Dos campos de un mismo espacio, dos momentos de un mismo tiempo. La simultaneidad de los actos invita a pensar en términos de coincidencias planeadas: uno, espectacular, mediático, abierto; el otro, silencioso, casi oculto, desapercibido.
El primero para tapar lo segundo, una cortina de humo dirán los malpensados (“piensa mal y acertarás” es su dogma preferido y hacen gala de sus archivos). Dos momentos que terminan siendo caras de una misma moneda y reflejan el estado actual del gobierno, de sus capacidades, sus fortalezas menguadas, sus debilidades latentes y visibles. Mientras el partido judicial lanzaba su ofensiva más artera contra la figura política más relevante de la política argentina actual, la vicepresidenta y dirigente rectora del Frente de Todos y del gobierno nacional, además del conjunto del movimiento popular argentino: Cristina Fernández. La fiscalía pidió 12 años de prisión más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El mismo día el ministro de Economía, el súper ministro y casi mandamás oficioso del gobierno, Sergio Massa en el marco del reordenamiento económico y financiero del Estado nacional puso en ejecución un ajuste presupuestario de $ 210.000 millones (doscientos diez millones de pesos) que afectan áreas como las de Salud, Educación, Transporte, entre otras.
¿Cuál es la conexión? Ambas cuestiones son parte del empeño de los factores de poder para imponer un límite a lo que ya en el caso de la gestión de Alberto Fernández, es el frustrado intento de establecer un piso para el desarrollo de un modelo superador del neoliberalismo más rancio que se vivió en Argentina con la gestión Macri, modelo que debía incluir nuevos fundamentos de redistribución de la renta. La debacle económica se acentuó en las últimas semanas merced a una feroz avanzada de las corporaciones financieras y agroexportadoras causando la disparada del dólar blue, que puso en jaque a la gestión del ministro Guzmán primero, a Silvina Batakis después, que en cuestión de días fue eyectada del sillón ministerial. La falta de confianza política del “mercado” en el gobierno y la posibilidad de una salida por “izquierda” merced a la presión de Cristina Fernández, llevó a acorralar al presidente que débil ya en su espacio político plegó banderas y se rindió ante los factores de poder, rendición que significó, en aras de preservar el gobierno mismo, el apoyo de Cristina y resignar sus propuestas y críticas para entregar el mando al tercer pilar del frente, el reaseguro del voto conservador y nexo con el poder establecido: Sergio Massa. Se aseguró así la gobernabilidad, o sea que el gobierno llegue a puerto final en el 2023 a costa de poner coto a las pretensiones de reelección del presidente.
No terminó allí el corralito político al gobierno, la gestión de Massa necesita de garantías extra económicas, si el apoyo de la vicepresidenta es un “sine qua non” básico, como contraparte y acuerdo (siempre provisorio; el “mercado” es así) para llegar al 2023 es además del silencio de Cristina, su ostracismo político de la forma que sea necesaria, y allí están ellos para aportar sus ideas.
El movimiento sincrónico apunta a un objetivo: reasegurar su predominio político económico aun en esta etapa de oposición, más bien sobre todo en esta etapa, condicionar al gobierno, cercarlo e imponer sus reglas de juego. Para esto apeló a un golpe de mercado, desequilibrar los factores económicos y crear un clima de zozobra social en un contexto de suma fragilidad por causa de una deuda enorme con el FMI, la recuperación paulatina post pandemia, una economía dependiente de los “commodities” y el ingreso de divisas vía exportación primaria. La conjunción de esos factores más el alto grado especulativo de la burguesía argentina, su capacidad concentradora oligopólica usada para aumentar sus índices de ganancias vía precios (inflación) fueron determinantes para poner al gobierno contra las cuerdas que no tuvo capacidad de reacción, aun cuando desde la propia coalición de partidos oficialista se reclamaba y proponía un cambio en la dirección económica. Los choques, críticas, cortocircuitos fueron señales no leídas por Fernández, que optó por aislarse debilitando su propia gestión para llegar a esta etapa final obligado a ceder no solo la dirección política de la economía a su flanco más conservador sino también, directa o indirectamente, otros ámbitos del gobierno. Fernández salvó su gobierno a costa de sacrificar su futuro político personal, pero el Frente de Todos quedó en un punto de crisis cuya unidad no garantizará un nuevo mandato si no corrige el rumbo.
Este punto no es un elemento sencillo de solucionar. Repasemos: las chances reeleccionistas del presidente son menos que cero. El camino de Massa está habilitado para una postulación legitimada si logra timonear el barco económico hasta las elecciones y dependerá de sus cálculos políticos para decidir sus pasos inmediatos. Cristina Fernández hasta la renuncia de Guzmán, hecha pública por Twitter mientras ella hablaba en acto público, venía en una creciente exposición dando señales de proyección como candidata para el 2023; la crisis de gobierno y la carta última de Massa ministro la obligaron a un apoyo implícito que se expresó también en la línea dura del kirchnerismo que optó por apoyar o silenciar sus redes. A eso se sumó la ofensiva judicial- mediática- política que pronto se acordó de la causa “vialidad” que había quedado en el olvido en la medida que los otrora fulminantes testimonios y acusaciones en los medios de comunicación del “establishment” se caían o desmentían en sede judicial; de pronto el nuevo héroe de la derecha, otra vez un funcionario del Poder Judicial, con un alegato de excelsa calidad ficcional, fue ariete para estrechar el cerco político no solo contra el gobierno, su principal figura política y contra el frente gobernante sino contra la perspectiva de una continuidad el próximo año (con una necesaria revisión de errores por omisión y comisión).
El éxito de la gestión de Massa es el fracaso del proyecto del Frente; la estabilidad económica es el sostenimiento de la pirámide de desigualdad que el gobierno no supo reformar. El aval de los factores de poder a la gestión del superministro implica concesiones a sus demandas de mayores beneficios y prebendas. Así, la sumatoria de acciones y decisiones antes de la crisis de julio comenzó con el acuerdo con el FMI, sus efectos inmediatos con los primeros actos de ajustes en tanto no se atinaba a frenar la escalada de precios, la búsqueda de acuerdos con la Mesa de Enlace y con los formadores de precio del mercado y la decisión de achique del gasto público a través de readecuación del presupuesto nacional por más de 200 millones de pesos. Este reordenamiento económico es el complemento de las obligaciones impuestas por el Fondo y significan condicionamientos fundamentales para los próximos años. Es decir, un movimiento de pinzas por el flanco político y por el económico para estrechar la capacidad de acción y cambios de cualquier opción no alineada con el modelo vigente. Golpe de mercado y golpe judicial son las herramientas y las armas de amenaza.
El desafío para el 2023 es claro y rotundo: sostener la unidad del Frente de Todos dotándole de mecanismos democráticos de funcionamiento y decisión, abriendo el debate y espacios de participación en el contexto electoral PASO poniendo en consideración los programas de gobierno que las fuerzas, partidos, candidatos/as presentarán. Claramente una de las falencias fue la no democracia interna, otra fue prescindir de la movilización popular y de las herramientas de consulta. Romper el cerco político montado por el conjunto de las fracciones, factores, organismos políticos, sociales, gremiales, económicos, culturales de la clase dominante precisa de unidad política social del campo popular, un despliegue amplio de fuerzas y recursos para evitar un triunfo de la derecha en cualquier variante y luego afrontar en caso de un nuevo triunfo la posibilidad de revertir los fundamentos del orden vigente.
Daniel Escotorin. Unidad Popular Salta
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