¿El cuco se transformó en hada?

Según declaran los funcionarios de Economía, incluyendo al propio Guzmán, el acuerdo proyectado implica reducir más el déficit fiscal primario, que deberá pasar a un 2,5% este año, luego al 1,9% en 2023, a un 0,9% en 2024 y a 0% en 2025. Para graficar el impacto, cada punto porcentual del PBI -en valores actuales- ronda los U$S 4.000 millones. Solo en lo presupuestado para el año en curso, se estima que la poda debería rondar los 400.000 millones de pesos. Como parte del acuerdo, además, se restringirá la emisión monetaria y habrá una devaluación del peso que haga que la brecha cambiaria no supere el 30% (la cotización del dólar importador oficial y los financieros o el paralelo actualmente es de más del 100%). Desde Economía aseguran que el ajuste y la devaluación serán “graduales y sin saltos”. Lo cierto es que estos recortes que, según el oficialismo, no son tan drásticos como el FMI hubiera querido y supuestamente excluyen reformas estructurales como la laboral o previsional, se montan sobre un terreno arrasado: los niveles de pobreza en nuestro país se ubican por encima del 40%, y entre niñxs y adolescentes, superan el 50%. 

Mientras se despotrica contra el macrismo, se reconoce una deuda inmoral y usuraria; además, se acepta nueva deuda para poder hacer frente a los vencimientos impagables de los próximos dos años y medio. A su vez, se avalan “misiones técnicas” del FMI que, con una frecuencia trimestral, auditarán las cuentas y el ajuste de manera vinculante. Es decir, que ante incumplimientos que el Fondo considere, podrán frenar el suministro de préstamos que sirvan para refinanciar la impagable deuda que contrajo el gobierno macrista. Se trata de un verdadero cogobierno con el FMI y el peligro permanente de una nueva crisis y cesación de pagos. 

La CTA Autónoma se convirtió en la primera central sindical en cuestionar el preacuerdo al que llegó el Gobierno Nacional y con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

«Reafirmamos nuestra posición de que antes de continuar pagando o aceptar nuevos programas de refinanciación debe investigarse la forma irregular en que este préstamo (el más abultado en la historia del FMI) fue otorgado con responsabilidades administrativas, políticas y de política económica tanto en la anterior gestión como en el propio organismo internacional», señalaron los ceteístas. 

«Los programas del FMI no tienen por objetivo recuperar condiciones virtuosas de desarrollo económico, sino que se generen excedentes para pagar esa deuda por lo que queda en claro que el Estado deberá impulsar un ajuste importante, ceder soberanía en materia de políticas fiscales, monetarias y financieras. Las propias declaraciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmando que se ha conseguido el mejor acuerdo que se podría conseguir, evitando dar un salto al vacío, no hacen más que adelantar que se abre un trayecto de ajustes y condicionamientos para nuestro país», agregó la Central. 

EL comunicado, con la firma de Ricardo Peidro, Hugo «Cachorro» Godoy y Claudia Baigorria, asegura que «Argentina desembolsará 1.100 millones de dólares entre hoy y el próximo martes llevando las reservas líquidas del BCRA a un piso realmente peligroso». 

Para los ceteístas «Argentina entra en un sendero de ajuste para llegar al déficit cero en el 2025 (recordar que ante los gobernadores Guzmán decía que esa meta era inalcanzable). Este sendero de ajuste profundizará el que ya llevaba adelante la ejecución presupuestaria antes del acuerdo». 

«En definitiva, de pasar a denunciar al FMI y la administración anterior, Argentina opta por el camino de refinanciar un préstamo fraudulento, asumiendo un sendero de ajuste y resignando soberanía», concluyeron. 

Por su parte, el secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Esteban «El gringo» Castro, respaldó el acuerdo alcanzado por el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al señalar que «permitirá estirar plazos de vencimientos de pagos y eso posibilitará que el país crezca y se genere trabajo». 

El titular de la UTEP -el primer sindicato conformado por distintos movimientos sociales- resaltó además que «el Gobierno Nacional tuvo la estrategia de no dejarse apretar por nadie y la fue llevando hasta que hizo el acuerdo más conveniente». 

En una rápida respuesta a los anuncios del pasado viernes, cuando el Gobierno nacional anunció que tomará nueva deuda para pagar hasta el último dólar de la deuda contraída por Macri, luego de avanzar en un principio de acuerdo con el FMI que implicará muchos años más de ajuste y entrega, este lunes referentes de decenas de organizaciones se dieron cita en Parque Lezama. 

Con una bandera de fondo que decía «Basta de ajuste. No al pago de la deuda. Fuera el FMI», más de cincuenta oradores se sucedieron en el uso de la palabra, bajo la coincidencia de coordinar una masiva movilización a la Plaza de Mayo el martes 8 de febrero a las 18:00, para rechazar este nuevo acuerdo. 

La convocatoria fue impulsada por el espacio «Fuera FMI» que había protagonizado ya una multitudinaria movilización el 11 de diciembre pasado. 

Estuvieron presentes en la reunión dirigentes y personalidades del Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad y de Autoconvocados contra la deuda, Libres del sur, Marabunta, Venceremos, Basta de Falsas Soluciones y el Nuevo MAS, entre otros. 

Trabajadores de Garbarino marcharon al Ministerio de Trabajo de la Nación 

Trabajadores de Garbarino en Lucha marcharon el miércoles 26 de enero al ministerio de Trabajo de la Nación, donde serían recibidos por funcionarios de esa cartera, quienes los convocaron luego del corte por más de cuatro horas que los despedidos y las despedidas llevaron adelante el lunes 24 en el Puente Pueyrredón. 

La empresa, que encabeza Carlos Rosales, adeuda los salarios de más 4.000 empleados y empleadas desde abril de 2021, además de la obra social y ART. 

El lunes 24, trabajadores y trabajadores de la cadena de electrodomésticos Garbarino organizaron cortes simultáneos en distintos puntos del país para visibilizar la grave situación que viven desde el año pasado. 

«Esta lucha viene desde hace dos años cuando Carlos Rosales compró la empresa. En abril nos dejaron de pagar el sueldo y en diciembre nos despidieron», señaló Vanesa, trabajadora de Garbarino que se desempeñaba en la sucursal de Lanús. «Garbarino no es solamente los locales de electrodomésticos, sino que es un grupo que incluye otras empresas como CompuMundo, Garbarino Viajes, entre otras». 

En diciembre pasado, el ministerio de Trabajo de la Nación y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) firmaron un acuerdo «para proteger a 1.800 trabajadores despedidos de Garbarino». Pero nada de esto se concretó. 

«Nos recibió Alberto (Fernández), nos dijo que no nos íbamos a quedar solos, que se iban a conservar las fuentes de trabajo y a conseguir inversores. Pero el día que estábamos reunidos con el Presidente echaron a 600 compañeros. El mes siguiente, el 13 de noviembre, nos reunimos con (el ministro de Desarrollo Productivo, Matías) Kulfas y en ese mismo momento llegaron 2.000 telegramas más de despido», explicó desde el corte del Puente Pueyrredón Luis, empleado de la sucursal Escobar de Garbarino. 

«El sindicato de Comercio siempre acompañó a la empresa, jamás a nosotros», agregó en relación al accionar del gremio que conduce Armando Cavalieri. «Primero echaron a 50 personas, no pasó nada. Después echaron a 600 trabajadores, no pasó nada. Finalmente echaron a 2.000 personas pero el sindicato tampoco hizo nada». 

«Nosotros en principio queríamos conservar nuestras fuentes de trabajo. Pero ahora buscamos el pago de los sueldos adeudados y que nos reciba alguien del Gobierno. En diciembre nos recibieron los secretarios de los secretarios y nos dijeron que no nos podían dar ninguna respuesta porque no eran los que tomaban las decisiones», agregó Luis. 

Trabajadores de la salud 

El jueves 27 de enero, a las 15:00, fue la primera paritaria 2022 a la que convocó el gobierno bonaerense en el marco de la Ley 10.430 (estatales). En tanto, el gremio de profesionales de la salud pública bonaerense (CICOP) anticipó que solicitará también la inmediata convocatoria a su propia paritaria de la Ley 10.471 (carrera profesional hospitalaria) una vez finalizada la discusión actual. 

“Además de reclamar un aumento que nos proteja del proceso inflacionario, desde CICOP vamos a exigir al estado provincial una propuesta salarial que contemple la enorme sobrecarga laboral que ha sufrido nuestro sector desde que comenzó la pandemia. Resulta indispensable que el Equipo de Salud -que hoy vuelve a estar sobre exigido por una tercera ola de proporciones- sea reconocido esta vez de forma justa y acorde a la tarea realizada», expresaron desde el gremio. 

«Comenzamos el 2022 con una tercera ola que vuelve a tensionar al sistema de salud. Si bien la mayor demanda se encuentra en las guardias y centros de testeo, comienza a registrarse un aumento en el número de internaciones en salas generales y en unidades de terapia intensiva. Habrá que seguir de cerca todas las variables durante las próximas semanas para evaluar el impacto sobre todo el sistema de salud, que podría ser nuevamente significativo si transitamos una meseta elevada y prolongada», agregaron. 

Respecto a las luchas sindicales distritales de CICOP, destacaron: «Mientras que en la provincia comenzaremos a negociar la pauta salarial para 2022, en muchos municipios aún esperamos que se convoquen a los trabajadores de la salud para cerrar el año 2021, y en muchos de ellos ni siquiera se ha pagado un bono de fin de año. Estas asimetrías salariales generan enormes dificultades para sostener los equipos de trabajo y acentúan aún más la fragmentación del sistema de salud». 

El año pasado, el Poder Ejecutivo logró acordar con todos los trabajadores estatales, con los maestros y con los empleados judiciales, pero la paritaria de los médicos de los hospitales provinciales fue cerrada por decreto. 

El viernes 28 de enero, en horas de la mañana, personal del Hospital de Niños de Tucumán autoconvocado llevó a cabo una manifestación. El reclamo fue por aumento salarial, pase a planta de los trabajadores precarizados y denunciaron sobrecarga laboral.  

“Nuestro principal reclamo es el aumento de sueldo, el año pasado la inflación fue del 51% pero el aumento que nos dieron fue del 35%, además nos dieron bonos que son una vergüenza y no nos alcanza para nada. Las y los trabajadores de Hospitales hacemos 15 o 20 guardias mensuales y muchos trabajan en el sector privado para llegar a fin de mes. Nosotros queremos una recomposición salarial que recupere lo perdido y queremos que supere a la inflación que se proyecta para este año para dejar de trabajar tanto. Los últimos meses nos recargamos muchísimo por la cantidad de pacientes COVID y de otras patologías también, más politraumatismos y accidentes. A pesar de ser un hospital de referencia COVID para niños en todo el noroeste argentino, no cobramos el adicional que sí se cobra en otros hospitales de referencia”, señalaron las enfermeras. 

“En estos días de enero tuvimos guardias de 350 pacientes, 584 registros de pacientes que desde el 10 de enero que fueron atendidos por solo 6 enfermeras, la mitad de ellas recargadas del día anterior, 3 médicos también recargados, ese es el plantel que nos quedó dadas las bajas por contagios de covid, este mes rebalsamos”, agregaron. 

“Queremos que el gobierno se comprometa, tomen la responsabilidad y nos cumplan, así como nosotros cumplimos poniéndole el hombro a la pandemia. Cuando sean las paritarias nosotros no vamos a mendigar, vamos a pedir lo que nos corresponde, no estamos pidiendo que nos regalen $5.000, $10.000 o $15.000. Nosotros queremos cobrar nuestro trabajo, no podemos seguir cobrando menos que la inflación, tenemos un básico promedio de $21.000, para poder alcanzar la canasta básica nos vemos obligados a hacer 20 guardias. Si queremos alcanzar la canasta familiar tenemos que ir a trabajar al privado o asistir pacientes a domicilio”, finalizaron. 

El Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad de la provincia de Santa Fe denunció que en distintos hospitales presionan a trabajadores y trabajadoras a asistir a sus puestos a pesar de tener síntomas de covid 19. Agregan que esto se da en medio de la tercera ola de contagios, con un aumento vertiginoso en las consultas que encuentra a cientos de profesionales enfermxs o aisladxs, con la consecuente sobrecarga de trabajo para el resto del equipo de salud. 

“Es inadmisible que se exponga a la población de esta manera, y mucho menos que se pretenda que un trabajador de la salud que tiene síntomas tenga que ir a cumplir funciones porque la ministra no pone los recursos económicos para contratar más personal”, planteó el titular de SiPrUS, Diego Ainsuain. 

Denuncian también que no se cubren las licencias por vacaciones lo que sumado a lxs contagios provoca que servicios críticos no puedan garantizar las atenciones necesarias: “Es perverso que suspendan la atención de otras patologías que hace dos años vienen postergadas, o que nos obliguen a tener que definir quién se atiende o quién no. Tienen la solución en sus manos: incorporar más personal con condiciones dignas, ofrecer ampliar de manera permanente las cargas horarias, y aumentar de manera extraordinaria el pago de los reemplazos eventuales”. 

El diputado nacional Hugo Yasky presentó en el Congreso un Proyecto de ley para la ratificación del Convenio 149 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el personal de Enfermería, que reconoce «su aporte en las tareas de cuidado y considera sus necesidades y derechos laborales». 

La iniciativa lleva la firma de los legisladores Pablo Carro, Walter Correa, Mónica Macha, Gabriela Cerruti, Rosana Bertone, Laura Russo, Itai Hagman y Juan Emilio Ameri. 

«Se trata, especialmente, de establecer normas de trabajo decente, elevando el perfil profesional y el peso político del personal de Enfermería, proporcionando incentivos a estos profesionales para que sigan desempeñando sus funciones», según los argumentos y fundamentos del Proyecto de ley presentado por el titular de la CTA de los Trabajadores. 

Además, dispone la necesidad de que todo país que ratifique dicho Convenio deberá mejorar las disposiciones legislativas existentes en materia de higiene y seguridad del trabajo adaptándolas a las características particulares del trabajo del personal de Enfermería y del medio en que éste se realiza. 

Entre otros aspectos, el articulado destaca que se tomarán las medidas necesarias para proporcionar al personal de Enfermería: una educación y una formación apropiadas al ejercicio de sus funciones; y condiciones de empleo y de trabajo, incluidas perspectivas de carrera y una remuneración, capaces de atraer y retener al personal en la profesión. 

A su vez, establece que el personal de Enfermería deberá gozar de condiciones por lo menos equivalentes a las de los demás trabajadores, incluidas la reglamentación y la compensación de las horas extraordinarias, las horas incómodas y penosas y el trabajo por turnos; descanso semanal; vacaciones anuales pagas; licencia de educación; licencia de maternidad; licencia de enfermedad y seguridad social. 

Adoptado por la 63ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo del 21 de junio de 1977, el convenio citado por Yasky establece «normas de trabajo decente, elevando el perfil profesional y el peso político del personal de Enfermería, proporcionando incentivos a estos profesionales para que sigan desempeñando sus funciones». 

Si bien el convenio internacional fue redactado hace más de cuarenta años, la OIT lo clasificó en el 2002 como uno de los instrumentos que no ha perdido actualidad y reafirmó su pertinencia respecto de la realidad social y económica de aquel momento. 

Todo ello, en armonía con el contenido de la Resolución WHA 54.12 adoptada en 2001 por la Asamblea Mundial de la Salud sobre el fortalecimiento de la Enfermería y la Partería. 

«En los tiempos que corren, más que nunca los gobiernos registran la gravedad provocada por la escasez de personal calificado y la utilización inadecuada del personal de Enfermería existente, todo lo cual constituye un obstáculo para el desarrollo de servicios de salud eficaces», destacó el Proyecto de Yasky.

Telecom y SATSAID firman un acuerdo con sabor a reforma laboral 

Reproducimos las palabras de un trabajador: 

Telecom hace meses viene trabajando con empleados con convenio de UOCRA con salarios a la mitad de quienes estamos en SATSAID, y tienen condiciones pésimas y sin que nuestra conducción diga ni haga absolutamente nada. La cuenta para la empresa es sencilla, si el grueso del trabajo empieza a pasar a compañeros que trabajan en condiciones más precarias que las nuestras, no hay mejor excusa para presionar en bajar condiciones amenazando con despedir. 

Bajo estas condiciones, las primeras asambleas donde se nos informaba esta situación ya hacían prever lo que terminó firmándose en esta semana que pasó. La conducción del sindicato desde un principio planteó que «la situación era muy difícil», que «iban a hacer lo posible por mantener los puestos de trabajo en la negociación a cambio de lo que fuera necesario» y un sinfín de frases que solo decían una cosa: entregar más condiciones de trabajo. 

Finalmente la fórmula fue muy similar al acuerdo firmado por el SMATA en Toyota hace algunos meses: a cambio de firmar «4 años sin despidos», la empresa avanza en reducir la jornada laboral una hora al día de la semana manteniendo los dos sábados mensuales de trabajo y cambiando esos sábados por francos compensatorios durante la semana hábil. Lo que en los hechos significa una reducción salarial de entre 15.000 y 20.000 pesos mensuales dependiendo la categoría y que significa, meses antes o meses después, un año sin aumento salarial (e incluso baja salarial en algunos casos), después de venir de un 2021 con una inflación de más del 50%. 

Se trata de un acuerdo que solo favorece a las empresas y sus ganancias. Aumentando la precarización y tercerización, y entregando conquistas del convenio colectivo, abaratando costos imponiéndonos a los laburantes que paguemos los efectos de la crisis en curso. 

La resignación, la evasiva a pelear en común tanto con los compañeros tercerizados de UOCRA, como con los trabajadores del convenio de telefónicos, ya son una constante de parte de la conducción nacional del SATSAID. Este acuerdo no nace de un repollo. Es parte de sucesivas entregas desde agregar dos categorías más bajas en tercerizados (la 10 y la 11) y eliminar la más alta (la 6) en 2017; de no pelear por incluir a los tercerizados de UOCRA en el mismo convenio, de tener un salario básico que apenas es la mitad del salario de bolsillo que cobramos que está «inflado» por horas extra obligatorias que ahora son la moneda de cambio de la «estabilidad laboral». 

La etapa que se viene con la Argentina del FMI exige que los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones dejemos de pelear separados entre tercerizados y efectivos, o telefónicos y de la televisión, o de un gremio u otro. De esta manera lograríamos tener la fuerza para imponerles a estas multimillonarias empresas un convenio único y la planta permanente de todos los trabajadores del rubro. Somos los que manejamos el conjunto de las palancas de las telecomunicaciones, tenemos una fuerza enorme que está dividida con la complicidad de las conducciones sindicales. 

En Mera Solutions aumentan los contagios y empeoran las condiciones de trabajo 

Mera Solutions es una empresa que presta servicios de call center para Visa, Edesur, Farmacity, Lojack, Mater Dei, ADT, entre otras; teniendo más de 3.000 mil empleados en sus instalaciones. Los que trabajan presencialmente denuncian que no se cumplen los protocolos de Covid. Según un trabajador «casi no hay protocolos. Sólo te toman la temperatura en la entrada pero después trabajamos todos uno al lado del otro. Compartimos los espacios y las vinchas.” 

En relación a los protocolos un operador telefónico nos afirma que “Nos hacen ir aunque seamos contacto estrecho. Nosotros mismos limpiamos nuestras compus y nuestras vinchas. Y a menos que tengas síntomas no te podés ir a hisopar. Y hasta que no es positivo, no se les informa a tus compañeros que son contacto estrecho. En algunos casos ni siquiera se les informa. Así nos exponen a todos porque casi todo el piso tiene contacto estrecho. Vamos a trabajar todos los días y nos contagiamos ahí, exponiendo a nuestras familias. Es como si no vieran la situación del país”, y agregó “nosotros ya trabajamos todo el año pasado con homeoffice, poniendo nuestra internet y nuestra luz, nuestra compu y todo.” 

A nivel nacional decenas de trabajadores de distintos call center suman denuncias parecidas alrededor de las condiciones de trabajo, los escasos protocolos contra el Covid y los malos salarios. Así lo demostraron el lunes 24 con cientos de tweets como una medida para visualizar su situación y enfrentar los atropellos de las empresas. 

Aumento para trabajadoras de casas particulares  

Desde el 1º de enero rige el 7% de aumento en los salarios de las trabajadoras de casas particulares, con el cual, los ingresos de una empleada que realiza tareas generales de limpieza, lavado, planchado, cocción y otras tareas hogareñas, no llegarán a 35.000 pesos mensuales. 

Esto equivale a menos de la mitad de la canasta básica total calculada por el INDEC para un grupo familiar integrado por dos personas adultas y dos menores. 

El sector del trabajo de casas particulares está conformado por el 16,5 % del total de las mujeres ocupadas y el 21,5 % del total de las asalariadas, representando, junto con la educación, los servicios sociales y el sector salud, las áreas donde se concentran las mujeres trabajadoras. En este rubro, específicamente, el 98,8% de los trabajadores son mujeres, convirtiéndose en la segunda rama de mayor ocupación femenina: más de un millón y medio de trabajadoras, entre la cuales, el 44,2% son jefas de hogar. 

El ínfimo aumento que rige desde principios de este año, también alcanza a quienes realizan tareas de cuidado no terapéutico y asistencia de niñas, niños o adultos mayores. 

En todos los casos, este mínimo salarial es para aquellas trabajadoras que desempeñen una jornada laboral de tiempo completo, esto es, el equivalente a 48 horas semanales, es decir 8 horas diarias de lunes a sábado. Según la resolución 1/2020 de la Comisión de Trabajo en Casas Particulares, a partir de las 24 horas semanales, se debe percibir un salario proporcional a las horas trabajadas. Pero, por menos de ese tiempo, se establece un valor por hora que, con el incremento, quedó establecido en 256 pesos. 

Esto, por supuesto, siempre y cuando las trabajadoras se encuentren registradas. Sin embargo, en Argentina, el 70% de quienes trabajan en el sector, lo hacen de manera irregular, a pesar de que el gobierno presentara el año pasado el plan Registradas que se trataba de un subsidio a los empleadores para alentarlos a cumplir con las leyes laborales. 

A pesar de que el programa se presentó como una iniciativa a favor de las trabajadoras, lo cierto es que sólo estipula que el Estado cubriría -para los empleadores- un porcentaje de entre el 30% y el 50% del sueldo durante 6 meses, cuando se pagara a través de ANSES. Esto es válido para las trabajadoras que cumplen con un mínimo de 12 horas semanales en el mismo hogar. Para los verdaderos beneficiarios, sólo se exige que mantengan la contratación de la empleada por un mínimo de 4 meses más después de que se termine el subsidio estatal. 

A pesar del incentivo, el 70% de las trabajadoras de casas particulares no está registrada y trabaja en condiciones de precarización e irregularidad.  

Vitivinícolas 

La agrupación de Trabajadores Vitivinícolas Autoconvocados asistió este 31 de enero al Nudo Vial de Mendoza, en el marco del Día del Trabajador Vitivinícola celebrado cada 1° de febrero. 

“Siendo nosotros el principal motor de la industria mendocina, mientras los empresarios cosechan con palas la plata en un año que marcó un récord en las exportaciones de las bodegas alcanzando los 817 millones de dólares solo en vinos fraccionados, nosotros los trabajadores tenemos sueldos de hambre que todavía no llegan a los 40.000 pesos. 

Las y los trabajadores vitivinícolas seguimos estando entre los peores pagos de la provincia, sufrimos el trabajo precarizado y en negro con el mecanismo de las cooperativas truchas, y tantas otras injusticias más, cuando somos quienes verdaderamente hacemos posible la Vendimia, algo que sabemos tanto los trabajadores como todo el pueblo de Mendoza. 

Compañeros, ante las maniobras de las patronales que buscaron durante todo el año pasado amedrentarnos despidiendo compañeros en algunas bodegas y viñas por el simple hecho de no gustarle que reclamemos por lo que es justo, que nos amenazan a quienes solamente alzamos la voz y buscamos representar a nuestros compañeros de trabajo. Y las maniobras de quienes desde el lugar en los sindicatos buscan dividirnos y con ello debilitar nuestra lucha llamamos a la más amplia unidad de los trabajadores.  

Llamamos a los trabajadores y al pueblo de Mendoza a redoblar el apoyo a nuestra lucha y los esperamos para este 31 de enero, porque ¡si ganamos los vitivinícolas, ganamos todos! Si ganamos los vitivinícolas, le podemos mostrar a otros sectores de trabajadores que uniéndose desde abajo y peleando, también pueden ganar.

Este 31 de enero a las 10 horas compañeros y compañeras, la familia vitivinícola de Mendoza tiene que dar una demostración de que sigue de pie, y no está dispuesta a dar un paso atrás en las conquistas que obtuvimos”, rezaba la convocatoria. 

Por su parte, la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) acordó un extra en febrero de 10% en conceptos no remunerativos, a pagarse en cuotas y la paritaria anual empieza a mediados de ese mismo mes.  

Guido Álvarez, secretario general de Foeva Mendoza, afirmó que están en sintonía con los reclamos: “Tenemos una visión similar a la que están planteando los Autoconvocados, porque sabemos que es la realidad que están viviendo hoy en día los trabajadores. Todos esos reclamos los venimos tratando con la patronal. Si bien no nos invitaron, esperamos que esta manifestación dé resultado porque el beneficio lo van a tener los trabajadores, que es lo que nosotros también queremos”. 

En relación a la futura paritaria, Álvarez señaló: “Para la nueva paritaria de 2022/2023 queremos superar el porcentaje del año pasado, para poder llegar a la canasta básica, que es lo que los trabajadores nos están pidiendo. Un trabajador vitivinícola, en la categoría de obrero común en bodega, en el mes de febrero, va a quedar en $42.440,92 brutos, muy lejos de la canasta básica». Y amplió: «De todos modos, sólo un 10% cobra ese salario, porque un 90% de trabajadores en bodega tienen categoría de especializados, ya que la sistematización de los procesos en las bodegas requiere personal para el funcionamiento de máquinas, es decir, que la mayoría cobra de $46.000 para arriba”.

Sobre la tercerización, Álvarez afirmó: «Estamos luchando con esto desde hace un año pero es lento porque la ley ampara este tipo de contratación, son empresas avaladas por el ministerio de Trabajo, que además contratan en blanco. Una eventualidad no puede durar más de 3 meses, sino es un fraude laboral. Así que tratamos de buscar la vuelta para que estos trabajadores pasen a planta. Hemos hecho ya en algunas bodegas el traspaso”, afirmó. 

Pesquera Cabo Vírgenes 

Los trabajadores y trabajadoras de la pesquera Cabo Vírgenes de Rawson, despedidos a fines de diciembre pasado, en plenas fiestas, lanzaron una importante campaña para visibilizar su lucha y sumar solidaridad. La principal exigencia es la preservación de los puestos de trabajo y el rechazo a los planes de la empresa de efectuar los despidos. Pero también muestra los derechos laborales avasallados durante años. 

Actualmente se encuentran en sus puestos de trabajo debido a que la subsecretaría de Trabajo provincial dictó la conciliación obligatoria desde fines de diciembre tras los bloqueos realizados al puerto de Rawson y al muelle propio de la pesquera, tras conocerse los despidos. Pero la empresa dejó en claro que quiere avanzar con los despidos definitivamente. 

A la campaña se sumaron apoyos importantes desde otras fábricas pesqueras de la región como Fyrsa, Veraz e Iberpesca que expresaron «Yo acompaño a los compañeros de Cabo Vírgenes despedidos injustamente. No están solos». 

Asimismo, enviaron un saludo las trabajadoras de la cooperativa La Nirva, ubicada en Buenos Aires y que se encuentra en lucha ante la amenaza de desalojo, expresaron: «Para Cabo Vírgenes nuestra solidaridad, los apoyamos en su lucha. Están luchando por su trabajo así como nosotros también estamos luchando. Le damos todo nuestro apoyo desde acá de Buenos Aires».  

El jueves se desarrollará la última reunión. Tras varias postergaciones la empresa está decidida en avanzar con los despidos ante la inacción del secretario regional del sindicato, Fabián Molina, que nada ha hecho por impulsar esta pelea para que triunfe. 

Tanto la empresa como la cúpula sindical apuestan a que la situación quede contenida en cuatro paredes pero fueron los mismos trabajadores los que en todo momento pusieron todo para que la lucha se visibilice: lo hicieron con la medida de no realizar horas extras para mostrar que les incumplían los derechos adquiridos por Convenio colectivo de trabajo o cuando realizaron los importantes bloqueos en el puerto de Rawson. Y lo hacen ahora con la campaña que busca solidaridad y que ya ha despertado adhesiones en otras fábricas pesqueras. 

La gran rebelión obrera y popular de diciembre, que logró frenar la ley de zonificación minera de Arcioni en Chubut, también demostró que los sindicatos de la pesca tienen todo el potencial de fuego para lograr la continuidad laboral de las y los trabajadores de Cabo Vírgenes así como pelear por los derechos laborales avasallados durante años y la precarización que sufren todos los trabajadores de la pesca. Por eso tienen que ponerse a la cabeza de esa pelea. Que solo será posible si se desarrollan en las fábricas y en las calles la unidad, la movilización, la coordinación y la solidaridad, con llamado a paro y asambleas en apoyo a Cabo Vírgenes para ganarle a la patronal de Eduardo del Río pero también mostrar que es posible torcerles la mano a los empresarios que buscan aumentar sus ganancias a costa de los trabajadores. 

Ferrum 

Los trabajadores de la fábrica de sanitarios ubicada en la localidad de Villa Rosa realizaron una medida de fuerza en varios sectores como respuesta a 5 suspensiones que llevó adelante la patronal. También exigen al Sindicato Ceramista que se haga presente y apoye el reclamo de los obreros por un aumento del 25% en la paritaria y la reincorporación de los suspendidos. 

Según algunos testimonios de trabajadores, la gerencia había realizado pagos de horas de más por error, previo a las vacaciones. Luego comenzaron a descontarlo, por lista y sin previo aviso, en algunos casos hasta $24.000 en una sola vez. 

Esta medida provocó la bronca de alrededor de 120 operarios, quienes iniciaron el reclamo de aumento salarial y decidieron trabajar a reglamento desde el jueves pasado. Además, en sectores como colado directamente fueron al paro en el turno mañana, consiguiendo el apoyo de otros sectores de la fábrica. 

Ante esta acción, la empresa está amenazando con suspensiones masivas e impidió el ingreso de cinco obreros, lo que motivó el paro total de actividades acompañado por el grueso de los trabajadores. 

Durante el transcurso de la jornada los operarios le plantearon a la empresa que el aumento que les ofrecieron, un 8%, les parece insuficiente. Los obreros exigen un 25% de aumento y la reincorporación de los suspendidos; levantarán la medida de fuerza por 10 días y, en caso de no tener respuestas favorables, tomarán acciones más contundentes para visibilizar este atropello de la empresa. 

La Nirva 

En las puertas de la fábrica las trabajadoras de La Nirva junto a vecinos, familiares, organizaciones sociales, agrupaciones políticas, organismos de DD HH y artistas realizaron un importante festival. 

Varios artistas se acercaron para colaborar, entre otros, El Fondito, Salvajes, Dúo Seligra/Vianello, Conejo Negro y El Cabra (Las Manos De Filipi). 

“Estamos peleando por el No al desalojo en La Nirva. Y vamos a seguir peleándola, no vamos a permitir qué nos saquen nuestros puestos de trabajo”, dijo una de las trabajadoras desde las puertas de la fábrica en Lomas del Mirador. “Somos 55 familias, de esas 40 mujeres” sostenes de hogar y decididas “a resistir el desalojo hasta las últimas consecuencias”, plantean convencidas de la pelea que están dando. 

Las trabajadoras durante la jornada realizaron un saludo a la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la pesquera Cabo Vírgenes de Rawson, despedidos a fines de diciembre del 2021. Demostrando la clara solidaridad que hay entre quienes se encuentran luchando por sus derechos. 

Por último los trabajadores agradecieron el acompañamiento que vienen teniendo de diferentes sectores y anunciaron una movilización para el jueves 10/02 en contra del desalojo y dándole continuidad a la pelea por mantener sus puestos de trabajo.  

El pasado 2 de febrero, los concejales Natalia Hernández (PTS) y Juan Romero (PO) del Frente de Izquierda Unidad de La Matanza, presentaron en el Concejo Deliberante del distrito un proyecto de declaración contra el desalojo de los trabajadores de la fábrica de Lomas del Mirador.  

La Esperanza: bloquearon el ingenio en reclamo del ingreso de obreros temporarios 

EL lunes pasado trabajadores del Ingenio La Esperanza realizaron una asamblea, ante el anuncio del Grupo Budeguer de que sólo ingresarán 105 azucareros del plantel de fábrica. 

La empresa a la cual el gobierno de Gerardo Morales entregó el emblemático Ingenio tras despedir a más de 300 obreros y atacando las condiciones de quienes continuaron trabajando, pretende seguir avanzando en la tercerización y precarización laboral. Por eso, en el inicio de las tareas de reparación de fábrica de cara a la zafra 2022, pretende reemplazar el plantel de obreros de fábrica por tercerizados de contratistas. 

Ante esta situación, trabajadores que ya deberían haber ingresado a trabajar se convocaron en los portones de fábrica. El secretario general del SOEA, Sergio Juárez, se hizo presente para solicitar a la administración el ingreso de los azucareros. No fue recibido. Y durante la tarde, en asamblea definieron realizar el martes un bloqueo de portones de fábrica, exigiendo el ingreso de los obreros temporarios y rechazando la tercerización. 

A partir de esta medida, la patronal se vio obligada a recibir a los representantes de los trabajadores, y se concretó el ingreso de gran parte del plantel. Pero continúan las gestiones para lograr el ingreso de la totalidad de los azucareros. 

Movilización contra la Corte Suprema 

La movilización que diversos sectores políticos, sociales, gremiales y de Derechos Humanos convocaron para el 1° de febrero contra la actual composición de la Corte Suprema de Justicia también puso en evidencia algunas diferencias históricas entre los distintos sindicatos.  

Así, mientras las organizaciones alineadas con el Frente Sindical por un Modelo Nacional fueron parte activa de la convocatoria y comprometieron su presencia, otros sectores vinculados a los gremios “gordos” de la Confederación General del Trabajo (CGT) prefirieron mantener su distancia, incluso cuando, como en el caso de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), se encuentran directamente perjudicados por la estrategia montada por el macrismo en la llamada “Gestapo antisindical”. 

El Frente Sindical, que nuclea a más de 50 organizaciones incluyendo a las dos CTA y a algunos importantes gremios de la CGT, tuvo un rol destacado en la convocatoria. El propio Pablo Moyano, dirigente de Camioneros y flamante integrante del triunvirato de conducción de la CGT, denunció que en la administración de Cambiemos se “inventaron causas y allanamientos” para cargar contra los opositores, por lo que considera una “obligación marchar mañana para pedir una justicia independiente y democrática y para que los jueces dejen de permanentemente fallar en favor de los sectores de poder”. El dirigente también remarcó que hay múltiples motivos para marchar contra el estado actual de la Justicia, ya que un trabajador hoy debe estar “15 o 20 años” para cobrar una indemnización en tanto que “empresarios o políticos de derecha” obtienen fallos favorables de “forma automática”. 

Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional remarcó que la movilización responde a “la necesidad de terminar con un aparato de Justicia que, en su cabeza, está permanentemente alineado detrás de los mandatos de los poderosos, que tiene pasillos y laberintos oscuros donde el poder de los intereses corporativos y de la derecha política terminan imponiéndose”. 

Rodolfo Aguiar, secretario adjunto nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado e integrante de la CTA Autónoma, sostuvo que los actuales integrantes de la Corte Suprema “se tienen que ir”. “Deben renunciar porque cuentan con la reprobación de toda la sociedad. La connivencia que mantienen con algunos sectores políticos es alarmante ya que nunca garantizaron la división de poderes. También son responsables del endeudamiento dolorosa con el FMI y la fuga de divisas”, concluyó. 

Omar Plaini, secretario general del Sindicato de Canillitas y senador bonaerense, enfatizó: “En el campo sindical fuimos muchas las organizaciones que sufrimos este padecimiento, esta persecución. Hay temas de fondo sobre los que avanzar, y para los cuales es necesario modificar la relación de fuerzas: y esto se consigue con la movilización del pueblo y con instituciones legítimas, acompañando al Gobierno”. 

La marcha, que se replicó en 30 ciudades del país, se realizó bajo la consigna “Basta de impunidad” y exigirá “el fin del lawfare”, una estrategia de alianza entre política, Justicia y medios que quedó claramente en evidencia con la reunión con empresarios y agentes de inteligencia en la que el ex ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, propuso crear una “Gestapo” para perseguir a los gremialistas opositores al gobierno de Mauricio Macri. 

Covid-19: no extenderán la presunción de enfermedad laboral pese a la presión sindical 

Por Mariano Martín 

El Gobierno resolvió mantener por fuera del listado de enfermedades profesionales el coronavirus, como comenzó a suceder en el arranque del año, por lo que la cobertura para trabajadores dependerá de los dictámenes de las comisiones médicas. La decisión fue confirmada en el Gabinete nacional pese a la presión del camionero Pablo Moyano, que hizo una marcha de protesta, y los gremios que integran la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) para reclamar la extensión de un decreto que garantizaba la cobertura mediante la ley de ART sin necesidad de constatación previa. 

El principal argumento para no extender el DNU 431/2021 que dejó de regir el 1° de enero es que, a diferencia del inicio de la pandemia, cuando regían restricciones a la circulación y la mayor chance de contagio estaba en los lugares de trabajo de los asalariados considerados esenciales, en la actualidad los reportes oficiales dan cuenta de que el grueso de quienes contraen el virus lo hacen en el ámbito social a tono con la progresiva apertura de actividades. Y que, en comparación, a partir de la aplicación de protocolos, los lugares de trabajo se convirtieron en espacios más seguros, siempre de acuerdo a la visión oficial. 

La controversia se instaló a partir del anuncio de Pablo Moyano de que marcharía a la sede del ministerio de Trabajo para exigir la prórroga del decreto por entender que en la actualidad “las ART dejan sin cobertura a los trabajadores y trabajadoras camioneros en caso de contraer covid”. En rigor, explicaron en la cartera laboral, la cobertura está contemplada siempre y cuando el trabajador que alega haber contraído el virus en el ámbito laboral pruebe su caso ante las comisiones médicas. En la CGT, que no acompaña el reclamo de Camioneros, admitieron que los trámites ante las aseguradoras para viabilizar las coberturas se convirtieron en un pantano de burocracia que termina por desalentar el reclamo del asalariado. 

El planteo de Moyano consiguió el aval de Mario Manrique, número dos del sindicato de mecánicos (Smata) y su principal aliado en la CGT, y de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) en un encuentro del que participaron varios de sus referentes, como la judicial (Sitraju) y presidenta de la Comisión de Legislación laboral de Diputados, Vanesa Siley, Carlos Minucci (Personal superior de empresas de energía) y Cristian Jerónimo (Vidrieros), entre otros. 

El hijo de Hugo Moyano apuntó sus críticas a Claudio Moroni, titular de la cartera laboral y responsable funcional de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Según el dirigente, el ministro desoyó los reclamos hechos hasta ahora por una extensión del decreto. Cerca del funcionario alegaron que la presunción a favor de los trabajadores fue una decisión única a nivel internacional adoptada por la Argentina y que rigió durante toda la pandemia, hasta el 31 de diciembre pasado. Y que, pese a haber dejado de regir el decreto, la cobertura está garantizada para quienes presentan sus casos con éxito ante las comisiones médicas. 

De todos modos admitieron que las demoras en el sistema de ART se convirtieron en una norma en la crisis sanitaria por lo que aseguraron estar en diálogo con las aseguradoras, las Cámaras empresarias y la CGT para implementar un protocolo de pronta respuesta para los casos que se presentan ante las comisiones médicas. 

Fuertes aumentos de precios en lo que va de enero 

Después de terminar 2021 con 50,8 % de inflación, 2022 ya arranca con subas de precios en una larga serie de productos. Frutas, verduras, carne y harinas se encuentran entre los sectores más afectados. 

Según el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), solo considerando los primeros 24 días del mes, las subas en supermercados se ubican de la siguiente manera: Frutas y verduras lideran la lista con un 9,8 % de aumento. Por su parte las bebidas suben 4,3%, alimentos frescos 3,5%, hogar 2,8 %. Los alimentos secos aumentan un 2,8%. Dentro de este rubro, los productos que registran aumentos más significativos son azúcar y edulcorantes (+9,0%), panificados (+5,0%) y aceites (+4,4%). 

Según este estudio, las estimaciones para el conjunto de la inflación mensual quedarían por encima del 3 %. 

La Secretaría de Comercio Interior da cuenta de una situación similar. Al registrar en supermercados del AMBA, durante los primeros veinte días del mes, sobre 900 productos, una inflación promedio del 2,7 %. 

A su vez, hay que considerar que los servicios digitales también registrarán fuertes subas, a partir de los aumentos que llevarán adelante Personal, Claro y Movistar. Estos aumentos también impactarán en la inflación de conjunto. 

Audiencia pública por el precio del gas: tarifazo y ajuste 

Por Myriam Godoy Arroyo [1] y Jonatan Baldiviezo [2]. 

El Estado Nacional anunció un incremento del 90% del precio del gas en el PIST por reducción de los subsidios tal como lo había preanunciado el FMI sin mención de ninguna propuesta de segmentación.   

1. Este lunes 31 de enero se realizó la audiencia pública convocada por la Secretaría de Energía a los efectos del tratamiento de la porción del precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) que el Estado Nacional tomará a su cargo en el marco del “Plan de Promoción de la Producción del Gas Natural Argentino- Esquema de Oferta y Demanda 202-2024” aprobado mediante el Decreto Nº 892 de fecha 13 de noviembre de 2020. 

2. Solo 24 personas asistieron a esta audiencia que fue convocada en medio de las vacaciones con poca difusión. Se decidió no procurar que el debate sea más amplio y más democrático considerando que esta decisión afectará a 45 millones de argentinos/as. 

3. En este tipo de Audiencias Públicas, el Estado Nacional parte de un valor de gas en el PIST que no pone en discusión y que no tiene sus costos reales transparentados en ningún informe oficial. En esta audiencia se pretendió que sólo se discuta cuál será el porcentaje del valor del gas en el PIST que pagará el Estado Nacional y cuál el que pagará la ciudadanía. 

4. En el inicio de la audiencia se propuso la reducción de subsidio que implicará un aumento del 91% sobre la porción que paga el usuario por el gas suministrado. Este aumento repercutirá entre el 34% y el 49% de aumento en la factura (porque en la factura se paga además el costo de transporte, distribución e impuestos). A este porcentaje deberá sumarse los aumentos propuestos para el rubro de transporte y distribución que se debatió en el ENARGAS en la audiencia del 19 de enero de 2022. Metrogas solicitó un aumento del 76% con relación al rubro de distribución. De esta forma, el porcentaje final del aumento de las facturas, por los incrementos anunciados en los costos de producción, transporte y distribución del gas, podría rondar el 70%. 

5. En la Audiencia Pública se ratificó que el porcentaje del precio del gas en el PIST que pagará el Estado Nacional se reducirá. Actualmente, el Estado Nacional afronta el 70,9% del costo total del gas. Para este año, de acuerdo al presupuesto elaborado por el Poder Ejecutivo para el 2022, se necesitarán 81.000 millones de partidas adicionales para cubrir ese porcentaje. Por este motivo, se propone que el Estado Nacional reduzca su participación al 44,4% para no requerir partidas adicionales. Esto implica que los usuarios paguen por el gas, un precio de 11,77 $/m3, donde el costo se reparte entre la imputación presupuestaria vigente (Proyecto de Presupuesto 2022 – 135.307 millones) y los usuarios (169.873 millones), con un aumento de nivel de factura final sin impuestos del orden de entre un 34% y un 49%. 

6. Este anuncio de incremento de la tarifa había sido anticipado por la número dos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, quién hizo referencia este domingo 30 de enero al acuerdo con la Argentina y señaló que «será importante una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva». 

7. A tres días del anuncio del nuevo acuerdo con el FMI, el gobierno nacional se desmiente de que este arreglo no implica ajuste. El incremento de las tarifas, en este contexto económico, implicará para cientos de miles de familias una presión económica considerable. 

8. Más aún considerando que el gobierno nacional no anunció ninguna propuesta de segmentación del incremento de las tarifas, es decir, el incremento afectará principalmente a los sectores populares. 

9. Esta reducción de subsidios e incremento de las tarifas también repercutirá en el precio de la tarifa de electricidad. Pronto habrá una audiencia por el precio de la electricidad, el 17 de febrero de 2022. El 40% de la producción del gas se usa para la producción de electricidad. El plazo de inscripción está estipulado hasta el 14 de febrero. 

10. En la Audiencia Pública, de la cual participó el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el IPYPP y El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, a través de Myriam Godoy Arroyo, Las personas que hicieron uso de la palabra solicitaron que se establezca una segmentación tarifaria (que no se efectivice de acuerdo a la cantidad consumida sino a los indicadores de la pobreza multidimensional) y que se realice la auditoría de las empresas productoras para conocer sus verdaderos costos, ganancias y planes de inversión. También se solicitaron obras de infraestructura orientadas hacia la transición energética. Por último, se denuncia la “negligencia productiva” de las empresas generadoras porque no realizan la producción de gas al nivel que deberían. Generan una baja de producciones intencionadas que perjudican a la ciudadanía. 

11. El ministro Guzmán, en el anuncio del acuerdo con el FMI, habló del rol coordinador que el estado juega para lograr anclar expectativas. “El rol de las políticas de precios e ingresos es fundamental. Los acuerdos de precios van a tener un rol y espacio importante en el esquema antiinflacionario. Va a ser importante el trabajo entre el sector público y el sector privado que en los próximos 2,5 años, para que los acuerdos de precios ayuden a anclar expectativas y para que las políticas de precios e ingresos redunden en un aumento del salario real, del poder adquisitivo del salario de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras de forma que se pueda fortalecer la demanda agregada y eso contribuya a darle continuidad a la recuperación económica”. Nada de esto se podrá lograr si no se realizan las auditorías a las empresas productoras para conocer sus verdaderos costos, ganancias y planes de inversión. La Transparencia Energética no puede esperar más. 

[1] Integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, del IPYPP y de “El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos”. 

[2] Fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, integrante de la Defensoría de Laburantes y de “El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos”. 

Más ajustes de tarifas 

El secretario adjunto nacional de ATE y titular de la CTA Autónoma de Río Negro, Rodolfo Aguiar, criticó el incremento de los combustibles impulsado por YPF, que derivará en un incremento en otras petroleras y en el índice general de precios. 

«Cada vez que aumentan las naftas, aumenta todo. El incremento de los combustibles se traslada de manera inmediata y directa al costo de los productos, bienes y servicios que componen la canasta básica», dijo Rodolfo Aguiar. 

«La decisión de YPF ataca salarios y jubilaciones. Esta nueva suba es una medida que perjudica fundamentalmente a los sectores populares», agregó. 

La decisión de la petrolera de mayoría accionaria estatal acelera estrepitosamente las perspectivas inflacionarias previstas por el Gobierno argentino. Ya en el segundo mes del año YPF incrementa sus precios en un 9% promedio, cuando la inflación calculada para 2022 por el ministro Guzmán es del 33%. 

Esta variable afecta por sobre todo a los sectores asalariados, que destinan la mayor parte de sus ingresos a los alimentos cuyos precios están vinculados estrechamente al de las naftas. 

ATE cuestionó la decisión de YPF, cuya dirección está en manos del Estado argentino, y recordó que cuando el precio del barril se ubicó por debajo de los 20 dólares, las compañías no bajaron proporcionalmente el precio en las estaciones de servicio 

Febrero empieza con más aumentos. Tras un 2021 con una inflación de casi el 51 % en el segundo mes del año se esperan subas en colegios privados, prepagas, alquileres, las tarifas, y el servicio de telefonía fija y celular. También febrero llegará con aumentos de los productos regulados como alimentos y otros productos de consumo masivo luego del nuevo acuerdo de precios elaborado por la secretaría de Comercio. 

Prepagas. Febrero llega con una suba del 9 %. Se suma a las tres cuotas anteriores en la cobertura de agosto, septiembre y octubre. 

Colegios privados. Las cuotas de los colegios privados tendrán un aumento del 17 % en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mientras que en la Provincia de Buenos Aires se aplicará una suba del 12 %. Si bien estas alzas serán en marzo, en febrero se pagan las matrículas con un monto similar. 

En tanto, la canasta escolar aumentó hasta un 82 % este año en relación al 2021, según un informe de Focus Market. Así el kit de Útiles Escolares Primaria compuesto por 21 productos tiene un precio de $4.470, mientras que en 2021 costaba $ 2.450. 

Alquileres. También sufrirán una suba de acuerdo al contrato. Como cada mes, según el Índice de Contratos de Locación que publica mensualmente el Banco Central, el incremento desde el 1° de febrero será del 51,28 %. 

Precios Cuidados. El programa de Precios Cuidados ampliado, que incluye 1.321 productos y fue negociado a comienzos del 2022 entre el Gobierno y las empresas de consumo masivo, incluirá una suba de 2 % mensual promedio hasta el próximo 7 de abril, cuando el esquema tenga una primera revisión. 

En enero el precio de los 21 productos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo una suba del 5,04 %, según informó Consumidores Libres este martes. 

Telecomunicaciones. Algunas empresas, caso Movistar, actualizarán, a partir de febrero, los precios de los servicios fijos y móviles hasta un 16 %. 

Fuentes: elgritodelsur.com.ar, Resumen Latinoamericano, Anred, La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, argentina.indymedia, Clarín, Tiempo Argentino, Ambito.  

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.