Todo abuso planificado y sistemático, por parte del estado, en la propaganda sobre la inseguridad, está orientado a generar una conducta determinada de sumisión y respeto a las instituciones armadas por parte de la sociedad y forma parte de un objetivo de control social y político que, hoy por hoy, aparece socialmente devaluado. El […]
Todo abuso planificado y sistemático, por parte del estado, en la propaganda sobre la inseguridad, está orientado a generar una conducta determinada de sumisión y respeto a las instituciones armadas por parte de la sociedad y forma parte de un objetivo de control social y político que, hoy por hoy, aparece socialmente devaluado.
El propósito básico, de toda esta campaña, está en crear un clima propicio y de esta manera, actuar sobre la moral del conjunto social mediante la manipulación de una serie de sentimientos irracionales, que permitan conquistar una influencia ideológico-política en el pueblo, para que los individuos admitan sin cuestionamiento, la capacidad del estado burgués para asumir las funciones represivas, aun a costa de la pérdida de derechos democráticos.
Tanto las policías provinciales, como la federal, han demolido, a lo largo de décadas de persistente corrupción, tortura y gatillo fácil, la necesaria confianza social para que estos cuerpos armados funcionen sin el anticonstitucional debate popular.
El kirchnerismo y el sciolismo tienen una preocupación central en la recomposición de la confianza popular en estos cuerpos armados, y esto, por varias razones.
La primera de ellas, tienen que ver con el propio funcionamiento del estado; que es pura represión. El estado funciona mejor si logra el monopolio de la fuerza y cuenta con el aval y la consideración social para con sus actividades represivas. Para cumplir con este propósito, el kirchnerismo y el sciolismo, no se preocupan en declarar una verdadera guerra psicológica en contra de «su propio pueblo» y en manipular «los sentimientos de la gente» hasta un limite sorprendente. Una verdadera conspiración.
El segundo objetivo, ya la analizaremos más adelante, tiene que ver con un tema de caja. La recaudación policial para la política.
La tercera, tiene que ver con el principio de autoconservación. La secta policial (sólo en provincia de Buenos Aires son cerca de 58 mil efectivos) tiene la suficiente capacidad operativa como para generar un proceso desestabilizador contra cualquiera que intente meter manos en sus negocios.
Uno de los sentimientos humanos, que a partir de una grosera manipulación, mejores resultados da para generar sumisión psicológica y política en las masas, es el miedo.
El miedo es un estado psíquico, inconsciente e incontrolable, que paraliza a quien lo padece, obligándolo a llevar una vida social limitada. La ansiedad y la carga de angustia que acompañan al miedo suelen ser, por lo común, decididamente excesivas con relación a la situación que la provoca -el miedo cambia la percepción de la realidad- por esta razón el individuo se paraliza, anula su rebeldía, asumiendo conductas de sometimiento y, se espera, de subordinación al discurso y las acciones del estado.
Toda esta campaña sobre la inseguridad está montada para que el sujeto o el grupo presientan que un hecho exterior y amenazante acosa su vida en forma permanente. Naturalmente, esto los lleva a una situación de pérdida de su capacidad reflexiva crítica y a la aparición de sentimientos primarios de invalidez, entre ellos debemos sumar, a la citada sumisión, su correlato psicológico: la depresión, donde el dramatismo que provoca el pánico, lo envuelve todo; la desorientación; la desmoralización, etc. En definitiva, todos sentimientos de derrota y de subordinación al discurso del amo.
La campaña aspira a que los sujetos (y el grupo) se despersonalicen, se debiliten, que afloren discursos del tipo «vivimos con miedo». Y entonces, que busquen frenar su ansiedad encontrando seguridad y confianza en los discursos que exaltan estos «valores»; que les permiten significar un oponente, establecer nítidamente un objeto concreto del que cuidarse y a la vez establecer en quien respaldarse.
Si el respaldo se concibe en la institución policial, la guerra psicológica, no declarada por el estado, esta ganada: «llamá a la policía», «denunciá al sospechoso». Lo que se busca es crear una red de adhesiones públicas, donde no es tan importante el «buchoneo«, de hecho las zonas liberadas continúan y se agrandan a diario, sino la reconstrucción social del papel de los organismo de represión.
Sin embargo, el proceso de despersonalización, a la que el estado burgués aspira, no deja de tener sus inconvenientes. Porque, la idea original es generar un sentimiento opuesto al de: «a mi no me va a pasar» o «si no te metés no pasa nada», que serían más fáciles de explotar en función del carácter individual que despiertan. Todo lo contrario; el estado intenta advertir que a todos les puede pasar («cierren bien las puertas») con lo cual, termina generando una situación contradictoria, ya que, la sociedad opta por una aproximación de intereses que los movilizan. Esto explica, el por que la campaña contra la inseguridad termine en algunos casos de armamento popular (Tres Arroyos, Junín, San Pedro, y en otro lugares no tan publicitados) lo que contraría el objetivo original y pone en jaque toda la estrategia.
El triunfo de toda manipulación psicológica se juega en la capacidad para cambiar la percepción social sobre la policía y, en este sentido, está reservada a controlar y a ganar la voluntad de la población, para favorecer a los intereses del estado.
El armamento popular en las ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires y la denuncia de los vecinos sobre la complicidad entre el poder judicial, la policía y el poder político muestran que la campaña hace agua antes de empezar.
Repetimos que toda esta campaña psicológica, que impulsan desde el kirchnerismo y el sciolismo, se asienta en crear un clima que neutralice estos sentimientos antipoliciales y de desconfianza en la justicia y en los partidos del régimen por parte del pueblo. Sin embargo, el clima de rabia popular acumulada, por la arbitrariedad, la corrupción, el abuso de autoridad en todos sus matices, termina por acelerar un proceso que conspira en contra de la autoridad del estado (monopolio de la fuerza armada).
Para todos aquellos que, con buena voluntad, entienden que cualquier iniciativa de armamento entre la población civil responde a un objetivo estratégico de la derecha, es importante que comprendan que, hoy por hoy, «la derecha» está más preocupada por la reconstrucción de los cuerpos legales de represión (donde se registran sus principales ideólogos) que en el estimulo del armamento entre sectores del pueblo.
Quién gobierna la Provincia de Buenos Aires
El cuadro de crisis que rodea el tema de la seguridad en la Policía de Buenos Aires condiciona fuertemente al flamante gobernador. Recordemos que aun antes de las elecciones, Scioli recibió un mensaje que marcó su futuro plan de vuelo. El asesinato de tres policías en el barrio Aeropuerto de la ciudad de La Plata.
El discurso sobre la política de seguridad para la provincia, que acompaña al gobernador Scioli, es, en alguna medida, bastante similar al de en su momento gobernador Ruckauf: reivindicación incondicional de la policía provincial, mano dura en contra de la delincuencia, creación de una red pública de denuncias, dotar de mayor poder de fuego a la fuerza, etc.
El gobernador y su ministro Stornelli están obsesionados por devolverle autoridad a la bonaerense.
La recuperación de la figura del jefe de Policía es una concesión, sin atenuantes, a las reivindicaciones de los de «gorra», que vuelven a tener la conducción en poder de un uniformado. Esto solo no alcanzó para tranquilizar las aguas azules, que en realidad a lo que aspiran es al ministerio que conduce la fuerza. Por lo cual Scioli y su enclenque ministro de seguridad se vieron en la obligación de prometerles que se acabarán las purgas de personal y los desplazamientos.
Otro de los reclamos policiales a Scioli, tiene que ver con la capacidad operativa de la fuerza para hacer uso de la tortura en forma legal y de esta manera acelerar los procedimientos. El gobernador manifiesta en su discurso conformidad con este reclamo y se apresta a ampliarle a la policía la posibilidad de interrogar a detenidos-sospechosos de haber cometido algún delito o a perejiles que cumplan las condiciones para hacerlos «cargo del muerto».
La policía había perdido el privilegio de interrogar a los detenidos, cuestión que quedaba en manos de los fiscales, Scioli se apresta a proponer una reforma al Código procesal para que los interrogatorios vuelvan al fuero policial.
Todos los caminos que se apresta a transitar el flamante gobernador dan cuenta de una señal conciliadora con la secta policial: basta de demagogia denunciando los casos de «gatillo fácil» o los microemprendimientos privados que tienen como titulares a los jefes de la fuerza; todo se volverá comprensión y encubrimiento.
Al retorno del Jefe policial, sin encuadramiento civil, Scioli prometió enterrar sin honores a la Bonaerense II, el grupo de elite «humanista» creado por Arslanián, siguiendo a un viejo reclamo de la centroizquierda. La Bonaerense II, que en la actualidad cuenta con más de 1600 hombres formados bajo el influjo de los pensadores iluministas, había resultado ser la última receta para terminar con los casos de abusos policiales en todas sus variantes. Sin embargo, los hechos de gatillo fácil, de torturas en sedes policiales, de robos y asesinatos, que tienen como participes a agentes de la bonaerense, no han dejado de crecer en los últimos años.
Scioli y Stornelli quieren hacer realidad la constitución de un sólido frente entre la policía, la justicia y el poder político; no de otra cosa se trata su plan para dotar de seguridad a la provincia. Es en este sentido, que los lazos están tendidos para que los municipios sean una especie de brazos de apoyo a las tareas policiales, ya se sabe de que se trata. Los intendentes, hasta acá, eran los responsables políticos de hacer la vista gorda en todas las actividades de recaudación ilegal: desde el cobro por servicios de vigilancia a los comerciantes de la zona, pasando por la complicidad en el regenteo de la prostitución y el juego clandestino, hasta las propias actividades de distribución de falopa.
Daniel Scioli, quien parece promover una política de no confrontación con ninguno de estos sectores, intenta resolver a favor de los intendentes, una vieja demanda de los mismos: la elección del jefe policial para su comuna.
El fiscal Martín López Perrando, segundo de Stornelli en el cargo fue cesanteado sin previo aviso. Según Ámbito Financiero, López Perrando, con más de 20 años de amistad con Stornelli dio el portazo, porque, se afirma, que el ex jefe de la Policía Federal Roberto Giacomino, estaría asesorando a Stornelli.
¿Quién es Giacomino? Giacomino tiene el triste privilegio de ser el primer jefe de la Policía Federal en ser expulsado de la fuerza por un caso de corrupción. Apenes meses después de la expulsión del comisario general Alberto Sobrado, por otro presunto caso de enriquecimiento ilícito, de la policía bonaerense.
Amante de la mano dura y reivindicador de los edictos policiales que permiten toda suerte de arbitrariedades,fue acusado de «ladrón y extorsionador» por el ex ministro Gustavo Belíz , horas antes de que el mismo se viera en situación de volar del poder, por denunciar que vivimos una década entera de «narcodemocracia».
Giacomino, (a) El Dandy, fue el jefe de la custodia de Ruckauf en el Senado, cuando llegó allí como vicepresidente de Menem. Y lentamente se fue convirtiendo en un hombre de confianza para el poder. Especialista en cuestiones de seguridad, dio su asesoramiento al manodura Ruckauf.
En 2002 fue el protector oficial de los agentes que arrojron al agua a Ezequiel Demonty, de 19 años, y sólo fue la indignación popular lo que pudo sacar a la luz el caso y lograr que se castiguen a los culpables. Giacomino según cuentan las malas lenguas llega a la provincia de Buenos Aires de la mano de Stornelli, a quien se lo recomendaron, entre otros, el empresario periodístico Daniel Hadad.
Al Capone (1899-1947), gángster estadounidense de origen italiano se dedicó al tráfico de bebidas alcohólicas, al juego ilegal y a la prostitución. Fue encargado de una serie de guerras mafiosas que culminaron con la matanza del día de San Valentín de 1929, en la que sus hombres asesinaron a siete miembros de la banda de ‘Bugs’ Moran, con lo que se hizo con el control del hampa en la ciudad de Chicago. Tras ser acusado de evasión de impuestos en 1931 y condenado a 11 años de cárcel, fue puesto en libertad condicional en 1939. Pasó el resto de su vida, enfermo, en su mansión de Miami Beach (Florida).
Capone es de alguna manera una especie de símbolo mundial del crimen organizado y regenteado por estructuras ilegales.
¿Dónde está el Capone argentino? ¿Quien o quienes son los capos mafia que desde las sombras de la clandestinidad, manejan todos los negocios turbios, corrompen a jueces y policías, arreglan con políticos, etc?
Nada de eso existe en nuestro país. Todo funciona de manera inversa. El juego ilegal, la prostitución, la droga, la extorsión para obtener seguridad, las zonas liberadas, son monopolio de las instituciones estatales. La policía puede ocupar el primer lugar, pero la recaudación es un negocio que los encuentra a todos unidos. Comisarios, representantes de la justicia y de la política. A veces los negocios son compartidos, en otras oportunidades, alguno pretende cortarse solo como el caso del intendente de Pinamar (Porreti, el rápido) pero, en general todo el proceso de inseguridad ciudadana recae en las mismas manos.
La sociedad puede sentirse menos angustiada por la caída de algún perejil que ya se está anotando para «trabajar de preso», como señala Ragendorfer, o con una biografía anticipada de victima de gatillo fácil. Eso es lo de menos, es el placebo que oficia de tranquilizante. La oscuridad sigue tapando el verdadero problema.
El gran Capone argentino, ha iniciado una campaña pública destinada a que se le entregue mayor poder. Sepa el pueblo argentino evaluar los costos de semejante aventura.