Según el informe realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), titulado «Uso letal de la fuerza por parte de agentes estatales en Córdoba» (www.unc.edu.ar/extension/vinculacion/observatorio-ddhh/mapa-violencia) las víctimas por el «uso letal de la fuerza por parte de agentes estatales en Córdoba» en el transcurso de casi 6 años (desde […]
Según el informe realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), titulado «Uso letal de la fuerza por parte de agentes estatales en Córdoba» (www.unc.edu.ar/extens
El informe discrimina distintas categorías de situaciones en el marco de las cuales, se dan estas muertes: ejecuciones extrajudiciales, muertes en situación de encierro, negligencia funcional, uso de la fuerza en situación interpersonal y desaparición. El mismo documento académico aclara que se reconocerá conceptualmente como una «ejecución extrajudicial» a cualquier proceder arbitrario de los cuerpos de seguridad del Estado con consecuencia de muerte. A las «muertes en situación de encierro», las entiende como las muertes de detenidos en una comisaría o establecimiento carcelario. La «negligencia funcional», es otra categoría, que da cuenta de aquellos casos en los cuales la causa de la muerte o lesión no puede imputarse a un exceso de fuerza, sino fundamentalmente a falta de cuidado por parte del funcionario de seguridad. El «uso de la fuerza en situaciones interpersonales» comprende aquellas situaciones en las que el funcionario provoca la muerte de otra persona por motivos que, conforme al relato de los hechos, son particulares y no guardan relación alguna con la función. Comprende aquellas situaciones en las que un agente de las fuerzas de seguridad provoca la muerte de otra persona en el marco de sus relaciones familiares, de pareja, de amistad o vecindad, sin guardar la situación, conforme al relato de los hechos, relación alguna con la función. En cuanto a la categoría de «desaparición», se categorizarán como tales los casos en los cuales una persona ha sido reportada como desaparecida y existan sospechas de la participación de agentes del Estado en el hecho.
El 60% de las muertes se dio en la categoría denominada «ejecución extrajudicial».
Por Rodrigo y Julián
A casi un mes, de la última marcha contra el gatillo fácil y la represión policial, la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo fácil de Córdoba, vuelve a convocarnos a las calles. Esta vez, el lugar será Tribunales II, sobre las calles Corro y Fructuoso Rivera, el día Lunes 19 de Septiembre a las 9 hs. La fecha no es caprichosa, sino, que responde al aniversario de los asesinatos de dos jóvenes cordobeses; Rodrigo Sánchez y Julián Alvez.
El 19 de Septiembre de 2015, acercándose el día a su final, Rodrigo Sanchez (17) fue fusilado por Lucas Carranza, un Policía de la Provincia de Córdoba, que hacia poco tiempo ingresaba a la fuerza. Rodrigo, según la versión oficial, acababa de robar una cartera, y escapaba intentando subir a una moto donde lo esperaba su amigo. Pero Rodrigo nunca va a poder defenderse de esta acusación.
El oficial estaba de civil, venía de hacer compras en un supermercado, portaba su arma y según fuentes allegadas al expediente, se reveló en estudios de sangre realizados al oficial que estaba intoxicado con cocaína. Rodrigo estaba desarmado, y de espaldas a él. Carranza disparó desde una corta distancia cinco veces, una bala impactó directo a la cabeza, y otra en la nuca. Estando Rodrigo en el suelo y agonizando, Carranza intentó esposarlo. Hoy el oficial está imputado, aun así el joven está en plena libertad, los primeros meses gozó de licencia cobrando su sueldo, y sigue siendo miembro de las fuerzas de seguridad de la Provincia. La causa no avanza favorablemente para la querella.
Ese mismo día, a las 3 a.m. aproximadamente, Julián G onzalo Álvez (20), fue encontrado muerto. Fue brutalmente golpeado -tenía fracturada su nariz- y asesinado en su propia casa por una patota de cuatro policías. La versión oficial cuenta que los uniformados estaban realizando un operativo de persecución contra Julián, quien «escapando» de la policía, fue a su casa y una vez dentro se quitó la vida. Pero resulta que el joven vivía en una pensión, muchos vecinos y vecinas escucharon sus gritos pidiendo por favor que no lo maten, se escucharon dos disparos, y la voz de Julián seguía gritando. Hubo un tercer disparo y ya Julián no hablo más, uno de esos cuatro oficiales le disparó en la cabeza. Pero según la justicia, fue un suicidio. A un año, esos oficiales, siguen libres y en funciones, caminando las mismas veredas que vos y que yo. Esas que ya no camina Julián.
Ni una bala más
La Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil, viene luchando desde hace ya tiempo, por todos los casos de Gatillo Fácil y represión policial que se dan no sólo en Córdoba sino en el país.
Existen varios casos más, que marcan la similitud y lo sistemático en el accionar policial, como el de Brian Guaiman (16), que el día 2 de Mayo de 2015, fue asesinado a cuadras de su casa, también lo fusilaron de espaldas. El asesino, es Julio Roberto Pereyra un Comisario retirado de la fuerza, quien lo ejecutó con cuatro disparos certeros. En ese momento Pereyra estaba ya retirado, y de civil. Brian estaba desarmado, y corriendo por su vida, el ex comisario disparaba impunemente. La causa está a punto de llegar al sobreseimiento ya que el Juzgado de Control N° 5 a cargo del juez Carlos Rubén Lescano estableció el cierre de la causa. Pero la querella apeló, para que esto no suceda. Aun la familia espera una respuesta favorable desde el Poder Judicial. Mientras tanto, el imputado permanece libre.
Lautaro Torres (16), es otro de estos casos de Gatillo Fácil, fue asesinado -el 13/04/14- también de espaldas, y estando desarmado. Lo ejecutó la oficial instructora de tiro Eliana Soledad Rinaudo, quien estaba de civil. La oficial sabía muy bien a donde tiraba, lo fusiló con cuatro disparos, y una vez que Lautaro yacía en el suelo, lo redujeron esposándolo. La ambulancia nunca llegó, los oficiales lo cubrieron con una campera tapándole el rostro, pero el joven aun estaba respirando. Cuando un familiar se acerca y advierte que Lautaro estaba con vida, recién ahí, lo suben a la caja de la camioneta de la Policía. Pero el joven no sobrevivió las intervenciones y falleció en el hospital a las pocas horas. Esa misma noche, la Policía de Córdoba llevó presas a su madre y su hermana. ¿Se puede concebir algo más perverso? Sí, aun la justicia no aclara los hechos. La causa no avanza, y actualmente no tiene Fiscal designado. La oficial Rinaudo sigue libre y aun es miembro de la Policía.
Otro caso que la Justicia no resuelve, es el de Ezequiel Barraza (22). El día 24 de Marzo de 2014, fue fusilado por el oficial, Pablo Álvarez, quien estaba de civil en un auto junto con su novia, aun así portaba un arma y la utilizó argumentando un intento de robo y legítima defensa. Los hechos demuestran que Ezequiel no estaba armado, y que en su cuerpo había múltiples heridas de bala. La autopsia desmiente la versión oficial que hablaba de un solo disparo efectuado sobre Barraza, y confirma que Ezequiel recibió cuatro balazos: en su espalda, pecho y glúteos. Aún así el Fiscal Pedro Caballero, el año pasado decidió sobreseer al imputado. Hoy la causa está en manos de la Fiscalía General, como resultado de una apelación realizada por la querella.
Uno de los pocos casos de gatillo fácil, que ha logrado su elevación a juicio, es el del joven Nicolás Nadal (16), quien fue fusilado en 2013 por dos oficiales de la policía, el sargento ayudante Juan Carlos Has y el cabo Rubén Ezequiel Quinteros, imputados por homicidio con exceso en el ejercicio legítimo de un cargo. Nicolás esa noche había salido a bailar con sus amigos, pero a modo de hazaña o juego sustrajeron un taxi, la policía logra interceptarlos, se da una persecución mediando disparos. El taxi, tenía 15 impactos de bala. Nicolás es herido por la espalda, pero también presentaba heridas de frente. La versión oficial estableció que los jóvenes iban armados, y que hubo intercambio de disparos, pero en la investigación se logró demostrar que los uniformados quisieron plantar armas, y que los jóvenes estaban desarmados. Aunque la causa, ha sido elevada a juicio, la defensa de los imputados apeló, y aún la querella sigue esperando una resolución. Mientras tanto, los oficiales siguen libres, y la familia Nadal, sobretodo su hermano Brian, (quien es testigo presencial del hecho) sufren amenazas por parte de miembros de la fuerza.
No es un solo policía, es todo el Estado
La Coordinadora de Familiares, denuncia que el Estado es responsable de estas muertes, porque no son casos aislados ni casuales. Son muertes provocadas por el aparato represor estatal, que tiene sus gérmenes, en las épocas más oscuras de nuestra historia- replicando prácticas de la última dictadura militar-, que jamás ha sido desmantelado.
Es el Poder Legislativo el que les permite a los oficiales que aun sin ejercer sus funciones porten armas de fuego, ya que aun no hay ley nacional, ni en la Provincia que se los prohíba -salvo casos específicos como en el Chaco, y por causal de violencia de género [1]-.
Vemos como el Poder Judicial viene a auxiliar a estos imputados, siendo responsables los fiscales y jueces de la impunidad que reina en Córdoba, sobre los casos de Gatillo Fácil y represión policial.
Pero también cabe repudiar el rol, y marcar la responsabilidad que tienen los medios masivos de desinformación a la hora de relatar, de titular, y de informar sobre estos casos. Cabe repudiarnos, y responsabilizarnos como sociedad, cuando se festejan las muertes de jóvenes que hoy no pueden defenderse, cuando se aplauden estos asesinatos, como si no se tratara de personas, como si el hecho de que exista un asesino más, libre en la Ciudad, fuera algo de lo que enorgullecerse.
Cabe repudiarnos cuando naturalizamos estos hechos, cuándo linchar, y asesinar, pasa a ser un acto «justo». Estamos condenándonos todos y todas, a muerte, porque sólo basta ser el «juez» o el «delincuente» para ser asesino o asesinado, y esto no depende de estar en un estrado, sino de ser un policía o un vecino que se siente amenazado, o de ser un «ladrón» que fue atrapado. La justicia, queda librada a las manos propias de quien se sienta capaz de asesinar. El Estado está así, avalando medios paraestatales de «hacer justicia». Está avalando y promoviendo una guerra más en los abajos, está incrementando el «sálvese quien pueda» de la forma mas literal. Y esto, no lo hace desde una neutralidad, o imparcialidad, sino, que justamente esa es la intención: Que nos matemos. Liberar zonas. Y que quien quiera «ser juez» lo sea, portando un arma, con o sin uniforme, bastan los últimos dichos del presidente Mauricio Macri, para advertirlo, en relación al asesinato ocurrido en el partido bonaerense de Zárate.
Sin dudas el Estado Policial avanza cobrándose decenas de vidas de cordobeses, pero no debemos tener una mirada parcial, ni acotada, sino advertir que ésta Policía de Córdoba que asesina, no es más que una de las caras del Estado Policial cordobés que viene gestándose desde hace 18 años, ya que como dijo el polaco Stanislaw Jerzy Lec , «Un estado policial, no sólo está habitado por policias.»
Victoria Siloff, del Encuentro de Organizaciones (EO) Córdoba.
Este artículo fue publicado en el portal periodístico «La Tinta»
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.