La privatización de YPF fue ilegal. Fueron cómplices los ex presidentes Menem y Duhalde, el sindicato y funcionarios que aún ocupan cargos públicos. La justicia investiga. La compra de la petrolera estatal argentina YPF por parte de la española Repsol fue fraudulenta, según denunció ante la justicia local la abogada Alejandra Dibo, representante legal de […]
La privatización de YPF fue ilegal. Fueron cómplices los ex presidentes Menem y Duhalde, el sindicato y funcionarios que aún ocupan cargos públicos. La justicia investiga. La compra de la petrolera estatal argentina YPF por parte de la española Repsol fue fraudulenta, según denunció ante la justicia local la abogada Alejandra Dibo, representante legal de los ex trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Gas del Estado y Petroquímica Mosconi. En la comisión de ese delito participaron ex presidentes, ex ministros, sindicalistas, agentes de bolsa y hasta individuos que ocuparon cargos públicos en el actual gobierno.
«Tendrían que ser juzgados por traición a la patria» argumentó la letrada. La causa 8568/99 está radicada en el Juzgado Federal 2 del Juez Carlos Bonadío y ya declararon 19 de los 33 directivos imputados y unos 20 funcionarios, sindicalistas y agentes de bolsa implicados.
La semana pasada declaró Juan Carlos Crespi, quien fuera secretario adjunto de la Federación del SUPE (Sindicato Unión Petroleros del Estado), Secretario General del SUPE de Ciudad de Buenos Aires y luego parte del directorio de YPF y Repsol YPF. Fue recibido por sus ex representados al grito de «¡Traidor!». Con bombos y pancartas, ex-empleados de YPF, Gas del Estado y Petroquímica Mosconi, repudiaron a uno de los imputados en el quiza sea el caso más grande de corrupción en Argentina.
La denuncia penal se basa en los delitos de compra hostil e ilegal, venta de bienes litigiosos, daños de acción pública, violación de los deberes públicos y malversación de caudales públicos, delitos fundados en la compra ilegal y fraudulenta de las acciones, el manejo ilegal del patrimonio argentino, el ocultamiento de resoluciones y la complicidad de funcionarios, presidentes, ministros, directivos de Repsol, integrantes del SUPE y hasta agentes de bolsa, como la empresa MBA Sociedad de Bolsa S.A.
En el escrito presentado el día 19 de abril, Crespi expuso haber sido parte del gremio hasta 1993 y luego integrante de la mesa ejecutiva de la empresa. Declara que se rigió por las normativas 1270 y 1507 de los ministerios de Economía y Trabajo del año ´93, que regularon el accionar denunciado en esta causa como «Delitos de acción pública», ya que fueron en contra de la ley de Reforma del Estado y la Constitución, y no fueron publicadas en el boletín oficial. El principal estudio de abogados que defiende a los imputados es «Novak y Asociados», abogados del ex presidente Carlos Menem. A Juan Carlos Crespi lo defiende el estudio «Rigui y Asociados», del actual Procurador de la Nación.
Al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, en los años ´70 y ´80 se tejieron los hilos que permitirían la implementación de las políticas aperturistas; orientadas hacia la eliminación del déficit fiscal, la desregulación de los mercados y la privatización acelerada de las empresas públicas. A fines de la década de los ochenta, se aplicó sobre las empresas estatales las políticas de las tres D: se las desprestigió, desmanteló y desarticuló socialmente.
Durante los ochenta se implementaron campañas mediáticas para defenestrar a las empresas estatales y proponer como solución la privatización de éstas. El argumento era que el moribundo «Estado de Bienestar» no podía administrar el patrimonio, ya que acarreaba con enormes cargas sociales.
En 1989 se creó la ley Nº23.696, denominada de Reforma del Estado: con ella se daba lugar al cambio de las empresas estatales a sociedades anónimas.
Para poder desprenderse de esas cargas -léase una vida digna para los trabajadores, jubilaciones, obras sociales que funcionen, vacaciones y otros «despilfarros»- el gobierno nacional generó mecanismos de despidos encubiertos para que no fueran éstos un peso para los futuros inversores.
La ley estableció que los empleados que laboraran hasta el momento de la privatización, eran parte del «Programa de Propiedad Participada» (PPP), que los hacía acreedores del 10 por ciento accionario. Con el decreto 2778/90 del 1º de enero de 1991, YPF S.E. (sociedad del Estado) pasa a ser Sociedad Anónima y asume la presidencia del directorio José Estensoro, Presidente de Sol Petróleo S.A. y allegado al poderoso empresario Pérez Companc.
Para «flexibilizar» la empresa se generaron cuatro formas identificables de expulsión: los retiros voluntarios (despido encubierto), los despidos abiertos; las jubilaciones anticipadas y los cursillos de perfeccionamiento de los que, en ningún caso, los trabajadores obtenían la calificación correspondiente para mantener su puesto de trabajo.
Paralelamente, se generaron «campañas desmoralizadoras» con la complicidad de periodistas como Bernardo Neustad y Mariano Grondona famosos por las encendidas defensas que hicieran de la dictaduras militares de la ultima mitad del siglo XX, y de agentes del sindicato que operaban sobre los obreros.
El 13 de septiembre de 1991 el SUPE convocó a una huelga general en apoyo a los trabajadores salteños de YPF. El Secretario General del SUPE, Diego Ibáñez, pese a que en Salta ya habían solucionado el conflicto, llamó a la huelga. «A los trabajadores de YPF que se sumaron a la protesta orquestada por el SUPE y el Directorio de YPF, los despidieron al día siguiente; alrededor de 4.000 trabajadores fueron separados de la empresa», recordaba Carlos Guaciarrossa, delegado de la Mesa Regional de La Plata, Berisso y Ensenada, que agrupa a los ex trabajadores de YPF, Gas del Estado y Petroquímica Mosconi.
El año 1991 fue el año del éxodo: De los 32 mil empleados de planta, despidieron a 14.000. En el año ´93 solo quedaban 8.000 empleados, y para julio de1997 se había reducido a 4.763 el número de trabajadores.
Según datos del INDEC (organismo oficial de censos y estadísticas), en los ’90, el desempleo argentino creció un 156,3 por ciento y el subempleo el 115,4 por ciento. Para mayo de 1999, el 37 por ciento de la población era pobre. Entre 1991 y 1999, el poder adquisitivo de la clase obrera descendió un 60 por ciento.
Diego Ibáñez, secretario general de la Federación del SUPE falleció en 1993. Después de su muerte asumieron Antonio Cassia y Juan Carlos Crespi, éste último secretario general de SUPE Capital Federal. Estos continuaron con las políticas asociadas a los intereses del gobierno de Menem.
Como solución a la devastación que produjo la privatización, el SUPE propuso crear cooperativas para tomar las tercerizaciones (servicios contratados) de la empresa.
Dibo explicó a APM que la ley de Reforma del Estado establecía que los trabajadores tenían el control de las acciones clase C, a través de un representante votado en asamblea. Hay dos instancias ilegales: Con el decreto 2886/90 (no publicado en el boletín oficial) se estableció que los ministerios de Trabajo y Economía se arrogaban el manejo del Programa de Propiedad Participada (PPP), quitándoles el manejo a los trabajadores. Y, en 1993, por decreto presidencial, Juan Carlos Crespi se conviertió en representante de las acciones clase C en el Directorio de YPF S.A. Asumiendo el denominado «sillón obrero» por el 10 por ciento accionario. Hasta 1992 las acciones habían permanecido en un solo paquete a cargo del Estado nacional. La división accionaria fue regulada por la ley 24.145, que las desglosa en acciones clase A, B, C y D. Las A pertenecían al Estado (51 por ciento en 1992), las B a las provincias petroleras (39 por ciento), las C a los trabajadores del PPP (10 por ciento) y las D eran las destinadas a los particulares (virtuales aún).
Las acciones comenzaron a cotizar en bolsa en el año ´93. En ese entonces, el ministerio de Trabajo junto con el de Economía dictaron resoluciones internas (tampoco publicadas), según las cuales todo el personal que se había retirado voluntariamente de la empresa perdía el derecho sobre las acciones clase C.
Esas resoluciones, al no ser publicadas son nulas legalmente, pero igual fueron seguidas al pie de la letra por los implicados. «Fue un perfecto robo, fue una arquitectura legal para robar, pergeñada con el Poder Ejecutivo, la Sociedad Anónima y el sindicato», recalcó la representante legal de los ex trabajadores de YPF, Gas del Estado y Petroquímica Mosconi, Alejandra Dibo.
Hasta 1997, los empleados no sabían de su derecho a las acciones clase C, ya que las resoluciones habían permanecido ocultas. Dibo recalcó que «lo irónico del caso es que el artículo 41 de la ley de Reforma del Estado, establecía que uno de los objetivos de esa ley es que los trabajadores siguieran trabajando y tuvieran una mayor ganancia y participación en la empresa».
Mediante «premios» que oscilaban entre los 1.000 y 1.500 pesos o dólares, se presionó a los empleados que quedaban en la empresa a firmar cuatro convenios: El de Transferencia de Acciones al Estado Nacional, el de Sindicación de Acciones, el de Fidecomiso y el de Adhesión del Programa de Propiedad Participada. Así suprimieron la representatividad que tenían los obreros sobre sus acciones y ésta pasó a los ministerios de Economía y de Trabajo. La abogada. Dibo explicó que «esos papeleos se hacían a través del Banco Nación en el momento en que Aldo Daddone era el presidente de la entidad». Por lo tanto, añadió, «también él debería estar imputado en la causa».
Con el argumento de que YPF S.A. no era rentable, decidieron vender las acciones para pagarles a jubilados y docentes. En 1997 la Comisión Nacional de Valores (CNV), que era la encargada de fiscalizar la venta de las acciones, determinó que para poder vender las acciones clase C en forma «legal», se necesitaba de un Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente. Es así que Menem firmó el 628/97, que convierte las acciones clase C en tipo D y le delega a MBA Sociedad de Bolsa S.A. la venta de las acciones de los trabajadores en los mercados internacionales.
MBA vendió las acciones el 16 de julio de 1997 en asociación con la Salomon Brothers S.A., a sabiendas de que vendía bienes en litigio, situación probada en la causa 8568/99. En el año 2005, Dibo denunció a la empresa MBA Sociedad de Bolsa S.A. por venta de bienes públicos en litigio. La causa está caratulada como «MBA Sociedad de Bolsa S.A. y otros» y por razones de «conexidad» fue sumada a la causa de origen 8568/99, en el Juzgado Federal N 2, a cargo del Juez Bonadío.
Por la Ley de Reforma del Estado estipulaba que estando entre 5 y 20 por ciento de las acciones en manos del Estado, debía existir una banca en el directorio de la Empresa en representación de éste.
Con el decreto presidencial 1063/92 se reglamentó que la Subsecretaría de Bancos y Seguros era la encargada de designar ese representante. A través de la nota N 141 de esa subsecretaría, el 1º de enero de 1999, designaron a Alfonso Cortinas, presidente de Repsol S.A., como Director de las acciones clase A del Estado, violando la ley de Sociedades Anónimas. En otras palabras: «El zorro cuidando al gallinero».
En mayo de ese año, todo el directorio refrendó a Cortinas en ese cargo, por lo cual los miembros del mismo también están imputados. En ese momento se encontraba Alejandra Miniccelli como Directora Síndica Suplente de las acciones clase B. Minicceli es esposa del actual ministro de Planificación, Julio De Vido y ostenta el cargo de Síndica Adjunta de la Nación, o sea que controla los gastos de su esposo.
Durante esos años, Repsol S.A. había comprado acciones paulatinamente. Primero un 8 por ciento clase D, luego continuó comprando hasta que, con Cortinas como representante del 14,99 por ciento de las acciones clase A (del Estado), compra todo el paquete accionario, incurriendo en el delito de compra hostil e ilegal.
A comienzos de la década del ´90, Juan Domingo Stork era el Secretario General del SUPE filial Córdoba, y es echado junto a todo su equipo en 1992, por oponerse a la privatización de YPF. Entre ellos se encontraba la abogada Alejandra Dibo como asesora legal. En 1997, Dibo comenzó con los juicios civiles al Estado, exigiendo indemnizaciones para los ex empleados de YPF por la venta de sus acciones sin consentimiento.
Para resguardarse de la posibilidad de futuros juicios, que efectivamente luego se produjeron, Menem creo con el decreto 628/97 un «Fondo de Garantía de Compra», con una parte de las acciones del Estado. En 2005, Marcelo Villegas, funcionario del ministerio de Economía y que había participado en la venta fraudulenta de acciones en 1997, desafecta las acciones correspondientes al Fondo de Garantía de Compras, ya que éstas vencían en julio de ese año, para pagarles a los empleados que en el ´97 habían recibido sus acciones. Tal es así que 4.763 empleados (de 32.000) cobraron, al 11,05 por ciento de su valor real.
La causa 8568/99 involucra tanto el ex presidente Carlos Menem como a la Bolsa de Comercio de Madrid. Otros de los involucrados son ex funcionarios del gobierno argentino, 33 directivos de YPF, Repsol SA y Repsol-YPF; directivos de la Comisión Nacional de Valores; actuales funcionarios del gobierno nacional, como Alejandra Miniccelli, Marcelo Villegas y Daniel Camerón; componentes del entonces secretariado general de la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros del Estado (SUPE), Antonio Cassia y Juan Carlos Crespi; diputados y senadores; Banco COMAFI y Sociedades de Bolsas, como la Salomon Brothers, la Bolsa de Comercio de Madrid y la Securities Comision Exhange.
Es llamativa la lentitud de la causa YPF Nº8658/99, pese a la gravedad de los delitos que la atraviesan, en comparación con la rapidez con que se procesó a los ex trabajadores de YPF, Petroquímica Mosconi y Gas del Estado cuando, desesperados por su situación, bloquearon la entrada de camiones a Repsol en noviembre de 2003. Siete de ellos están imputados por Intimidación pública y dos por coacción agravada. La paradoja llega al punto tal que «Pepino» Fernández, uno de los dirigentes de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de Mosconi, pueblo fantasma de Salta, luego de la privatización de YPF, tiene procesos en 73 causas penales.