Hay que defender la democracia. La mejor manera de defenderla es profundizarla. Hay que democratizar también la propiedad. Por eso estaremos en la marcha del jueves próximo, a las 10, frente al hotel Bauen. Vamos a pedir al Congreso que por fin se vote el proyecto de expropiación del edificio de la calle Callao y […]
Pero, claro, en nuestra sociedad, hay quienes se irritan al ver tal sentido comunitario. Por ejemplo, en el 2007, la jueza Paula Hualde conminó a los cooperativistas a desalojar el edificio en un plazo de treinta días. Pero la reacción popular de defensa de ese ejemplo de trabajo cooperativo fue una barrera insalvable para la señora jueza. Y la pregunta que nació fue: ¿pero cómo la Justicia en democracia quiere devolver ese edificio a la empresa que había actuado con acciones favorecidas por la dictadura de la desaparición de personas como préstamos, habilitaciones, etc., cuando se llevó a cabo el campeonato mundial de fútbol en Buenos Aires y era un gran negocio abrir hoteles?
Y hay que repetirlo: es una obligación ineludible de todos los que deseamos que nuestra democracia se afirme sobre bases definitivas, asegurar la vida de los cientos de cooperativas que se originaron desde aquella nefasta crisis del 2001. La cooperativa Zanon, hoy llamada Fasinpat, el irónico y optimista nombre actual, fábrica sin patrones, es una realidad clara y sumamente positiva que ha ido venciendo uno a uno los sinsabores ante los ataques de aquellos que sólo sueñan ser dueños del mundo mediante el dinero.
Finalmente, y otra vez, defendamos las cooperativas obreras porque eso es verdadera democracia. Son sueños que se van concretando en una lucha continua durante siglos de los luchadores del movimiento de los trabajadores.
Otra de las luchas que deben darse para asegurar el derecho a la vida de todos los habitantes -que es un deber ineludible de toda democracia- es la adopción de medidas cada vez más severas con respecto al uso de agrotóxicos en los campos argentinos que va cada vez más en aumento con la siembra de la soja, especialmente. En enero pasado, el defensor del Pueblo había reclamado en un informe que debía respetarse en nuestro campo la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Esa discapacidad originada principalmente por el uso de agrotóxicos o por el uso indebido de agroquímicos. En ese informe se habla de las enfermedades aparecidas en los denominados «pueblos fumigados», donde los pesticidas han producido «altas tasas de malformaciones congénitas condenando al período embrionario de mayor vulnerabilidad».
En ese sentido, se tomó el ejemplo de varias familias de las localidades misioneras de Aristóbulo del Valle, El Soberbio y Colonia Alicia. En ese informe se tuvieron en cuenta la toxicidad y la dosis utilizada de cada cultivo de la Argentina: frutales de pepitas, cítricos, hortalizas, algodón, soja, papa, forrajes, maíz, girasol, trigo, arroz y tabaco. Algo muy importante en este sentido fue la Declaración de Caroya del 2008, donde se expresó que «la salud de las comunidades está siendo afectada principalmente por las fumigaciones con agroquímicos que se utilizan en las diferentes producciones agrarias, pero también por la manipulación y depósito de estos químicos en zonas pobladas, el desecho de envases y el acopio de granos impregnados de químicos dentro de los pueblos».
Se calcula que casi 2500 millones de dólares se gastan en agrotóxicos en la Argentina, por año.
Las Agrupaciones de Médicos de Pueblos Fumigados exigen la prohibición de fumigaciones aéreas, tal como se ha hecho en la Unión Europea, restricción del área de fumigaciones terrestres, alejándolas de las zonas pobladas, reclasificación de los agrotóxicos utilizados en nuestro país, considerando sus efectos agudos a mediano y largo plazo en los seres humanos, y que se aplique el principio precautorio establecido en la Ley General del Ambiente, No. 25675,art. 4.
Estos médicos que han reaccionado así son verdaderos defensores del pueblo porque exigen salud y no cada vez más ganancias para las empresas que emplean esos venenos ambientales. Un tema que nos compete a todos. No nos conformemos con decir que eso sólo ocurre en el campo. Nos compete a todos. Es un tema que hay que solucionar ya. Aquí están involucrados el futuro, la defensa de la calidad de vida.
Hemos hablado hoy del Derecho al Trabajo y del Derecho a la Salud. Y finalizaremos esta contratapa hablando del Derecho a la Etica.
Sí, esta semana hemos tenido la satisfacción de ser testigo que finalmente la Verdad triunfa y junto con la Verdad, la Etica. Dos diputados en el Parlamento de esta ciudad de Buenos Aires, Fabio Basteiro y Alejandro Bodart, han presentado por separado dos proyectos que tienden a hacer justicia de una buena vez con la verdadera historia de los argentinos. Sí, se trata del monumento a Roca. Hace diez años promovimos un movimiento para quitar del centro de la ciudad la estatua del general Roca. Dimos todos los motivos: ese general fue un genocida, racista y autor de la matanza más grande de la historia argentina, sólo superada por la última dictadura de la desaparición de personas. Propusimos que esa estatua no se destruyera sino que se trasladara a la estancia La Larga, en Daireaux, propiedad aún de la familia Roca, tierra quer ecibió su ancestro como pago del genocidio indígena conocido como la Campaña del Desierto. Y que en el lugar del genocida se pusiera un monumento a quien trajo vida a estas tierras: la mujer originaria, en cuyo vientre nació el criollo, el soldado de nuestra independencia. Ese proyecto basado en documentación legítima no alcanzó la aprobación del gobierno de Macri. Pero esto no ha obstado para que estos dos representantes Basteiro y Bodart insistan. Esta vez no podrán negarse los que tienen el poder actual porque los argumentos son absolutamente legítimos y se basan en la Etica y el derecho a la vida. Además es incontrastable que Roca reimplantó la esclavitud, que había sido eliminada en 1813. «Hoy reparto de indios» se lee en los diarios de Buenos Aires al terminar Roca con su campaña. Se entregaron indios varones como peones, «chinas» -con ese término- como sirvientas y «chinitos» como mandaderos. Está todo dicho: una traición completa a los principios libertarios de aquel Mayo de 1810.
El diputado Basteiro, además, solicita cambiar el nombre de la diagonal Julio Argentino Roca por el nombre «Pueblos Originarios» y el legislador Alejandro Bodart, a la calle Coronel Ramón Falcón nombrarla «Gaucho Rivero», por el héroe malvinense cuando en 1833 los británicos ocuparon las Malvinas. Además, la plaza Ramón Falcón, en Floresta, a la cual el vecindario en tiempos del intendente Telerman votó para cambiarle el nombre po r»Che Guevara», pase a llamarse así, como el pueblo lo propone.
El ambiente se está moviendo. Después de las enseñanzas aprendidas al pronunciar aquellas palabras del Nunca más, también debemos revisar nuestro pasado y decir «nunca más» a los asesinos del pueblo.
Democratizarnos de raíz. Aprender de la Historia y pensar en darles a las próximas generaciones un país donde la Paz y la Vida sean las metas fundamentales.
Fuente original: Página 12