El conflicto en Siderar ya arranca la tercera semana agitada. La empresa viene provocando a los trabajadores efectivos y tercerizados. Lleva un atraso de 2 años y medio en tema salarios y 18 conciliaciones obligatorias. La secretaría de Trabajo nacional está en manos de un abogado de la empresa, poco se puede esperar.
Hoy el salario de un efectivo está apenas encima de 1,2 millones pesos, y los contratistas en muchos casos no llegan a 800.000 pesos. Por eso desde hace varios días los trabajadores dijeron basta y empujan al gremio a un conflicto cada día más duro. Cortes, marchas a Laborales dentro de planta, paros, asambleas.
Pero la empresa sigue dura, amenazando con hacer un lock-out e importar acero desde Brasil. Paolo Rocca no solo hace fortunas, también hace política con el hambre de miles de trabajadores, negociando el reparto del negocio del acero.
Techint, con el respaldo del gobierno de Milei, intenta imponer una agenda para salvar sus negocios, con el plan de imponer condiciones para la reforma laboral y previsional y seguir haciendo perder derechos históricos como insalubridad, calorías, sin importarle el destino de una ciudad.
Ante semejante ataque, la responsabilidad de la UOM San Nicolás es sostener la lucha y exigir a la UOM Nacional un plan de lucha y medidas acordes a la situación.
En las últimas horas se realizó una nueva asamblea en la escuela de oficios del gremio. Allí se votó continuar con las medidas de fuerza y movilizar este jueves masivamente al centro de la Ciudad, acompañado por otros sindicatos y organizaciones solidarias.
Conflicto de trabajadores contratistas en SIDERAR
Desde las seis de la mañana, el bloqueo del ingreso de los 2.000 trabajadores de la planta detonó nuevas acciones en el conflicto. El viernes pasado se vivió lo que no sucedía en muchos años: una nueva camada de trabajadores toma la posta en los reclamos y avanza hacia otras acciones, como la quema de gomas y cortes intermitentes de camiones, acompañados por el paro. Nada parece ser suficiente para frenar la terquedad de la patronal de las contratistas y de TERNIUM SIDERAR, todos enriquecidos y apoyados por el poder político local, que más allá de una “preocupación”, no se acercaron ni a llevarles agua a los trabajadores.
Con la privatización del menemismo, cada uno de los 8.000 trabajadores efectivos con “retiros voluntarios” fue reemplazado por mano de obra flexibilizada, naciendo una nueva forma de explotación. Desde el inicio fueron víctimas de este tipo de contratación, soportando responsabilidades y más cargas de trabajo, a veces sin recibir siquiera guantes o elementos de seguridad, sin vestuarios ni comedores. Todo parece haberse detenido en el tiempo; nada cambió para los contratados, los más vulnerables. No es solo el salario, son 30 años de desidia y abandono.
Toda esta política, dirigida a las grandes patronales del Grupo Techint de Paolo Rocca (Siderar, Siderca y Tenaris Villa Constitución) y del grupo ArcelorMittal (Acindar), fue respaldada por las leyes laborales de 1995, en las que Naldo Brunelli (Secretario General de la UOM San Nicolás) fue Diputado. Ninguna de estas leyes nefastas fue cambiada; se sostuvieron y reforzaron con cada gobierno, de cada color político desde las privatizaciones. Ni siquiera fueron cuestionadas cuando Axel Kicillof entró en el directorio de Ternium Siderar, como parte de las acciones del Estado.
Hoy, los trabajadores se encuentran con un gobierno ajustador como el de Milei y con patronales que aprovechan este piso para impulsar la reforma laboral y previsional. Contratos basura, despidos sin indemnización, el no reconocimiento de tratos discriminatorios y las reformas en la jubilación, que ya para cada metalúrgico es una miseria. Dejaron la vida para enriquecer a otros, y ahora enfrentan la quita de la insalubridad y la posibilidad de jubilarse a los 75 años.
Hay que acompañar esta gran lucha y que los trabajadores sepan que no están solos. Ya han recibido mensajes de apoyo y respaldo desde La Marrón San Nicolás, docentes y estudiantes del ISPEL 3 de Villa Constitución.
Ante la intransigencia de Paolo Rocca siguió la lucha de los trabajadores
El noveno día de paro (jueves 28/8) estuvo signado por las tensión y expectativas alrededor de la reunión que mantuvieron Abel Furlán y Naldo Brunelli, por la directiva de la UOM, con Paolo Rocca por la parte empresaria. Esa reunión no dejó ninguna salida para los 2.600 trabajadores de las 52 empresas contratistas que están en lucha.
Las respuestas del empresario fueron negativas a la posibilidad de un aumento salarial. Ni siquiera hizo una oferta al reclamo. Esto pasa cuando se lleva un atraso de 2 años y medio en tema salarios y 18 conciliaciones obligatorias. A pesar de esta negativa, los trabajadores se mantienen firmes.
Ya antes de la reunión, las distintas manifestaciones marcaban una jornada tensa, por la poca importancia que despierta en el zar del acero el futuro y bienestar de miles de familias. Según relató Brunelli, Rocca dijo que no le importaba embancar el horno o parar las baterías de coquería, importando el acero desde Brasil.
Cabe agregar que la situación estructural de la industria madre del acero más importante del país es dramática: sin mantenimiento, ni reparaciones. Y ahora sin los servicios que cumplían cada una de las contratistas, que conllevan a que la planta funcione «atada con alambre».
En la asamblea, ante la propuesta de Luis Sánchez de retomar las tareas y negociar, la respuesta de los trabajadores fue contundente: por amplia mayoría, 80 a 20, se votó por seguir con el paro y retención de tareas por tiempo indeterminado.
El viernes, como parte del chantaje patronal, llegaron cartas documentos individuales a cada trabajador, intimando a presentarse en Portería 1, con la amenaza de no permitir el ingreso en los molinetes, bloqueando la entrada. Esto es completamente arbitrario e ilegal.
La Secretaria de Trabajo en el Ministerio de Capital Humano, intenta que se acate una nueva conciliación que fue rechazada una vez más por los trabajadores y la UOM.
Hay que rodear la fábrica de solidaridad: hoy corre peligro el sustento de miles de familias. Sindicatos, organizaciones sociales deben acercar ya el apoyo. También los centros de estudiantes, respaldando esta gran lucha y resistencia.
Son absolutos responsables los empresarios de llegar a una situación límite. La responsabilidad de la UOM San Nicolás es sostener la lucha y exigir a la UOM Nacional un plan de lucha y medidas acordes a la situación.
Basta de trabajadores metalúrgicos en la indigencia, endeudados para poder comer y sostener la ya caótica economía hogareña.
Paolo Rocca, respaldado por el gobierno de Milei, intenta imponer una agenda para salvar sus negocios y estrategia de expandirse en el mundo, proyectando imponer condiciones para la reforma laboral y previsional y seguir haciendo perder derechos históricos como insalubridad, calorías, sin importarle el destino de una ciudad.
Debemos decir BASTA de humillación y extorsión. Este empresario, uno de los más ricos de la Argentina, nos declaró la guerra. ¡Viva la lucha y la unidad de la clase trabajadora!
La abogada anti obrera Florencia Arietto fue a provocar a Vassalli
El conflicto de Vassalli, la fábrica de cosechadoras de Firmat, se agrava. Les debe dos meses de sueldo y aguinaldos a sus 280 metalúrgicos. Lejos de buscar un acuerdo, contrató a la abogada antiobrera Florencia Arietto para atacar a los trabajadores.
Por eso los trabajadores reclamaron al gremio mantener el reclamo frente a la planta.
Pero los empresarios comenzaron a embarrar la cancha. No fueron a la audiencia del lunes 25 de agosto y mandaron una carta firmada por la abogada Florencia Arietto, donde habla de “acciones indebidas” de los trabajadores y el gremio.
Arietto es una de las referentes del “Movimiento Antibloqueos”, un grupo de patrones fogoneados por Patricia Bullrich que se oponen a las protestas obreras. Casualmente, se trata de empresarios que suelen despedir, precarizar, deber sueldos, pero quieren tener impunidad para destratar a sus esclavos.
La mediática y camaleónica abogada (fue peronista, macrista y libertaria), fue a provocar a los trabajadores que se encontraban reunidos. Pero los metalúrgicos le pusieron los puntos.
Tres meses sin sueldos, deudas con la obra social y rechazo a la estrategia mediática de la patronal
El abogado de la UOM seccional Firmat, Pablo Cerra, compartió en sus redes sociales el acta de la última audiencia entre el gremio y la empresa Vassalli a la que fueron citadas las partes por la autoridad laboral provincial. La empresa nuevamente no envió representantes. La UOM, por su parte, ratificó sus reclamos salariales y los aportes de cobertura social adeudados por los que sostienen una retención de tareas como medida de fuerza.
El conflicto en la fábrica Vassalli, ubicada en Firmat (Santa Fe), se profundizó en los últimos días en medio de tres meses de salarios adeudados, aportes sociales retenidos y no transferidos desde hace más de un año y medio, y una estrategia de la empresa que apunta a trasladar la discusión a la esfera mediática y política.
Según denunció Cerra, la situación lleva más de un año y medio con reclamos formales en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, pero la patronal se ausentó reiteradamente a las audiencias convocadas.
En una asamblea realizada en la planta, los trabajadores expulsaron públicamente a los representantes de la empresa y presentaron por escrito ante el Ministerio la ratificación de todo lo actuado por la organización sindical. El gremio exige una respuesta urgente para garantizar los derechos básicos de los empleados, muchos de los cuales atraviesan situaciones críticas de vivienda, salud y discapacidad.
El conflicto sumó tensión con la llegada a la planta de Florencia Arietto, senadora provincial de La Libertad Avanza y representante de la empresa, quien había anunciado en redes sociales que viajaría para “defender a una pyme bloqueada por la mafia sindical de la UOM”.
Su intervención fue duramente cuestionada por los trabajadores y por el sindicato. “Toda la payasada mediática que hizo sabíamos cómo iba a terminar. En un pueblo la mentira tiene patas cortas, porque todos se conocen, y por eso fue expulsada por todos los trabajadores”, expresó Cerra.
El abogado adelantó que evalúa iniciar acciones legales por las acusaciones mediáticas de Arietto y remarcó que el intento de trasladar la causa al Ministerio de Trabajo de la Nación “carece de sustento legal y solo busca amparo político”.
Cerra responsabilizó directamente a los dueños de Vassalli por la situación: “Juegan con el hambre de los trabajadores que la están pasando mal, con casos de desalojo, enfermedades oncológicas y situaciones de discapacidad”.
La crisis de la empresa, ícono de la industria santafesina, generó un amplio repudio en Firmat y un rechazo transversal del arco político local, que acompañó la postura de los trabajadores.
“Este es un gobierno que no tiene autoridad moral para ajustar en salud”
María Fernanda Boriotti, presidenta de Fesprosa, dialogó sobre la crisis que atraviesa la salud pública, los escándalos de corrupción que involucran al gobierno nacional y la posibilidad de una gran marcha federal en caso de que el presidente Milei concrete el veto a la Ley de Emergencia Pediátrica.
Los rectores han convocado una nueva marcha universitaria, en caso de que se efectivice el veto de Javier Miller a la Ley de Financiamiento. Según las noticias, los gremios docentes y los estudiantes se preparan para un gran acontecimiento en el mes de septiembre. ¿Cómo ves el escenario en el campo de la salud respecto a este tema?
– Nosotros, desde FESPROSA y desde el Cabildo Abierto de la Salud, venimos protagonizando grandes marchas en contra del ajuste y a favor de la llamada “Ley Garrahan de Emergencia Pediátrica”. Lo primero que queremos señalar es que la Ley de emergencia pediátrica va mucho más allá de recomponer los salarios y el presupuesto del Hospital Garrahan. Se trata de una ley que recompone los ingresos de decenas de miles de pediatras de todo el sistema público del país. Recompone, también, los ingresos de los residentes de todas las especialidades, y abre la puerta a la eximición del impuesto a las ganancias para todos los trabajadores del sistema público. Por lo tanto, desde FESPROSA consideramos que su veto es un ataque directo al medio millón de trabajadores del sistema público de salud.
¿Crees que hay condiciones para repetir la marcha el 17 de julio si este veto se produce, o una movilización similar?
– Sin duda. El 28 de agosto, en conjunto con el paro del Garrahan y convocado por el Cabildo Abierto de Salud, realizamos una jornada nacional de lucha con paros en varias provincias, movilizaciones y acciones de visibilización que nos mostraron que existen las condiciones para reeditar esa manifestación masiva.
La salud está como nunca en la agenda del Estado, tanto por las muertes por el fentanilo como por las denuncias de las coimas. ¿Cómo ves ese tema?
– Nosotros denunciamos desde el comienzo de la gestión Milei el desastre que se estaba produciendo con la DADSE y los sesenta fallecidos que esperaron una medicación que nunca llegó. También fuimos los primeros en pedir la renuncia del ministro Lugones por el escándalo de fentanilo, ya que es el responsable político de las cien muertes. Hoy vemos que desde el poder se completa este esquema perverso. Por un lado, con un ajuste con más de 1000 despidos en los hospitales Posadas, Sommer, Bonaparte, el desguace de las Direcciones del Ministerio de Salud, la caída de los presupuestos, la caída de los programas de prevención por el corte de las transferencias a las provincias, la desfinanciación de las residencias. Y, por otro, el saqueo del sistema de salud elegido como blanco por estos delincuentes depredadores que se han abalanzado sobre las cajas de recursos que deben ir para la atención de los pacientes, para quedársela para sus bolsillos y financiar su política de ajuste. En efecto, junto con el escándalo en discapacidad apareció todo el esquema de retornos en la obra social de los peones rurales (OSPRERA), y una licitación amañada en el Hospital Posadas, donde licitaron mil renglones, cosa que es una práctica absolutamente inusual para un solo proveedor, por 15.000 millones de pesos. Y hasta que no ganó la Suizo Argentina, anularon las dos licitaciones previas. Posadas, ANDIS, OSPRERA, fentanilo, la DADSE. Es un gobierno que no tiene autoridad moral para proceder al ajuste en salud.
¿Qué va a hacer la FESPROSA para concretar la movilización contra el veto?
– En primer lugar, creemos que hay que convocar de manera amplia al conjunto de las organizaciones del campo de la salud. El Cabildo Abierto, el Frente en Defensa de la Salud Pública, el Foro de Salud, el conjunto de las organizaciones gremiales de pacientes, estudiantiles, de las facultades de ciencias de la salud, con sus docentes y autoridades, las centrales sindicales. Creemos que esta convocatoria amplia, sin mezquindades, con el solo punto de rechazar el veto y defender la salud pública y sus trabajadores, puede ser un hito de unidad. Es la única manera de que la movilización sea verdaderamente masiva y pueda expresar lo que ya la opinión pública, a través de distintas encuestas, viene expresando. Más del 90% de la población apoya la lucha del Garrahan y rechaza el veto del presidente Milei.
¿Cuáles son los próximos pasos a seguir?
– En breve vamos a estar realizando un amplio llamamiento a todo el campo sanitario para establecer diálogos con todos los sectores para que esta movilización sea del conjunto de la sociedad, verdaderamente federal, y que pueda culminar con un triunfo que los trabajadores de la salud, los usuarios y toda la ciudadanía se merecen.
Jornada Nacional de Lucha de salud pública el 28 de agosto
La medida fue en rechazo al veto a la Ley de Emergencia Pediátrica y en apoyo a todas las luchas provinciales. La presidenta de Fesprosa, María Fernanda Boriotti, reiteró el pedido de renuncia del ministro Mario Lugones. ”Es el responsable del desguace del sistema público de salud, que ya nos costó 160 muertes evitables. No puede seguir en su cargo ni un minuto más”, aseguró.
La recientemente aprobada Ley de Emergencia Pediátrica es una norma que impacta positivamente en todo el sistema de salud, plantearon desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa).
En primer lugar, porque la emergencia no está circunscripta al Hospital Garrahan, sino que abarca a todo el sistema, es decir, a los 1700 hospitales y 6000 mil unidades sanitarias donde se lleva adelante atención pediátrica. Resuelve para ese conjunto de trabajadores una recomposición que lleva su salario a los niveles de noviembre de 2023, lo cual en promedio implica un aumento de entre el 20 y el 35 %.
En segundo lugar, la ley incluye como beneficiarios a todos los residentes del equipo de salud. Argentina tiene 12.000 residentes y, frente a la decisión del Ministerio de Salud de la Nación de deshacerse de su responsabilidad en la financiación de las residencias provinciales, la Ley de emergencia se constituye en un límite a la motosierra en el área sanitaria nacional.
En tercer lugar, exime del impuesto a las ganancias a todos los trabajadores de las áreas críticas, a los que realizan guardias y horas extras. En un sentido amplio, esta ley debería alcanzar para la exención del impuesto a 5000.000 trabajadores del sistema público de salud.
Por estas razones, la organización gremial exige la promulgación inmediata de la norma y sostiene que el veto anunciado por el presidente Milei desconoce la voluntad de más del 85% de la ciudadanía, según indican todas las encuestas.
Amén del rechazo al veto, desde Fesprosa informaron que el jueves 28 varias provincias fueron al paro en defensa del salario y de las condiciones laborales de sus trabajadores, solicitando el fin de la precarización laboral, la vigencia plena de la negociación colectiva y la libertad sindical y la reincorporación de los despedidos en los establecimientos nacionales de salud.
Siprus-Santa Fe llevó adelante la medida de paro por 24 horas, al igual que Aptasch-Chaco y Aproslar-La Rioja, coincidiendo con el paro en el Hospital Garrahan. Siprosapune-Neuquén, levantando su plataforma de aumento salarial y defensa del full-time, paró el 27.
En el resto del país, el 28 la Fesprosa llevó adelante asambleas y movilizaciones en apoyo a la jornada nacional.
De cara a esta Jornada de lucha, la presidenta de Fesprosa, María Fernanda Boriotti, reiteró el pedido de renuncia del ministro de Salud, Mario Lugones. ”Es el responsable del desguace del sistema público de salud, que ya nos costó 160 muertes evitables. No puede seguir en su cargo ni un minuto más”, finalizó.
ATE anunció la liberación de Federico Giuliani y levantó el Paro Nacional
Tras cinco días de protestas frente a los Tribunales II de Córdoba, se ordenó la inmediata liberación del Secretario General de ATE en la provincia, Federico Giuliani, detenido desde el jueves pasado por protestar frente a la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la capital cordobesa.
“Triunfó la lucha de todos los estatales. Tenemos que agradecer al país que se movilizó. Vamos a dejar sin efecto la medida de fuerza nacional que teníamos prevista para mañana. Vamos a seguir enfrentando la criminalización de la protesta social de Milei, Llaryora y en todo el país”, celebró Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, desde el acampe montado frente al Polo Judicial de Córdoba.
“Quedó demostrada la aberración jurídica que nos tocó enfrentar por estos días. Fue el Juzgado de Control el que advirtió que la detención era irrazonable y arbitraria. Nos quieren disciplinar, nos quieren mansos y obedientes pero no van a poder. Los vamos a seguir confrontando. En el Estado queremos salarios dignos y estabilidad laboral para todos. Hasta que eso no suceda, no vamos a parar de pelear”, exclamó el dirigente nacional.
Cartoneros: cinco días de protesta invisibilizada
Durante cinco días, del lunes 25 de agosto al viernes 29, trabajadoras y trabajadores recicladores urbanos, o como se les dice más habitualmente, cartoneros, se encadenaron y mantuvieron una huelga de hambre en el Parque Lezama frente al Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Ignacio Miguel Baistrocchi.
La protesta tuvo como objetivo revertir la decisión del Gobierno de la Ciudad de suspender el transporte de recicladores urbanos, en el marco de un hostigamiento creciente contra el sector.
El argumento escupido por la gestión del actual Jefe de gobierno porteño y ex intendente de Vicente López, Jorge Macri, es que se trata de un “privilegio” para personas “vinculadas a Juan Grabois”.
Entre las cartoneras y cartoneros encadenados estuvo el presidente de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), Sergio Sánchez, quien explicó que “vengo a poner el cuerpo porque es lo único que tenemos. Mientras avanza nuestro reclamo en la Justicia, el gobierno sigue en silencio. No vamos a permitir que destruyan un sistema que construimos a pulmón y desde la calle, y que es un ejemplo en el mundo”, dijo en declaraciones.
La medida de fuerza se da en el marco de la acción de amparo presentada por la FACCyR contra la decisión del Gobierno de la Ciudad, que el pasado viernes 1° de agosto informó mediante un correo electrónico que desde el lunes siguiente el transporte para los recicladores ya no funcionaría.
La presentación judicial denunció que la medida es ilegal, arbitraria e inhumana, y viola la Constitución Nacional y las leyes 992 y 1854 (Basura Cero). Este ataque se suma a la persecución constante que sufren los cartoneros en la calle, donde se les hostiga y se les impide trabajar dignamente.
El amparo, que fue respaldado por la fiscalía, solicita una medida cautelar urgente para que se restituya de manera inmediata el servicio. Uno de los puntos más contundentes de la presentación es la flagrante contradicción del propio Gobierno de la Ciudad: en una resolución fechada el 8 de mayo de 2025, el Ministerio de Espacio Público había calificado el transporte de los recicladores como de “naturaleza esencial”. Pero ahora el mismo gobierno pretende eliminarlo.
Este recorte no solo es un ataque a un derecho adquirido hace 18 años, señalaron desde las cooperativas, sino también un golpe directo a la economía de cada hogar cartonero. Las y los trabajadores, que perciben un incentivo de $ 390.960, se verían obligados a destinar hasta un 20% de ese miserable ingreso en el transporte. Esta situación se ve agravada por la apertura de importaciones, que provocó una drástica caída en el precio del material reciclable. Está en riesgo un sistema de reciclado premiado a nivel internacional y provoca una regresión ambiental para todos los ciudadanos de la Ciudad, señalaron.
En el mismo sentido se pronunciaron nueve organismos de derechos humanos. En un comunicado firmado por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (ADPH), Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), la APDH La Matanza, la Fundación Memoria Histórica y Social y la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, apoyaron la lucha de las cooperativas cartoneras y denunciaron que el accionar de la gestión de Jorge Macri “vulnera de forma flagrante el derecho al trabajo y el principio de no regresividad en materia de derechos sociales, protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales”.
El viernes 29 de agosto, tras cinco días, las y los trabajadores decidieron levantar la medida. No quisieron continuar arriesgando la salud y la integridad de las y los huelguistas. La expectativa pasa a centrarse ahora en el avance de la causa judicial y en la negociación con los funcionarios.
En el acto de cierre hablaron referentes de la Federación como Sergio Sánchez, y también el Secretario General de la UTEP, Alejandro Gramajo, y el Padre Toto, capellán de los cartoneros.
Nicolás Caropresi, dirigente del MTE, denunció la postura del Jefe de Gobierno: “Acá lo único que hay, compañeros y compañeras, es un gobierno que hace política de la crueldad. Que persigue a la gente en situación de calle, que persigue a los vendedores ambulantes, que persigue a los cartoneros. Estamos acá por algo que no nos regaló nadie. Por algo que se ganó con la lucha, con la organización, pero sobre todo con el trabajo”.
A su turno, el Padre Toto transmitió el apoyo de la institución católica y reclamó una solución urgente: “Necesitamos urgente, y desde la Iglesia también lo pedimos a las autoridades del gobierno de la Ciudad, urgente una mesa de diálogo para definir que puedan volver los colectivos de los cartoneros”.
El cierre estuvo a cargo del presidente de la FACCyR, Sergio Sánchez, quien al finalizar su huelga de hambre afirmó visiblemente emocionado: “Hoy no solamente venimos por reclamar el derecho ganado hace 15 años de tener los vehículos para poder transportarnos. Estamos peleando por nuestro trabajo. Nos están arrebatando las herramientas que supimos conseguir con la lucha”.
Denuncian vaciamiento en un acto frente a la CNEA
Trabajadores y trabajadoras del sector nuclear realizaron una movilización el jueves 28 de agosto frente a la sede central de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), ubicada en avenida Libertador 8250, en rechazo a lo que consideran un “proceso de entrega, vaciamiento e intento de privatización” del organismo.
En un comunicado difundido por las organizaciones gremiales, los trabajadores habían advertido que el denominado “plan nuclear” impulsado por el Gobierno Nacional constituye en realidad “una estafa”, ya que busca utilizar el prestigio de la institución y de sus profesionales mientras se recortan recursos y se ajusta sobre el personal.
Entre las principales preocupaciones, señalaron la paralización del proyecto CAREM, el avance hacia la privatización de la producción del reactor RA-10 y la detención de la producción de agua pesada, con la intención de importar insumos y ceder la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) a la empresa extranjera CANDU Energy.
También denunciaron la posible entrega de minas de uranio en Mendoza y Santa Cruz a corporaciones internacionales y el impulso de un reactor extranjero, el ACR-300, en reemplazo de desarrollos nacionales. En paralelo, advirtieron sobre intentos de privatizar Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares del país.
El comunicado remarcó además que los trabajadores de la CNEA atraviesan una situación crítica debido al congelamiento salarial, que empujó a buena parte del personal por debajo de la línea de pobreza. “No se puede alquilar, no se llega a fin de mes y se acumulan deudas”, sostuvieron.
A esto se suman jubilaciones compulsivas que dejan áreas sin conducción, falta de pases a planta permanente y la salida de becarios y contratados por las condiciones de precarización.
La protesta del jueves tuvo como ejes tres demandas principales: recomposición salarial urgente; pase a planta permanente de becarios y contratados y rechazo al vaciamiento, privatización y entrega del sector nuclear.
Renunció el presidente del INTI
En el marco de la crisis política generalizada que atraviesa el gobierno de ultraderecha de Javier Milei, y en particular, de la caída del plan que había trazado Federico Sturzenegger con el intento de demolición, remate, vaciamiento, despidos y negociados a partir de la destrucción de 21 organismos fundamentales del Estado nacional, otro funcionario-gerente más decidió fugarse.
En este caso se trata de Daniel Afione, un burócrata con larga carrera en la multinacional Toyota, donde se desempeñó durante 27 años y llegó a ser Director Regional de Asuntos Gubernamentales en Toyota Latinoamérica y Caribe.
“No será recordado por ningún hecho positivo para la vida del INTI sino únicamente por haber comandado un proceso de vaciamiento institucional que implicó la pérdida de 750 auxiliares, técnicxs, administrativxs y profesionales en 18 meses de gestión”, señalaron las y los trabajadores en un comunicado que compartimos a continuación:
LO ECHAMOS A AFIONE. FIN.
Hace pocas horas Daniel Afione, presidente del INTI, presentó la
renuncia a su cargo a partir del 1° de septiembre.
Afione, que
se encuentra de viaje en Brasil en una de sus tantas comisiones “de
trabajo”, lo que le valió el apodo del “junta millas”, fue
intimado a abandonar sus funciones a partir del lunes próximo.
El ex directivo de Toyota fue designado por la gestión libertaria en febrero del año pasado y no será recordado por ningún hecho positivo para la vida del INTI sino únicamente por haber comandado un proceso de vaciamiento institucional que implicó la pérdida de 750 auxiliares, técnicxs, administrativxs y profesionales en 18 meses de gestión.
Otro hito en su tránsito por el Instituto fue protagonizar el informe de C5N dónde develaron que atiende “de los dos lados del mostrador”, ya que Afione hace a las veces de Vicepresidente de AITA, una consultora que presta los mismos servicios que el INTI a empresas fundamentalmente vinculadas con la industria automotriz, lo que constituye un claro caso de incompatibilidad.
Desde la Multisectorial queremos señalar que el pedido de renuncia de Afione expresa la fuerte crisis política provocada por el revés que implicó que hayamos logrado derogar el Decreto 462/25, que ponía en jaque la existencia misma del Instituto, de manera definitiva hace tan solo 8 días, agravado por el contexto general de un Gobierno Nacional sumido en escandalosos hechos de corrupción que azotan al presidente, su hermana y su círculo íntimo.
Quien asuma la presidencia del Instituto deberá responder rápidamente al pliego de reclamos que tenemos lxs trabajadorxs, quienes venimos con sueldos híper retrasados, la carrera laboral congelada, la precarización de compañeras y compañeros monotributistas que tienen contratos que vencen a fin del mes que viene y el reciente aviso de la no renovación de las becas.
¡Vamos por la organización de cada una de estas reivindicaciones!
LA MULTI DEL INTI
29.08.2025
El Gobierno cumplirá con la cautelar que le prohibió despidos en el INTA
El pasado jueves 21 de agosto el gobierno nacional pretendió desconocer tanto la votación del Congreso que dio de baja el Decreto delegado 462/25 de desguace del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), como la cautelar de la Justicia Federal que lo había dejado sin efecto 24 horas antes, y pasó a disponibilidad a casi 300 trabajadores del organismo.
Pero el martes 26 de agosto el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín se volvió a expedir en favor del pedido realizado por los gremios ATE y APINTA, obligando al Gobierno a dar marcha atrás y a pagar una multa de $10.000.000 diarios si no se rectifica.
Finalmente, en medio de la conmoción por el escándalo de las coimas, las duras derrotas parlamentarias y el creciente rechazo popular, el gobierno nacional comunicó que acatará y dará marcha atrás con los cambios en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y con los despidos.
“Cómo se nota que lo único que les duele a ustedes es la plata eh… Les dijeron que los iban a multar con 10 millones de pesos diarios si no cumplían y enseguida se volvieron obedientes”, chicaneó Rodolfo Aguiar, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en un posteo celebrando la noticia.
Por su parte, Mario Romero, el Secretario General de la Asociación de Trabajadores del INTA (APINTA), le dijo al portal InfoGremiales: “ahora estamos como antes del 7 de julio”.
La referencia es al día previo a la publicación de los decretos delegados de destrucción del Estado con los que el gobierno quiso disolver, vaciar y fusionar 21 organismos.
Se trata de los decretos delegados que el Congreso terminó de dar de baja el pasado jueves 21 de agosto.
Descuentan el 2% del sueldo a los militares para salvar al IOSFA
En diciembre de 2023 el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) cerró sus cuentas con superávit. El balance oficial marcaba más de 13.000 millones de pesos a favor y un patrimonio neto en crecimiento. El organismo, bajo la gestión del gobierno peronista, estaba equilibrado.
Menos de dos años después, el panorama es radicalmente distinto. Con Javier Milei en la presidencia y Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa, el IOSFA pasó de tener superávit a arrastrar una deuda que ya supera los 200.000 millones de pesos.
La caída fue acelerada. En octubre de 2024 la auditoría interna reconocía un rojo de 105.000 millones. En enero de 2025 Petri autorizó un crédito de 40.000 millones otorgado por el Instituto de Ayuda Financiera, que comenzó a descontar de los haberes de retirados y pensionados. Pero el agujero siguió creciendo: en junio ya supera los 150.000 millones y en agosto se estimaba entre 200.000 y 250.000 millones.
Frente a esta crisis, el gobierno decidió cargar el costo sobre los militares en actividad. El 22 de agosto se firmó en Buenos Aires un convenio que obliga a descontar el 2% del salario de oficiales, suboficiales y soldados voluntarios para financiar al IOSFA. El descuento alcanza a sueldos básicos, suplementos, adicionales y aguinaldo.
El acuerdo fue rubricado por Betina Surballe, presidenta del IOSFA; el almirante Carlos María Allievi, jefe de la Armada; el teniente general Carlos Alberto Presti, jefe del Ejército; y el brigadier Gustavo Javier Valverde, jefe de la Fuerza Aérea. Todos firmaron con el aval del ministro Luis Petri y del presidente Javier Milei.
Lo que en los papeles se presenta como un convenio de “colaboración sanitaria” es en realidad un recorte salarial compulsivo. Un teniente coronel con un haber bruto de 1,2 millones de pesos pierde alrededor de 24.000 por mes. En un contexto de inflación alta y sueldos militares rezagados frente a las fuerzas de seguridad, el impacto es directo.
La contradicción es evidente. Durante la campaña, Milei y Petri prometieron equiparar los salarios de las Fuerzas Armadas con los de Gendarmería y Prefectura. Esa brecha, que ronda entre el 20 y el 30%, lejos de achicarse se profundiza.
Las consecuencias ya se vislumbran: oficiales y suboficiales con años de experiencia evalúan el retiro anticipado. La salida masiva de cuadros medios amenaza con vaciar de conducción y capacidad operativa a las unidades.
El contraste político no puede ser más claro. El gobierno peronista dejó al IOSFA con superávit. El gobierno libertario lo llevó a la quiebra. Ahora los militares en actividad son quienes pagan la cuenta con un descuento mensual que no garantiza una solución real ni transparente.
La defensa nacional se sostiene con personal motivado, con haberes dignos y con instituciones sólidas. Este convenio ofrece exactamente lo contrario: recorte salarial, incertidumbre y desconfianza. Y marca un punto de inflexión que quedará grabado en la memoria de quienes hoy sienten que el Estado, en lugar de respaldarlos, les da la espalda.
ATE exige investigar a Petri por el contrato de $50.000 millones que firmó en IOSFA con la Suizo Argentina
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció la firma de un contrato por 50.000 millones de pesos entre el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), a cargo del ministro de Defensa, Luis Petri, con la droguería Suizo Argentina SA, empresa apuntada por el escándalo de las coimas que involucra a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.
“Hechos graves de corrupción están a punto de hacer colapsar a una de las obras sociales más grandes de todo el país. El accionar del ministro de Defensa y el millonario contrato firmado con esta droguería tienen que ser investigados, porque cuando asumió Petri la obra social casualmente tenía ahorros por 25.000 millones de pesos. Se los gastaron en medicamentos y no se los entregaron a los afiliados. Todas las prestaciones se encuentran cortadas y todos los hospitales desabastecidos”, apuntó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
“No podemos aceptar estas graves irregularidades. Lo que ocurre en el IOSFA nos muestra que la representación del Gobierno es fraudulenta. Nos dijeron que venían a terminar con los curros y a la obra social la están saqueando. La Justicia tiene que intervenir. Hoy este instituto atraviesa una de sus peores crisis. Hay desidia en quienes la conducen y se sostiene gracias al esfuerzo de los trabajadores a pesar de sus pésimas condiciones laborales y sus salarios de hambre. Se están robando la plata que tenía que estar destinada a los beneficiarios. Los tenemos que parar. Vamos a definir medidas de fuerza en las delegaciones del organismo en todo el país”, agregó el dirigente estatal.
El sindicato informó que se trata de un contrato de 25.000 millones de pesos que se renueva cada seis meses. En tanto los trabajadores de IOSFA, la tercera obra social más grande del país con más de 650.000 afiliados, denuncian faltantes de medicamentos oncológicos e insulina, prestaciones cortadas en todo el país e incluso que los hospitales militares se encuentran desabastecidos de insumos médicos.
Ante esta situación, el sindicato exigió ampliar la investigación que se disparó luego de las filtraciones de audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que mencionaba el pedido de coimas involucrando directamente al presidente Javier Milei y su hermana Karina, secretaria general de la presidencia.
Enfermeras en lucha en Bolívar
Enfermeras de todos los servicios del Hospital local comenzaron un reclamo salarial con reducción de actividades. Lograron una reunión con funcionarios municipales. Sin embargo, no hubo respuestas favorables. Mediante una nota al intendente local, Marcos Pisano, solicitaron una reunión de carácter urgente. “Es indignante que nos paguen sueldos de $340.000 pesos. Nos ofrecen un aumento de 7,5%. Nos gustaría saber si ellos con ese sueldo pueden vivir”. Con estas palabras completan su reclamo y solicitud al Ejecutivo municipal.
La salud pública se sostiene en Bolívar gracias al enorme esfuerzo de sus trabajadores y trabajadoras. El sector de Enfermería que inició su más que justo reclamo por salir de la pobreza, es indispensable para el funcionamiento del hospital local. Es urgente su recomposición salarial. El intendente parece no conmoverse ante esta situación: quienes hace años cobran sueldos millonarios están absolutamente alejados de las verdaderas necesidades de las trabajadoras de la salud.
Córdoba: Triunfo de la lucha de trabajadores del SUTNA
El conflicto dio comienzo el viernes 22 de agosto, cuando la fábrica Ruiz, recapadora de neumáticos ubicada en la provincia de Córdoba, despidió 21 trabajadores “de manera ilegal”, según manifestaron desde el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA). De inmediato, se gestó una audiencia relámpago por la paritaria, y la empresa envió a un escribano a la casa de cada uno de los 21 trabajadores para notificarles que estaban despedidos. “Entrada la noche, delante de sus familias, en actitud ilegal, desvergonzada y de provocación absoluta”, describen desde el sindicato. También informan que se utilizó el artículo 247, “que no aplica en ningún sentido a esta situación”, así como ejecutaron una cantidad de despidos “que no obedece a ninguna normativa bajo la forma que están realizados”.
El lunes 25 de agosto desde la madrugada, trabajadores, delegados, la delegación Córdoba y la dirección nacional del sindicato realizaron un paro activo exigiendo que “se dejen sin efecto los despidos y que la patronal se siente a negociar la paritaria”. En el comunicado distribuido ese día, el SUTNA manifestó que “los que están sufriendo la situación económica son los trabajadores y no los dueños de estas empresas. Nos encontramos en Asamblea Permanente y así continuaremos. Se han acercado numerosos medios de comunicación por lo grave y escandaloso de lo ocurrido. Es una realidad evidente la ilegalidad de estos despidos, por lo que la lucha seguirá hasta revertirlos”. De esa forma, advirtieron el Estado de alerta del sindicato y expusieron lo votado en su Asamblea General: “que si en la provincia de Córdoba alguna patronal decidiera implementar un conflicto de envergadura se pondrá en acción todo el gremio del neumático”.
Ese mismo día, en la audiencia en la ciudad de Córdoba con el Ministerio de Trabajo de la Provincia, la cartera administrativa emplazó a la empresa Ruiz a retrotraer los despidos en el plazo de dos días hábiles.
El martes 26 de agosto se logró la reincorporación. En conversación con Alejandro Crespo, Secretario General del SUTNA, relató que “los trabajadores del SUTNA, de la Recapadora Ruiz, habían sufrido 21 despidos en una fábrica de 75 compañeros. El viernes pasado se inició inmediatamente un paro de actividades hasta el día de hoy, cuando en la tarde la empresa decidió, tras una enorme demostración de fuerza de los trabajadores y movimientos de todo el sindicato, retroceder con los despidos, cerrar la paritaria y de esta manera hoy miércoles se formalizarán las tareas con todos los compañeros reincorporados y por suerte con una situación de alegría en medio de tanta complejidad en todo el país donde los compañeros han vuelto a sus puestos de trabajo. El colectivo obrero está contento y tiene cerrada la paritaria protegiendo el poder adquisitivo de todos los trabajadores de esa fábrica hasta fin de año”.
El llamado a organizaciones obreras, de trabajadores ocupados y desocupados, Derechos Humanos y sociales, a movilizarse y solidarizarse con este conflicto, junto con la fuerza de los propios trabajadores afectados logró que se haga efectivo el reingreso de todos los despedidos. Una vez más la unidad de les trabajadores.
Trabajadores de prensa
Trabajadores y trabajadoras de prensa convocaron a una nueva jornada de lucha por la recomposición salarial en unidad con todos los gremios, en defensa de los medios públicos y por los salarios, la soberanía informativa y el derecho a la comunicación. Fue el jueves 28 de agosto, a partir de las 11:00, en Radio Nacional, ubicada en Maipú 555, para marchar a las 12:00 hacia Belgrano 347 y a las 13:00 en Figueroa Alcorta y Tagle, en la Ciudad de Buenos Aires, sede de la TV Pública.
Tras tres días de paros contundentes el Gobierno llamó a una mesa de negociación a los Controladores aéreos
El paro de las y los trabajadores de los servicios de navegación aérea nucleados en ATEPSA se ha convertido en una de las principales medidas de fuerza nacionales de un sector de la clase trabajadora contra el ajuste de Milei. La medida se extendió a los 54 aeropuertos del país y fue garantizada por las y los trabajadores del sector que sufren el ajuste directo del gobierno con sus salarios congelados hace un año. En medio de una crisis nacional enorme, donde se ponen al descubierto las tramas de coimas y corrupción, los trabajadores muestran su fuerza plantándose frente al ajuste y la motosierra.
El ajuste ha llevado a las y los trabajadores a tener que realizar otras tareas para llegar a fin de mes, comprometiendo de esta manera la seguridad operacional. Por eso en esta lucha no sólo se juega el salario y las reincorporaciones, sino también la pelea contra el desfinanciamiento de la rama aeronáutica. Contra esta política están luchando y por eso es necesario el apoyo de todos los gremios aeronáuticos y del conjunto de los sectores. Salvo APLA y delegados de Aeroparque de APA, el resto de los gremios aeronáuticos han brillado por su ausencia. Todos los gestos y declaraciones de unidad son importantes, pero son en estos momentos en donde hay que demostrarlo con hechos.
El Gobierno en un principio se jugó a desgastar y lanzar una campaña con los medios amigos para desprestigiar la lucha de las y los trabajadores, pero muchos usuarios y trabajadores en general saben que el ajuste siempre recae sobre quienes trabajan, mientras los de arriba están en una fiesta de ganancias y corrupción. Pero el gobierno tampoco esperaba una respuesta tan fuerte del sector, con un paro que cobró mucha fuerza.
La mesa de negociación del miércoles 27 fue un reconocimiento a esta fuerza, aunque no hubo ninguna propuesta concreta. El plenario nacional de delegados de ATEPSA resolvió pasar a un cuarto intermedio poniendo pausa a la medida prevista para el jueves 28, pero no se ha levantado el plan de lucha, a la vez que advierten que de no haber una respuesta a sus reclamos las medidas continuarán durante septiembre. Las fuerzas de las y los trabajadores están intactas para continuar la pelea.
Hay que rodear de solidaridad esta lucha con pronunciamientos y acciones concretas como lo han hecho trabajadores telefónicos, docentes, del subte, químicos de Río Tercero, trabajadores del neumático, de Coca Cola de Córdoba, delegados de APA, entre otros.
Desde La Izquierda Diario entrevistaron a dos delegados de Córdoba sobre las razones del conflicto, las responsabilidades políticas, las condiciones de trabajo y cómo continúan las medidas durante la semana.
LID: ¿Cuáles son las razones que llevaron al paro?
Federico: Hace casi un año que venimos reclamando por el aumento de salario. Desde que asumió Milei hemos perdido más del 30% de nuestro salario. Los sueldos de los controladores de Argentina son uno de los más bajos de la región. También reclamamos por despidos injustificados a compañeros de todo el país. Es un sector que necesita mayor dotación de personal y despiden.
Y quiero aclarar algo porque las medidas que estamos llevando adelante afectan a muchos usuarios. Pero quiero decir que no busquen en nosotros la responsabilidad de lo que pasa. La Secretaría de Transporte y las autoridades de la empresa EANA son los responsables. Nosotros no fuimos a las medidas por capricho, hace más de 10 meses que venimos reclamando.
Cristian: Bueno, las razones que llevaron a este conflicto, nos gusta decir o denominarlo medidas de fuerza, fueron las siguientes. Nosotros hace un año que estamos con un atraso salarial. No hemos tenido ningún tipo de negociación por parte de la empresa, está dirigida directamente por la Secretaría de Transporte, quien le ordena a la empresa si ellos pueden o no darnos un aumento. Al agotar todas estas instancias a lo largo del tiempo en las cuales se han librado dos conciliaciones obligatorias, en las cuales hemos tenido que reunirnos en incontables veces, en las cuales no se llegó nunca a una solución, porque la verdad que no tienen intención alguna de llegar a un acuerdo. No sabemos por qué, si porque estamos en una de las empresas «privatizables» por parte del gobierno, las cuales el FMI le exige al gobierno local. Nosotros somos un servicio esencial pero no les importa.
El caso es que hoy nos encontramos con una pérdida de poder adquisitivo de proporciones significativas, que nos lleva a una precarización en todo aspecto no solo en lo laboral sino más que nada en la pérdida de poder adquisitivo en donde nos encontramos con trabajadores que ya no pueden enfocarse en su trabajo particularmente porque hoy hemos caído en el pluriempleo.
Tenemos compañeros que hoy se encuentran realizando diversas tareas no solamente dentro de lo que es el trabajo nuestro o el área laboral nuestra, sino que también manoteando cualquier tipo de trabajo que puedan hacer afuera, desde Uber a lo que imaginemos. La precarización laboral no solamente se ve en este aspecto, sino que también en los sistemas. Los sistemas se encuentran totalmente degradados ante la falta de inversión, la falta de gestión por parte del directorio de la empresa y es por eso que hoy nos vimos obligados a salir y realizar este tipo de medidas de fuerza porque consideramos que se está poniendo en riesgo la seguridad operacional.
LID: Coméntennos sobre la tarea que realizan los trabajadores de la navegación aérea
Federico: Lo que hacemos los servicios de navegación aérea es cuidar el contexto operacional por fuera de la aeronave. O sea, las tripulaciones de vuelo, de cabina, se encargan de mantener en vuelo el avión. El control de tráfico aéreo se encarga de todo lo que pasa por fuera, en forma colaborativa con la tripulación de vuelo. Entonces, todo el contexto por fuera de la aeronave es responsabilidad del control de tránsito aéreo. Nosotros conocemos la performance, la capacidad de respuesta de cada uno de los sistemas de vuelo, las necesidades que pueden llegar a presentarse a las tripulaciones de vuelo, las condiciones climáticas, cómo afecta, cuáles son la infraestructura a disposición en el desarrollo de ese vuelo, de esa operación, y particularmente en la zona en donde esté operando o a donde se dirija para atender esas necesidades, cómo dar respuesta a una situación de emergencia.
Todo ese apoyo tan importante que es un apoyo logístico, de seguridad operacional, lo hacen los servicios de navegación aérea. El controlador es quien recaba la información que brindan los comunicantes, la información que brindan los meteorólogos, la parte del gerenciamiento de los planes de vuelo para saber cuáles son las limitaciones en materia de información y tecnología para mantener a las tripulaciones al tanto sobre todo del contexto próximo, cercano, de un área vital, como que se le dice, de la aeronave. Entonces, si tienen que descender o ascender porque hay turbulencia, por ejemplo, bueno, es el control de tránsito aéreo que evalúa cuál es el desarrollo del resto de los tránsitos y lo va viendo la pantalla de radar para decirle en qué momento tiene que descender, a qué altitud, con qué régimen de descenso, si tiene que interrumpir ese descenso, ascenso, porque los pilotos no pueden ver y son vuelos que se desarrollan a altísimas velocidades. Entonces el controlador transitorio lo que hace es el ordenamiento, aplicar un ordenamiento y en última instancia un control de seguridad para que en base a toda esa coyuntura y contexto los vuelos se puedan desarrollar en forma natural, tranquila, sin costes que no se puedan afrontar, o sea, optimizando los recursos, el gasto de combustible, los tiempos de vuelo.
LID: ¿Cuál fue la respuesta de la Secretaría de Transporte y las autoridades de la EANA?
Federico: Desde que iniciamos las medidas el viernes no hubo respuesta a los reclamos. Sólo ataques a los trabajadores y mentiras en los medios de comunicación. Desplegaron un operativo de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) en el lugar de trabajo para intimidar a los compañeros. Desde la jefatura nos impidieron el ingreso a los delegados que estábamos para garantizar las medidas legítimas. Lo que hay de fondo es un intento de impedir nuestro derecho a huelga, a reclamar por nuestros derechos.
Si bien somos un servicio esencial, eso no impide la posibilidad de reclamar y eso es lo que estamos haciendo. Luego de diez meses de negociaciones infructuosas. Pero además quería remarcar las mentiras que dice EANA y la secretaría de transporte en los medios. Atacan a nuestra compañera Paola Barrita por quién era su padre. ¿Eso que tiene que ver con nuestro reclamo? nos acusan de supuestos intereses «partidarios». Son cosas que se dicen para desprestigiar nuestros reclamos, correr la cancha para no discutir que despidieron compañeros, el salario alcanza cada vez menos y hay compañeros en aeropuertos del interior que directamente están bajo la línea de pobreza.
Cristian: Para agregar, con respecto a la respuesta por parte de la Secretaría de Transporte, y vamos a soslayar las autoridades de la EANA porque hacen lo que le dice la Secretaría de Transporte, es darnos una oferta totalmente insuficiente y a la baja, en donde el número interesa poco porque la verdad que es anecdótico, es un número que la verdad queda de lado, totalmente de lado, porque la propuesta o la negociación que realiza la Secretaría de Transporte o el Estado, es con la condición de que nosotros desistamos de los juicios que tenemos contra la empresa. Los juicios son producto de una paritaria atrasada que es la 23-24 en la cual nosotros no terminamos de cerrarla y quedaron entre 20 y 25 puntos colgados en plena asunción del gobierno de Millei.
LID: ¿Cuáles son las condiciones salariales y laborales en la que se encuentran los trabajadores del sector?
Federico: Sobre lo salarial es un poco lo que te decía antes, sobre el retraso, los compañeros que se encuentran en destinos más alejados que tienen los salarios más bajos. Pero me parece importante que se sepa algo. El trabajo que realizamos está considerado uno de los más estresantes de todos, requiere mucha capacitación, concentración y descanso. Debido al retraso salarial muchos compañeros se ven obligados a hacer otros trabajos. Esto no es algo ajeno a los usuarios, hay que saber que los controladores y las demás tareas que realizamos en el sector son fundamentales para la seguridad de la rama aeronáutica. No podemos estar en esta situación, se están violando todas las normas internacionales.
También hay muchas deficiencias en materia de infraestructura, soporte informático, frecuencias que se caen a pedazos por falta de inversión y mantenimiento, sistemas de vigilancia que no satisfacen los estándares recomendados y exigidos a nivel internacional bueno, problemas de todo tipo por falta de inversión que viene de gobiernos anteriores también.
Cristian: Las condiciones salariales y laborales en las que nos encontramos, como enmarqué anteriormente, son paupérrimas. Existe hoy una precarización laboral nunca antes vista en la historia de los servicios de la navegación aérea, poniendo en riesgo la seguridad operacional de la misma. La falta de inversión no solamente es en cuanto al recurso humano, sino también en cuanto a los sistemas. Los sistemas se caen, se degradan, el trabajo se precariza cada vez más, cayendo en una alternativa la cual hoy es tener dos o tres trabajos en paralelo, más allá de la labor que nosotros cumplimos dentro de lo que es EANA, la mayoría de los compañeros hoy están saliendo a buscar otro trabajo más porque con el que tienen, la verdad que no les alcanza, no les alcanza para cubrir sus necesidades, no les alcanza para estar tranquilos y venir en condiciones a trabajar y la verdad que acá hay un solo responsable en realidad que es el Estado. El Estado Nacional se ha encargado de esta situación en donde todo el tiempo se jactan de que hay nueva frecuencia, nuevos vuelos, se han expandido las aerolíneas comerciales, se festeja la política de cielo abierto, la desregulación, pero al mismo momento ¿a costa de quién? De los esfuerzos que realizan día a día los trabajadores.
LID: ¿Cómo siguen las medidas sindicales durante la semana?
Federico: Vamos a continuar con medidas día por medio, con dos franjas de tres horas cada una como hicimos el viernes y el domingo. Lo que votamos en una asamblea nacional con más de 500 compañeros y compañeras es un cronograma que se extiende hasta el próximo sábado. Luego de eso, en función de las respuestas que haya, veremos cómo continuamos. Pero quiero ser claro en que la responsabilidad la tiene el gobierno por el retraso salarial, los despidos y la falta de inversión. Sabemos que las medidas afectan a miles de usuarios pero quiero que sepan que el reclamo de las y los trabajadores es por ellos también, es para que la tarea que realizamos que afecta de lleno la seguridad de los vuelos se den en las mejores condiciones.
Por último una cosa más. Aprovecho para decir que es un momento importante para que la unidad y el apoyo de los distintos gremios aeronáuticos se hagan efectivos, concretos. A todos nos afectan las políticas de este gobierno, de hecho los pilotos seguramente van a ir al paro en las próximas semanas, hubo despidos en GPS, mayor precarización en el sector. Es un momento importante para unirnos, coordinar acciones y defendernos todos juntos. Tenemos la fuerza para conquistar nuestros reclamos.
Trabajadores de la Marina Mercante celebraron el rechazo del Senado al DNU que les quitaba derechos laborales
La Cámara alta derogó cinco decretos del gobierno nacional. Esos decretos buscaban eliminar o modificar organismos como Vialidad Nacional, el Banco Nacional de Datos Genéticos, el INTI, el INTA y la Marina Mercante.
Mariano Vilar, Secretario General del Sindicato de Conductores y Motoristas Navales, dijo que la decisión de los senadores frena un ataque a los derechos laborales del sector. “Este régimen creaba la posibilidad de embarco de personal extranjero en buques argentinos y a los argentinos nos sometía a la reglamentación laboral extranjera”.
El dirigente sindical comentó que el DNU de Milei los dejaba como “extranjeros en nuestra propia tierra” en materia de derechos laborales. “Permitía que navegáramos sin vacaciones, aguinaldo, porque iba a ser la legislación laboral de la bandera que enarbole el buque”.
Mientras debatía el Senado, los trabajadores de la Marina Mercante se movilizaron al Congreso para acompañar la sesión. En el lugar fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad.
Vilar denunció el ataque de las fuerzas que responden a la ministra Patricia Bullrich. “Estábamos en la vereda y nos vinieron a empujar. No estaba cortado el tránsito ni nada, fue una brutal represión, con la intención de generar caos para que se suspenda la sesión”, agregó.
A pesar del ataque de las fuerzas de seguridad, “nadie se prendió a devolver la agresión”, dijo Vila. Y finalizó: “Nos corrimos y todo volvió a la normalidad, pero, por supuesto con secuelas que nada, pasarán”.
Fuentes: InfoGremiales, La Izquierda Diario, Prensa FESPROSA, Indymedia Trabajadoras/es, Nota Al Pie, Agencia Farco, Tiempo Argentino, Radio Gráfica