«Exponer, desenterrar lo subterráneo es lesivo para el poder desaparecedor que se asienta en esa subterraneidad…» Pilar Calveiro, Poder y desaparición. El hallazgo de restos óseos humanos en un predio militar cercano al ex Campo de concentración «La Perla», ocurrido el mes pasado, expone otra de las facetas de la maquinaria del horror administrado […]
Pilar Calveiro, Poder y desaparición.
El hallazgo de restos óseos humanos en un predio militar cercano al ex Campo de concentración «La Perla», ocurrido el mes pasado, expone otra de las facetas de la maquinaria del horror administrado por las fuerzas de seguridad durante la última dictadura cívico militar en Argentina. A la vez, atiza la esperanza de cientos de familiares de los militantes populares desaparecidos.
Emiliano Fessia, director del Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos «La Perla», destaca que se trata de un hecho trascendente que saca a la luz los métodos empleados por los represores para esconder sus crímenes tal como ocurrió con los vuelos de la muerte y las fosas de Arsenales en Tucumán y San Pedro en Santa Fe.
«No podemos decir que los restos encontrados en los hornos de cal pertenecen a los desaparecidos pero no hay nada que diga lo contrario», afirma.
Desde el Ministerio público fiscal, Facundo Trotta, manifiesta que «Encontrar huesos dentro del Campo de la Guarnición refuerza nuestra hipótesis de que las víctimas eran retiradas de la cuadra, fusiladas, asesinadas y enterradas en fosas comunes. Si corroboramos que los huesos corresponden a víctimas será una prueba más de que existió un plan sistemático de exterminio basado en secuestros, torturas, asesinatos y desaparición».
El recinto y el campo
Mientras en la sala de audiencias de los Tribunales Federales de Córdoba continúa desarrollándose la etapa testimonial del megajuicio que incluye 21 causas acumuladas, en el predio donde funcionó el CCD, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) investiga por orden del Juzgado Federal N°3 la existencia de restos óseos. La causa caratulada como «Averiguación de enterramientos clandestinos, expediente 9.693, había sido impulsada por Adolfo Pérez Esquivel y María Elba Martínez.
Las excavaciones comenzaron el 20 de octubre pasado. Al otro día, aparecieron los primeros restos encontrados en los hornos de cal que funcionaron hasta 1975 y que se encuentran a unas 15 cuadras de la estancia La Ochoa.
«Está confirmado el hallazgo de restos óseos humanos y corresponden a un hueso craso, fragmentos de costillas y trozos de huesos de manos o pies», afirma Trotta.
Un informe emanado de la Cámara Federal comunica que cuando concluya la excavación «recién en ese momento se procederá a realizar los estudios de ADN».
Desenterrar para tapar
Numerosos testimonios describieron el clima y la ceremonia que rodeaba los traslados de prisioneros antes de ser transportados en los camiones Menéndez Benz -ironía que reemplaza el nombre de la escudería alemana con el apellido del responsable del Tercer Cuerpo- con destino a «el pozo» eufemismo que significaba muerte.
«Gracias a los sobrevivientes se pudo saber que el camión Mercedes Benz iba y venía en menos de una hora lo cual viene a confirmar que eran llevados a un lugar cercano», señala Fessia.
El titular del espacio de memoria recordó que dentro de las fuerzas armadas las pocas voces que se hicieron oír apenas iniciada la democracia afirmaron que «por orden de Menéndez los cuerpos fueron retrasladados a otros lugares».
Días atrás, precisamente, el capitán (RE) Ernesto Facundo Urien confirmó la participación de la oficialidad en los desenterramientos realizados a fines de los setenta ante la anunciada visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El fin era no dejar rastros de la desaparición de personas.
El militar declaró ante el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) que uno de sus subordinados, el Teniente de Caballería Gustavo Guelfi (fallecido), le dijo que «fue obligado por su jefe a desenterrar cuerpos, levantarlos con grúas, ponerlos en tachos, cubrirlos con cal viva y arrojarlos a las salinas de La Rioja».
Ocultar la desaparición
Patricia Chalup, abogada de la Fundación de Derechos Humanos María Elba Martínez, analiza que el testimonio del militar «confirma que en la guarnición se efectuaron desenterramientos de cuerpos con el fin de ocultar la desaparición de personas». Y agrega que lo propio hicieron otros testigos como el peón rural José Solanille y el gendarme Beltrán.
La abogada, que junto a Adriana Gentile, Juan Miguel Ceballos y Hugo Vaca Narvaja, representa a más de 50 querellantes, destaca que los dichos del militar también prueban el plan sistemático de robo de bebes. En diciembre de 1977, la pareja conformada por María Irene Gavaldá y Juan Jacobo Mogilner fue secuestrada de una casa quinta vigilada por vehículos del Liceo General Paz. Tenían cuatro hijos. Los padres de la mujer se presentaron a reclamar la restitución de una de las mellizas, menor de un año, que permanecía en poder del teniente Etcheves. «Urien suscribió, de puño y letra, el acta de restitución y dijo que no estaba de acuerdo con las apropiaciones y los métodos utilizados por los militares durante la dictadura. Por eso, lo pasan a retiro obligatorio y además amenazan», asevera.
Confesión de parte
Un reclamo administrativo realizado en 2004 por el teniente coronel Guillermo Bruno Laborda (fallecido) devino en confesión. En una nota dirigida al general Bendini reclamaba un ascenso que creía merecido por su compromiso con la represión ilegal. Entre sus argumentos cita que junto a otro oficial trasladó en ambulancia a una mujer que tras dar a luz en el Hospital Militar fue llevada hasta el campo de la guarnición donde fue fusilada por un pelotón del que formó parte bajo las órdenes del jefe de unidad. También alude al fusilamiento de un hombre acusado de emboscar a un automóvil militar.
El fiscal Trotta explica que del entrecruzamiento de información las personas a las que alude y no nombra en el texto eran Rita Alés de Espíndola, acusada de realizar acciones de sabotaje durante el Mundial ’78 y a Juan Carlos Perucca por la muerte del cabo Bulacios.
Laborda estaba imputado por los secuestros, tormentos y muerte de Rita Alés de Espíndola, Daniel Santos, Pascual Héctor Ortega López, y Raúl José Suffi. Con su muerte también se esfumó la posibilidad de romper el pacto de silencio. Pero la carta existe y es reveladora.
¿Dónde están?
El juicio que comenzó el 4 de diciembre de 2012, se encuentra en la etapa testimonial. Hasta ahora declararon 409 testigos y faltan alrededor de 250. Los imputados son 50. Entre ellos, el genocida Menéndez.
Durante las audiencias los reclamos que los testigos les hacen a los imputados se refieren al destino final de los desaparecidos y a la apropiación de niños.
Para el fiscal «Buscar y encontrar los cuerpos es una obligación del estado. Hemos avanzado en el juzgamiento y las condenas pero pese a los esfuerzos estamos en deuda porque ellos se ocuparon de esconderlos».
Fessia explica que en los últimos diez años se produjeron cambios importantes como el desarrollo de los juicios y la apertura de los sitios de memoria que revirtieron 25 años de democracia en Argentina. «Cuando algunas personas se acercaron recién iniciada la democracia lejos de ser bien tratados por la justicia directa o indirectamente fueron represaliados. Cuando las instituciones dejan de hacer lo que deben y garantizan la impunidad es lógico que hubiera un silencio estratégico», analiza.
Pero se muestra confiado en que habrá una respuesta desde la sociedad. «Frente a la aberración que es la desaparición sistemática de personas, hay ciudadanos que experimentan un estado de solidaridad que va más allá de las discusiones políticas y es la comprensión de que las familias necesitan encontrarse con los restos y poder cerrar su ciclo de duelo. Por eso los invitamos a visitarnos y decir lo que saben», señala
Pero también es cierto, dice, que «Ninguno de los autores directos, a 40 años de los hechos, tiene la dignidad de decirle a un familiar: están acá. Lo hemos visto en los juicios. Estos personajes miran para otro lado o se ríen de manera irónica, cínica. Si estos restos aparecidos en los hornos pertenecen a desaparecidos para estos represores también se acabó la impunidad», concluye, el director del espacio de memoria La Perla.
Katy García es periodista
Contactos para quienes requieran mayor información:
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*Archivo Provincial de la Memoria: Pasaje Santa Catalina 66, Ciudad de Córdoba. Teléfono (54) (0351) 434 2449 [email protected]
Tel.: (0351) 4342449 / 4341501 C.E:comisiondelamemoria@ Web: www.apm.gov.ar/content/ex-ccd-
•Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos «La Perla», ex CCD «La Perla»,Córdoba Ruta 20, Km 12, Malagueño, Pcia. de Córdoba (en inmediaciones de Puente Nuevo de acceso a Malagueño) Teléfono: (0351) 4983256 / 4342450 C.E: [email protected] / [email protected] /Web: www.apm.gov.ar/content/ex-ccd-
•Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos «Campo de la Ribera», ex CCD Campo de la Ribera, Córdoba Martín Cartechini S/Nº, Ciudad de Córdoba Tel. (0351) 4348876 C.E: comunicacioncampodelaribera@ Web:www.apm.gov.ar/
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