Las prestaciones sociales crecieron 30,5% entre enero del 2021 y el mismo mes del año pasado. Las jubilaciones y pensiones 33,4% (4%por debajo de la inflación interanual). Por su parte, la AUH creció 35,8%. El rubro “Otros programas sociales”, que reúne el Repro II y otras iniciativas para morigerar los efectos de la pandemia, solo aumentó 25,1% en el año. Además, en los últimos meses se verificó una desaceleración de los gastos por la pandemia. Incluso la asistencia social en plena pandemia, creció por debajo de la inflación. Y los jubilados son parte esencial en el ajuste del gasto. Y lo seguirán siendo. Y algo parecido sucedería con los ingresos de los empleados públicos. Todavía queda por resolver el tema de las tarifas y los subsidios.
El salario real cayó 3% en 2020, aunque con una enorme dispersión entre sectores más y menos afectados por la pandemia. De hecho, muchos sindicatos negociaron bajas nominales en plena cuarentena. Desde 2017, el salario real cayó 23% en términos reales, 57% en dólares oficiales. Entre noviembre del 2015 y el mismo mes del 2020, las empresas vieron reducir su costo salarial en un 23,8%, indicó un informe de Cifra, centro vinculado a la CTA-T. La contracara de ello fue un fuerte incremento de las ganancias empresarias.
En la investigación Anatomía del impacto de la cuarentena en los ingresos de los trabajadores argentinos, Eduardo Levy Yeyati y Federico Ravelli, sostienen que en términos de ingresos los que más perdieron fueron los informales y los independientes. “Los que están adentro de la red vieron caer mucho menos sus salarios. La otra mitad quedó colgada de un pincel”, comenta Levy Yeyati.
De acuerdo a la investigación, los más afectados fueron los trabajadores precarios, para los que la caída del ingreso laboral real llegó a 34% en los informales y 35% los independientes. Esto fue parcialmente compensado con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que representó el 6% y 9%, respectivamente. Los asalariados estatales y privados formales perdieron 8% y 13% del ingreso total.
Para Yeyati, “la gran grieta es en función de la modalidad del empleo. Entre los que tienen un trabajo formal con sindicato, protección, licencias por vacaciones. El resto está cada vez más precarizado y expuesto a la crisis”. Así, señala que fragilizar el ingreso de la mitad de los trabajadores, los monotributistas y los informales es una de las fuentes fundamentales de la desigualdad laboral.
El ministerio de Trabajo publicó el viernes 5, la mediana (punto medio exacto) del salario privado de los trabajadores registrados, que se ubicó en diciembre en alrededor de 54.700 pesos. Si se tomara ese indicador, en dólares al tipo de cambio mayorista, se ubicó en U$S 672,70, cuando en diciembre del 2015 llegaba a U$S 1.288,45.
Se trata de un derrumbe del costo salarial de alrededor de un 48%. En el mismo período, el salario mínimo vital y móvil escaló desde los $ 4.716 hasta los actuales $ 20.587, lo que implicó una caída medida en dólares desde los U$S 486 de diciembre del 2015 hasta los U$S 252,90 de diciembre último.
Desde el canal oficial de Youtube del gremio ATILRA difundieron un video en el que desmitifican el «alto costo laboral argentino». «De cada litro de leche final, solo el 4,5%, es decir, $ 1,60 es el costo de mano de obra», apuntaron.
Los datos oficiales de la cartera laboral consignan una mejora salarial de los empleados registrados del 11,7% en los primeros nueve meses del año, cuando la inflación en el mismo período acumuló 22,3%.
El dato no tiene en cuenta que la mayoría de las negociaciones paritarias quedaron congeladas durante los primeros meses de la cuarentena y los incrementos se terminaron acordando en su mayoría a partir de setiembre y octubre.
En ese período el valor de la Canasta Básica Alimentaria escaló un 24,7%. La demora de más de tres meses en la actualización del salario mínimo vital y móvil, así como su actualización en un 28% tampoco colaboró en sostener el poder adquisitivo. Por eso, estimaciones privadas basadas en datos oficiales indican que la pobreza, sobre mediados del 2020, ya alcanzaba a un 47% de la población.
Desde el punto de vista de la masa salarial anual, las patronales lograron descargar gran parte de su crisis sobre el sector asalariado. De hecho, según el Indec, en el peor período de la cuarentena, el segundo trimestre del año, las ganancias patronales mejoraron en 12,4 puntos su participación en el ingreso general de la economía.
Por la vía de los despidos, la caída de los salarios y los subsidios estatales a los empresarios -entre el ATP 1 en abril de 2020 y el ATP 9 en diciembre del año pasado, el gobierno desembolsó $ 236.377 millones-, el impacto de la pandemia que implicó una caída del PBI de 12 puntos para el 2020, cayó sobre los sectores asalariados.
Una familia tipo necesitó en febrero un ingreso de por lo menos $57.997,48 para hacer frente a los gastos de la Canasta Básica Total (CBT) y no caer en la pobreza, indicó el INDEC. El Salario Mínimo está en los $21.600.
Según el informe oficial, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió en febrero un 3,6% respecto de enero, mientras que la CBT avanzó 2,7%, por lo que se ubicó por debajo de la inflación.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes pasado se ubicó en 3,6% y registró una desaceleración respecto de los dos meses anteriores. Así, acumuló a lo largo del primer bimestre un incremento equivalente al 7,8%.
En ese escenario, una familia de cuatro integrantes necesitó al menos $57.997,48 para no caer en la pobreza y un ingreso mensual de $24.575,20 para no ser considerada indigente.
Además, el INDEC informó que las variaciones interanuales de la CBA y la CBT fueron del 46,4% y 42,2% respectivamente.
El costo de la Canasta Básica casi triplica el monto del Salario Mínimo de $21.600 y el de un Haber Básico Jubilatorio, que se ubica en $20.571.
La CBA se determina al tomar en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada y cubra durante un mes esas necesidades. En tanto, para determinar la CBT se amplía la CBA, al considerar los bienes y servicios no alimentarios.
Esas canastas impactan directamente sobre los indicadores sociales que miden la pobreza y la indigencia, cifras que se mantienen en niveles históricos.
El 31 de marzo el INDEC dará a conocer el informe de la Incidencia de la Pobreza y de la Indigencia (EPH) correspondiente al segundo semestre de 2020.
El sindicato de trabajadores estatales (ATE) en el INDEC publicó un nuevo informe, esta vez focalizado en el peso que tiene la inflación sobre los salarios. Ate calculó una pérdida del poder adquisitivo respecto a noviembre de 2015 del salario Categoría D0 de trabajadores de la administración pública en febrero2021 del 39,5 %.
«Como vemos, en cinco años el salario de referencia percibido en diciembre 2015, actualizado a pesos de febrero 2021 debería de ser $61.372.- y no los magros $35.004.- de hoy (incluye la suma fija de $4.000.- que otorga el gobierno a los trabajadorxs que cobren hasta $60.000.- brutos).», explicaron.
Asimismo, expusieron cuánto más afecta esto a sectores específicos: al tomar el ingreso de la ocupación principal, las mujeres ganan un 21% menos que los varones.
También señalan la situación de los trabajadores monotributistas que consideran que «es inclusive peor que quienes están dentro del Convenio colectivo ya que, a la pérdida del poder adquisitivo general, se le debe sumar la no percepción de medios aguinaldos, presentismo y las exiguas sumas fijas que el gobierno otorga como paliativo». Aseguran que la pérdida llega a ser equivalente a más de ocho sueldos.
Mientras tanto, el BCRA entregaba a las patronales nacionales y extranjeras casi U$S 70.000 millones en 2 años, incluyendo los U$S 44.000 del FMI que no se usaron para estabilizar la economía, sino para tratar de ganar la elección. Según publicó Horacio Verbitsky en su portal El Cohete a la luna en ese período estuvieron en el podio de fugadores empresas como Telefónica, Pampa Energía, Western Union, American Express, General Motors, Shell, Cervecería y Maltería Quilmes, Telecom, Cohen Sociedad de Bolsa e YPF, entre otras.
El titular del Palacio de Hacienda hizo los deberes para su reunión con Georgieva, logró un presupuesto de ajuste para este año (se eliminó el Ingreso Familiar de Emergencia, y hubo recortes en términos reales en la partida de salud en medio de la pandemia), y habrá aumento de tarifas de los servicios públicos aunque hay disputas al interior de la coalición de Gobierno por el porcentaje de suba. Además, en febrero hubo una caída en términos reales de las jubilaciones y pensiones, asignaciones, y pensiones no contributivas que profundiza el deterioro de los últimos años.
Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso señaló que en febrero hubo una fuerte caída en términos reales en relación al mismo mes del 2020 de las jubilaciones y pensiones (-7 %), de las asignaciones (familiares y por hijo) (- 5,7 %), y las pensiones no contributivas (-6,6 %).
En tanto, también hubo reducción en términos reales de los salarios de los trabajadores del sector público. Según el documento, el gasto en personal en febrero se derrumbó un 11,7 % en términos reales. “Esta evolución se vincula fundamentalmente al resultado de las negociaciones paritarias en el sector público”, explica el informe y agrega que “la recomposición salarial se ubicó por debajo de la inflación”. Los dirigentes sindicales acordaron paritarias de miseria para los trabajadores públicos que ya perdieron en los últimos años. Según un informe de Cifra, el salario real en este sector fue en diciembre de 2020 un 29 % inferior al de noviembre de 2015.
Mientras el Gobierno recorta el poder de compra de los sectores más vulnerables paga intereses de la deuda. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, “en febrero se cancelaron intereses por el equivalente a U$S 464 millones, de los cuales 74 % se realizó en moneda extranjera, explicados principalmente por los intereses del préstamo Stand by del FMI por el equivalente a U$S 313 millones”.
Desocupación
Poco más de un tercio del derrumbe laboral durante el 2020 corresponde a personas de entre 18 y 30 años. La sideral caída del empleo en Argentina ha golpeado duramente a vastos sectores de la sociedad durante el 2020, a causa de la parálisis general en casi todos los rubros por la irrupción del Covid-19.
Según los números proporcionados por los entes oficiales y distintas empresas relevadoras del empleo del país aseguraron que durante la pandemia se perdieron cerca de 4 millones de puestos de trabajo.
Pero otro de los datos alarmantes conocidos recientemente tiene que ver con la repercusión que tuvo este flagelo frente al empleo juvenil. El informe “Desempleo juvenil y políticas sociales” del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) reveló que por el virus se perdieron 1.3 millones de puestos de trabajo juvenil.
“En Argentina la cantidad de jóvenes de 18 a 30 años asciende a 9 millones, con lo cual esta pérdida representa el 20% de la población total. Gran parte de estos jóvenes carece de un empleo y no se encuentra estudiando ni recibiendo una formación para el trabajo”, detalló el relevamiento.
Los datos publicados por el Indec este jueves 25 vuelven a mostrar la persistencia de la desocupación y de la crisis económica que atraviesa el país. Lejos del optimismo anunciado por el Gobierno, que planteaba que con la apertura de la actividad económica mejoraría la situación del conjunto de los trabajadores, los datos confirman que la falta de empleo alcanza a 222.000 personas más que en el cuarto trimestre del 2019.
Se trata en total de 2,1 millones de personas, el 11 % de la población económicamente activa, la cifra más alta para el último trimestre del año desde el 2004. Hay que considerar que los datos medidos por el Indec contemplan a 31 conglomerados urbanos, por lo que la desocupación total se contabiliza proyectando la situación al conjunto del país.
Además, hay que considerar que la tasa de actividad cayó de 47,2% a 45% en un año y se encuentra aún por debajo de los niveles pre pandemia. Esto implica que muchas personas que se quedaron sin empleo y no salieron a buscar activamente por las restricciones fueron registradas como inactivas y no como desempleadas.
La peor situación se vive en la zona del Gran Buenos Aires, donde la desocupación alcanza a un 12,6 %.
También confirmaron que en el caso de los jóvenes la tasa de desocupación aumentó en las mujeres desde 18,9 % hasta 26 % en el último año. En el caso de los hombres desde 16,9 % a 19 %.
Otro dato que da cuenta del nivel de la crisis social es que un 15,1 % de la población se encuentra subocupada. Es decir, aquellos que trabajan menos de 35 horas semanales y estarían dispuestos a hacerlo mayor cantidad de horas para aumentar un ingreso insuficiente. Se trata de la mayor tasa de subocupación desde la crisis del 2002.
Pero incluso la situación también golpea sobre los sectores ocupados. Según un informe de Cifra-CTA, «si bien los salarios reales de los trabajadores registrados en el sector privado sufrieron una reducción promedio de 15,4% entre noviembre de 2015 y el mismo mes de 2020, la mitad de los trabajadores tuvieron caídas superiores al 19%». En tanto, el salario real de los trabajadores públicos fue en diciembre de 2020 un 29 % inferior al de noviembre de 2015.
De conjunto estos datos confirman la profundidad de la crisis social, que se encuentra lejos de haber finalizado. Por el contrario, la proximidad inminente de la “segunda ola” de coronavirus, que algunos afirman que ya comenzó, puede convertirse en un nuevo foco de preocupación.
Pero además, este mismo jueves el FMI volvió a colocarse en el centro de la escena. Fue primero el vocero de la entidad, Gerry Rice, quién afirmó, contra las exigencias que había planteado Cristina Kirchner en la jornada previa, que no existía posibilidad de extender los plazos y tasas de interés para la devolución de la deuda.
Aunque más tarde fue el propio organismo el que emitió un comunicado planteando avances en la negociación (publicado y festejado por el propio ministro Martín Guzmán), este no pasó de hacer definiciones generales.
Luego de meses de aplicar las recetas del propio Fondo para “reducir el déficit fiscal” a costa de ajustar jubilaciones, eliminar el IFE o incluso reducir el presupuesto en salud, no cabe lugar a pensar que lo que venga pueda ser distinto. No hay un “nuevo Fondo”, sino negociaciones que se pagarán con mayor ajuste y al costo de un mayor empobrecimiento del conjunto de la población pobre y trabajadora.
Jubilados
La decisión del gobierno nacional de otorgar dos bonos por única vez de $ 1.500 cada uno junto con los haberes de abril y mayo para los jubilados que ganen menos de $ 30.856, no calmó el debate sobre la aplicación de la nueva movilidad jubilatoria.
Los bonos alcanzan al 70% de los jubilados y pensionados (5 millones), excluyendo a los 2 millones que ganan más de $ 30.856 mensuales y a los 9 millones que perciben las Asignaciones Familiares y la AUH.
Además, no integrarán el haber, son por dos meses, y no se consideran base para los futuros aumentos. Para quienes cobran la mínima más los bonos representará un incremento de bolsillo del 16%, aunque el resultado real dependerá de la suba de los precios en los próximos meses. A partir de junio habrá que hacer las cuentas nuevamente. Para los que cobran menos que la mínima (pensiones no contributivas y PUAM) la mejora es mayor, del 19%, pero aún con los bonos cobrarán menos de $ 18.700 en abril y mayo.
El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, argumentó que “hablar de dos bonos para abril y mayo de 1.500 pesos es 50 pesos por día”. Según Semino, “la canasta de un jubilado con vivienda propia en octubre del año pasado era de 50.000 pesos”.
La cifra se encuentra bastante por encima de la jubilación mínima que, con el aumento del 8,07%, pasará a ser de $ 20.572 entre abril y junio, cuando se aplicará un nuevo ajuste.
El aumento esperado para abril será inferior en varios puntos porcentuales a la inflación del primer trimestre del año, que se calcula en torno al 12%, dando la razón a quienes advertían que en un contexto de elevada inflación se corría el riesgo de que los haberes quedaran por debajo.
Los jubilados terminaron 2020 por debajo de la inflación. A los de la mínima les tocó resignar casi siete puntos con respecto a la fórmula macrista (42%) derogada por decreto. Llegarán a 35,3%. Y los de la máxima quedarán diecisiete puntos abajo (25,3%). Y eso que la ley macrista entre 2018/9 provocó una caída del 19,5% en todas las jubilaciones y prestaciones sociales.
Resistencia
Organizaciones piqueteras marcharon hacia Plaza de Mayo para denunciar la situación que atraviesan trabajadores desocupados. Exigen aumento salarial «la canasta de pobreza triplica el salario mínimo y la verdadera canasta familiar que incluye alquiler y educación de los hijos, entre otros rubros, ¡resulta inalcanzable para la inmensa mayoría de los trabajadores que no llegan ni juntando 4 meses de trabajo!» expresaron. La acción se replicó en diferentes ciudades del país. Hubo en acto central donde confluyeron las columnas que partieron desde diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, destacaron «en este contexto, la pobreza sigue creciendo a raíz del ajuste que dicta el FMI y aplica el Gobierno de los Fernández. Con el objetivo de conseguir una mayor entrada de divisas, avanzan con el modelo extractivista y la destrucción de nuestros bienes naturales, desconociendo la lucha del pueblo chubutense que hace 18 años enfrenta el saqueo de las corporaciones mineras. Las organizaciones de desocupados independientes rechazamos el discurso del gobierno que dice privilegiar a los pobres. Todo lo contrario, desde el Presupuesto nacional se han reducido o eliminado las ayudas de emergencias, sin anestesia, como el IFE, privilegiando a los acreedores de la usurera e ilegítima deuda externa».
Desde las organizaciones piqueteras, denuncian además la situación que atraviesan los comedores populares que desde hace meses no reciben los alimentos para sostener las ollas y copas de leche a la cual acuden muchas personas en un contexto de empobrecimiento de los y las trabajadoras.
«Los trabajadores que atienden los comedores populares no han sido considerados para la vacunación contra el Covid, siendo esenciales para combatir el hambre: ¡exigimos que integren las listas de prioridad para ser vacunados, por su salud y por la salud pública en general!» agregaron.
Finalmente, en el contexto de crisis social y económica la situación de los trabajadores desocupados en cuando al acceso de una vivienda digna se ve obstaculizada, agravando la crisis habitacional a la que se encuentra sometida un enorme porcentaje de personas, que no pueden pagar un alquiler y menos acceder a la compra de un inmueble.
«La tierra y la vivienda son inalcanzables para los trabajadores, por eso crecen las ocupaciones de tierra que los gobiernos de todo color político reprimen y desalojan sin distinción. Fernández y Ferraresi anunciaron que no extenderán el congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos a partir de abril, lo que agravará la crisis habitacional» explicaron.
¡Salario mínimo de 53.000 pesos!
¡Equiparación de los programas sociales igual a la Canasta Alimentaria!
¡Vacunación ya para todxs lxs trabajadorxs esenciales!
¡Tierra para vivir! ¡No a los desalojos!
¡Presupuesto real y políticas públicas para combatir y erradicar la violencia de género!
¡El extractivismo mata y empobrece! ¡Basta de saqueo! ¡Viva la lucha del pueblo de Chubut!
¡Conectividad para todes!
EL 24 DE MARZO A 45 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA MARCHAMOS A PLAZA DE MAYO
POLO OBRERO -MTR HISTÓRICO – MTR VOTAMOS LUCHAR – C.U.Ba.☆M.T.R./MIDO
– MAR – M29 – BLOQUE PIQUETERO NACIONAL (T.Or.Re- AGRUPACION ARMANDO
CONCIENCIA-RUP- O.T.L.)- MTR 12 DE ABRIL – FDU – BUEL – A TRABAJAR –
ORGANIZACIÓN 17 DE NOVIEMBRE (M.D.L – LA WILLIAM COOKE- MUJERES EN
LUCHA) – MTL REBELDE – M.B.T – FRENTE DE LA RESISTENCIA.
BARRIOS DE PIE – MST TERESA VIVE. FOL (Frente de Organizaciones en
Lucha), FOB Autónoma (Federación de Organizaciones de Base Autónoma),
Movimiento de los Pueblos (Frente Popular Darío Santillán corriente
Plurinacional, MULCS, Izquierda Latinoamericana Socialista,
Movimiento 8 de abril, Igualdad Social), FAR COPA en Marabunta, OLP
Resistir y Luchar.
En febrero la conflictividad pegó un salto. Según la consultora
Tendencias Económicas, los despidos afectaron a 1.482 trabajadores, lo
que arroja un aumento anual del 141%.
Los paros involucraron a 11.420 trabajadores, con un aumento del 37% anual. No se registraron suspensiones, cuando en 2020 habían afectado a 3.300 trabajadores.
Paritarias
En el marco de una nueva jornada de protesta para pedir por recomposición salarial para los trabajadores del CONICET, que incluyó un paro y una movilización al Polo Científico, Mariano Barrera, doctor en Ciencias Sociales, investigador del organismo y de FLACSO, analizó la situación salarial de los trabajadores del Conicet: «Macri se va del Gobierno con una pérdida salarial del 50% en cuatro años».
El reclamo de los investigadores apunta, en el mediano plazo, a que se avance con las negociaciones por un convenio colectivo sectorial, que modifique sustancialmente la situación salarial y la pérdida del poder adquisitivo del orden del 50%, que padecieron los investigadores, y el sector público en general, durante los últimos cinco años.
Esta chance, abriría la posibilidad de que los trabajadores del organismo, que hoy representan el 6% del sector público total, negocien sus propias condiciones de trabajo, ítems, y recomposiciones, más allá de la paritaria estatal que UPCN negocia con el gobierno nacional.
Durante 2020 hubo apenas 7% de aumento en la paritaria nacional de los trabajadores estatales y se termina de cerrar la paritaria en mayo de 2021 con una suba del 25% y, adicionalmente, el Ministerio de Ciencia consiguió adicionar un 20% (en noviembre 2020 y abril 2021) al ítem de jerarquización sobre el total del salario de científicos y científicas y Personal de Apoyo (que no incluye a trabajadores administrativos y personal de gestión).
«En mayo de 2021 el salario del organismo tendría el mismo nivel de poder adquisitivo que a finales de 2019», dijo Barrera, al respecto, y agregó que «el poder de compra de mayo de este año sería el mismo que el del inicio del actual gobierno».
«Si uno mira en términos históricos, el poder adquisitivo del salario el agosto de 2020 era el mismo que en la crisis de 2002», dijo Barrera, y destacó que en 2020 «hubo recuperación, pero aún estamos en niveles de 2004».
Por último, Barrera aseguró que la erogación para el Estado no sería significativa, en caso de avanzar la discusión sobre el Convenio colectivo para los 10.000 trabajadores que integran el CONICET (sin contar los becarios y becarias del organismo, que duplican la cifra): «El CONICET en el presupuesto nacional representa menos del 0.4%, es un valor muy bajo como para tener impacto, además para algo que considerás estratégico», dijo Barrera.
El jueves 25 hubo una Jornada de lucha de los docentes universitarios, convocada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios/as y preuniversitarios/as para reclamar la urgente convocatoria a la Mesa Nacional de Negociación Salarial para discutir la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, así como las condiciones de trabajo que continúan afectadas en el marco de la pandemia mundial.
Exigen que ningún aumento por debajo de la inflación, cláusula gatillo y un programa de recuperación progresiva del salario, en camino a la media canasta familiar para el cargo testigo; reintegro de gastos de conectividad por trabajo virtual desde los hogares (equipamiento, mobiliario, servicios de electricidad y telefonía, etc.) para la continuidad de las clases virtuales mientras dure la pandemia; paritarias de condiciones y ambiente de trabajo en todas las Universidades.
“Cualquier regreso progresivo a las actividades de manera presencial, debe ser previamente acordado en paritarias particulares con plena participación de las asociaciones de base, con las pertinentes habilitaciones de la autoridad sanitaria y con condiciones de bioseguridad que preserven la salud de las y los docentes y de la comunidad universitaria en su conjunto. En este sentido, exigen el pleno respeto a los acuerdos alcanzados en la Comisión Nacional de Condiciones y Ambiente de Trabajo, en especial al régimen de dispensas y licencias para los grupos vulnerables, con la cobertura de las suplencias que ello demande; así como también que se avance con la regularización de docentes de la planta interina y contrataciones, pago a docentes ad-honorem, ascensos de Auxiliares de 1ª (cargos ocupados mayoritariamente por docentes mujeres) y actualización del nomenclador preuniversitario”, definieron en el marco del Congreso Extraordinario realizado por la Federación.
Adelantaron que, de no haber respuesta a las demandas, este viernes sesionará el Plenario de Secretarías Generales que le pondrá fecha a un paro de 48 horas ya aprobado en el Congreso.
Los docentes tucumanos volvieron a la protesta en rechazo al acuerdo paritario firmado por el Gobierno provincial y el Frente Gremial Docente. Esta vez fue con un paro y una movilización, que partió en caravana desde el monumento al Bicentenario, hasta la Secretaría de Educación.
El reclamo central es un aumento salarial del 50 % junto a las condiciones por la pandemia. Se exigió que el Estado garantice los elementos de bioseguridad en todas las escuelas. Se denunció la falta de personal auxiliar en las escuelas y el estado de estas, reclamando también por vacunas para todos y el testeo para todas las burbujas aisladas. Los docentes denuncian las presiones por parte del ministerio de Educación, a cargo de Juan Pablo Lichtmajer, para sostener la presencialidad a toda costa. Mientras las autoridades provinciales hablan de una segunda ola inevitable, en las escuelas se ordena que no se hagan denuncias para no “alarmar”.
La protesta también denunció que Litchmajer extorsiona a la docencia con descuentos a quienes se adhieran al paro, ordenando a los directivos a confeccionar listas de quienes participan de la medida de fuerza. Esto pasó con miles de docentes que se adhirieron al paro de 48 horas ante el inicio de clases.
“Nuevamente la docencia sale a la calle porque rechazamos el acuerdo de miseria que firmó ATEP y el Frente Gremial. El salario docente sigue por debajo de la línea de pobreza y las condiciones de bioseguridad no se cumplen en las escuelas. Además, tenemos la situación de centenares de docentes sin trabajo o precarizados como los del plan Fines. La única respuesta de Lichtmajer es amenazar con descuentos y con listas negras», afirmó Juan Luis Veliz de la agrupación Marrón Docente.
«Tenemos que seguir organizando el reclamo de la comunidad educativa desde las escuelas. Finalmente, UDT no convocó al paro impulsado por la Mesa de Coordinación, bajándose así de hacer medidas de lucha. Exijamos a UDT y el Frente Gremial (ATEP, APEM, AMET) que tienen que acatar el mandato de los docentes, por todas las demandas incumplidas por el gobierno. Que llamen a asambleas de base para que los docentes decidan», agregó Veliz.
La paritaria de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) pasó a cuarto intermedio sin acuerdo de partes. El encuentro realizado en modalidad virtual por la pandemia, tendrá su continuidad el próximo 29 de marzo cuando el sindicato y las Cámaras empresarias vuelvan a verse las caras.
El gremio liderado por Antonio Caló reclamó para romper el hielo un incremento del 35% con una cláusula de revisión. Además, pidió una suba adicional en los salarios iniciales.
La Mesa de Unidad Sindical integrada por FATTEL, FOEESITRA, FOMMTRA y CEPETEL llegó a un acuerdo con las empresas Telefónica de Argentina S.A., Telefónica Móviles Argentina S.A., AMX Argentina S.A. y Telecom Argentina S.A., un aumento de 12 puntos para el período julio 2020-marzo 2021 que se aplicará a partir de abril.
En el mismo se detalla que en marzo las y los trabajadores telefónicos van a cobrar una suma extraordinaria no remunerativa equivalente al 12% que en abril ya entrará en la escala salarial. El incremento acumula para el sector un 32 % desde julio de 2020 hasta el 31 de marzo.
En abril se van a volver a reunir para cerrar el año paritario hasta el 30 de junio con la revisión del último trimestre.
La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (FATSA), dirigida por Héctor Daer, anunció el lunes un paro de 3 horas por turno y solo atendiendo urgencias para el viernes 26 luego de una reunión que mantuvieron con empresarios del sector privado de la salud en el Ministerio de Trabajo, al no llegar a un acuerdo en la revisión de las escalas salariales.
La Federación agrupa a trabajadores de clínicas, sanatorios, hospitales y laboratorios de análisis clínicos.
El «plan de lucha» que decidieron los dirigentes contempla asambleas informativas para el jueves, paro el viernes y luego evaluar la medida y los pasos a seguir.
Una marcha convocada por la Asamblea Interhospitalaria colmó las calles del centro neuquino. Trabajadores y trabajadoras de la primera línea, vinieron desde distintos puntos provinciales y de los centros de salud de la zona metropolitana. La principal exigencia es la apertura de una mesa salarial de la que puedan participar delegados votados en la Asamblea nterhospitalaria, y que estén presentes los cuatro gremios estatales.
Todos los hospitales y centros de salud se manifestaron con sus carteles, denuncias y exigencias. La marcha fue aplaudida por todas las personas que transitaban por el centro neuquino. Recientemente, la ministra de Salud, Andrea Peve, anunció medidas ante la llegada de la segunda ola de contagios. En este contexto, el jueves se supo de la renuncia de la mitad de los terapistas del hospital Castro Rendón y de las amenazas de sumarios y sanciones al personal de salud.
El conflicto lleva cuatro semanas y hasta ahora el Gobierno provincial no citó a los trabajadores y trabajadoras autoconvocados que rechazaron el acuerdo entre ATE, UPCN y el gobierno. La movilización se hizo escuchar y continuó con una nueva asamblea interhospitalaria después de la multitudinaria marcha. El viernes tienen previsto un festival con decenas de artistas y bandas musicales en la Casa de Gobierno para juntar fondos de lucha y difundir el conflicto.
Tras una votación de las bases, el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (SIPRUS – Fesprosa) definió por un 95% rechazar la propuesta ofrecida por el gobierno santafesino, y realizará un paro sin asistencia el lunes 22 y el jueves 25 de marzo.
“Hace 45 días que comenzaron las reuniones. Durante este período los profesionales esperábamos de buena fe poder resolver los innumerables problemas que presentamos lxs trabajadorxs y el sistema de salud. Lamentablemente el gobierno provincial dilapidó este tiempo. Es sintomático que la ministra de salud siga sin reunirse con los que producimos los cuidados. No solo nos dejaron al final de todas las discusiones. Sino que la propuesta no contempla la jerarquización de nuestra labor dentro del sistema”, explicaron desde SIPRUS, al tiempo que denunciaron que hay sectores del sistema de salud que atraviesan una crisis profunda, muchos lugares en los que no se consiguen quiénes ocupen los puestos, renuncias de trabajadores, incluso directores, pedidos de licencias y falta de cobertura para las jefaturas.
“Decimos claramente que es necesario un aumento urgente de personal para sostener la demanda. El aumento de los casos que se está viendo (y que van a seguir creciendo) nos encuentra en peores condiciones. Por el desgaste que venimos sufriendo y porque no hay respuestas. Y como repetimos siempre, es un problema de nuestras condiciones de trabajo que impacta en la salud del 40% de las y los santafesinxs que se atienden en el sistema público”, finalizaron.
Aceiteros
Los paritarios de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina alcanzaron un acuerdo con los representantes de la parte empresaria en la negociación paritaria salarial de los Convenios Colectivos de Trabajo 387/04 y 388/04 correspondientes a obreros y empleados desmotadores de algodón, respectivamente. El salario inicial de un trabajador de una jornada normal (200 horas mensuales) de la categoría inferior -peón- entre salario básico y adicionales llegará a 66.043,92 pesos a partir del 1° de abril.
En tanto será de 68.915,40 pesos a partir del 1° de junio de 2021 y de 71.786,87 en septiembre de 2021.
Además, se acordó el pago de una asignación extraordinaria no remunerativa de 16.000 pesos que se abonará en dos cuotas iguales y consecutivas que se liquidarán en noviembre y diciembre de 2021. Será percibida por todos los trabajadores que hayan realizado tareas durante al menos 90 días en la campaña; quienes hayan trabajado menos días percibirán una suma proporcional.
En concepto de revisión del acuerdo salarial de 2020 se acordó un aumento que lleva el salario inicial conformado a 53.684,10 pesos en el mes de enero de 2021 y a 57.429,50 en febrero.
A su vez, se estableció que el presente acuerdo paritario tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.
En este marco, desde la Comisión Directiva de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina expresaron: “Compañeras, compañeros: este nuevo acuerdo se alcanzó gracias a la unidad obrera expresada en la contundente Huelga Nacional Desmotadora con la que las trabajadoras y los trabajadores desmotadores de algodón demostraron con claridad su rechazo ante la pretensión patronal de rebajar los salarios en términos reales.
Ante la intransigencia con la que estas empresas, que nunca detuvieron su producción -declarada esencial- por la pandemia, estiraban artificialmente la negociación paritaria, indiferentes al deterioro de los ingresos de la familia desmotadora, se le opuso la firmeza, la solidaridad y la conciencia de clase.
Incluso mientras persiste en todo el planeta la crisis sanitaria, económica y social desatada por la pandemia de COVID-19, que en nuestro país se sumó a la crítica situación que dejó tras de sí el gobierno de Cambiemos, hoy se conquistó este acuerdo gracias a la lucha colectiva.
Por eso, este logro es de ustedes, compañeras y compañeros desmotadores, que continúan avanzando con las herramientas de la organización obrera, con la democracia sindical y la fuerza de la huelga en las propias manos, por la dignidad para cada compañera y compañero trabajador y su familia”.
El Sindicato Aceitero de Capital informó que tras largos meses de conflicto se firmó un acuerdo en el que el Grupo Beltrán, propietario de la firma Dánica, que se comprometió a desistir de su intento de modificar el encuadramiento de los trabajadores. “Este logro se obtuvo gracias a la inmensa lucha obrera en Dánica Llavallol contra la prepotencia patronal”, sostuvieron desde el SOEIA.
La empresa Avex, bajo control del Grupo Beltrán desde hace dos años, “desiste de su intento de modificar el encuadramiento convencional de las compañeras y los compañeros de Dánica Llavallol reconociendo la pertenencia a la actividad aceitera”, señalaron desde el sindicato.
En ese sentido, la empresa desistirá del pedido de encuadramiento sindical en el expediente que había iniciado el año pasado en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, cuando intentó pasar a todos los trabajadores de la planta al convenio de Alimentación, de menores ingresos y más flexibilizado que el de los aceiteros.
El acuerdo establece asimismo que se inicia un esquema de actualización salarial que incluirá el pago de las remuneraciones, adicionales y demás beneficios convencionales de los aceiteros, que comienza a partir de este mismo mes de marzo, indicaron.
Luego de que fracasara este jueves las negociaciones entre el Sindicato Aceitero de San Lorenzo (SOEA) y representantes de la empresa Buyatti, en horas de la tarde, la CGT de San Lorenzo decretó un paro de 24 horas en todas las aceiteras del complejo agroexportador. El lunes se realizó una conferencia de prensa en la puerta de la fábrica para informar los pasos a seguir y no descartan el anuncio de un nuevo paro de 48 horas con bloqueos y participación de otros gremios si el conflicto sigue sin resolverse.
Hace algunas semanas la patronal de Buyatti mandó 73 telegramas de despido anunciando el cierre de la aceitera ubicada en Puerto San Martín. Esto ocurrió luego de que el ministerio de Trabajo de la provincia firmara el cierre del procedimiento preventivo de crisis, tras largas audiencias en su sede en la ciudad de Rosario. Aunque rige la prohibición en todo el país, el Ministerio avaló los despidos y habilitó a la empresa a ofrecer solo el 50% de las indemnizaciones, desconociendo también la doble indemnización.
Los trabajadores de Buyatti vivieron un 2020 de incertidumbre sobre la continuidad de sus fuentes laborales y realizaron diferentes acciones en la puerta de la fábrica y el ministerio de Trabajo. Esta semana la policía desalojó el piquete que venían llevando, a pocas horas de que el gobernador Omar Perotti llegue a la ciudad para inaugurar el ciclo lectivo 2021 en una escuela de Puerto San Martín.
En este proceso, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) del departamento San Lorenzo ha rechazado de plano el argumento de la compañía, que es “prima hermana” de Vicentín, y se justifica en una situación de crisis. Para fortalecer el reclamo logró el acompañamiento de los legisladores provinciales que había requerido.
Los legisladores señalaron que “los telegramas llegaron a personas con treinta años de antigüedad o enfermas a las que les corta la obra social”, con la fuerte sospecha de que es otro proceso de vaciamiento como fue el de la cerealera Vicentín.
Semanas atrás, otro de los delegados había manifestado que «si tiene que cerrar, que se paguen las indemnizaciones que corresponden y todo lo adeudado. Nadie se hace presente de la empresa y estamos a la expectativa». Los trabajadores se encuentran haciendo un «acampe» en las puertas de la planta reclamando información sobre qué ocurrirá con sus empleos.
La empresa Buyatti, además de la planta en San Lorenzo, es propietaria de una desmotadora en Chaco y otra planta dedicada a la molienda de girasol y semillas de algodón en Reconquista.
Más conflictos
Trabajadores de la Clínica San Andrés convocan a un encuentro solidario con su lucha. Será este sábado 27 desde las 16:00 en las instalaciones de la clínica, ubicada en Caseros, partido de Tres de Febrero. La clínica atendía a 18.000 pacientes de PAMI que hoy no tienen cobertura. Reclaman conservar los 144 puestos de trabajo y la atención a los jubilados.
Reproducimos a continuación el comunicado de los trabajadores: Los 144 trabajadores de la Clínica San Andrés estamos en lucha desde el día primero de febrero. Llevamos 45 días en custodia de las instalaciones ante el abandono e intento de vaciamiento por parte de la patronal. La clínica atendía además 18.000 trabajadores afiliados de PAMI, que ahora deambulan por lugares distantes en otros distritos.
A la gravedad del cierre de puestos de trabajo, se suma a la lentitud del proceso vacunatorio cuando todos los especialistas preanuncian una segunda ola de Covid para abril o mayo. Nuestra clínica tiene 12 respiradores, 90 camas, tomógrafo y aparatología de última generación.
Esta situación intolerable no ha producido la intervención del gobierno en ningún nivel. Estamos reclamando soluciones al municipio de Tres de Febrero, al ministerio de Trabajo, a la Casa de la Provincia de Buenos Aires y a la Casa de Gobierno de la Nación sin obtener respuestas favorables.
Invitamos a todas las organizaciones, políticas y sociales a acompañarnos en defensa de la salud y los puestos de trabajo, y a coordinar acciones con otros sectores en lucha.
Los trabajadores agremiados en el Sindicato argentino de Televisión (SATSAID) realizaron el jueves 25 una medida de fuerza a nivel nacional contra los 400 despidos encubiertos que quiere imponer DirecTV a sus trabajadores.
Desde el pasado lunes 22, se encuentran realizando quite de colaboración, trabajo a reglamento y permanecen en estado de alerta y movilización en todo el país.
Según un trabajador de la empresa “la empresa en noviembre y enero pasado se había comprometido a implementar un plan de inversiones que en teoría preservaría nuestra fuente de trabajo.
Esto, no sólo no fue así sino que ahora directamente quieren cerrar y tercerizar distintas áreas como las de servicio técnico y de atención al cliente y avanzar con el plan de retiros voluntarios que venimos denunciando.”
La medida se resolvió luego de varias reuniones en el ministerio de Trabajo sin respuesta favorable por parte de la empresa.
El pasado 3 de marzo hubo un paro judicial con movilización al Palacio de Justicia. Fue convocado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) en reclamo del pago del tercer tramo de la recomposición salarial que se otorgó en 2020. La protesta tuvo lugar en todo el país.
Las y los tabacaleros de Massalin Particulares lograron un 42 % de aumento salarial luego de una semana de paro y movilización. De esta forma cobrarán un 5 % de aumento retroactivo al sueldo de febrero, un 10 % en marzo, 10 % en abril, 5 % en mayo y 12 % junio. Así lo informaron desde la directiva del Sindicato de Obreros del Tabaco (SOT).
Con una semana de huelga, con apoyo de la población y una marcha masiva en Rosario de Lerma el lunes, le torcieron el brazo a la empresa, que se encuentra entre las 150 principales del país y exporta el 60 % de la producción, pero quería dar un 5% menos que el resto de las empresas del tabaco de la provincia.
Cientos de trabajadores vitivinícolas se concentraron en el nudo vial, en el ingreso a la Ciudad de Mendoza, desde donde se movilizaron al KM0 provincial para exigir un aumento salarial que equipare los sueldos a la Canasta Básica.
En las reuniones paritarias, los grandes bodegueros ofrecieron un 28 % de aumento, algo rechazado por los trabajadores, quienes denuncian que esa suma ni siquiera cubriría lo perdido frente a la inflación en 2020. Ellos exigen un aumento que equipare los sueldos, que hoy son de $ 27.000 para un trabajador de bodega, a la Canasta Básica, que en la provincia ya superó $ 54.000.
Durante la pandemia, los grandes bodegueros no solo siguieron produciendo, sino que también aumentaron considerablemente sus exportaciones, mientras que los trabajadores siguen cobrando salarios «de hambre», denuncian.
Desde el sindicato también rechazaron la oferta patronal y convocaron a un plenario de delegados para el martes 23. Por lo que la exigencia de los trabajadores autoconvocados es que ese plenario le ponga fecha a un paro por 48 horas que el sindicato había anunciado en el caso de que no hubiese acuerdo con las patronales.
Los trabajadores autoconvocados se vienen movilizando en Mendoza, en el sur provincial en San Rafael y en Cafayate (Salta), donde realizaron acciones durante la semana.
En San Rafael decenas trabajadores vitivinícolas autoconvocados y sus delegados se movilizaron nuevamente por salario digno. Recorrieron desde la plaza Francia hasta el km0, contra la propuesta paritaria de aumento de las Cámaras patronales, que como se denunció anteriormente, ofrecieron el 30% en 4 cuotas y un bono de $4.000 para diciembre, lejos del reclamo de equiparación de la canasta básica.
Se prolonga el conflicto en la planta Canning de la empresa Ternium – grupo Techint. El martes finalizó el período de conciliación obligatoria dictaminado por el ministerio de Trabajo provincial. Según trascendidos durante la negociación se habría obtenido el pago del aumento paritario según lo acordado para la Rama 17 –no para la 21 que era la intención inicial de la empresa– y la revisión de las políticas flexibilizadoras que pretendía imponer la empresa: que trabajadores contratados en forma eventual ocupen puestos permanentes y el pago diferenciado del trabajo los fines de semana. Fuentes gremiales indican que el Secretario Adjunto de la UOM Avellaneda habría informado que el acuerdo contemplaba que la empresa no aplicaría despidos ni sanciones como represalia.
Sin embargo, entre martes y miércoles la empresa dio a conocer la resolución de despedir a una cantidad aún no precisada de trabajadores. Ante esta situación, reunidos en asamblea decidieron paralizar nuevamente la producción y reclamar la reincorporación de los despedidos, así como invocar nuevamente el compromiso de la Comisión Directiva de la UOM Avellaneda para sostener esta resolución.
Difundimos el comunicado de los trabajadores de Ternium Canning:
«Los trabajadores siendo las 15 horas del día de la fecha 23/3/2021 resuelven por asamblea parar la fábrica. La empresa produjo despidos de compañeros. Compañeros que defendieron los derechos y por eso ahora son atacados por la empresa de manera brutal.
Los trabajadores no aceptan ningún despido Y exigen al gremio que se ponga a la cabeza de la defensa de todos los trabajadores Y al ministerio de Trabajo que convoque a la empresa a cambiar su actitud”.
El secretario adjunto de Ademys (docentes CABA), Jorge Adaro, detalló que «ayer informaron que habrá flexibilización» y explicó que «plantean el no uso de barbijos en el recreo y dejar el escalonamiento del ingreso e incorporar el comedor».
«Nada de lo que plantean flexibilizar es bueno», afirmó Adaro. Asimismo, agregó que «insisten en relajar las normas cuanto tenemos 900 casos en la Ciudad y camino a las 2da. ola».
«Vamos a ver qué medidas tomamos frente a la nueva flexibilidad», advirtió el sindicalista.
Y concluyó que «el lugar es la escuela con los pibes, pero no con estos protocolos ni con estas flexibilizaciones nuevas».
El lunes 22 las y los trabajadores de Just, comenzaron su acampe en la fábrica de General Rodríguez, perteneciente a Just international Latam S.A.
Hace un mes que las y los trabajadores se encuentran peleando por sus puestos de trabajo y ocupando la planta ubicada en Lomas del Mirador, luego de que la empresa notificara vía zoom a los 52 trabajadores que mudarían las operaciones a más de 60 kilómetros. El 16 de febrero la empresa realizó una maniobra fraudulenta y vació el depósito donde cumplían tareas. De esta manera buscó desvincular a los trabajadores de la compañía con la promesa de entrevistas laborales en la nueva empresa tercerizada de nombre Transfármaco.
Como denuncian los propios trabajadores, esto se da en el marco de la pandemia mientras rige el decreto anti-despidos. Además, la empresa incumple la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo. Frente al incumplimiento por parte de la empresa, el Estado no ha dado respuestas.
Luis Torales, trabajador de Just en lucha, planteó que se encuentran peleando por las 52 familias que dejaron afuera y que de allí no se moverán hasta que les den una solución. “Nuestra dignidad no tiene precio, sólo queremos trabajo”.
Acompañaron la medida de los trabajadores el PTS, PO, IS, MST del Frente de Izquierda Unidad, el Nuevo Mas y el sindicato joven de comercio, industria y servicio de la CTA, junto a la Red de Trabajadores Precarizados e informales de la zona Oeste.
Por su parte, las y los trabajadores de La Nirva, que también vienen peleando por sus fuentes de trabajo, se han solidarizado y han enviado su apoyo
Impuesto a las Ganancias
Finalmente, tal como se preveía, se alcanzó el dictamen para tratar en el recinto de la Cámara de Diputados las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias por el cual pasarían a tributarlo salarios por encima de los 150.000 pesos y jubilaciones con un monto superior a ocho haberes mínimos. A partir de los reclamos del mundo gremial también se excluyeron del cálculo para el pago el aguinaldo, gastos de guardería y jardín materno infantil, hijos con discapacidad y en el caso de los trabajadores de salud no se computarán horas extras hasta el 30 de septiembre de 2021.
El proyecto impulsado por Sergio Massa y que cuenta con un amplio apoyo gremial, estiman que beneficiará a 1.267.000 trabajadores de los 2.2 millones que actualmente pagan ganancias. El sábado ya sería tratado en recinto donde existe un consenso para su sanción ya que sectores de la oposición acompañarían el proyecto según las intervenciones que realizaron en el trabajo conjunto de comisiones.
El sector que está arriba de los $ 150.000 es el 7% de la población ocupada, pero representa el 26% de la masa salarial.
24 de marzo
La demostración más clara de que este 24 de marzo SÍ hubo movilización callejera, más allá de la campaña mediática en contrario, es que durante todo el día y en todo el país se produjeron marchas y actos en la calle donde participaron miles.
Como dijo Norita Cotiñas: “En la Plaza había que estar para pelear contra el hambre y la represión de hoy”.
La movilización central se dio en Plaza de Mayo, donde llegaron decenas de miles de personas. Primero estuvo la convocatoria de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, Elia Espén y Elsa Pavón. Luego arribaron a la Plaza las organizaciones de Derechos Humanos, políticas, sociales y sindicales nucleadas en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.
El grito que molesta
Denunciamos, repudiamos la criminalización y judicialización hacia les compas de la cordillera chubutense, puesta en marcha por el gobierno de Mariano Arcioni que, como lo ha hecho en reiteradas oportunidades, busca disciplinar al pueblo, desconociendo su férrea decisión de impedir la entrada de la megaminería. Advertimos que estas prácticas son muy peligrosas porque imponen un escenario de «dictadura minera» suspendiendo el estado de derecho y atentando en contra de la paz social en la provincia. Esto es el extractivismo y se vale de todas las instituciones para imponerse a cualquier precio.
Desde el día lunes 15 de marzo, el gobierno provincial de Chubut ordenó detenciones arbitrarias a vecines, en simultáneo con las declaraciones del ministro de seguridad de la provincia Federico Massoni, en conferencia de prensa, quien hizo público el nombre y apellido, dirección, profesión, y hasta los haberes que perciben por sus trabajos de cinco vecines y una menor. Esposades, en medio de operativos desmesurados con una treintena de fuerzas policiales, munidos de escudos y armas largas, fueron llevades a la comisaría de El Hoyo para ser notificadxs.
Les secuestraron ropas y celulares, con orden de llevarlos al hospital para verificar presuntas lesiones por su supuesta participación en los hechos del lunes cuando fue apedreado el vehículo donde viajaba el presidente Alberto Fernández. Luego fueron liberados. Un procedimiento similar ocurrió el día 18 de marzo con otros tres vecines más.
Un nuevo accionar del gobernador Arcioni a través del Ministro de Seguridad Massoni, que insiste en criminalizar la protesta social, claramente, con el propósito de desmovilizar al pueblo de Chubut que le dice NO A LA MINA, y en particular a la pretensión del Ejecutivo provincial de aprobar el proyecto de zonificación minera (128/20) en el territorio provincial, con la complicidad de la Legislatura y las fuertes presiones del gobierno nacional, a través de Alberto Fernández. Este último ha tenido un papel lamentable cuando se desentendió de los hechos de violencia generados el día sábado: primero, con el accionar patoteril de la comitiva de la UOCRA, que golpeó brutalmente a un vecino y, luego, con la intervención de infiltrados pertenecientes a la Brigada de Investigaciones, entre lxs que se manifestaban. Su alusión a que el minero es un problema de lxs chubutenses, cuando desde su asunción no ha hecho otra cosa que promover sin ningún tapujo la actividad minera, no sólo en Chubut sino en toda la cordillera, resulta ofensivo y provocador para los pueblos que habitamos estos territorios y estamos decididos a defenderlos del saqueo extractivista.
Lo que no van a lograr con sus estrategias represivas es sacar de las entrañas la convicción del por qué se lucha. El pueblo defiende el agua y su territorio del avance extractivista, de la mercantilización de nuestra naturaleza.
El pueblo de Chubut seguirá en las calles, estemos atentes y difundamos cualquier apremio ilegal hacia lxs luchadorxs.
La megaminería solo se impone con represión y criminalización de las luchas.
¡No pasarán!
¡Fuera mineras de nuestros territorios!
El martes 23 de marzo se realizó la marcha aniversario al cumplirse 18 años del plebiscito en el que el pueblo de Esquel le dijo NO a la minería. La cita fue en la Plaza San Martín de Esquel, Chubut, convocada por la Asamblea No a la Mina en Esquel.
Desde el martes, las y los pobladores de Andalgalá, en Catamarca se encuentran realizando un bloqueo selectivo en los caminos a Potrero y Choya que son el acceso en donde la empresa minera multinacional Yamana Gold intenta desarrollar megaminería en una zona vital en donde están las nacientes de agua. “Estamos en asamblea permanente ante los movimientos de maquinaria que están llevando sin permiso”, comentó un vecino.
El conflicto se avivó cuando el 23 de diciembre, la Corte de Justicia de Catamarca declaró inconstitucional la ordenanza (029/2016), que protegía el único reservorio de agua, para favorecer un emprendimiento minero. Unos días antes Yamana Gold y Glencore Xstrata habían anunciado la creación del Proyecto MARA para explotar «Agua Rica». “Ahora están empezado a realizar perforaciones y tienen el aval del gobierno de Catamarca”.
Ante todo, señalaron que hay una clara falta de licencia social para desarrollar la actividad minera en la zona y que los vecinos lo han expresado durante cientos de veces en multitudinarias movilizaciones que lograron detener al lobby minero “También manifestamos la invisibilización de la ausencia de licencia social, que la empresa omite. Cabe destacar que l@s vecin@s que se encuentran apostados al costado del camino, en el transcurso de ayer, entre las 17:30, y hoy a las 12:30, tuvieron la esperada visita de la policía departamental en reiteradas oportunidades, usando el modus operandi que ya sabemos que tienen. Primero en términos de paz y buen trato, buscando identificar a quienes defendemos la vida y el futuro de nuestro pueblo, para luego empezar a intimidar con la estrategia de requerir los datos personales y averiguaciones de la fiscal Nieva, que junto al juez Cecenarro fueron quienes propiciaron la brutal represión sufrida en febrero del 2010”.
Fuentes: Anred, Infogremiales, Infobae, Clarín, Tiempo Argentino, Resumen Latinoamericano, argentina.indymedia, La Izquierda Diario, APU, www.mundogremial.com, Red Eco Alternativo.