El castigo

Resulta, para el sistema carcelario argentino, que las personas que «van a parar a las cárceles» no son humanas, por lo cual no requieren que las condiciones en las cuales vivan allí su «condena» sean propicias para tal especie. No sólo la comodidad y la contención son inexistentes sino que, en su reemplazo, aparece el «castigo» por parte de los mismos policías que supuestamente cumplen el rol de bregar por la seguridad ciudadana. Claro está que no consideran a las mujeres y a los hombres privados de su libertad -por delitos de cualquier índole- como ciudadanos, casi pensando el término como en la antigua Grecia y asemejándolos al «estrato» de la esclavitud, un fenómeno natural e imprescindible para la dinámica de una sociedad.

No existe nada novedoso en afirmar que la mayoría de quienes deberían estar presos no lo están. Las políticas y los políticos corruptos, las y los empresarios explotadores y evasores, las y los acosadores sexuales que no llegan a violar «como la ley exige» para que vayan a prisión (y muchos que sí, pero aún así gozan de su «libertad»), las y los narcotraficantes, las y los responsables y cómplices civiles de las dictaduras cívico militares, las y los apropiadores de bebés, etcétera.

Es sabido que quienes reciben «el castigo» muchas veces son inocentes. La inocencia no se basa exclusivamente en casos en que está demostrada la ausencia de culpas por armado de causas, como el de Fernando Carrera  -entre tantos otros-, o en la ilógica de culpar a una víctima del sistema judicial y social sexista, como el de Romina Tejerina; sino en aquellas y aquellos que son víctimas del sistema capitalista como un todo, que deriva en el clasismo como artífice de la exclusión. La corrupción, tanto policíaca como judicial, cumple un rol fundamental en el rodaje de esta película atrapante para quienes la miran en el cine y desesperante para sus protagonistas. La vinculación de las cúpulas de diversos organismos que funcionan como autoridades «competentes» con redes de trata de personas, de narcotráfico y de tráfico de armas está a la vista de cualquiera que quiera ir un poco más allá de lo que le enseñan los medios de incomunicación. Sin embargo, la costumbre indica que quienes deben cumplir una condena tan aberrante como la que nuestras cárceles ofrecen son las personas que lo único que requieren es asistencia laboral y social.

Pero, ¿por qué es tan aberrante esa condena?, ¿qué es «el castigo»?  El castigo fue un tema tabú -como tantos otros en nuestro país- durante muchísimo tiempo, que sólo alcanzaba a sus víctimas, a las y los familiares de sus víctimas y a algunas y algunos periodistas que los medios prefieren descalificar, pero se dio a conocer (y empezó a «preocupar») con una serie de videos que entraron en circulación mostrando explícitamente las torturas ejercidas sobre los reclusos.

Vivimos en una era aparentemente democrática, pero las torturas existen en todas nuestras cárceles y ya no es una realidad que se queda en las sombras, sino que circula entre todas y todos los «libres». Al mismo tiempo, los casos de gatillo fácil siguen in crescendo, en las represiones durante manifestaciones se sigue golpeando y matando a quienes reclaman por sus derechos y demás desgracias que tenemos que soportar.

La responsabilidad sobre estos acontecimientos delictivos, mucho más delictivos que robar una tira de pan en el supermercado para llenar los estómagos vacíos de la gente marginada por un sistema económico basado en la perversión, hace las veces de una pelota de ping pong en un juego de múltiples jugadoras y jugadores rotativos. No hay castigo para ellos  más que alguna suspensión esporádica a sus autores materiales. La visión facilista de un estado que coloca sus premisas en mantener un modelo que avala al sistema carcelario deficiente e inhumano que no brinda posibilidades de reincorporación social sana, es uno de los mayores inconvenientes para poder trazar otros planes de acción. Mediante contención psicosocial, educación y actividades recreativas y laborales, la gente tiene todas las herramientas brindadas para «recuperarse». Pero es menos costoso (y más propio de un proceder vengativo) sostener una falacia de reinserción violenta en el marco estatal, donde al recuperar la libertad la persona será tratada con desprecio y marginación en sus antiguos grupos sociales y sufrirá la descalificación de los posibles nuevos, sumado a la práctica imposibilidad de consecución de una fuente de trabajo.

Redefinir la idea de delito, mediante la reformulación de los códigos arcaicos que rigen en la actualidad, es uno de los primeros pasos para la fase judicial, pero reestructurar el sistema carcelario es inminente para nuestra sociedad.

¿Hay algún candidato o candidata que pueda proponer políticas destinadas a dichos fines para las elecciones de octubre? No. Están demasiado ocupados viendo de dónde sacarán el dinero para sus campañas electorales, hurto por el cual nadie se atreverá a juzgarlos o se permitirán, llegado el momento, sacar a relucir su tarjeta de impunidad por pertenencia a la más alta burguesía o por prepotencia política, monetaria, demagoga y coimera. Mientras tanto, ¿cuánto más deben aguantar nuestras presas y nuestros presos? ¿Esperaremos alguna muerte en represión más? ¿Seguiremos dándole armas a quienes las usan para jugar a la mancha? Si las personas que no gozan de la misma pseudo libertad que el resto de quienes habitamos este estado tuvieran la posibilidad de acceder a los proyectos políticos de cada partido o pudieran estar al tanto, al menos, de quién gana cada elección y por qué, seguramente aparecería por algún lado un plan que busque beneficiarlos. Mientras tanto, reciben el mismo trato que las y los inmigrantes de parte de las y los xenófobos. Como si no tuvieran documento y nadie se los quisiera entregar. Como si no tuvieran dignidad. 
 
Soledad Arrieta es escritora y periodista de opinión.

Blog de la autora: www.cotidianidadeshumanas.blogspot.com

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