Cuando una huelga de los trabajadores de la educación alcanza los altísimos niveles de acatamiento que ha alcanzado el actual paro docente en la provincia de Buenos Aires, estamos frente a la señal de que está en juego la manifestación de un malestar que va más allá de lo puramente salarial. La discusión que se cierne detrás […]
Cuando una huelga de los trabajadores de la educación alcanza los altísimos niveles de acatamiento que ha alcanzado el actual paro docente en la provincia de Buenos Aires, estamos frente a la señal de que está en juego la manifestación de un malestar que va más allá de lo puramente salarial.
La discusión que se cierne detrás del conflicto de los docentes provinciales (y que podríamos hacer extensivo al conjunto de los docentes del país) es abarcativa de la crisis educativa, como un fenómeno integral y no sólo salarial. El salario es la pauta de ajuste que los gobiernos capitalistas le reservan a los trabajadores de la educación en función de: acumular superávit y desjerarquizando el rol docente en su labor de distribución de conocimientos. Esta estrategia, junto a otras, tiene como objeto desmoralizar a los docentes y confinarlos a ser simples cuidadores de niños y jóvenes.
Pero, esta estrategia es mucho mas amplia porque los gobiernos nacional y provincial intentan poner bajo el escarnio social a la propia educación pública, laica y gratuita; paso previo a la posterior sugerencia privatizadora, o de canjear escuelas por deuda externa, encarnada en la nueva Ley Nacional Educativa de Kirchner Filmus Yasky.
Esto no es novedoso, ya que la misma maniobra fue usada para con los ferrocarriles, la petrolera estatal, el agua, los teléfonos y cuanta empresa del estado fuera deseada por la rapiña privatista.
Las escuelas de la provincia están en crisis desde varios puntos de vista: desde su infraestructura, cuando literalmente atraviesan por un proceso de demolición con docentes y niños en su interior; desde su contenido académico, cuando cada vez se hace más difícil transponer conocimientos a niños cuya principal preocupación es llegar sin desvanecerse a la hora del almuerzo o a la de la merienda reforzada; y fundamentalmente desde el punto de vista de su misión histórica.
Las escuelas, y esto no es novedad para ninguno de los docentes que trabajamos en ellas, son cajas de resonancia del conjunto de los fenómenos de degradación social y económica que atraviesan las familias de los sectores populares; donde la pobreza, tanto entre trabajadores ocupados como desocupados, deja secuelas brutales, principalmente el deterioro en sus condiciones de existencia en áreas donde el estado tiene una responsabilidad exclusiva: vivienda, salud y educación.
Poco es lo que se puede esperar de un régimen que no puede alimentar a sus propia fuerza de trabajo; poniendo en juego hasta la básica función reproductiva.
La escuela desde siempre ha sido un espacio de intercepción ente el mundo social y la formación institucionalizada, que el poder reserva a sus ciudadanos.
Hoy por hoy, la acción educativa se encuentra resentida y devaluada, adquiriendo prioridad en el acto de enseñar las acciones que siempre estuvieron reservadas a lo que se conoce como curriculum oculto. Puntualidad, respeto a la autoridad y a los mayores, docilidad, conformidad, etc. Todas normas de la cultura escolar, auxiliares, en otras épocas, del verdadero acto educativo basado en la adquisición del conocimiento. Las directivas ministeriales dirigidas a que de hecho el curriculum oculto se haga manifiesto, y casi la única labor del docente, no deja de ser significativo; la actividad de enseñar en la actualidad, coloca al maestro en una posición de celador en lugar de transmisor de aprendizajes.
La violencia social y económica que la pobreza descarga sobre nuestros niños se dispara en la escuela en forma calamitosa. El docente se vuelve blanco de las agresiones cotidianas de una violencia de la cual no es responsable, pero que le toca custodiar, mientras se le exige que la justifique como dispositivo disciplinador.
A la escuela la rodea un lenguaje (no confundir con palabras) que al educador se le hace cada vez más inaccesible, por la incomprensión del espacio vital en el que se desenvuelven muchos de sus alumnos. Comprender, o intentar comprender este espacio, nos lleva a la intuición de la barbarie a la que el capitalismo condena a los sectores populares.
Todos estos elementos que rodean nuestro trabajo coadyuvan para motorizar la resistencia a estas políticas.
Dos son las alternativas que nos quedan frente a esta realidad: la primera, que impotencia transformada en angustia nos paralice; la segunda, la lucha por cambiar esta realidad.
La contundente masividad de la huelga que los maestros venimos protagonizando anuncia que los docentes de la provincia de Buenos Aires hemos optado por la segunda alternativa.
La crisis institucional, que la paliza provocada por que el pueblo de Misiones infligió al kirchnerismo, alcanzó al gobernador Solá y a sus ministros. El renunciante a ser re-re-regobernador y su «progresista» Directora de Escuelas vienen amenazando nuestra dignidad de trabajadores de la educación al acusarnos de «salvajes que no pensamos en nuestros niños» y que por esa razón los días de paro nos serán descontados. No parecen tener conciencia del cambio producido en el panorama político y se sienten acosados por la nueva realidad y por el hecho de que sus aliados burócratas sindicales se han visto desbordados por la bases en lucha.
Así como el pueblo misionero no se vendió por un pedazo de carne arrojado desde un camión, los docentes bonaerenses no pensamos abandonar la lucha por la amenaza del descuento salarial. Al contrario; desde que estas declaraciones tomaron estado público, la indignación entre maestros y profesores no ha dejado de crecer.
El conflicto por los 1000 pesos al básico es en defensa de la escuela pública.
Es porque pensamos en nuestros alumnos, que estamos dispuestos en seguir adelante con las medidas, pese a los aprietes del gobernador y la señora ministra.
Nuestras intenciones van más allá de pensar exclusivamente en nuestros bolsillos. Aunque, es claro, para los funcionarios provinciales esto es absolutamente incompresible.
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Daniel Cadabón -Delegados de base – Suteba LA PLATA