El investigador habla del futuro aumento de tarifas y el hundimiento del ARA San Juan.
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M.H.: Un ajuste que no solamente se refleja en las paritarias, en los salarios, sino que en breve aumentarán las tarifas, tengo entendido que un 20% en internet, cable, telefonía; nuevos impuestos a la nafta, a partir del 16 de diciembre 5.4%, luego 7.7% que de trasladarse a precios incrementarán el índice de inflación entre 1.5/1.8% en diciembre y un 2% más en enero. Alzas en la electricidad, gas donde el gobierno acuerda U$S 3.7 por millón de BTU cuando estaba en U$S 2.5. ¿Qué nos podés comentar de todo esto?
G.L.: En primer lugar, en líneas generales con la política económica y la evolución de ciertas variables de precios, que como en el caso de los insumos energéticos son fundamentales porque son lo que llamamos insumos difundidos, que generan precios en otros sectores de la economía. A mí me preocupa que luego de casi un año de suspensión, de congelamiento por la Ley de emergencia, no se haya hecho lo suficiente para encarar un debate que tenía para mí dos ejes centrales. Por un lado, una memoria, un balance real, efectivo y contundente sobre el desastre que significó el robo del ajuste energético macrista con tarifas que se han movido entre el 2.500 y el 3.000%. Una cosa inédita. Con la consecuente cuestión que los entes reguladores, el ENARGAS y el ENRE han realizado informes, pero en realidad no han derivado en acciones políticas contundentes que pudieran tener una pata que irrecusablemente debieran ir a la justicia penal en términos que durante el macrismo en el sector eléctrico varias cosas se han hecho con una profunda duda respecto al dolo de esos actos administrativos, que habría que investigar.
Y el otro eje, que se ha olvidado o no se ha encarado, es una política de costos efectiva en línea con el direccionamiento de la centralidad de la política energética hacia YPF en manos del Estado. Vos citaste el caso de los combustibles ¿sabés por qué desde agosto en adelante y hasta enero y febrero vamos a tener aumentos hormiga de combustibles? YPF que es la que los inicia, los está encarando con la anuencia del Estado nacional, porque está intentando recomponer caja en su principal sector de negocios que es el de la venta de combustible líquido.
Porque durante los cuatro años macristas YPF fue mal administrada, fue deliberadamente sacada de los esquemas gasíferos, que como bien sabemos fueron direccionados a Techint fundamentalmente en el último Plan Gas, planteado por el ex ministro Aranguren. Ahora el gobierno pone en marcha un nuevo plan de incentivo que tiene ese precio del que hablaste. Ese precio se va a conocer en la subasta que se va a realizar antes que termine el año. Es un precio indicativo el de U$S 3.70 que está por arriba del propio precio que el gobierno publicó esta misma semana en el Boletín Oficial, que son los precios indicativos por cuenta. Por ejemplo, en el caso del invierno que es cuando los precios están más altos, el gas de la Cuenca neuquina que es la más importante está en U$S 3.50. Aún 20 ctvs. de dólar por debajo de este precio indicativo que pone el gobierno. Y cuando todos nosotros, en promedio, estamos pagando entre U$S 2.20/2.30 por millón de BTU. O sea, que han establecido un esquema de subsidios otra vez a la oferta concentrada de las grandes productoras, que está en un costo de entre U$S 1.10/1.30 por millón de BTU.
Ellos dicen que lo van a pagar los sectores sociales que tengan mayor poder adquisitivo. Y ese es el asunto que todavía no se ha terminado de definir respecto de hasta dónde van a llegar los posibles aumentos o ajustes tarifarios. Porque la verdad es que no debería encararse ningún tipo de ajuste tarifario, entre otras cuestiones porque no se encaró la tarea previa que dijimos que tenía que ver con esos dos ejes. Y la verdad se está generando una continuidad en términos de generar una expectativa a los inversores para que rápidamente inviertan y no nos veamos en peligro de quedarnos sin gas en invierno. Están movidos por el típico criterio lobista de las provincias hidrocarburíferas y las empresas concentradas.
YPF nos hace pagar a todos, a través de estos aumentos sucesivos del combustible, el manejo desastroso del macrismo durante los últimos 4 años. Es un tema que realmente merece darle discusión, porque si llegara a haber aumentos de gas y energía eléctrica, que seguramente los habrá, vamos a ver cuál es la argumentación que va a armar el gobierno, si van a decidir ser por lo menos “más prolijos” en esto. Vamos a esperar aumentos de entre el 25 y el 30% que van a estar en línea con la inflación, si la inflación está en el 30% como prevén para el año que viene.
M.H.: Se habla en el caso de la electricidad de tres tipos de alzas una entre el 50 y el 60%, un alza del 30% promedio y del 10% para los sectores más carenciados. Eso es lo que vengo leyendo.
G.L.: En verdad, el esquema final, de cuánto se va a aumentar no está definido todavía y yo creo que lo vamos a tener, tal vez, entre enero y febrero. Esa discusión se va a demorar un poco más. Pero ojo con esto. Una cosa es decir que aquellos sectores sociales privilegiados que quieren hacer un uso suntuario de gas y energía eléctrica, en función de que se establezcan en forma transparente cuáles son los costos de producción, esos pocos sectores, el 10% de la sociedad argentina, se podría discutir si deben pagar una tarifa que se acerque al costo real de producir la energía.
El otro 90% de la población no puede estar ante la expectativa de que el debate que se venga, sea que necesitamos reajustar las tarifas para que el Estado pueda de alguna manera poner a disposición una cantidad constante de recursos para el sostenimiento del precio que uno paga en la tarifa. Cuando el Estado lo que va a hacer es garantizar, por lo menos, aproximadamente entre 1.200 y 1.500 millones de dólares para el selecto grupo de empresas. Cuando lo que no se analiza es si es viable producir gas en la argentina a 2.30, 2.50 dólares por BTU, no a 3.50 o a 3.70. Y esto no se termina de transparentar.
El lugar del hundimiento del ARA San Juan fue ocultado durante casi un año por el macrismo
M.H.: Otro tema que quería comentar contigo, me ha sorprendido que al cumplirse un nuevo aniversario del hundimiento del ARA San Juan, leamos que el hallazgo fue ocultado durante casi un año, porque en el lugar donde se había hundido el submarino había un negociado de exploración de recursos petrolíferos. Esto ha dado lugar incluso a un Consejo de guerra que se ha reunido el 25 de noviembre para seis altos funcionarios de la Armada y mientras esto ocurría se espiaba a los familiares. Esto yo lo leí hace unas semanas en Tiempo Argentino y me sorprendió que el mismo domingo publicó una nota Clarín donde no habla ni una sola palabra de estas denuncias y cuenta anécdotas sobre los familiares, la relación de los padres y los hermanos con los submarinistas desaparecidos, pero no hace ningún tipo de referencia a esta grave denuncia que entiendo ya está en instancias judiciales.
G.L.: Sí, por supuesto. Un detalle sobre el Consejo de guerra convocado, efectivamente se llevó a cabo el 25 de noviembre y las defensas de los marinos involucrados van a pedir la nulidad de las actuaciones que se realicen. Esto es por formalismos como, por ejemplo, que cada fuerza ante cualquier tipo de situación que se cometa en la realización de las actividades militares tiene que elaborar un esquema de instrucción interno. Entonces, las cosas que está alegando la defensa de Srur que fue el gran responsable militar de este desastre, está diciendo que este trámite en la Armada Argentina no se realizó debidamente, entonces de acuerdo al Código de conducta militar, y hay que aclarar que ya no existe el viejo Código, fue reemplazado por Garré en 2008 por algo así como un Código de conducta para todo lo que tiene que ver con cuestiones como estas, que estamos en la tipificación del delito entre estrago culposo o doloso, como es de carácter penal, tiene que ser sustanciado por la justicia civil.
Entonces, el nuevo Código militar trata cualquier tipo de cuestión que tenga que ver con conducta estrictamente militar que no sea de naturaleza penal. Cualquier cosa como esta pasa directamente a la justicia civil. Por eso cuando se conoció la desaparición del submarino, ese mismo día, la fuerza lo que hizo fue denunciarlo en el Juzgado Federal de Caleta Olivia. Explico esto para que se entiendan los procedimientos.
M.H.: Este juzgado de Caleta Olivia que preside una Jueza que ha estado investigando hace un par de años este tema ¿no tuvo ninguna información respecto del ocultamiento del hallazgo?
G.L.: A eso iba. Hay un elemento que habla por lo menos de una falta de acción gravísima. Durante estos dos años desde el área de ese juzgado federal han intentado explicar a partir del desconocimiento de los asuntos militares. Entonces es algo insostenible. Porque ellos han recibido información sobre las investigaciones que el ARA San Juan estaba realizando entrañaban algún tipo de misión que estuviera bajo secreto militar. Esto el Juzgado Federal de Caleta Olivia tiene que haberlo recibido de manera inmediata.
Lo mismo que la propia información sobre el hallazgo sobre el submarino que se le debió dar carácter de inminente en cuanto a su búsqueda y presionar por todos los medios para que el acto de criminal encubrimiento, que finalmente realizaron, no se pudiera encarar como hicieron en diciembre de 2017. Porque el 5 de diciembre de ese año se conoció y esto ya fue dicho por varios familiares en estos dos años. Lo que pasa es que ahora, con esta cosa siniestra, se eligió el momento de los dos años de la desaparición para dejar trascender esta información y hacerlo a través del Contralmirante López Mazzeo que ya está en retiro y que es quien a través de esto les da un tiro por elevación el ex Almirante Srur, al ex Ministro Aguad y al propio Macri diciendo “si esto lo tuvimos que encubrir fue por decisión política de ustedes que ya lo sabían”. Esto es lo gravísimo que ha pasado acá.
M.H.: ¿Cuáles serían las responsabilidades que les caben al ex Ministro Aguad y al ex Presidente Macri?
G.L.: Por un lado, hay una gravísima responsabilidad política, que puede quedar en el balance que nosotros hagamos para los libros de historia. Pero la responsabilidad penal asume una relevancia fundamental. Por lo menos aquí hay un cruce de estrago doloso con negligencias de todo tipo de los actos administrativos y que terminan en la propia figura del Presidente.
Podríamos revisar con expertos en Derecho penal, de qué cantidad de años estaríamos hablando por delitos concurrentes. Pero lo cierto es que junto a esto que ha pasado y que estando Rossi a cargo del Ministerio se ha informado como si nada.
Y lo que me preocupa mucho es que justamente el macrismo venía trabajando en el otorgamiento del permiso para la exploración del Atlántico Sur, esos permisos se terminaron de corroborar en agosto de 2019. El gobierno sabía que tenía un hierro caliente con esto, y estos actos deberían haber sido anulados inmediatamente. Obviamente no lo hicieron porque ahí había intereses muy concretos. Los consorcios que ganaron vinculados al área donde fue siniestrado el submarino.
Y el otro tema relevante es qué hizo la Ocean Infinity, está zonda que estuvo recabando miles y miles de fotos, sobre cuyo destino no tenemos ningún tipo de información certera. Y querría saber si la Comisión bicameral que lo estudió, hasta dónde llegó en el relevamiento y análisis de esas imágenes. Que fueron requeridas a esta empresa. Toda esta información está faltando.
M.H.: Son 60.000 fotos aproximadamente. Un escándalo sorprendente. Y en el único lugar donde leí una nota con información exhaustiva fue en Tiempo Argentino del domingo 15 de noviembre porque Clarín, el mismo día, saca una nota que no hace ningún comentario de todo esto. Hay anécdotas, del papá de uno de los oficiales que es abogado, que lo tuvo a los 19años, que para él era una especie de amigo, o compañero por la corta diferencia de edad. Anécdotas de ese tipo. Todo esto que señalás y señala también la nota de Tiempo Argentino ha quedado oculto a la opinión pública.
G.L.: Yo he seguido este siniestro desde el día que ocurrió. Los grandes medios han hecho esto deliberadamente, lo han ocultado. A mí lo que más pesar me generó y más conmoción me produjo es la forma en que se dejó trascender a través de este Contralmirante dónde estaba la nave el 5 de diciembre de 2017. Y esto no ha tenido consecuencias. Porque, por ejemplo, la jefatura de un Consejo de guerra por la legislación, tiene que estar a cargo del ministro de Defensa. Este la ha delegado en Sergio Rossi que es su primo y secretario de Asuntos militares. Eso hacia adentro generó bastante ruido.
M.H.: Hay un Consejo de guerra contra 6 oficiales de la Armada y nadie está enterado.
G.L.: A mí lo que me preocupa y perdón la ironía, ¿Alberto Fernández está enterado de esto?