El martes de esta semana, 5 de febrero, Miguel Ángel Aguilar publicó uno de sus artículos en El País en el que hablaba de los ingresos de don Mariano Rajoy y de su trayectoria profesional. Ha desaparecido. Algunas almas puras han escrito al defensor del lector del diario pidiendo explicaciones. El jueves de esta misma […]
El martes de esta semana, 5 de febrero, Miguel Ángel Aguilar publicó uno de sus artículos en El País en el que hablaba de los ingresos de don Mariano Rajoy y de su trayectoria profesional. Ha desaparecido. Algunas almas puras han escrito al defensor del lector del diario pidiendo explicaciones.
El jueves de esta misma semana, según parece, el artículo ha desaparecido también de la caché de google.
Lo he comprobado. NO se encuentra por ninguna parte.
¿Censura? Lo parece. ¿Sorprende? Sorprende. M. A. Aguilar es un periodista nada crítico con la actual dirección de El País y, además, es poco afable, por decirlo suavemente, con cualquier organización o ciudadano que tenga algo que ver, aunque sea remotamente, con la izquierda transformadora. Digamos que es muy PSOE, muy derecha-derechona del PSOE.
Además, en principio, el diario-global no parece abonar en demasía en estos momentos el gobierno Rajoy. Lo contrario parece más verdadero.
Esperemos. La paciencia es una excelente virtud en estos casos.
Algunos pasajes del artículo censurado:
El primer punto está en la mente indignada de todos: «La intervención del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ante el comité ejecutivo nacional de su partido el pasado sábado, 2 de febrero, ha agravado la situación en que se encuentra el caso Gürtel-Bárcenas. Primero, por el formato elegido de máximo blindaje y mínima credibilidad. «Quiero», dijo el presidente, «que en este asunto operemos con la máxima transparencia, el máximo rigor y la máxima diligencia». Pero a continuación las maneras venían a desmentirle. Porque de las ruedas de prensa sin preguntas, lo que Esteban González Pons, vicesecretario del PP, llamaba notas de prensa audiovisuales, se ha pasado a un escalón superior. Ahora, los periodistas han dejado de ser testigos, ni siquiera comparten lugar con el compareciente. Recluidos en otra sala, solo les llega una señal de televisión realizada por los servicios del partido. Una cámara fija ofrece el plano único del presidente Rajoy, que lee en un atril. Pero nadie ajeno al comité ejecutivo nacional pudo dar fe de cómo sucedió».
El segundo punto habla de las estúpidas referencias de don Mariano a sus hazañas oposicionales juveniles y a sus motivaciones políticas de fondo: «Segundo, porque si Rajoy proclama nada tener que ocultar, no temer a la verdad, no haber venido a la política ni a ganar dinero ni a engañar a Hacienda; ser a los 23 años, en 1978, Registrador de la Propiedad con una plaza; ganarse muy bien la vida; ingresar más dinero en su profesión que como político; haber venido a la política perdiendo dinero porque para él, el dinero no es lo más importante en esta vida; todas estas protestas nos obligan a reclamar que se muestre «con máxima transparencia, máximo rigor y máxima diligencia» toda su trayectoria como Registrador».
Por eso, prosigue MAA, queremos saber cosas como las siguientes. Su batería de preguntas basadas en la biografía más o menos conocida del presidente:
La primera nos ubica en Villafranca, León: «Si es cierto que siguió disfrutando de los beneficios del Registro de Villafranca, provincia de León, y de Padrón, provincia de la Coruña, cuando fue elegido diputado al Parlamento de Galicia en 1981, director general de Relaciones Institucionales de la Xunta en 1982».
La segunda nos traslada un poco lejos, al Pirineo catalán: «Si al concursar voluntariamente y obtener en 1982 el registro de Berga en el Pirineo catalán, contraviniendo entre otras la obligación de residir en la localidad donde tiene su sede el Registro, continuó obteniendo ingresos de esa plaza, que se encuentra a más de mil kilómetros de Pontevedra, ciudad donde seguía teniendo su residencia efectiva y sus responsabilidades políticas como concejal del Ayuntamiento, presidente de la Diputación y Diputado al Congreso desde 1986 y vicepresidente de la Xunta en 1987. Porque si Rajoy como político concursaba buscando mejores plazas y figuraba como registrador en activo, debemos saber cuánto cobraba de sus cargos políticos y cuánto recibía de los registros».
La tercera va de compatibilidades: «Si es cierto que nunca solicitó la declaración de compatibilidad del Ministerio de la Presidencia, a que estaba obligado por la Ley de Incompatibilidades de los funcionarios públicos, porque en ese caso alardear de ser persona escrupulosa con el cumplimiento de la legalidad resultaría excesivo».
La cuarta habla de Elche y Santa Pola: «Si los registros de Elche y Santa Pola, que solicitó y le fueron adjudicados en sucesivos concursos, los atendió alguna vez personalmente, cuánto cobró hasta 1990 y si simultaneaba esa tarea con otras responsabilidades políticas.
La quinta va de designaciones: «Si, cuando a partir de marzo 1990 pide que se le declare en servicios especiales y su plaza en Santa Pola, queda encomendada a su buen amigo Francisco Riquelme, titular del Registro de Elche, esa designación a título de «sustituto accidental permanente», era la que correspondía según el cuadro legal de sustituciones de la Dirección de Registros y del Notariado».
La sexta va de acuerdos entre colegas: «Si a partir de ese momento y siguiendo ejemplos acreditados se repartía al 50% los beneficios del Registro de Santa Pola con el sustituto que le hacía el trabajo».
La séptima va de repartos y cambios legislativos pro domo sua: «Si después de 1998 a partir de algunos cambios legales, aprobados en el Consejo de Ministros donde él se sentaba, los beneficios del Registro de Santa Pola se han partido entre el amigo Riquelme y el Colegio de Registradores al 50%».
Son cuestiones relevantes, concluye MAA, «porque permitirían confirmar cuanto es el dinero perdido de Mariano Rajoy y evaluar su desprendimiento y su entrega sacrificada a la política, sin atender a las pérdidas que ese afán de servicio le acarreaba». De momento, recuerda finalmente el conservador periodista de El País , «en la Declaración de Actividades presentada en el Congreso de los Diputados el 1 de diciembre de 2011 el punto segundo «Ejercicio de la función pública o de cualquier puesto al servicio de una Administración Pública» figura en blanco y tampoco especifica la Administración para la que presta sus servicios, ni si ha solicitado el pase a la situación de servicios especiales o equivalente»
¿Hay censura entonces? ¿Por qué? ¿Desde dónde? ¿Esta es una práctica ajustada al ideario liberal del diario de don Cebrián y de sus amigos usamericanos?
Salvador López Arnal es miembro del Frente Cívico Somos Mayoría
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