Estamos presenciando un nuevo proceso de subcontratación y precarización, ya no se trata de empresas pasándole la responsabilidad de las condiciones laborales y salariales a un tercero, sino de empleadores que no se reconocen como tales. El resultado son trabajadores dispersos y desorganizados, a merced de empresas de carácter monopólico. Juan Manuel Pescio, Ezequiel Arauz […]
Estamos presenciando un nuevo proceso de subcontratación y precarización, ya no se trata de empresas pasándole la responsabilidad de las condiciones laborales y salariales a un tercero, sino de empleadores que no se reconocen como tales. El resultado son trabajadores dispersos y desorganizados, a merced de empresas de carácter monopólico.
Juan Manuel Pescio, Ezequiel Arauz y Ariel Patricio Domínguez, integrantes de Tres Banderas Quilmes, Frente Patria Grande, escribieron un interesante artículo «El impacto social del capitalismo de plataformas» donde sostienen que: «Las características actuales del capitalismo se encuentran fuertemente marcadas por la búsqueda frenética de renovación en los modelos de negocios y en la naturaleza del empleo. El fin último es encontrar ventajas que inicien un camino virtuoso que aleje a las economías centrales del estancamiento que siguió a la crisis financiera mundial del 2008, donde el Estado de bienestar quedó diezmado luego del grotesco salvataje al sistema bancario. El modelo de plataformas austeras crece a caballo de los altos niveles de precarización laboral y exenciones impositivas».
Es el caso de la economía de plataformas, como Uber, Airbnb o Rappi que, a diferencia de Google, Apple, Siemens, General Electric, Amazon o Facebook, las cuales destinan inversiones siderales para montar complejas infraestructuras, centralmente orientadas a Web Services, se caracterizan por poseer como único capital fijo la infraestructura digital (o parte de ella), con una baja inversión en activos y un sistema de contratación basado en la tercerización de los servicios esenciales. Son modelos de negocios que se nutren de la precarización laboral.
Grandes segmentos de los trabajadores muestran un nivel de vulnerabilidad muy alto ante las propuestas de las nuevas plataformas. No poseen acceso a la cobertura previsional, piso salarial básico, su jornada no está regulada, no poseen vacaciones pagas, indemnización en caso de despido, seguro médico, aguinaldo, cobertura ante los riesgos del trabajo, entre otros derechos laborales.
En este sentido, lo que sucede en todas las plataformas es que en algún momento mediante algoritmos se asignan viajes, pedidos o tareas, y un sistema sancionatorio para quien no los cumple. Los trabajadores no pueden manejar sus horarios, ni sus tareas, sino que se las asigna el mismo algoritmo. Cuando una tarea es rechazada, este tipo de sanción es una característica típica de cualquier relación laboral.
Hay una evaluación que determina la aplicación en función de las tareas aceptadas y hay otra calificación del cliente al repartidor. A veces las fallas son responsabilidad de los locales que entregan el pedido con demora, o de la propia aplicación, o avatares de la calle (embotellamiento, accidente, etc.), pero quienes reciben la calificación son los repartidores. El problema es que esto implica, al final del día, menos trabajo.
Estamos presenciando un nuevo proceso de subcontratación y precarización, ya no se trata de empresas pasándole la responsabilidad de las condiciones laborales y salariales a un tercero (tercerización), sino de empleadores que no se reconocen como tales. El resultado son trabajadores dispersos y desorganizados, a merced de empresas de carácter monopólico o casi monopólico, con salarios muy por debajo de la productividad. Las aplicaciones del siglo XXI crean condiciones y relaciones laborales del siglo XIX.
Continúan los redactores del mencionado artículo: «Este contexto donde estos modelos de negocios se montan en la vulnerabilidad de los sectores populares, demanda a los Estados y a las organizaciones sociales profundizar la mirada y comenzar a bosquejar políticas que permitan intervención en este escenario. Ejemplos valiosos se pueden extraer de decenas de cooperativas de software en nuestro país las cuales se encuentran trabajando a fin de generar infraestructuras que acompañen a procesos de trabajo solidario y autogestivo, liberando código y generando comunidades que permiten dar saltos en infraestructura informática a organizaciones sociales, Pymes y diversas cooperativas de todo el país.
Es fundamental poder incorporar a estos actores a la hora de proyectar una política de desarrollo tecnológico con inclusión, orientando una política de Estado a la protección del trabajo, a la generación de líneas de financiamiento para montar esquemas aceleradores desde sociedades público-privadas orientadas a robustecer el sector nacional de I+D y las iniciativas de base tecnológica.
Así como también no sólo hay que atender los problemas que surgen en el mundo del trabajo, sino que es vital contar con políticas de Estado orientadas a robustecer la soberanía tecnológica, tomando lo mejor de lo hecho en años pasados como el piso a recuperar, y desde donde partir.
Desde una postura neoliberal y libremercadista pasará seguramente por dejar hacer a los «nuevos emprendedores». Sostenemos en cambio que el sector público, los gobiernos no pueden asumir un rol neutro frente a estos desafíos, sino buscar una intervención activa, que genere mercados e innovaciones industriales pero que garantice a la vez, los derechos de los trabajadores».
Iniciativas legislativas: Diputados proponen crear Comisión para proteger a trabajadores frente a los cambios tecnológicos
Los Diputados y Diputadas de extracción sindical Walter Correa, Jorge Taboada, Hugo Yasky, Vanesa Siley, Fernando Espinoza, José Pablo Carro, Facundo Moyano, Francisco Abel Furlán y Carla Pitior presentaron una nota en carácter de miembros de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Honorable Cámara de Diputados ante el presidente de la misma, Diputado Sergio Ziliotto.
En la misma plantean la necesidad de crear una Comisión bicameral de «Futuro del Trabajo» basándose en los cambios que sufrieron los procesos productivos a raíz de los avances tecnológicos como la automatización, la robótica y la inteligencia artificial.
La Organización Internacional del Trabajo tomó el tema y lo puso en el centro de sus debates de este año ya que la transformación del sistema productivo resulta expulsiva de mano de obra y pone en riesgo muchos empleos en diversos sectores, por lo que «insta a los Estados legislar y regular» estos avances tecnológicos para «proteger a los trabajadores, trabajadoras, ciudadanos y ciudadanas, en general, el fin último de los Estados».
Dentro de los cambios en las relaciones laborales atravesadas por la tecnología, los y las diputadas no se olvidan de mencionar las denominadas ‘economías de plataforma’ como RAPPI, GLOVO, PEDIDOSYA o UBER, que operan en nuestro país como simples intermediarias, desconociendo la legislación laboral local y dejando en total desprotección a quienes trabajan bajo esos formatos.
Los firmantes acusan al Poder Ejecutivo de haber asumido el compromiso de trabajar el tema en 2018, «sin embargo, no ha demostrado ningún compromiso en la materia sino que, al contrario, permitió el ingreso irrestricto de estas empresas».
El diputado del Frente de Izquierda, Raúl Godoy, solicitó al Ejecutivo Provincial de Neuquén que brinde información sobre las empresas de transporte «a demanda» radicadas en la provincia y sobre las modalidades de trabajo.
Según Godoy estas nuevas plataformas «son en realidad viejas formas de explotar y precarizar a la juventud».
El diputado del Frente de Izquierda fundamentó el pedido de informes a los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad y al de Producción e Industria en que estas empresas «se presentan a sí mismas como simples intermediadoras de una relación libre entre consumidores y quienes proveen el servicio de envío, encubriendo así relaciones laborales fraudulentas y violatorias de los más elementales derechos laborales».
Denunció que tras la supuesta relación libre entre «plataformas» y «colaboradores independientes», se esconde «la negación de su condición de trabajadores y trabajadoras y sus derechos a quienes realizan esta actividad».
Godoy denunció que la realidad de los trabajadores y trabajadoras de estas plataformas «no escapa a la de la mayoría de las y los jóvenes en nuestro país, los más afectados por el trabajo precario y no registrado» e informó que «el 61% de las personas de 16 a 24 años que trabajan, no están registradas ni tienen derechos laborales, se trata de 1.000.000 de jóvenes. Además, la juventud cobra 40 % menos que la población adulta».
Y agregó que en Neuquén «según datos de INDEC, Estadística y Censos, el trabajo no registrado en el primer trimestre del 2018 en el conglomerado Neuquén-Plottier, en la juventud es de 44,5%».
En la ciudad de Córdoba volvió a tomar fuerza a mediados de abril un proyecto de ordenanza para regularizar el funcionamiento de los «bicideliverys», que también hace eje en la seguridad y en las obligaciones que deben cumplir las empresas de plataformas digitales de envíos a domicilio.
El mismo fue realizado por el concejal Santiago Gómez quien el año pasado lo presentó en el Concejo Deliberante a través del bloque Vamos, y lo hizo nuevamente por Unión por Córdoba, agregándole artículos con la nueva jurisprudencia.
El edil destacó los principales puntos de la iniciativa: «Este es un proyecto que diseñé con la ayuda de Diego Sánchez, secretario general del Sindicato de Mensajeros de Córdoba. A diferencia del presentado el año pasado, ahora incluimos un par de artículos donde hacemos eje en el Código de Tránsito de la ciudad Córdoba, para prohibir la circulación de aquellos trabajadores que no tengan casco, chaleco o vayan con mochilones en la espalda».
En Argentina las plataformas ya ocupan 160.000 personas y la mitad no realiza aportes previsionales
Los trabajadores de plataformas digitales ya representan al 1% de los ocupados a escala nacional. Es decir, son más de 160.000 los usuarios registrados que obtienen ingresos en Argentina en base a las diferentes apps. Así lo revela un nuevo estudio de CIPPEC, BID Lab y la OIT.
Esa cifra engloba realidades muy heterogéneas de productos y servicios, que van desde la persona que transporta pasajeros en su vehículo hasta quien diseña piezas gráficas en su hogar o la persona que pone en alquiler temporario una habitación en su departamento.
El trabajo elaborado por CIPPEC, BID Lab, y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se basó en una encuesta entre más de 600 trabajadores de las doce principales plataformas que operan en Argentina.
Entre los consultados solo la mitad realiza aportes previsionales. El 85% dice estar satisfecho con este tipo de ocupación, y solo 2 de cada 10 encuestados dijo que su motivación principal para trabajar en una plataforma fue la dificultad para conseguir otro tipo de empleo.
El estudio también revela que casi cuatro de cada cinco trabajadores de plataformas digitales son hombres , con una edad promedio de 38 años. En cuanto al nivel educativo, si bien varía según la plataforma, estos trabajadores tienden a ser más educados que la población ocupada general.
Para quienes se desempeñan en este sector, el nivel de ingresos difiere según el servicio prestado y la plataforma. Incluso, dentro de una misma plataforma, hay fuertes diferencias, ya que el tiempo dedicado y la cantidad de trabajos aceptados varían. Sin embargo, para la mayoría de las personas encuestadas (60%), la plataforma es su principal fuente de ingresos y es determinante para sostener sus gastos habituales.
Casi todas las plataformas que operan en el país cobran comisiones a los trabajadores, pero solo algunas les exigen ser autónomos. Algunas de estas plataformas también ejercen un alto control: determinan el precio del servicio e intermedian en el cobro, supervisan y evalúan el desempeño de los trabajadores o establecen obligatoriedad para aceptar trabajos.
Se cumplió el primer paro mundial de choferes de Uber
«Mientras Uber desembarca en Wall Street, las y los trabajadores del mundo nos organizamos y paramos en defensa de nuestros derechos» , comunicó la Asociación de Personal de Plataformas (APP) sobre la medida de fuerza que se cumplió el pasado 8 de mayo.
«Realizaremos un paro virtual junto con compañeros/as de Inglaterra, Chile, EE UU, Uruguay, Panamá y Costa Rica, entre otros. #ApagónDeUber», explicaron desde el flamante sindicato de empleados de plataforma (APP) a través de su cuenta en la red social Twitter.
Entre los principales reclamos de los «uberistas» están la excesiva comisión de la compañía, señalando que un 25% es una cifra muy alta, además de reclamar por las tarifas abusivas y bloqueos de cuentas que han recibido algunos choferes.
Adicionalmente APP pide ámbitos de diálogo social para la elaboración de políticas específicas para el sector. «Seguiremos colaborando con las autoridades para que las plataformas cumplan con sus obligaciones laborales y tributarias», remarcaron.
La protesta fue inédita y consistió en un paso trascendente en la organización de los conductores, considerados «socios» por parte de la compañía que espera ser una mega estrella de Wall Street en el futuro cercano.
Asociación de Personal de Plataformas (APP), hoy nuclea a aproximadamente 100.000 trabajadores y cuenta con el apoyo de la CGT ante la discusión con el gobierno para lograr el reconocimiento formal. Su potencial de afiliación podría equipararlos cuantitativamente con el gremio del personal bancario o SUTEBA.
Fuentes: Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario.
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