Mientras puertas adentro de los Tribunales Provinciales se desarrollaba el quinto día del juicio por el Triple Crimen de Villa Moreno, en el acampe levantado sobre Balcarce se realizó una conferencia de prensa convocada por la Multisectorial en lucha por el pedido de Justicia por Franco Casco y sus familiares. Cerca del mediodía, al resguardo […]
Mientras puertas adentro de los Tribunales Provinciales se desarrollaba el quinto día del juicio por el Triple Crimen de Villa Moreno, en el acampe levantado sobre Balcarce se realizó una conferencia de prensa convocada por la Multisectorial en lucha por el pedido de Justicia por Franco Casco y sus familiares.
Cerca del mediodía, al resguardo de la carpa por el fuerte sol, el defensor provincial, Gabriel Ganón, abrió la conferencia para dar detalles de los avances y retrocesos en la causa por el joven de Florencio Varela desaparecido y asesinado en Rosario. En la mesa también estaban sentados Elsa y Ramón, sus padres, acompañados por familiares.
El abogado fue claro desde el primer momento: el caso es «idéntico o similar» al de Luciano Arruga y al de Sergio Ávalos. Éste último recibió un giro el pasado viernes cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) cambió la carátula. Para la Justicia federal, ambos casos se tratan de «desaparición forzada de persona». Ganón volvió a remarcar que el caso de Franco Casco debe caratularse de la misma manera, ya que se trata de un hecho que contiene las mismas características, «donde una persona ingresa a una comisaria con vida y después aparece o no aparece en el tiempo».
«Esta actitud que ha demostrado hasta el día de hoy el Estado provincial, comprometiéndose en el encubrimiento de los policías que lograron la desaparición de Franco, la verdad que nos preocupa y nos coloca en una situación de absoluto desamparo», denunció el defensor de la familia, y continuó: «En esta causa han ocurrido episodios muy graves. El fiscal Álvaro Campos, de acuerdo a lo informado por la policía, libera, supuestamente -porque todos sabemos que fue lo que pasó con Franco-, a una persona que de acuerdo a un informe médico estaba desorientado en tiempo y espacio. Lo libera telefónicamente, sin ponerlo en contacto con una autoridad judicial, sin ponerlo en contacto con al defensa pública, libera, entre comillas, a esta persona». Además denunció otra irregularidad: el joven fue ingresado con una identidad falsa, con el nombre de Franco Godoy. «Otra de las características del delito de desaparición forzada de personas», sintetizó Ganón.
El abogado denunció el accionar de la médica que «revisó» al joven de veinte años en su paso por la Comisaría 7ª y el encubrimiento de la Provincia. «Llama la atención que no se ha tomado ninguna medida contra la médica que dice que Franco estaba desorientado en tiempo y espacio y como drogado; y como se ha comprobado, no revisó a Franco. Por eso no pudo dar cuenta en la audiencia sobre el estado de situación en que se encontraba el joven», disparó Ganón, y explicó: «Los registros médicos de la policía dan cuenta de que esta médica estaba sucesivamente en varios lugares: en la Comisaria 4ta, en la 25, en la 30; con diferencia de 5 minutos». El defensor general de Santa Fe señaló al Gobierno provincial «que se empecina, conjuntamente con su administración de Justicia, en encubrir el crimen y en retener una competencia que de ninguna manera le corresponde». Según Ganón, este accionar «va a generar consecuencias para el Estado federal», porque los estados federales «son los responsables de que un episodio de esta naturaleza no sea investigado como corresponde».
Luego de la intervención, el abogado cedió la palabra a Elsa Godoy, madre de Franco. «Pido al señor Gobernador que haga algo, que investigue. No sé como decir esto, no entiendo mucho de leyes. Lo único que quiero es que haga algo para que paguen los que tienen que pagar, los que le hicieron ésto a mi hijo», comenzó exigiendo la desesperada mujer. «Hicieron muchas cosas con mi hijo. ¿Por qué lo tuvieron que matar? ¿Por qué lo hicieron?», pedía respuestas, antes de quebrar en un llanto alimentado por tanta impunidad e injusticia.
Ramón Casco leyó a los medios presentes una Carta Abierta dirigida al gobernador y a los Poderes Públicos de la Provincia de Santa Fe. El escrito comienza con una descripción de la humilde familia de Florencio Varela, ahora instalada en Rosario exigiendo justicia, y del joven Franco, un «apasionado del fútbol».
«Sé que a usted poco le importan estos detalles, y aún no sabemos si le preocupa y se ocupa de lo que pasó con Franco. Lo hemos visto públicamente preocuparse de las amenazas sufridas por un periodista famoso y nos parece bien, pero creo que también debería preocuparle un caso tan grave como el que sucedió con Franco, en el que la policía -su policía- nos asesinó a nuestro hijo», sentencia el escrito, y al mismo tiempo recuerda: «Hace más de una semana le hemos pedido formalmente una audiencia y ni usted ni sus secretarios nos han contestado».
Más adelante, continúa: «No dudo que si usted estuviese atravesando el momento que nosotros estamos atravesando estaría triste y además querría saber por qué pasó lo que pasó con Franco. Porque la policía lo asesinó y lo tiró al río. Porque funcionarios de su gobierno intentaron ocultar la verdad plantando pruebas falsas, porque jamás lo buscaron». El párrafo final apela a los sentimientos del gobernador para que «ponga todos sus esfuerzos» para esclarecer el hecho. «Entiendo también que los pibes como sus hijos están lejos de que les ocurra una cosa como ésta», dispara la carta redactada por Elsa y leída por Ramón.
Luego, los medios realizaron algunas preguntas el defensor de la familia que, además, hizo públicas otras novedades. Respecto de la decisión del juez Marcelo Bailaque, que rechazó, días atrás, que la causa pase al fuero federal y resolvió que continúe en manos del fiscal Guillermo Apanowicz, Ganón disparó: «Es realmente una resolución que indigna, desde lo legal, desde lo técnico y desde lo emocional; y nos parece que la actitud que ha tenido el juez Bailaque, es coherente con toda su historia personal como magistrado: un juez preocupado por favorecer siempre los intereses de los más poderosos y tratando de ocultar, en este caso, el crimen cometido por la policía de la provincia de Santa Fe; porque su resolución, desde lo técnico, carece de todo fundamento». También denunció el accionar «sospechoso» del juez Federal, ya que se «apresuró» a tomar una decisión en un juzgado «que no era el suyo», cuando tiene «toneladas de expedientes retrasados».
El defensor de Franco Caso y su familia pasó a explicar las razones para cambiar la carátula del caso, rechazadas por el juez Bailaque. «Los argumentos son claros: lo dijo la CSJN en el caso de Sergio Ávalos en Neuquén, lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Iván Torres y lo dijo también la Justicia federal en los casos de Jorge Julio López y Luciano Arruga. Es contundente: la última vez que Franco estuvo con vida, ingresó detenido en una comisaria de la Provincia. Esta circunstancia por sí sola, hace responsable a la provincia de que halla aparecido después, flotando en el Paraná. Si su cuerpo no hubiese aparecido, de todas maneras este delito es la desaparición forzada de persona», explicó.
Ganón calificó el argumento de Marcelo Bailaque de «ridículo». Según el magistrado, para que se trate de desaparición forzada de persona tiene que ser un delito que se produzca en «forma sistemática». El defensor denunció que el juez «ni siquiera se tomó el trabajo de leer los fallos» de la CSJN y de la CIDH, que «son obligatorios»; y además, porque el Código Penal expresamente lo dice: no requiere, entre las características, que haya desaparición sistemática. En los casos anteriores, citados por el abogado, no hubo «desapariciones sistemáticas» y, sin embargo, son «conductas típicas» de desaparición forzada de persona. «No sabemos en qué fundamento jurídico se apoya el juez Bailaque y lo que nos hace sospechar, también, es que la resolución se fundamenta con que la provincia de Santa Fe está investigando diligentemente; porque así se lo informó el fiscal regional de Rosario», continuó, y completó: «Ésto es absurdo, porque nosotros creemos que no ha investigado, diligentemente o no».
El defensor general informó que queda otra instancia judicial, que se planteó la incompetencia de la Provincia, pero advirtió una «tendencia y un compromiso promiscuo» entre las autoridades judiciales provinciales y en algunas autoridades de la justicia federal en Rosario, «que está permitiendo que el tiempo pase, que las pruebas sigan desapareciendo», y que cueste mucho saber la verdad sobre cómo sucedieron los hechos en relación a la desaparición de Franco Casco.
Fue más claro todavía respecto a los fiscales santafesinos: «No queremos que la Justicia provincial siga interviniendo. Lo que quiere hacer el fiscal Apanowicz es intentar tapar toda su negligencia: el haber mantenido tirado el expediente durante veinte días y hasta que ésto no se hizo público, no hacer nada para buscar a Franco; no haber tomado ninguna medida para los testigos falso ni para la médica que falseó un informe. Esta conducta de Apanowicz la hemos denunciado ante el Fiscal Federal de la Provincia porque consideramos que tanto éste como Álvaro Campos, deben ser sancionado por su conducta, que no fue diligente en el mejor de los casos. Nosotros creemos que la conducta que tuvieron fue la que dio la cobertura para que el crimen se cometiera con total impunidad».
También protestó sobre el peso que se pone en torno a la firma del joven. Ganón trazó un paralelo con los conocidos casos de la última y más sangrienta dictadura militar en Argentina, donde los detenidos y torturados firmaron, incluso, hasta la transferencia de todas sus propiedades. «Sea o no sea la firma de Franco no probaría absolutamente nada, porque esto seguiría siendo un delito de desaparición forzada de persona», aclaró el abogado, y disparó nuevamente contra el fiscal Apanowicz, a quien le exigió explicaciones sobre su accionar: «Estuvo detenido en ese lugar y nadie lo vio salir con vida de la comisaría; que demoró en pedir la cámara de la seccional y como él demoró, la cámara también se borró. Estas explicaciones debería estar dando a la familia y a la sociedad: por qué trabajó mal en la causa; y no estar preocupado por una firma». También, aclaró que en el caso de que la firma no sea la del joven veinteaniero sería «un indicio más»; pero en caso de que sí sea, sostiene que no aportaría nada. «Creo que hacía ese lugar se dirige la tendencia de Apanowicz, a tratar de encubrir ese crimen. Además que no nos garantiza absolutamente nada ninguno de los peritos de la Provincia», señaló.
El defensor dijo estar esperando, junto a la familia, resultados de las autopsias, ya que aún «no se puede» establecer la causa de la muerte de Franco. Sin embargo, señaló un punto muy importante. Siguiendo el supuesto que introdujo la Fiscalía, de que el joven pudo haberse suicidado, argumento también considerado por el fiscal Apanowicz, disparó: «Hay un hecho que el sentido común y lo que puedan preguntarle a cualquiera de los baqueanos lo confirma: una persona que se arroja al río, que se ahoga, que se suicida, no aparece en el medio del canal, en la boya 4-18, veinte días después frente a la ciudad de Rosario. Pregunten a cualquiera que sepa cómo se mueven las corrientes del río en la ciudad y se van a dar cuenta que es absurda la hipótesis que introdujo Apanowicz».
Ganón afirmó que están seguros de que el joven fue arrojado sin vida al río, y los últimos que lo vieron con vida fueron los policías de la Comisaría 7ª, así que «la continuidad entre el hecho de la detención y su aparición», confirmaría a los oficiales como responsables de la muerte. Luego volvió a insistir con el dato del lugar en el que fue encontrado el cuerpo, el mismo día que se realizaba la primer marcha para exigir la aparición con vida cuando habían pasado tres semanas de su desaparición: «Esto tiene que ver con la naturaleza; la naturaleza no hubiese permitido jamás que una persona que se arroja al río aparezca en ese lugar».
El mismo día que se anunciaba el hallazgo de un cuerpo que luego sería confirmado como el de Franco, a partir de un tatuaje con el nombre de su hijo de tres años, el secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad, Ignacio Del Vecchio, había instalado la versión de tres testigos que decían haber visto al joven mendigando en una iglesia evangélica, apenas unos días atrás. Los análisis, luego, determinaban que el cuerpo llevaba alrededor de tres semanas en el río. La versión del secretario pasó a ser otra de las irregularidades del caso. En este punto, Ganón exigió respuestas al Gobernador: «Por qué no tomó ninguna medida respecto de Del Vecchio ni respecto al comisario de la Comisaría 7ª; que además, a la semana siguiente volvieron a torturar a otra persona. Y a la siguiente también nos enteramos que tenía un prostíbulo funcionando en frente».
Al cierre de la audiencia, Gabriel Ganón aseguró que la defensa va a seguir insistiendo para que la investigación se oriente hacia «desaparición forzada de persona» y que pase a la Justicia federal. También anunció que en el caso de que la Justicia provincial insista con «arrogarse una competencia que no le es propia», analizarán junto a la familia y con organismos de Derechos Humanos hacer una presentación, una denuncia internacional, ante el Comité de Desaparición Forzada de Personas de la ONU o ante la CIDH. «Este caso no debe ser tratado de otra manera mientras continúan las instancias judiciales. Lo que no queremos, es que siga investigando el fiscal Apanowicz, que desde el primer momento no hizo otra cosa que no hacer nada, y cuando empezó a hacer fue tapar a la policía», finalizó el abogado defensor.
Cooperativa de Comunicación La Brújula
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.