El caso de los ex trabajadores de YPF y Gas del Estado

Durante los despidos masivos de YPF en los comienzos de los ’90, muchos trabajadores se opusieron a las privatizaciones. Este es el caso de los ex trabajadores de Petroquímica Mosconi de Ensenada, quienes sufrieron los despidos como en la dictadura, con carros de asalto, con la Policía Federal dentro de la fábrica y los aprietes del Ministerio de Trabajo.

Según los ex trabajadores de la Petroquímica, «todo el aparato del Estado se puso en funcionamiento para que fuera posible no respetar la ley laboral ni el foro laboral y tampoco el derecho de los delegados sindicales, a quienes no dejaron entrar a la fábrica». Avanzó la privatización a pesar de las puebladas que se dieron entre el 90 y el 91 contra la política menemista, los «ensenadazos», la ofensiva mediática era muy fuerte con el discurso único privatizador.

Con el paso del tiempo fueron apareciendo expresiones de lucha de sectores desocupados. Los primeros «fogoneros» Cutral – Co y Plaza Huincul en el ’96, eran los ex trabajadores de YPF. A partir de estas luchas se comenzó a organizar en la regional (La Plata – Berisso – Ensenada) la Mesa Regional de ex trabajadores de YPF y Gas del Estado. Las primeras reuniones se hacían en la «Casa de la Cultura» de Ensenada. Eran reuniones de 60, 70, después 100 y 200… y así hasta llegar a reuniones entre 2000 y 3000 compañeros en todo el país. Se comenzó en el ’98 y en el 2000, vinieron los conflictos de Salta (Mosconi), que también eran protagonizados por ex trabajadores de YPF. Allí se comenzó a conformar la Mesa Nacional.

La Deuda. El acuerdo entre el Estado y Repsol

La ley 23.026 (ley de reforma del Estado) que permite la privatización de todas las empresas estatales, contiene la cláusula de Propiedad Participativa, que establece que el 10% de las acciones de la empresa corresponden a los trabajadores. Los ex trabajadores de Petroquímica Mosconi comenzaron con juicio en reclamos de sus acciones, que durante los despidos, habían sido compradas fraudulentamente por Repsol; ya que estas eran acciones en litigio.

El 21 de enero del 2003 se realiza una movilización que va de «La Casa de la Cultura de Ensenada» a 126 y 43, acompañada por un piquete que no consistía en cortar la ruta, sino en desviar los camiones de YPF Repsol. La medida continuó hasta que, con el impulso de legisladores, tanto senadores como diputados, se concreta una reunión en casa de Gobierno. Ya estaba consensuado un acuerdo, entre los técnico de los trabajadores y los técnicos de Jefatura de Gabinete. En la reunión estuvieron Attanasof, Sonia Escudero y diferentes diputados. Se acuerda el pago de $60.000 por las acciones adeudadas y la incorporación de Petroquímica Mosconi al acuerdo.

A pesar de la negociación realizada, el 5 de mayo del 2003 sale el decreto del Ministerio de Economía 1077, que deja afuera de la negociación a Petroquímica Mosconi y niega el pago de los $39.300 (En realidad ni siquiera era esa cifra la que se cobraba. Compañeros técnicos descubrieron que el que más cobraba, percibía $17.000 en Bonos 2016). Se traiciona lo acordado y se estafa a los trabajadores. Se repudia ese decreto y se logra impugnar a nivel penal porque es inconstitucional, ya que genera una nueva legislación violando el espíritu y la instrumentación de la ley y una resolución de la Cámara de Senadores, que indicaba el pago de las acciones en valores que en ese momento se acercaban a los $70.000.

Los trabajadores realizan un nuevo corte en noviembre del 2003, mientras se dan cortes en Salta y se encarcela a «Pepino» Fernández (ex – trabajador de YPF y dirigente de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi).

En ese momento, el gobierno nacional a través del Ministerio del Interior, en conferencia de prensa, da un «ultimo» ofrecimiento a los trabajadores: $39.300 por las acciones y la incorporación al acuerdo de Petroquímica Mosconi.

Tiempo después, el 1 de diciembre, el Secretario General de la Presidencia en ese momento, Parrilli, convoca a los Ex -Trabajadores de YPF y Gas del Estado, y confirma el ofrecimiento. Los trabajadores deciden reunirse en asamblea para deliberar y la propuesta es aceptada. Luego de la asamblea, cuando los compañeros iban llegando a sus casas, 7 de ellos fueron detenidos: Reinaldo Oscar Giles, Jorge Germán, Roberto Carlos Burgos, Carlos Alfredo González, Daniel Seoane, Tránsito Osorio Y Juan Carlos Bertoluccio.

Por una denuncia realizada por Repsol debido al desvío de sus camiones, el Fiscal Gómez y la Fiscal Viviana Ramos, ordenaron las detenciones.

A su vez, el Ministerio de Economía determina que lo anunciado por la presidencia de la nación a través de Fernández, Ministro del Interior, y Parrilli, Secretario General de la Presidencia, no es oficial. Se sigue adelante con el Decreto n° 1077.

Ante esta respuesta del gobierno, se realiza una movilización y una conferencia de prensa de la CTA, en la que se plantea que si no se suelta a los compañeros el 3 de diciembre, se volvería a movilizar junto a todo el Polo Obrero, la FTV, el MIJP de Castell, Solano, Varela, Florencio Varela, Matanza.. iba a haber más de 100.000 compañeros en la calle. Esto, sumado al trabajo de los diputados de CTA, logró la libertad de los compañeros.

Criminalizar, la única respuesta del gobierno

Lo que queda claro de este proceso, es que los fiscales se alinean con Duhalde, que en ese momento, fines del 2003, pedía mano dura para los piqueteros. Los Fiscales Gómez y Romero señalan a los cortes de ruta como delito.

Luego de la liberación de los compañeros, los Fiscales piden juicio oral y público a través del artículo 194, que dicta penas de 3 meses a 3 años. Esto no termina aquí, ya que el Juez Guillermo Atencio cambia la carátula de la causa por el artículo 211 que dicta pena de 3 a 10 años, señalando que los manifestantes, durante los cortes de noviembre del 2003, llevaban explosivos, elementos químicos y atemorizaron a la población con provocar caos o un incendio.

Dentro de la causa, hay Informes policiales que señalan un «comportamiento ejemplar» y que los manifestantes siempre estuvieron atentos a las indicaciones policiales. Además, existe como precedente judicial, en el cual los fiscales Violini y Aspro señalan que no hay delito en los cortes realizados a los accesos a Repsol el 21 de enero del 2003. De hecho, estos fiscales giran las actuaciones al Juez de Faltas de Ensenada, ya que se consideran al corte solamente como una falta de tránsito.

El 21 de enero los cortes nos fueron delito, aunque fueron más grave que los cortes de noviembre del mismo año. Esto deja en claro la voluntad del poder judicial para criminalizar, encarcelar y prohibir la protesta social.

Como pruebas concretas a favor de los trabajadores, hay 5 expedientes policiales que señalan que no hubo ninguna situación fuera de lo normal. Además, hay un informe de una escuela cercana, que dice que el único problema ocasionado fue de tránsito, durante la desconcentración y no durante el corte. Hay informes de bomberos que señalan que no hubo ningún tipo de problema.

La situación de las causas, como se señala anteriormente, la determina el artículo 211 que exigiría el juicio oral y público, aunque existen posibilidades de que la cámara no de lugar y se absuelva a los procesados.

Compañeros integrantes de la Mesa Nacional, en diálogo con Red Acción, señalaban que «en vez de sentar en el banco de los acusados a los verdaderos culpables, Lavagna y Duhalde, que estafan a los de YPF y nos roba a los de Mosconi, estamos en peligro de ser encarcelados. Siempre estuvimos en la lucha. Nos despidieron, no nos pagaron lo que nos corresponde, nos estafaron, nos robaron, y por reclamar lo que dice la ley estamos siendo procesados. Esto es la negación de la democracia para los desocupados, los excluidos, para los trabajadores. Por que la democracia implica pleno estado de derecho, y a nosotros nos excluye el derecho, por lo tanto la democracia. Quedamos afuera todo el sistema previsional y social». Lo fundamental para abordar de este proceso, es que la causa contra los ex – trabajadores de YPF y Gas del Estado, sienta precedente para procesar a luchadores, un paso más en la criminalización de la protesta. El día 5 de mayo se conformó una Multisectorial de Berisso, La Plata y Ensenada, en la cual participaron muchos grupos y a principios de junio realizaron una movilización desde Plaza San Martín a Repsol en contra de la criminalización de la protesta social.

Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos

Desde la Coordinadora por la libertad de los presos políticos se viene trabajando con la problemática de los luchadores detenidos en las cárceles del sistema. «Como militantes políticos y sociales nos sentimos responsables de tomar en nuestras manos esta problemática para que todos los compañeros no pasen ni un día mas en las cárceles, y para que cesen las persecuciones a los luchadores en todo el mundo. Por esto convocamos a participar de las reuniones de la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos todos los Lunes a las 18 hs. en el «Centro Cultural y Social Olga Vásquez», calle 60 e/ 10 y 11. La Plata. Y los jueves a las 19:00 hs en la «Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo». Capital Federal.