La suba generalizada de precios no perjudica al conjunto de la sociedad, ya que, en una sociedad mercantil, donde todo se compra y se vende, lo que interesa es la capacidad de ingresos cotidianos para resolver las necesidades recurrentes.
Por ende, el tema no son solo los precios, sino también y especialmente los ingresos. Aquí está el problema, y si discutimos los ingresos: a) salarios, jubilaciones, beneficios sociales; b) ganancias o rentas, confirmaremos que la mayoría de la población de ingresos fijos (a) sufre el deterioro de los mismos, afectando su capacidad de gasto o de compra, con el resultado de empobrecimiento, afirmando una tendencia al crecimiento de la insatisfacción por resolver necesidades y derechos.
En una economía mercantil monetaria la cotidianeidad se resuelve en un mercado que responde a condiciones locales y globales. En los últimos años se generalizó el problema inflacionario a escala mundial, especialmente en alimentos y energía, dos rubros esenciales para atender la cotidianeidad. Si consideramos la economía local, nos encontramos con un modelo productivo hasta ahora productor de bienes primarios, especialmente alimentos, con destino a la exportación y un déficit en el abastecimiento energético y, por ende, un país importador de energía. Así, el país se beneficia con la suba del precio internacional de los alimentos (soja, trigo, maíz, carne, etc.) y se perjudica por la importación de energía, especialmente gas.
Pero, es bueno interrogarse si quien gana o pierde es el país en su conjunto, ya que la realidad es que el ingreso por la exportación de bienes primarios no se socializa al conjunto de la sociedad, sino que es apropiado por el núcleo concentrado que domina el comercio internacional de bienes primarios, dominado por las transnacionales de la biotecnología y la alimentación, tanto como las mineras y petroleras. Del mismo modo que el mayor gasto en energía se descarga como gasto sobre la mayoría de usuarios empobrecidos, incluso a cargo del Estado vía subsidios y beneficios para un núcleo privado concentrado que gestiona la importación y distribución de esa energía importada.
Lo que pretendemos enfatizar es que la inflación internacional genera escasos beneficiarios y muchísimos perjudicados en el mercado local, especialmente quienes viven de ingresos fijos y no cubren la canasta de necesidades básicas, e incluso sectores pequeños y medianos del empresariado vinculados al mercado interno subordinado a los compradores de ingresos fijos deteriorados.
A lo señalado debe sumarse lo especifico de la inflación local. En efecto, en un informe reciente de Kristalina Georgieva, titular del FMI (https://www.imf.org/es/Blogs/Articles/2023/07/13/weak-global-economy-high-inflation-and-rising-fragmentation-demand-strong-g20-action) se insiste en el problema de la “alta inflación”, con un listado de países del G20 que oscilan entre el 2 y el 8% de inflación anual, con Turquía en el orden del 38,2% y Argentina del 114,2% (medición a mayo 2023). Es evidente que la argentina, además de la inflación internacional tiene sus propios problemas a la hora de considerar la suba generalizada de los precios.
¿Por qué esa especificidad del alza de precios en el país?
Los precios en el capitalismo tienen relación con la ley del valor, una cuestión negada por el paradigma mayoritario de la economía política actuante en la academia y en la toma de decisiones, por lo que las recetas antiinflacionarias no pueden resolver la cuestión de fondo.
Existe un problema de diagnóstico, que remite a una cuestión monetaria o incluso, desde voces con base en Keynes o similares, se alude a la multi-causalidad, sin con ello detectar la esencia, que está precisamente en la lógica capitalista de la producción de valor y plusvalor.
Convengamos que se trata de un problema global del análisis sobre la realidad inflacionaria en el ámbito mundial, por eso, en general, la respuesta a la alta inflación es de contenido monetarista, que niega la teoría del valor y se apoya en la concepción neoclásica y la lógica subjetiva, por lo que se identifican con soluciones autorreguladas por el propio mercado. Con ese diagnóstico, la política antiinflacionaria transita el camino de la suba de la tasa de interés, una dinámica que se recorre en el planeta en el último año y medio.
Una suba de tasas que impactó en la crisis bancaria de marzo y abril pasado, con cierre de bancos en EEUU y Europa seguido de una fortísima intervención estatal, pese a la lógica de mercado imperante en la filosofía política de los gobernantes del capitalismo en el mundo. Es que los liberales y la derecha aprendieron que el Estado “capitalista” es un actor fundamental a la hora de distribuir condiciones para la lógica de la ganancia y la acumulación, la reproducción y la dominación.
Ni hablar del impacto regresivo de la suba de intereses en países de alto endeudamiento, caso de la Argentina y del sector privado, especialmente familias empobrecidas y fuertemente endeudadas vía créditos al consumo facilitados por mecanismos electrónicos diversos, entre ellos las tarjetas.
Volvamos a la especificidad local, en donde lo financiero, suba de tasas (uno de los precios de la economía) se asocia regresivamente al gran condicionante del endeudamiento, con acreedores privados y el FMI, que exige crecientes fondos públicos para cancelar deuda asumida por el Estado, un fenómeno de arrastre desde la dictadura genocida, recreado con canjes de deuda realizados por todos los turnos constitucionales desde 1983 hasta el presente. Además, debe adicionarse que el Estado “capitalista” local, resulta el proveedor de divisas para que los privados cancelen sus deudas con el exterior, una cuestión no siempre verificable.
La deuda y el sector financiero están en el centro de la dependencia del modelo productivo y de desarrollo en la Argentina, por lo que la variable determinante termina siendo el tipo de cambio, un precio de la economía que está en el centro de la atención mediática y en las demandas del poder, entre los cuales destacamos a los grandes productores y exportadores; las grandes industrias asociadas a la integración en cadenas globales de valor; los grandes especuladores asociados a la inversión especulativa. Por eso es que se insiste recurrentemente con la devaluación, e incluso desde los más radicalizados se reclama la dolarización.
Vale recuperar el 2001
En plena crisis del 2001 el poder económico debatía si devaluación o dolarización. Para la primera opción se anotaba esencialmente el sector productivo y para la segunda las empresas privatizadas de servicios públicos, que cobraban en pesos y remitían sus utilidades en divisas al exterior. En la pulseada se impuso la devaluación que sostuvo un ciclo de crecimiento económico entre 2002 y 2008, momento de salida parcial de la cesación de pagos por el canje de deudas de Kirchner y Lavagna (2005), que al comienzo no impactó en precios por una situación de inmenso deterioro del ingreso de una población con 57% de pobreza y un 21% de desempleo.
La relativa mejora de los ingresos y el empleo disparó la disputa por el excedente económico y la inflación retomó desde el 2006 para ascender en diferentes ciclos a los niveles preocupantes actuales. Es el tiempo final de Lavagna y de una nueva historia en la gestión de la política económica, evidenciando que lo que estaba y está en juego en la Argentina es como se produce la apropiación del producto social del trabajo. Los precios son ese mecanismo de disputa que actúa en la distribución. Eso explica la importante tenencia de activos externos del sector privado de la Argentina.
Aludimos a una tenencia, según información oficial, por casi 380.000 millones de dólares, junto a pasivos por 173.000 millones de dólares. Por ende, un saldo positivo en más de 200.000 millones de dólares del sector privado en el exterior, lo que incluye divisas en cajas de seguridad o en el colchón.
No faltan divisas en la Argentina, están privatizadas y, por ende, el camino a seguir debiera ser el fortalecimiento de la soberanía monetaria y no los históricos rumbos de devaluación o dolarización, reiterando la discusión del poder en el 2001.
Para hacer posible una política antiinflacionaria, que aborde la especificidad local en la disputa por el excedente y asuma un diagnóstico de crítica al orden capitalista desde la teoría del valor, se requiere una fuerte voluntad y consenso político para modificar el modelo productivo, de desarrollo y, por ende, la política económica a seguir.
Claro, lamentablemente no es lo que discuten los candidatos con posibilidad de ser gobierno en el país desde diciembre próximo. Ese es el desafío para pensar en alternativa política con otros beneficiarios para resolver la demanda social para satisfacer derechos y en esa búsqueda se define la confrontación sociopolítica e ideológica para resolver necesidades sociales insatisfechas.
Julio C. Gambina. Doctor en Ciencias Sociales, UBA. Integra la Junta Directiva de la Sociedad Latinoamericana y caribeña de Economía Política y Pensamiento Crítico, SEPLA.
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