Esta crisis, y el durísimo ataque del gobierno nacional principalmente dirigido contra el gremio de los técnicos, excede a los trabajadores aeronáuticos e interesa a todos los trabajadores del país. Tanto los medios como el gobierno abonan la teoría de que el problema de Aerolíneas Argentinas son los gremios y las medidas de acción directa […]
Esta crisis, y el durísimo ataque del gobierno nacional principalmente dirigido contra el gremio de los técnicos, excede a los trabajadores aeronáuticos e interesa a todos los trabajadores del país. Tanto los medios como el gobierno abonan la teoría de que el problema de Aerolíneas Argentinas son los gremios y las medidas de acción directa que se llevan adelante. Que el déficit operativo de la empresa, que se calcula en U$S 2 millones diarios, es imposible de revertir si no se «terminan las prácticas sindicales que boicotean al país».
Lo cierto es que la principal razón por la cual, a pesar de que el estado lleva invertidos U$S 2.175 millones, Aerolíneas Argentinas sigue teniendo una operación cotidiana plagada de demoras y cancelaciones es porque el Estado decidió que Aerolíneas se haga cargo de la deuda de casi U$S 1.000 millones que dejaron los vaciadores de la SEPI y Marsans y que hoy son una tremenda carga para la línea aérea de bandera. Hoy estos buitres reclaman que se los indemnice por la expropiación (aún incompleta) cuando el Estado debería exigirles que regresen los activos, aviones, repuestos, simuladores de vuelo que robaron de nuestra empresa. La, cuanto menos, ineficiente gestión de Mariano Recalde agrava el cuadro al programar permanentemente más vuelos de los que la empresa puede operar. Cuestión que provoca constantes cancelaciones y demoras de vuelos que hastían a los pasajeros. La gestión de La Cámpora mantiene intacta la estructura de tercerización. Los tercerizados cobran salarios de hambre, sin embargo Aerolíneas paga por cada trabajador tercerizado mucho más de lo que le pagaría a un trabajador de planta. Un claro negociado que perjudica a los trabajadores e incrementa el déficit de la empresa.
El gremio de APTA (técnicos) viene levantando una política contraria a la estatización, llegando incluso a elogiar el funcionamiento de empresas privadas como LAN. Y los pilotos, por su parte, vienen insistiendo en la necesidad de un cambio en la conducción que lleva adelante el camporista Recalde, por otra que les sea más afín.
Lo cierto es que como resultante de esta disputa el gobierno acaba de tomar dos medidas que atentan contra el conjunto de los trabajadores aeronáuticos y es una muestra de las intenciones del gobierno de Cristina para con los trabajadores que salgan a luchar. Mientras escribimos esta nota está finalizando el paro de controladores aéreos que fue decidido en respuesta a que no se les permite tomar tareas a los «torreros» que la gestión de la Fuerza Aérea quiere dejar afuera. Los trabajadores están dispuestos a resistir, a pesar del régimen castrense que se les quiere imponer.
Es gravísimo que el gobierno haya sancionado un decreto devolviéndoles el control del tránsito aéreo a los militares. Esta medida está orientada a prohibir a los controladores y torreros tomar medidas de fuerza, poniendo a la cabeza del sector a una de las fuerzas responsables del genocidio que perpetró la dictadura militar.
Esta medida es similar a la que tomó en 1981 un presidente ultra-neoliberal de EE.UU., llamado Ronald Reagan, que luego de una huelga de los controladores aéreos de ese país despidió al 90% de sus trabajadores (unos 11.000) y les prohibió el derecho a huelga y a tener sindicato.
Para colmo, como bien denuncia el cineasta y ex-piloto Enrique Piñeyro, Cristina Kirchner «invocando un decreto de la dictadura -el 1674 de agosto del ’76- se le restituye el financiamiento. O sea que partir de ahora muchas de las tasas aeronáuticas volverán a los bolsillos de los brigadieres (sociedad anónima).»
Para terminar de aclarar el mensaje a los gremios aeronáuticos, y al resto del país, Cristina Kirchner decidió suspender la operación internacional de la empresa el domingo, lo que constituye un verdadero lock-out patronal, es decir un ataque que tiene como objetivo intimidar a los trabajadores. Y luego de esto inició acciones legales para suspender la personería de APTA e intervenir ese sindicato, que a su vez negaba estar haciendo una huelga. El gobierno nacional quiere aprovechar esta pelea para mandarles un mensaje a todos los trabajadores del país: el gobierno está dispuesto a enfrentar a los trabajadores que hagan huelga y que se movilicen por sus derechos. Los trabajadores tenemos que tomar una posición contundente frente a este ataque antidemocrático. Es necesario tomar una política lo más opuesta posible a la que tomó el dirigente de la Asociación del Personal Aeronáutico-CTA, Edgardo Llano, que luego de semejante ataque salió a defender «hoy más que nunca la gestión de la presidenta» en Aerolíneas Argentinas y a acusar de golpistas a los controladores. Es decir apoyando la intervención de un sindicato y las declaraciones amenazantes para todos los trabajadores que salimos a luchar.
Recordemos que si no fuera por las medidas de fuerza que los trabajadores llevaron adelante en el año 2001 y el apoyo que las mismas recibían por parte de la sociedad, hoy Aerolíneas Argentinas no existiría. Solo se explica por la gran tradición de lucha de los trabajadores aeronáuticos, que el caso de ARSA no haya tenido el mismo final que el de Varig o Mexicana de Aviación donde miles de trabajadores quedaron en la calle.
La cuestión de fondo
Desde la Agrupación aeronáutica «El Despegue», integrante de la Corriente Nacional Nuestra Lucha, insistimos durante años, enfrentando las posturas conciliadoras de los dirigentes burocráticos, en que la solución de fondo pasaba por la estatización sin pago de Aerolíneas Argentinas para que esté controlada por los trabajadores y usuarios populares. El control de los trabajadores y los usuarios hará posible hacer pública la situación de la empresa y evitar que el dinero del Estado caiga en manos del manejo discrecional de funcionarios que terminan perjudicando a los trabajadores. Queremos saber qué se hace con la plata y en qué se gasta. Si logramos estos objetivos no solo podremos defender hasta el último de nuestros derechos, como las 8 horas de trabajo y el fin de las tercerizadas, sino también asegurar que la línea aérea cumpla un rol para el beneficio de todos los usuarios y de esta manera recuperar el apoyo de la sociedad para alejar los intentos de privatización con los que nos amenazan desde distintos sectores.
Carlos Platkowski es delegado de Lan