La insurrección espontánea que se extendió entre el 13 y el 20 de diciembre de 2001 (Carrera y Cortarelo, 2006) a lo largo y ancho del país, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires en los días 19 y 20 de ese mes, y que se dio en conocer popularmente como el Argentinazo, tiene […]
La insurrección espontánea que se extendió entre el 13 y el 20 de diciembre de 2001 (Carrera y Cortarelo, 2006) a lo largo y ancho del país, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires en los días 19 y 20 de ese mes, y que se dio en conocer popularmente como el Argentinazo, tiene también que ser pensado, no sólo como el punto de máximo hartazgo popular e impugnación a un orden de cosas -y una forma de hacer y pensar política determinada-, sino también como apertura de otro momento que, manteniendo intactas las formas de explotación y dominación estructurales (capitalismo y poder), las reconfigura y relaciona de modo diverso alrededor de nuevos pilares estructurantes.
Lo que sucede a partir de ese momento, es un modo de pensar política que deja de lado los conceptos más básicos de gobernabilidad anterior, ligados a la idea de nación clásica que implicaban gobiernos representativos y soberanos; y gobernados: ciudadanos y trabajadores como sujetos de derecho. Frente a la irrupción en las calles del pueblo argentino de modo masivo y explosivo, y en base a toda una gran mutación que se empezara a abrir paso a sangre y fuego desde mediados de los ´70, las esferas del poder encuentran en su propia crisis el momento para asentar, visibilizar y profundizar las lógicas, dinámicas y dispositivos que la nueva etapa del poder precisaba para desenvolverse de modo profundo.
La crisis de representatividad que golpeó de modo contundente a los gobiernos y partidos tradicionales, fue la posibilidad de poner sobre la mesa una nueva forma de entender(se) los gobiernos. Así, dejando de lado la idea misma de gobiernos representativos, emerge toda una noción empresarial de gobiernos. Si un nuevo preámbulo constitucional se escribiera hoy, seguramente la frase inicial de la Constitución Nacional sería algo así como: «Nos, los gestores de la población argentina…».
Los gobiernos, dejan de pensarse como representantes (aunque nunca hayan representado), y se proponen como gestores (allá más progresistas, aquí más represivos). Pero no sólo cambia la función que realizan, sino también «el objeto» sobre el que realizan esa acción. No más pueblo, no más ciudadanos, no más trabajadores: población. Población y territorio (no-soberano). Los gobiernos comienzan a decir claramente, sin vueltas, que su función es gestionar -ordenar, asegurar-, lo que no dicen es qué cosa: la circulación de cuerpos y cosas sobre un territorio determinado.
Población: conjunto de individuos que aceptan ser pensados no en su particularidad, sino en su conjunto, no como pueblo sino como especie, no como sujetos de derecho sino como cuerpos. Territorio: no refiere al suelo de una nación sobre la que se ejerce la soberanía, sino como el soporte material para el despliegue de un ecosistema dado. Las dinámicas del poder buscan entonces la intervención sobre la vida y circulación de la misma, a través de la modificación y planificación estratégica y preventiva del territorio y la población pensada como especie (geoprevención). He ahí gran parte del modo de pensar del nuevo poder que emerge con fuerza post-2001.
Los gobiernos, sean de la instancia y el color político que sean, no esperan ya la irrupción y el estallido del pueblo, sino que administran estratégicamente los conflictos (que se sigue sucediendo, y quizás hasta con mayor cotidianeidad) y proyectan geopreventivamente las políticas de intervención sobre una población que es preciso medir, cuantificar, situar y ordenar desde-en-sobre el territorio constantemente. En este sentido debe entender la inflación de «proyectos estratégicos» que polulan en las diversas instancias de gobiernos tanto a nivel nacional como provincial (y hasta municipal, al menos en las grandes ciudades).
Los gobiernos no se presentan ya como la instancia soberana que ejerce el poder de modo indiscutido sobre esa población y ese territorio que administran. Los gobiernos no son ya esa instancia. Hablar de soberanía, y de ejercicio concentrado del poder en gobiernos posteriores al agresivo despliegue de los poderes transnacionales a lo largo y ancho del mundo, suena a leyenda de otros tiempos. En la lógica del poder, gobernar hoy es gestionar, y gestionar es administrar, pero ni siquiera soberanamente, sino para los intereses de otros: del capital transnacional concentrado y el poder mundial. Los gobiernos no son más que los magnament de otros poderes. La divergencia de relatos construidos por los diversos gobiernos responde a los centros de poder y al capital transnacional para los que administran.
Los distintos relatos gubernativos no difieren en la comprensión de la función administrativa, ni en el despliegue de criterios geopreventivos de ordenamiento de cuerpos y cosas, ni en la comprensión de estar frente a pobladores, ni en la necesidad de que esa administración se realice en un equilibrio entre fuerza y consenso (especificando zonas rojas de conflicto, sean estas zonas proyectadas como de extracción de recursos naturales y desplazamiento de población excedente -por ej: Andalgalá-, sean estas zonas proyectadas para la distribución, producción, reproducción y consumo de capital dentro de las ciudades y consecuente desplazamiento de población excedente -por ej: la reconfiguración urbanística de la ciudad de Córdoba).
Lo que encarnan los relatos gubernativos emergentes en el siglo XXI en el sur del continente americano, son diversos modos de desplegar esos criterios compartidos. Todos estos proyectos van a abonar la necesidad de construir Estados Policiales de prevención, control y represión, que implica pensar todas las intervenciones gubernativas desde criterios de contención -sea esta por medio de intervenciones sociales estratégicas y/o sea por medio del despliegue de fuerzas policiales.
El gobierno de Duhalde de 2002 fue el primer gobierno nacional en diseñar de modo explícito, directo y masivo, estrategias de intervenciones focalizadas y globales frente al conflicto, sus territorios y poblaciones (por ejemplo: por medio del Plan Jefes y Jefas y/o la masacre del Puente Pueyrredón). Luego, en su continuidad, las diversas instancias de gobiernos actuales (provinciales y/o nacionales), construyeron diversos relatos, pero que comparten los criterios de geoprevención, de control y saturación policial, de tecnificación y profesionalización de las fuerzas, de «participación comunitaria» en la vigilancia. Toda una reconfiguración implicó no sólo a las fuerzas estrictamente policiales, se insiste aquí, sino a un ejército de funcionarios burocráticos «especialistas» en proyectar y prevenir –contener es el concepto predilecto- las explosiones sociales en el área de cada quien (social, económica, salud, laboral, habitacional, etc.) que se regirán por los criterios de control y prevención de riesgos.
Los relatos varían de acuerdo a la jurisdicción que debe ser administrada. Y en función de ella, el enemigo que preventivamente se construye, vigila y persigue. Comparten el hecho que en todos los casos los enemigos son siempre internos, y por ende se piensa una seguridad basada en criterios de fragmentación, división y exclusión interna. Así, en provincias mineras, el enemigo es «el alborotador», «el hippie ecologista violento», «el infiltrado». En provincias productoras, distribuidoras, consumidoras del capital, donde se absorbe el excedente sojero para el desarrollo inmobiliario: «el negro de mierda», «el choro», «el violento».
En las instancias del gobierno nacional, la construcción del Estado Policial se lleva adelante desde un relato con un concepto de seguridad más amplio -es decir, donde se toman en consideración un abanico más amplio de dispositivos de intervención securitaria-, que pone el eje más en la modificación del soporte material de la circulación de cuerpos y cosas, que en la faz estrictamente policial. Es en este sentido, que el enemigo construido no son sectores de la población particulares, sino más bien relatos institucionales -provinciales- que siguen poniendo el eje en lo estrictamente policial, ya que el proyecto del gobierno nacional comprende que un poder disperso es más minucioso y estable -«todos deben controlar a todos (y todas)».
Sin embargo, esta afirmación merece consideraciones y aclaraciones. En primer lugar, esto no significa que los gobiernos provinciales (y el de Córdoba es modelo en este sentido) no piensen la intervención sobre el soporte material por medio de planes estratégicos. Sino que el relato busca poner más el peso sobre lo estrictamente policial. La contracara dice que tampoco la diferencia entre Nación y provincias, implica que el gobierno nacional no impulse muchas y muy profundas nuevas políticas estrictamente policiales. Así la lista es inmensa: desde la invasión con gendarmería de diversas provincias donde se libran resistencias en defensa de los bienes comunes (Catamarca, La Rioja) o con altos niveles de conflictividad laboral y/o política (Santa Cruz); los operativos de saturación del conurbano bonaerense (Operativo Centinela) desplegados con gendarmería y prefectura; la creación del registro de identificación biométrico; el sistema centralizado de monitoreo de cámaras de seguridad; la formación y sostenimiento de patotas que permiten tercerizar la represión. Sin embargo el relato del gobierno nacional busca poner el énfasis en lo que desborda lo estrictamente policial. Pero no sólo porque sea otro relato, sino que el gobierno central está dando una disputa sobre lo que debe entenderse por seguridad, y cómo debe intervenirse para lograrla. Hay una comprensión mucho más refinada y elaborada en esta instancia administrativa que en la retórica guerrera made in Manhattan que enarbolan los gobiernos provinciales de las regiones más densamente pobladas, y obviamente, que los relatos patoteriles de los gobiernos provinciales de zonas menos pobladas.
La otra aclaración es la complementariedad de ambas intervenciones estratégicas, no así de sus relatos. Un modelo económico basado en la extracción de bienes comunes y niveles de consumo alto. Y un sistema de poder que precisa controlar, prevenir y contener a los diversos sectores poblacionales (todos siempre potenciales enemigos). Sólo es viable de ser condensado en un Estado Policial eficiente en la medida que tenga una capacidad de control, saturación y represión muy aceitada en los territorios específicos por un lado, y una comprensión estratégica global, basado en un concepto de seguridad ampliado, en las instancias de ejercicio de poder más desterritorializadas, o se prefiere aquí desancladas.
Existe una disputa que excede el relato, es cierto. Y es el modo en que ese Estado Policial debe desplegarse: si al modo consensual europeo, o si bajo la retórica guerrerista del Manhattan Institute; si en conversación con racistas consumidores pacíficos, o si con racistas consumidores violentos; si desplegando estructuras de crimen organizado disperso, o si dando lugar a un crimen organizado centralizado (en las mismas fuerzas policiales); si en un control de todxs -dirigidos por muy pocos- sobre todxs, o de algunos -dirigidos por muy pocos- sobre todos; si «Un mundo feliz» (Huxley) o «1984» (Orwell). En ambos proyectos la explotación y sumisión, el enemigo interno, y la regulación de la vida de las poblaciones y los territorios son la base sobre la que se estructuran sociedades igualmente terroríficas y Estados Policiales omnipresentes.
Gran parte de la discusión política que se abre posterior al Argentinazo transcurren alrededor de estos conceptos y comprensiones. La idea de nación (y la red conceptual que la acompañaba), es cada vez más una palabra bonita para actos escolares y conmemoraciones patrias, pero lejos está de ser un significante con fuerza explicativa de la disputa política actual. Se debe en cambio sintonizar el pensamiento y la disputa política a nuevos conceptos que se oyen hasta el cansancio y son organizadores de los planes gubernamentales: prevención, contención, planificación, estrategia, gestión, administración, territorio, población, seguridad. Identificarlos, estudiarlos, comprenderlos, no para sumarse alegremente a la nueva política de la dominación, sino para construir mejores resistencias.
Diciembre de 2001 no fue sólo una gran gesta histórica de los sectores populares argentinos, sino también un momento bisagra donde los gobiernos reestructuran el cómo, desde dónde, para quién y para qué pensar la acción política, cada vez más administrativista y reguladora. El pueblo en resistencia, los sectores organizados del abajo, debemos también pensar en este hecho para evitar ser acunados con cuentos de hadas (progresistas -y policiales) ni disputar desde concepciones y dinámicas perimidas. Afinar nuestros análisis, va a permitir ser más eficaces en la resistencia. Desde la organización en el abajo, en ese camino intentamos avanzar.
Sergio Job es integrante del Colectivo de Investigación «El Llano en llamas» y militante del Movimiento Lucha y Dignidad en el Encuentro de Organizaciones de Córdoba.
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