A dos meses de la sanción de la denominada ley antiterrorista, desde el oficialismo se avanza en la modificación del Código Penal para agregar los delitos de lesa humanidad, genocidio y desaparición forzada de personas. Lo novedoso es que según ese proyecto de ley el genocidio podría ser perpetrado por un particular y, no por […]
A dos meses de la sanción de la denominada ley antiterrorista, desde el oficialismo se avanza en la modificación del Código Penal para agregar los delitos de lesa humanidad, genocidio y desaparición forzada de personas. Lo novedoso es que según ese proyecto de ley el genocidio podría ser perpetrado por un particular y, no por el Estado. «Mientras asistimos a esta puesta en escena en la que en nombre de la «defensa de los Derechos Humanos» una vez más se vota legislación represiva en la Argentina, los genocidas siguen en libertad y Julio López sigue desaparecido ya hace casi un año», sostuvo Myriam Bregman del CEPRODH.
Desde la bancada oficialista en el Congreso se está impulsando la sanción de un proyecto de ley «Delitos contra la humanidad», que plantea la incorporación al Código Penal de las figuras de genocidio, desaparición forzada de personas y crímenes de guerra. Desde varias organizaciones de Derechos Humanos nucleadas en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia recalcaron que la iniciativa parlamentaria es un «engendro represivo, que extiende los delitos de lesa humanidad a hechos ejecutados por particulares.»
Por otra parte, se recalcó que esta iniciativa fue tratada de espaldas a las organizaciones de Derechos Humanos no afines al Gobierno. «Nos parece llamativo que una vez más estos proyectos sean tratados sin la publicidad que se supone deberían tener. George Bush y Estados Unidos, aquellos que nunca son juzgados por sus crímenes contra la humanidad, exigen que Argentina adopte una serie de leyes, como la ley antiterrorista. Ahora se suma este proyecto, una vez más con la teoría de los dos demonios incluida, con figuras deplorables como la del buchón- es decir, que justifica la infiltración en las organizaciones- y otras barbaridades represivas», le explicó a ANRed, Myriam Bregman, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).
Asimismo agregó: «Los delitos de lesa humanidad y el genocidio mismo ya están contemplados en la legislación argentina. Los jueces pueden y deben fallar condenando por tales delitos -como de hecho se viene haciende desde hace tiempo particularmente con la figura de lesa humanidad-, y si no se ha avanzado en condenar por genocidio es por razones estrictamente políticas que tienen que ver la construcción de impunidad en la Argentina y no con la ausencia de marco jurídico».
Específicamente, la propuesta oficialista prevé para delitos como genocidio una pena que va de los diez a los 40 años de prisión. Al respecto, Bregman señaló: «¿Quiere decir que Miguel Etchecolatz podría haber sido condenado a solo 10 años, por ejemplo? ¿Significa que a ese genocida le puede corresponder una pena igual que a José Villalba, dirigente de los desocupados actualmente preso por estar acusado de extorsión (con penas de 5 a 10 años), delito que comúnmente le imputan a los piqueteros por reclamar trabajo y comida?». La abogada del CePRoDH fue clara: «Es decir, en la Argentina pedir comida en un supermercado podría ser «peor» que llevar adelante un plan de exterminio».
Además, «el proyecto en danza, crea una figura que podríamos llamar «asociación ilícita de lesa humanidad». Este gobierno, siguiendo el peligroso curso implementado al aprobar hace muy poco el artículo de «asociación ilícita terrorista», vuelve a insistir con ampliar la figura de asociación ilícita que desde 1921 siempre ha sido usada contra los luchadores obreros y populares, desde la Patagonia Rebelde a esta parte. Hasta la dictadura militar del 76 usaba esa figura para incriminar y mantener presos a los detenidos-desaparecidos una vez que eran blanqueados».
Desde el CEPRODH al igual que otras organizaciones que participan del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia se expresó el temor frente al posible avance del «derecho penal de autor». «Esta retrógrada doctrina justifica penar a las personas por lo que son- luchadores, por ejemplo- y no, por lo que hicieron», sintetizó.
Por otra parte, Bregman remarcó la oposición frente a un proyecto de ley que incluye a los particulares entre los posibles autores de lesa humanidad. «Desde el CeProDH defendemos el derecho de los pueblos, como en este momento el palestino -contra quién se está cometiendo un genocidio-, a rebelarse contra la opresión». Asimismo, dejó bien en claro es imposible que el genocidio, así como los delitos de lesa humanidad, sean reducidos a un plan de particulares, dado que de esa forma se podría penalizar cualquier lucha popular, siguiendo la línea abierta con la sanción de la ley antiterrorista. «Seamos claros, el hecho es que los crímenes de lesa humanidad o el genocidio mismo, solo pueden ser cometidos por el Estado, porque este estado es una maquinaria puesta al servicio de la explotación del pueblo y toda acción de resistencia, por «violenta» que sea, no puede compararse jamás con el terrorismo estatal que tiene como objetivo sumir al pueblo en la opresión».
La abogada agregó que la nueva legislación que se está impulsando en la Argentina está directamente relacionada con las «obligaciones» internacionales del Gobierno: «Esta modificación del código para incluir a particulares es coincidente con la línea que marca la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas que firmó Cristina Kirchner en París y es parte de la nueva estrategia del imperialismo de condenar a organizaciones como las FARC y la ETA».
Por último, Bregman dejó en evidencia el doble discurso del Gobierno de Néstor Kirchner, que se presenta como promotor de los Derechos Humanos pero avanza en la legislación de la represión: «Mientras asistimos a esta puesta en escena en la que en nombre de la «defensa de los Derechos Humanos» una vez más se vota legislación represiva en la Argentina, los genocidas siguen en libertad y Julio López sigue desaparecido ya hace casi un año».