«30 cuadras de pavimento urbano en Caleta Olivia», anuncia el llamado a licitación del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz publicado en los diarios nacionales de septiembre. Pero nada se dice en esas mismas páginas de que esa localidad necesita algo mucho más importante que el asfalto: hay 6 personas con prisión preventiva y […]
«30 cuadras de pavimento urbano en Caleta Olivia», anuncia el llamado a licitación del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz publicado en los diarios nacionales de septiembre. Pero nada se dice en esas mismas páginas de que esa localidad necesita algo mucho más importante que el asfalto: hay 6 personas con prisión preventiva y más de 100 procesadas -desde febrero hasta ahora- por reclamar trabajo genuino. (Proporción poblacional: es como si hubiesen procesado a 33.000 personas en Buenos Aires y Gran Buenos Aires).
Hoy, en Caleta Olivia, todo es delito: manifestar frente a la Municipalidad o en la planta de tanques de un consorcio petrolero; ser docente y reclamar; solidarizarse en una marcha con los manifestantes; acercarles comida a los que protestan… En una solo día de setiembre se libraron 21 órdenes de detención, de las que se concretaron 15. Tres hombres y tres mujeres continúan todavía encarcelados, con prisión preventiva, y -si próximamente no se resuelve su liberación-, pueden llegar a estar por lo menos dos años presos, hasta que las causas lleguen a juicio oral. Si, encima, fueran condenados, podrían pasar hasta 16 años en la cárcel.
Caleta Olivia está ubicada 80 kilómetros al sur de Comodoro Rivadavia en la provincia de Santa Cruz: es parte de los territorios K. Tiene 40 mil habitantes, de los cuales 110 están procesados por defender sus derechos en causas abiertas desde febrero hasta hoy.
No solo la vida económica sino también la familiar, cultural y social de la población se organizó en torno a la actividad petrolera, desde que -en los años 40- la entonces empresa estatal YPF descubrió yacimientos de oro negro y se produjo un boom, que desplazó a la actividad ganadera ovina, tradicional de Caleta.
Y fue así hasta la década del 90, cuando la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales generó el despido masivo de «ypeefianos», como aún se denominan a sí mismos los ex empleados. En localidades pequeñas como ésta, YPF era la comunidad. Un 60 por ciento de los habitantes estaba laboralmente vinculado al área petrolera, de modo que ese porcentaje fue el afectado directo de los despidos masivos: trabajadores en edad de jubilarse, pero también hombres para los que ése había sido su primer empleo y ahora son demasiado jóvenes para retirarse pero demasiado viejos para conseguir otro lugar en el mercado, tal como hoy están planteadas las reglas de juego. Muchos de ellos -además- iniciaron juicios contra el Estado que, a partir de la privatización, se había comprometido a traspasarle acciones de la ex YPF, como parte del programa de propiedad participada.
A partir de la privatización, las empresas petroleras que se establecieron en la zona (Repsol, Vintage Oil, Pan-American Energy, Shell) elevaron su productividad, multiplicaron la explotación de un recurso no renovable sin invertir en tareas de exploración ni generar empleo. Esos puestos eran el destino natural de los jóvenes, hijos de los ahora despedidos que, desde chicos, sabían que trabajarían en YPF. Y no hay que olvidarse que la de Caleta es una población joven y con familias numerosas.
En este contexto de desempleo creciente el gobierno provincial se transformó en la única barrera de contención. Al 30 por ciento de la población ligada al empleo la administración pública, se sumaron gran cantidad de personas con contratos estatales precarios, planes sociales u otras formas de subsidio. Diez años de sueldos mínimos o 150 pesos mensuales; eso bastó para evitar estallidos sociales como los de Cutral Co o Tartagal. Hasta ahora.
Sin diversificar la actividad económica ni industrializarse, el sistema colapsó. Y los desocupados salieron a reclamar «trabajo genuino».
Las primeras manifestaciones de protesta se hicieron, en Caleta, en 1998 y eran de carácter sindical. Y cuando se acabó el trabajo, fueron los desocupados los que primero retomaron los cortes de rutas y después se dirigieron directo al ojo de la tormenta: las petroleras.
El consorcio Terminales Marítimas Patagónicas (TERMAP) tiene en Caleta una playa de tanques que perteneció a la infraestructura de YPF. Es el lugar de preembarque del crudo hasta otras zonas del país o hacia el extranjero. Resulta natural, para los habitantes, que ese sea un epicentro contra el que se protesta. Tanto que -según recuerda el abogado Ramón Amaya, uno de los que está a cargo de la defensa de los presos- el propio Kirchner decía en sus discursos preelectorales que si era necesario había que ir a cortar los flujos de los yacimientos.
Las manifestaciones que terminaron en represión comenzaron el 19 de agosto cuando unas 200 personas, en su mayoría mujeres, se plantaron a reclamar frente a la Municipalidad. Se habían trasladado ya a la playa de tanques cuando notaron la presencia de una brigada especial antidisturbios de la Gendermería Nacional, llegada de General Acha, La Pampa, para reforzar a la policía local. Eran más de cien «los tortugas ninjas», como los bautizaron en Caleta porque llevaban de todo. «Como no están comprometidos con la gente del lugar no tienen miramientos: llegan, pegan y se van», sintetizó el abogado. El pasado 26 se firmó un acuerdo con la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Santa Cruz que prometió trabajo a los manifestantes -unos 500 puestos con sueldos entre 500 y 700 pesos- y les aseguró que no iba a haber represalias. Hasta una semana después.
En la noche el 3 al 4 de septiembre, cuando ya habían cerrado los tribunales, se hicieron efectivas las citaciones libradas por Marcelo Bailaque, del Juzgado Provincial de Instrucción nº 1 de Caleta Olivia: 21 órdenes de detención, de las cuales la policía concretó 15. Se llevó a las personas de sus casas a los golpes y sin explicar los motivos, actitud violatoria del Código de Procedimientos.
La acción duró dos días: «Fue como en la película Noche y Niebla, de Alain Resnais», grafica Amaya. El desbande fue tal que arriaron a familias enteras. Incluso, a un hombre que terminó en la comisaría con su bebé tras las rejas. Se abrieron dos grandes causas, una por las protestas en la Municipalidad y otra por la playa de tanques, en las que confluyen varias acusaciones: «usurpación con impedimento de funciones públicas», «privación ilegítima de la libertad y daños», «usurpación» y «entorpecimiento de la actividad económica». Esta última es una figura especial del Código Penal y el juez de Caleta tiene el curioso mérito haberla aplicado por primera vez.
El artículo 174, inciso 6 comprende a aquel que «maliciosamente afectare el normal desenvolvimiento de un establecimiento o explotación comercial, industrial, agropecuaria, minera o destinado a la prestación de servicios; destruyere, dañare, hiciere desaparecer, ocultare o fraudulentamente disminuyere el valor de materias primas, productos de cualquier naturaleza, máquinas, equipos u otros bienes de capital». Y lo notable es que fue uno de los pocos puntos sobrevivientes de la Ley de Subversión Económica -derogada por presión del FMI-, pensada no para controlar a los trabajadores sino para evitar el vaciamiento y el lock out de los grandes empresarios. Incluido en el capítulo «estafas y otras defraudaciones», en esta peculiar interpretación, es utilizada a favor de quienes deberían ser controlados por la normativa. Lo que, además, deja explicitada la vinculación entre las políticas económicas y las represivas.
De los apresados a partir del 16 de agosto, quedan en prisión seis: Elsa Orozco, Selva Sànchez, Marcela Sandra Constancio, Mauricio Perancho, Federico Mansilla, y Hugo Iglesias. Tres hombres y tres mujeres a las que se los acusa de ser los cerebros intelectuales y organizadores de los delitos.
Sin embargo, no hay testigos que individualicen a estas personas entre los participantes de las tomas. De hecho, Mansilla e Iglesias no estuvieron en el momento en que ocurrió todo. Se habían acercado, después, a solidarizarse, pero estaban ya marcados por su participación en protestas anteriores.
Las pruebas en las que se basa el tribunal son los informes y seguimientos fotográficos (que no son fotos in situ, sino escaneadas de otros lados) realizados por una unidad especial de inteligencia de la zona, que actúa de civil. «Les tiraron medio Código por la cabeza», sostiene el abogado. Esta conjunción de causas confirma un cambio de política judicial, que se constata también en otros casos de procesados de todo el país. La nueva estrategia es detener en forma masiva, ir liberando a algunos luego y dejar a un grupo con tantos cargos que convierte a los delitos en no excarcelables.
En Caleta Olivia no hay establecimientos de detención para mujeres, así que las tres manifestantes están presas en comisarías ordinarias, junto a otros hombres. Una tiene siete hijos y uno de esos niños es discapacitado; otra un bebé al que no puede amamantar y la tercera, dos hijos que han quedado al cuidado de sus vecinos porque no tienen familia. «En la comisaría primera de Caleta somos tres en un cuarto de dos por dos. En una semana de detención solo hemos recibido un balde de agua cada uno para bañarnos», escribió en una carta pública Iglesias, quien al momento de ser detenido participaba de un curso de capacitación para ingresar a la industria petrolera: había conseguido un puesto de trabajo en una manifestación anterior.
A los seis presos se suman, además, lo más de 60 procesados que dejó esa semana de protestas de agosto, acusados de ser partícipes necesarios de los mismos delitos. Tienen causas abiertas -incluso- personas que se acercaron a solidarizarse o familiares y vecinos que les llevaron agua y pan a los manifestantes.
Y el trámite de los expedientes, hasta el jucio oral, no parece que vaya ser rápido. Tanto Bailaque como Cristina Lembeye – a cargo del procesamiento a luchadores sociales en otras localidades de Santa Cruz- van a dar examen en el Consejo de Magistratura para ser ascendidos a la Cámara Penal de Caleta Olivia por estos días. Si esto se confirma, cuando estos casos lleguen a esta instancia, los jueces no van a poder tratarlas y habrá que llamar a otros. Todo esto puede demorar por lo menos dos años.
Según parece, sin embargo, nada de esto logró amedrentar a los pobladores de la localidad. Esta semana volvieron a manifestar en la Municipalidad.