio, redes de distribución, peajes, mantenimiento, están en manos privadas, a lo sumo con alguna participación estatal, todo bajo la égida del sistema financiero privado y foráneo.

No es de extrañar que en ese contexto el Paraná haya sido entregado a los monopolios, tanto de bandera nacional como extranjera.

Ellos son los que ejercen la soberanía.

Es por eso que en los ’70, la sociedad argentina tenía índices de pobreza que rondaban el 3% y del 2,6% de desocupación; la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre era de 12 veces; y hoy esos índices son del 50% de pobreza, 25% entre desocupación y subocupación, y la diferencia entre el decil más rico y el más pobre es de 20 veces. En pocas palabras, se produjo un fenomenal traslado de riqueza desde los sectores del trabajo hacia los del poder económico, concentrándola en pocas manos.

Por eso, en Argentina, el 1% de la población es dueña del 35% del territorio nacional.

¿Cómo puede no verse la irracionalidad que significa una sociedad donde pocos poseen miles, cientos de miles o millones de hectáreas, mientras millones de seres humanos se hacinan en urbes cada vez más súperpobladas?

Por eso, los grandes empresarios se endeudan con el exterior y los diferentes gobiernos estatizan esas deudas unos, y asumen sus pagos otros, para que sea el pueblo trabajador el que las pague. Claros ejemplos son la estatización de la deuda privada durante la Dictadura, el origen fraudulento de nuestra dependencia actual, maniobra que fuera denunciada y judicializada por Alejandro Olmos, y cuyo fallo, emitido en el año 2000 por el Juez Ballesteros, luego de 18 años de investigación, la declaró ilegal y fraudulenta. A pesar de estar siendo investigada y de ese fallo, antes y después, todos los gobiernos decidieron «honrar» esa deuda deshonrosa a todas luces. Ejemplo es también el escandaloso endeudamiento del macrismo, ilegal por donde se lo vea, que el actual gobierno ha decidido negociar para pagar, en lugar de mandar al FMI a cobrarse con las cuentas offshore de Macri, sus funcionarios y todos los de su clase.

Es bueno recordar que los capitales fugados del país rondan los 350.000 millones de dólares, una cifra similar a lo que se le reclama como deuda pública; y no son precisamente obreros los que los han fugado.

Hay una directa relación entre la propiedad de la tierra, los recursos, los medios de producción y distribución, los medios de comunicación y la creciente concentración de la riqueza. Y entre eso y la estructuración del desarrollo económico de nuestra sociedad.

Son ellos los que deciden qué hacer con su propiedad, y se constituyen en grupos de poder institucional para legalizarlo. Ellos se autoproclaman como «la Patria» y actúan en consecuencia. Sus intereses son los mismos, o están asociados, a los de los monopolios transnacionales. Unos quieren vender lo que consideran suyo y otros llevarse nuestra riqueza, estableciendo la base del saqueo que sufrimos como pueblo.

Es por eso que el Paraná tiene puertos, tareas, astilleros, talleres, dragado, balizamiento, control de exportaciones y medios en manos privadas. Son las que tienen los mismos intereses que los que venden y que los que se llevan nuestros recursos. Y los gobiernos lo legalizan.

Desde el mismo momento en que los diferentes gobiernos fueron convirtiendo lo público en privado y sosteniéndolo, lo que era de soberanía popular pasó a ser soberanía del capital.

Y mientras eso no cambie, mientras no se toquen los intereses y sobre todo la propiedad privada del poder concentrado, no sólo no va a ser posible recuperar la soberanía popular sobre el Paraná, sino que va a ser imposible recuperar el país para las mayorías populares.

Así, el sueño de nuestros próceres de la emancipación, de una patria liberada, independiente y soberana, después de tanta lucha y tanta sangre derramada, seguirá sin hacerse realidad.

«Sólo el pueblo salvará al pueblo».

Manos a la obra entonces.

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