La flamante gestión de la presidenta argentina se (re)inicia con una autodefinida etapa de «sintonía fina». La naturaleza y carácter sustantivo de medidas específicas que la definirían, resulta una incógnita, tanto como sus bordes y posibles alcances. Que en general las sorpresas que depara vengan resultando más felices que amargas y muy por encima de […]
La flamante gestión de la presidenta argentina se (re)inicia con una autodefinida etapa de «sintonía fina». La naturaleza y carácter sustantivo de medidas específicas que la definirían, resulta una incógnita, tanto como sus bordes y posibles alcances. Que en general las sorpresas que depara vengan resultando más felices que amargas y muy por encima de lo esperable, no compensa el hecho de que el devenir resulte incognoscible y sorpresivo. Tuve oportunidad de referirme aquí, en ocasión de las últimas elecciones, al hecho de que el victorioso Frente para la Victoria, tomó la exigencia formal de presentación de un programa de gobierno en la web del ministerio del interior como un molesto trámite y publicó unas breves páginas cuya pobreza conceptual y generalidad indican claramente el desprecio por cualquier noción de mandato y compromiso con el elector respecto a la gestión futura.
Resulta a la vez complementario el hecho de que el FPV carece de toda organicidad. No tiene siquiera una dirección visible, un mínimo colegiado que discuta lineamientos políticos y los comunique o someta a discusión en otros ámbitos. Su militancia, con una altísima proporción funcionarial y atadura clientelista, se reduce a la asistencia a actos y a la glorificación contemplativa, que aunque honesta y acompañable, no produce ni distribuye insumos informativos y mucho menos capacidad de decisión. Ni siquiera en la cúpula gubernamental se realizan reuniones de gabinete y, menos aún, se conceden conferencias de prensa con alguna regularidad. La propia presidenta se encarga con exclusividad de monologar y capitalizar su indiscutible brillo discursivo en actos, al modo de una verdadera máquina comunicacional autoreferenciada, con eficacia electoral visible. Tal es la dinámica política. Es así que, o bien es la presidenta ante su propia conciencia quien define las medidas de gobierno, o lo hace en un selecto cenáculo de amigos o asesores más o menos ignoto, o tal vez con cada ministro individualmente, según el área que afecte. Es imposible entonces prever el curso de la gestión y mucho menos aún, los diagnósticos y fundamentos que sustentan cada disposición.
En estos días, una medida económico-social concentró buena parte de la atención y también de los temores ciudadanos: la eliminación selectiva de los subsidios a los servicios públicos. En Argentina, el transporte (servicio de ómnibus, ferrocarril suburbano y subterráneos) tanto como los servicios domiciliarios (luz, agua, gas, telefonía fija) se encontraban subsidiados por fondos fiscales y con tarifas prácticamente congeladas desde hace 8 años en un país cuya inflación real ronda actualmente y desde hace un par de años, entre el 25 y 30%, aunque el organismo de estadística oficial (INDEC) lo reduce a una tercera parte mediante groseras manipulaciones (sobre las que también escribí hace un par de años en una contratapa). La erosión inflacionaria produjo el resultado de contar con tarifas que (ya originalmente reducidas, aliviando el bolsillo popular) devinieron irrisorias no sólo respecto a cualquier variable, desde su precio internacional al propio salario mínimo, sino inclusive respecto al resto de los países de la región.
Por las características de la dinámica política señalada, las causas y variables que una medida de estas características, que afectará a una proporción significativa del consumo popular, sólo pueden ser conjeturadas. En mi opinión, la razón fundamental, aunque no la única, radica en el creciente déficit fiscal primario (es decir, sin contar el pago de la deuda) que por primera vez se presenta en el escenario económico argentino. Déficit que tiene en los subsidios una abultada proporción que se constituye en una espiral incontenible con el nivel inflacionario actual.
La inmediata apariencia de la supresión, aún parcial, de un derecho o alivio de un servicio con carácter universal, podría parecer regresivo. Sin embargo, no necesariamente lo es al presentarse con distinciones discriminatorias, sobre todo en un país en el que, habiéndose abatido una proporción de la pobreza e indigencia, aún alcanzan a poco menos que una tercera parte de la población. Mi punto de vista es que si bien el horizonte estratégico debería mirar hacia el carácter universal e indiscriminado de todo derecho o auxilio, no es homologable el derecho aplicable al ciudadano a aquél que le corresponde al propietario, aunque se trate de la misma persona. El capitalismo está atravesado necesariamente por la escisión insuperable entre el «gobierno de las leyes» en la esfera pública y el «despotismo de los hombres» como propietarios en la esfera económica-privada. Jamás pondría en cuestión, por ejemplo, el derecho universal de todo ciudadano a la educación o salud, pública y gratuita. Pero sí pondría en debate la magnitud y naturaleza de la contribución que los propietarios deben hacer al desarrollo de una ciudadanía crecientemente inclusiva y socializadora.
La modificación de la política de subsidios requerirá entonces de algunas mediatizaciones para poder justipreciarse. La primera de ellas es que, además de indispensable por el abultado peso sobre el presupuesto público, tiene características redistributivas que son bastante consecuentes con las intenciones gubernamentales por un lado declamadas pero además fácticamente encaradas en otros campos. No tengo razones para dudar de ellas, ni menos aún para retacear apoyo alguno a estas iniciativas, aunque cuestione profundamente la metodología política y la despolitización y mistificación personalista con la que se implementa. Es parte de la paradoja argentina actual que emerjan acciones progresistas desde una entente amiguista organizada sólo por la lealtad al liderazgo, que por un lado expulsa a todo sector progresista y renovador (aún tímido) y por otro recoge para sus cimientos todo escombro del demolido muro neoliberal del menemismo y la antigua UCD de los Alsogaray.
La iniciativa actual tiene el mérito de centrar la frontera discriminatoria de los servicios en la propiedad aunque correctamente, no así respecto al transporte. Es que efectivamente allí es donde se puede mensurar fehacientemente la magnitud de la riqueza poseída. Hacerlo desde el lugar del contribuyente (aunque la iniciativa algo de esto incluye) requeriría un desarrollo de la transparencia y control informático que no se encuentra aún desarrollada y que en caso de desarrollarse encontrará resistencias e imposibilidades de diverso tenor. Si algo facilita el capitalismo desde la escisión entre mercancía y dinero es el ocultamiento y el secreto (no sólo bancario) del origen de la fortuna y de su consecuente capacidad contributiva. La medida comienza eliminando directamente los subsidios de servicios a los barrios más pudientes, lo que resulta un primer paso para discriminar el beneficio en función de la magnitud de la riqueza inmueble poseída. Una segunda instancia complejiza el mecanismo en el resto de las ciudades ya que elimina los subsidios si el propietario no solicita su continuidad, cuya pertinencia será evaluada.
El debate aún inexistente en Argentina sobre la extensión y perfeccionamiento redistributivo de esta medida excede el ámbito nacional y puede tener a este país como prueba piloto de una política progresista de tarifamiento diferencial más amplia. Es que todas las propiedades inmuebles rurales y urbanas cuentan con una valuación fiscal que, bien o mal efectuada, da cuenta de la magnitud de la riqueza coagulada en ellas. Si se parte del principio de que la inclusión social se facilita mediante la desmercantilización total o parcial de un derecho, un bien o un servicio, esta valuación puede perfectamente servir como parámetro para establecer cargos fijos diferenciales de los servicios como con el impuesto inmobiliario, cualquiera sea el nombre y la forma que adopte en las diferentes ciudades y países. Si se objetara que tal valuación no se ajustara a la realidad, pues simplemente habría que corregirla. Pero a la vez, no es indispensable que lo sea, ya que actuaría simplemente como coeficiente. Lo fundamental es que no haya distorsiones de proporcionalidad en ella, ya que lo único significativo es el valor relativo entre las diversas propiedades.
De este modo, podrían transferirse recursos desde la minorías privilegiadas a las mayorías postergadas sin afectar el presupuesto público, a partir de servicios básicos y elementales, sin los cuales es absolutamente abstracta y falaz la noción de ciudadanía, aunque, inversamente, no por su acceso se disipa la abstracción, sino que es sólo una contribución en esa dirección. En el caso argentino y en varios otros latinoamericanos (no es el caso de Uruguay), aparece una dificultad extra que deviene del carácter privatizado de los monopolios productores y transportadores de servicios domiciliarios que son con quienes el Estado negocia la magnitud del subsidio sobre la base de garantizarle una tasa de ganancia media, que vaya uno a saber cómo se calcula en una rama monopólica. No deja de ser tragicómico que las empresas soliciten aumento de tarifas pero con continuidad de los subsidios, ni tampoco que el kirchnerismo no se plantee en ningún momento la reversión de esta rémora de privatismo neoliberal. En mucho mejores condiciones para desarrollar este debate y medidas redistributivas se encuentran los países que conservan en manos estatales la propiedad del monopolio de provisión de servicios básicos.
Es un pequeño gran paso a celebrar que el dial se esté moviendo, aunque quede reclamar una mayor profundización y precisiones en la gestión de su «sintonía fina». Sobre todo para evitarles la indigestión a las empresas privatizadas, producto de tanto banquete literalmente subsidiario.
Emilio Cafassi es profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano.
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