Cuando dictó sentencia contra la Argentina en el caso Bulacio, la Corte Interamericana de DDHH tuvo por probado que en Argentina existe un sistema de normas y de prácticas no normadas que permiten a las fuerzas de seguridad detener personas arbitrariamente, y condenó al estado, como forma de reparar lo ocurrido con Walter Bulacio, a […]
Cuando dictó sentencia contra la Argentina en el caso Bulacio, la Corte Interamericana de DDHH tuvo por probado que en Argentina existe un sistema de normas y de prácticas no normadas que permiten a las fuerzas de seguridad detener personas arbitrariamente, y condenó al estado, como forma de reparar lo ocurrido con Walter Bulacio, a eliminar ese sistema y adecuarse a los «estándares internacionales» en materia de libertad individual, es decir, que sólo se pueda detener a alguien por orden judicial o en caso de delito flagrante. El «sistema de normas y prácticas no normadas» cuya eliminación ordenó la Corte IDH incluye la facultad de detener personas en averiguación de antecedentes o para identificar y los códigos contravencionales y de faltas, que desde la sentencia, que lleva casi cinco años incumplida, han sido endurecidos en más de un distrito argentino.
Mauricio Maldonado (19), oriundo del barrio Yapeyú de la capital cordobesa, fue conducido el 2 de enero al ex centro clandestino de detención durante la dictadura, ahora denominado (todo sea para mejorar los nombres, cosa que parezcan «instituciones democráticas») Unidad de Contención del Aprehendido. Durante su detención fue golpeado con tal gravedad que el 6 de enero, luego de permanecer en una celda de aislamiento donde fue visto por otros presos con un ojo «en compota» y tirado en el suelo desmayado, Mauricio fue entregado a sus padres con señales visibles de laceraciones, hematomas en la zona orbital y la ropa con restos de sangre. Después de permanecer en estado de inconciencia durante seis días, falleció el 12 de enero en el hospital San Roque.
Mauricio Maldonado (19), oriundo del barrio Yapeyú de la capital cordobesa, fue conducido el 2 de enero al ex centro clandestino de detención durante la dictadura, ahora denominado (todo sea para mejorar los nombres, cosa que parezcan «instituciones democráticas») Unidad de Contención del Aprehendido. Durante su detención fue golpeado con tal gravedad que el 6 de enero, luego de permanecer en una celda de aislamiento donde fue visto por otros presos con un ojo «en compota» y tirado en el suelo desmayado, Mauricio fue entregado a sus padres con señales visibles de laceraciones, hematomas en la zona orbital y la ropa con restos de sangre. Después de permanecer en estado de inconciencia durante seis días, falleció el 12 de enero en el hospital San Roque.
El comisario Pedro López, director de la UCA, declaró al diario digital Sosperiodista que « El sujeto ingresó por merodeo y negativa de identificación. A la tarde, solicita ver al médico por una crisis histérica, nerviosa. Se lo medica y el personal médico manifiesta que está en condiciones de seguir alojado. Al día siguiente, se lo lleva al neurólogo, que solicita la realización de estudios complementarios, y como son análisis que no hacemos, se lo entrega a sus padres «.
El poder ejecutivo provincial cordobés, aliado del gobierno nacional, además de celebrar el negocio del tren bala con Cristina Fernández, salió en forma urgente a mostrar que busca establecer « la verdad de lo sucedido » con la intervención del Tribunal de Conducta Policial, sin que existan imputados.
Como sucede en la cadena de impunidad del aparato represivo, la tortura seguida de muerte se disimula con cuadros clínicos de enfermedades previas o sorpresivas, y hasta con supuestas malas praxis médicas, todo avalado en los dictámenes predispuestos y tendenciosos del cuerpo médico forense en las autopsias. Así como según los jueces de Lomas de Zamora, a Chaco Gonzalez, sus torturadores «no le pegaron suficientes patadas en el piso como para provocarle la muerte», sino que murió por una enfermedad, a Mauricio Maldonado, al decir de las versiones oficiales, lo habría matado una meningitis de antigua data y los golpes en su cuerpo serían fruto de convulsiones por epilepsia…
Mientras tanto se multiplican las denuncias públicas de jóvenes que concurren a espectáculos populares o transitan por los boliches en la capital cordobesa y son víctimas de razzias y detenciones con despliegue de decenas de móviles armados del CAP que esposan hasta a menores y los conducen sin posibilidad de que ingresen sus padres a «pasar el fin de semana» a la ex cárcel de encausados, especialmente si no están en condiciones de «pagar» entre mil y dos mil pesos a cambio de que no les labren el acta, en la jerga que «no les hagan firmar». Las figuras contravencionales más utilizadas son el «merodeo» para los pibes de barrios humildes y «ebriedad escandalosa» para aquellos de clase media cuyos padres desesperados se presentan a contribuir con la caja policial, todas combinadas con «negativa a identificarse».
A quien no pague el arancel le espera un «centro de contención de aprehendidos» donde los contraventores, tal como relató al diario Soyperiodista un joven que pasó por allí, « duermen en el piso, hacinados en grupos de ocho o nueve en celdas de tres por tres, sobre colchonetas finas y mugrientas o sin ellas, con un pozo que hace de letrina para hacer sus necesidades a la vista de todos, porque a los baños no se puede ingresar por el olor a excremento y orina; y con chinches verdes «.
Lo que no cuentan las crónicas son los procedimientos que se desplegaron para llegar a esas detenciones; no cuentan la violación que se produce en lo más importante del ser humano: su libertad y no cuentan que el objetivo se cumple: el disciplinamiento social, la criminalización de los jóvenes y la pobreza, el delito penal de autor y, al fin, la represión dirigida al pueblo, necesaria en un estado que se dice «democrático».