A ver: cuando te dicen «esto no es de izquierda ni de derecha», es porque va a ser de sentido común, que es el más reaccionario de los sentidos. El «Plan» de «seguridad» del Gobierno ya promete ser bien Blumberg: primero sentido común, después fascismo bien condimentado y para terminar un perdón que no se […]
A ver: cuando te dicen «esto no es de izquierda ni de derecha», es porque va a ser de sentido común, que es el más reaccionario de los sentidos. El «Plan» de «seguridad» del Gobierno ya promete ser bien Blumberg: primero sentido común, después fascismo bien condimentado y para terminar un perdón que no se lo cree nadie…
El camino hacia «Blumberg 2005, por un Congreso seguro» estará lleno de dificultades. Por si no quedaban dudas de la matriz del reclamo, el adalid de la clase media repitió el discurso de los policías asesinos de Sebastián Bordón, cargando en el joven la responsabilidad de su propio asesinato por ser «drogadicto», discurso similiar también al de las fracciones más conservadoras de los sectores más reaccionarios de la sociedad.
Es el problema de los liderazgos. Blumberg era el líder, la voz de la clase media que otra vez se levanta y a la que no le agradan los residuos de una crisis que ya se olvidó. Pero si Blumberg se mancha, ¿la inseguridad queda? Por lo pronto, el «Plan» de seguridad del Gobierno, que rejunta proyectos aislados de Diputados y Senadores (como Ruckauf y Mirta Pérez) sigue sumando penas y coleccionando olvidos.
El Gobierno sigue en el plan de separar a los Policias «malos» de los «buenos», sin tocar el andamiaje de corrupción y mafia que sostiene a la institución. Por ese camino también habría que separar a los intendentes «buenos» de los «malos, y los jueces «buenos» de los «malos» y en esos casos que grandes purgas se vendrían.
Por suerte este es un país estable: pocas cosas cambian. Con el nuevo plan y la sumatoria de penas que va a imponer, por robar 3 gallinas un campesino despojado de sus tierras por el boom sojero puede ser sentenciado a unos quince años de prisión, mientras que un poderoso empresario que decide vaciar su empresa para comprar tierras en las que sembrará maíz transgénico seguramente va a ser excarcelado. Esta es la «seguridad jurídica» que tanto se busca.
Porque, queda claro, de lo que se trata es de proteger algunas «seguridades», como la seguridad jurídica, la financiera y la material, que son las inseguridades que afectan a los sectores más ricos de la sociedad. Ahora, las inseguridades alimentarias, habitacionales, laborales… que afectan a unos veinte millones de personas en el país, esas no. Porque cuando se respetan los derechos humanos es cuando se quiebra la seguridad jurídica…
Si no que lo diga La Asociación Empresaria Argentina, que se quejó por los daños que produjo la protesta piquetera en el edificio de Repsol-YPF y pidió que se aplique la ley contra las protestas que «atentan contra la recuperación de la economía». Curiosa paradoja: muchos de los grandes empresarios de esa Asociación (Techint, Acindar, Macri) participaron, en reiteradas ocasiones, de fugas de divisas, especulaciones financieras y maniobras contables que perjudicaron en miles de millones de dólares al Estado argentino y, por que no, atentaron contra la recuperación de la economía argentina.
Junto a los empresarios, en esta nueva «cruzada antipiquetera», como gustaría adjetivar el fascismo mediático a esta campaña, se sumaron los jueces de la Cámara de Casación Penal, que resolvieron hace poco que cortar rutas es un delito, sentando precedente sobre una forma de acción ya habitual en el país: el hambre y la desocupación se resuelven nencarcelando a las víctimas y resarciendo a los victimarios. Después de la jornada piquetera, varios desocupados fueron detenidos mientras se espera que la empresa privatizada Repsol-YPF reciba una «compensación», más allá de las grandes sumas de dinero que la empresa obtiene y envía a España.
Se ha dicho que el ataque es injustificable: Repsol da trabajo a ocho mil argentinos. Un argumento cínico y falaz. ¿A cuántos debería darle trabajo? A muchos más, sino hubiese sido vaciada desde su privatización, totalmente injustificada ya que era una empresa estatal próspera. ¿A cuántos argentinos echó? Miles. ¿Adónde va el dinero que obtiene? A España, por supuesto.
Repsol es un símbolo de un país neoliberal, que mata de hambre a la mayoría de sus habitantes, sometiéndolos a un genocidio social silencioso pero efectivo, al tiempo que un concentrado núcleo de empresarios y financistas aumenta su riqueza e instala, desde sus medios de comunicación, que los por ellos marginados son «violentos» que «deben pagar» por sus delitos.
Los empresarios y magistrados se sienten inseguros con los piqueteros acechándolos. Jamás podrán sentirse seguros mientras la seguridad alimentaria, habitacional y ocupacional de millones de argentinos sea una quimera. Frente al derecho a la alimentación, a un trabajo digno, una vivienda, educación y salud, los derechos jurídicos y liberales de los poderosos no deberían ser más que una anécdota.
Pero el futuro ya llegó. Ahora a los 14 un joven es adulto y puede ir a la carcel. Adrián Menem ya hizo el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a diez años, porque a delitos de adulto, penas de adulto (Eso si, para su tío es: «A delitos de narcotraficante, penas de contravención»).
Pero la realidad ya le ganó a Blumberg y a Menem: procesaron a un pibe de cinco años por robarle un juguete a un compañero de colegio. En este país los derechos humanos son para los delincuentes, dirá el sentido común. Pero sobre todo para los que todavía no tuvieron la dicha de nacer en este país, agregaríamos. Las entidades que se ocupan de hacer lobby contra el aborto y defienden los derechos humanos de los fetos son las mismas que dirán, luego del nacimiento, que es mejor encarcelar de por vida a los pibes chorros.
El sentido común tan obvio y acrítico de empresarios, jueces y periodistas impone nuevos significados a las cosas: los piqueteros se divorcian de los desocupados, los empresarios se casan con el trabajo y la producción, los jóvenes se enamoran del delito y los derechos humanos… duran nueve meses.