«Desde aquella noche [la de Iguala], las sombras son más largas y el aire más espeso. Se ha dicho mucho, pero todavía falta por decir.» Roberto C. Hernández López «Hijo, me mutilaron la vida. Hoy te hablo, pero no me contestas. Cuando entre lágrimas abrazo tus fotos, todas mis oraciones son en tu nombre. […]
Roberto C. Hernández López
«Hijo, me mutilaron la vida. Hoy te hablo, pero no me contestas. Cuando entre lágrimas abrazo tus fotos, todas mis oraciones son en tu nombre. Te juro que tengo miedo, pero jamás dejaré de buscarte. Cinco largos años han transcurrido, pero yo seguiré luchando para que se haga justicia. ¡Verdad y castigo para los responsables!, gritaré por todas partes.»
Irving Javier Mendoza fue desaparecido el 17 de agosto del 2010 en Monterrey, Nuevo León y esas son las palabras que su madre le escribe cinco inviernos después.
Desde hace unos años, la desaparición forzada se ha vuelto una práctica política generalizada. Lo que en los años 70 comenzaba a visibilizarse en medio de una «Guerra sucia» en el estado de Guerrero y que en 1997 la ONG, Human Rights Watch, denunciaba como práctica común exclusivamente en estados del norte de la República, para la primera década del siglo XXI y los años subsecuentes se ha expandido a casi todo el país.
Sobre esto último se aboca el «Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México», recientemente presentado por el Primer Visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava. Documento que echa luz sobre la situación barbárica en la que se encuentra el país. Resultado de una exhaustiva investigación, el trabajo contiene información actualizada valiosa y, además, integra un centenar de propuestas para la atención integral del problema de las desapariciones -tema en el que nos centraremos- dirigidas a las diversas instancias de gobierno. Pero todo albor hace penumbra y la cuestión es saber que no por oscuro, inexistente.
Dicho Informe da cuenta de manera precisa del acumulado de personas desaparecidas (32,236), puntualizando los casos por cada estado de la República. Así, tenemos que las entidades con mayor incidencia son Tamaulipas (5,563); México (2.984); Jalisco (2,523); Sinaloa (2,385); Nuevo León (2,374); Chihuahua (1,933); Coahuila (1,620); Sonora (1,288); Guerrero (1,155); Puebla (1,080) y Michoacán (1,029); que juntos concentran el 82.7% de los casos. Aunque no lo específica, gracias a varios medios de información sabemos que 13 mil fueron en el periodo de Felipe Calderón y, el resto, se perpetraron en el actual sexenio priísta. Del total, 20 mil son hombres y 10 mil son mujeres -la mayoría menores de 18 años-. No obstante las cifras, que como jales mineros -esos cerros formados por el desperdicio de la actividad industrial- se van acumulando, a nivel federal sólo se han dictado siete condenas.
A su vez, exhibe la incompetencia de las autoridades locales, estatales y federales de prevenir, investigar, sancionar y erradicar tal práctica política, así como el trato inhumano por parte de las autoridades hacia la familia o allegados de las víctimas; las tropelías en la búsqueda, identificación y tratamiento de vestigios que pueden abonar a la investigación; la falta de comunicación interinstitucional; la nula protección de las personas que denuncian y/o participan en las investigaciones; el desinterés por la creación de órganos que prevengan, sancionen y documenten agresiones, intimidaciones y amenazas en contra de defensores de los DDHH; y un gran etcétera.
Otra de las observaciones meritorias es la exhortación al Congreso de la Unión a tipificar el delito conforme a Derecho Internacional, es decir, que quede explícito que las desapariciones son llevadas a cabo mediante el arresto, detención o cualquier forma de privación de la libertad por parte de agentes del Estado o de personas que actúan con su autorización o apoyo, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o del ocultamiento de la suerte del desaparecido. La veta radica en que, vistas de tal manera, podemos darnos cuenta que tienen todo que ver con las clases políticas, empresariales y criminales, tanto nacionales como internacionales y esto es lo que se oscurece en el Informe.
A lo largo de toda la investigación sólo se hace mención de un factor promotor de la subsistencia del problema de las desapariciones en el país, y es la «falta de procuración de justicia». Pero, en mi opinión, el problema va más allá de simples herramientas jurídicas y su cabal cumplimiento, pues ello no cambiaría las condiciones que las generan.
De principio, esquematizando un poco el problema, para explicar las causantes de esta práctica generalizada habría que atender a las cinco esferas en donde más se cometen: i) La extracción y explotación de recursos naturales, ii) Crimen organizado; iii) Megaproyectos; iv) Desaparición por causas de género y; v) Desaparición por causas políticas. Cuestión que ausente en el Informe. Se hace obligado, pues, recorrer el umbral.
Si en torno a estos cuatro puntos y las problemáticas que generan es donde se cometen la mayoría de las desapariciones forzadas, entonces creemos pertinente tomarlos muy en cuenta al abordar el tema. Ello nos evitará creer que las desapariciones forzadas son azarosas o casos aislados y sí centrará el problema en las causas y el nexo con el Estado y no sólo con la impunidad, lo no punible e imputable del delito. No menospreciamos el pro-curar (del latín cūrāre: cuidar) de la justicia, más bien señalamos la incura del Estado, ese abandono de sus habitantes. Siguiendo a G. Agamben, Roberto Hernández precisa que a-bandonar no significa sólo dejar, apartarse o desamparar sino «poner en bando», es decir, declarar malhechor público a alguien, autorizando a cualquiera para matarle, o bien, recibir la muerte a manos de cualquiera e impunemente como consecuencia de una proclamación oficial del poder. En otras palabras, poner a alguien a merced de cualquiera, por ejemplo, de corporaciones policiacas y organizaciones criminales, colocándolos en un espacio de indeterminación de la ley, aún más, ese alguien es incluso a-bandonado por la ley misma.
Lo que nos queda es solidarizarnos con los familiares de los desaparecidos, acompañar a las diversas organizaciones que ya trabajan sobre el tema y encausar la rabia e impotencia hacia acciones colectivas que aseguren no sólo el derecho a no ser desaparecido, sino que frenen el desarrollo barbárico en el que estamos siendo arrastrados, no a-bandonarlos, esperemos que se entienda el doble significado.
Al pie del verano.
Referencia:
Roberto C. Hernández López, «Iguala: Imperio de la excepción… y la (a)norma», en Javier Balladares Gómez y Yared Elguera Fernández, Ayotzinapa y la crisis política de México, México, Contraste, 2016, pp. 77-97.
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