En nuestro país no somos todos iguales a la hora de hablar de libertad y democracia sindical. Hace años que la Central de Trabajadores de la Argentina viene reclamando su personería gremial sin recibir una respuesta satisfactoria de parte del gobierno nacional. Esa desatención a los derechos de los trabajadores ha merecido señalamientos y fuerte […]
En nuestro país no somos todos iguales a la hora de hablar de libertad y democracia sindical. Hace años que la Central de Trabajadores de la Argentina viene reclamando su personería gremial sin recibir una respuesta satisfactoria de parte del gobierno nacional.
Esa desatención a los derechos de los trabajadores ha merecido señalamientos y fuerte observaciones de parte de organismos internacionales.
El tiempo pasa y, aunque la lucha de los trabajadores no cesa, el Gobierno continúa en su resistencia a otorgar la personería gremial que la CTA reclama hace años y han sido variadas las estrategias dilatorias a las que ha echado mano.
Mientras eso continúa muchos trabajadores argentinos sienten que a la explotación que sufren se le suma la falta de libertad sindical, lo que implica una clara desigualdad para defender sus derechos.
Hace unos días visitó nuestro país una Misión Técnica de la Organización Internacional del Trabajo integrada por Cleopatra Dumpia, Horacio Guido y Alberto Odero. Vinieron por el pedido de asistencia técnica realizado por este Gobierno que dice querer estudiar cómo solucionar el problema de la falta de libertad y democracia sindical. Nadie sabe si se trata de una nueva estrategia dilatoria.
El panorama en relación a las organizaciones que no logran su personería gremial, según cifras oficiales publicadas en febrero de 2009, está dado por la existencia de 1.527 sindicatos con personería gremial; 1.491 con simple inscripción gremial y 937 organizaciones en trámite de inscripción gremial. A esas cifras habría que sumarle todas las presentaciones realizadas desde aquella fecha.
Según el esquema existente, los derechos sindicales terminan sujetos esencialmente a decisiones políticas. Por ahora, quienes deciden, han optado por no prestar atención a que esos fríos números que no sólo se traducen en las dificultades que enfrentan las organizaciones a las que se les niega, o demora indefinidamente la personería gremial. Esas cifras también nos llevan hasta el drama cotidiano que viven los trabajadores que sufren persecución, intimidaciones, despidos o directamente el desconocimiento de su calidad de trabajadores o de representantes legítimos del grupo de compañeros que se nuclean en nuevas organizaciones gremiales.
Existen innumerables casos que ejemplifican esta falta de libertad para la práctica sindical. En diferentes puntos de nuestra provincia de Córdoba. Así podemos mencionar las prácticas de Telecom, los centro de llamadas (call-center), el frigorífico Logros S A en Río Segundo, Italservice S. A. de La Carlota, así como lo que pasa en muchos comercios. En todos estos se han dado problemas a la hora de organizar gremios, han perseguido cuando no despedido a candidatos gremiales y un sinnúmero de prácticas contrarias a la libertad sindical.
Si miramos más allá de Córdoba vemos muchísimos casos más, como el de los trabajadores de subterráneos, mineros, fileteros, empleados de comercio, motoqueros, chóferes de micro de media y larga distancia y un largo etcétera que nos muestra la gran cantidad de trabajadores que sufren, a diario, el peso de la desigualdad.
En marzo de este año el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas produjo sus observaciones al informe periódico presentado por Argentina en relación a la aplicación del Pacto Internacional en nuestro país. En el punto 22 de ese informe el Comité plantea su preocupación por el no otorgamiento de la personería gremial a la CTA y señala: «EL Estado Parte debe tomar medidas encaminadas a garantizar la aplicación en el país de los estándares internacionales en materia de libertad sindical, incluido el artículo 22 del Pacto, y evitar toda discriminación en la materia».
Si pensamos el problema en términos de la construcción de una sociedad democrática, resulta imprescindible que ningún trabajador tenga las manos atadas para defender lo suyo. De otra manera, se les está negando el derecho a tener derechos puertas adentro de sus lugares de trabajo.
Lo que se pide es básico: libertad y democracia sindical. No debieran existir motivos para persistir en la negación o la interminable demora para reconocer este derecho de los trabajadores.
Jesús Chirino es Secretario DDHH CTA Villa María
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