Decenas de miles salimos este 18 de septiembre a recordarle al gobierno de Kirchner que el albañil Jorge Julio López sigue desaparecido. «Lo busca la Bonaerense/lo busca la Federal/pero López no aparece/ellos saben dónde está», «Como a los nazis, les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar», fueron algunas de las consignas.
Como lo señaló el Encuentro Memoria Verdad y Justicia: «La causa judicial en la que se investiga el hecho es una muestra clara de la falta de voluntad política de esclarecerlo. No hay un solo imputado, una sola pista firme, un solo indicio. Resulta evidente la inacción tanto del juez como del fiscal de la causa. El fiscal estuvo ausente de la causa durante 4 meses hasta que, molesto por las denuncias públicas de los querellantes, solicitó que se disponga el secreto del sumario. El juez, que no dirige ni controla la investigación, otorgó esa medida y la levantó 10 días después sin fundamentación alguna».
En su momento, funcionarios del gobierno trataron de minimizar lo ocurrido diciendo que se trataba de un «hecho aislado». En cierto sentido lo es. No hay desapariciones masivas en la Argentina de hoy. Pero el secuestro de López revela que el aparato represivo genocida sigue ahí. Y que el gobierno de Kirchner, igual que los anteriores gobiernos capitalistas del PJ o la UCR que se alternaron desde 1983, no quieren desmantelarlo. Por eso movilizando a la policía Federal y a la bonaerense y a la SIDE (Servicio de Inteligencia del Estado) no pudieron encontrar siquiera indicios de lo que pasó con López. Es que los que investigan son los mismos que deberían ser investigados. Quedan miles de policías, penitenciarios y militares, que actuaron en el genocidio y muchos más que fueron educados con el mismo «espíritu de cuerpo».
Hay 300 militares y policías que están procesados. Es cierto. En este momento se está realizando el juicio al cura, ex Capellán de la bonaerense Christian Von Wernich, colaborador directo de Camps y Etchecolatz. Esto se debe a la incansable lucha de los organismos de derechos humanos y la izquierda, a las centenares de movilizaciones, a la valentía de los testigos. Pero el gobierno nacional, así como el de la Provincia de Buenos Aires, en este caso, se niegan a expulsar e investigar a todos los que actuaron en la represión. Los dejan con puestos de mando. O, cuando se ven acorralados por denuncias, los dan de baja con jubilaciones de privilegio, manteniendo sus redes de impunidad.
Y ese aparato represivo no lo quieren desmantelar porque lo utilizan contra los trabajadores y el pueblo. Por eso el asesinato del maestro neuquino Fuentealba, la represión en Santa Cruz, el encarcelamiento de obreros de Las Heras, son parte de la misma realidad.
El sargento Darío Poblete que asesinó a Fuentealba, es el único preso por ese hecho. Poblete seguía siendo policía represor, cuando ya había estado involucrado en el asesinato de Teresa Rodríguez y condenado por torturas, ha sido públicamente reivindicado por el Jefe de Policía de Neuquén y es hoy el «preso» que ayuda en las requisas en la penitenciaría.
El gobierno hizo aprobar en el Congreso la ley antiterrorista que fue exigida por Bush. La actual candidata, senadora Cristina Fernández de Kirchner fue una de las defensoras de esta ley que fue aprobada en tiempo record, menos de una semana. Esta ley tiene como objetivo extender el poder de represión al movimiento popular, ampliando las atribuciones de la policía, organismos de inteligencia, jueces y fiscales. Se encuadra en una concepción fascista, crea delitos por pertenecer a una organización política, social, gremial o de DDHH, que arbitrariamente sea definida como «terrorista». Un piquete de huelguistas o un corte de rutas podrían ser definidos como tales. Y la ley castiga no solo a los que lo hacen sino a los que participan en una misma organización.
Las manifestaciones, a un año de la desaparición de Jorge Julio López, 20.000 manifestantes en Buenos Aires, fueron para acusar directamente al gobierno de encubrimiento en el caso López y de responsable de los hechos represivos. Pedimos castigo a los asesinos del maestro neuquino Carlos Fuentealba, solidaridad con la lucha del cuerpo de delegados del Subte, de los trabajadores del Indec, del Bauen, del Hospital Francés y del Clínicas; exigimos el retiro de la Gendarmería de Santa Cruz, así como el desprocesamiento de luchadores populares, la libertad de todos los presos políticos y la anulación de la ley antiterrorista.
Esto es lo que dijo la declaración del encuentro Memoria Verdad y Justicia, convocante, y firmada por todos los partidos de izquierda – Izquierda Socialista, MST, Partido Obrero, PTS, MAS -, centenares de organizaciones sindicales de base – delegados del subte, trabajadores del Bauen, delegados ferroviarios, trabajadores del Indec – y organizaciones estudiantiles y populares.
