Para cumplir con las metas fiscales del FMI, el Gobierno relanzó el programa Dólar Soja. Pequeños y medianos productores reiteraron sus críticas a una medida que beneficia a las empresas exportadoras y altera los precios internos. La agricultura campesina y cooperativa sigue a la espera de respuestas, con cinco proyectos de ley pendientes en el Congreso.
El Gobierno lanzó el Dólar Soja II. La disposición cambiaria establece, sólo para el complejo sojero, un tipo de cambio de 230 pesos por dólar. Además, la segunda parte de este programa prevé disminuir las retenciones que se cobran para la harina y el aceite de soja al 31 por ciento, dando marcha atrás con la suba de dos puntos que decretó en marzo. Con esta medida, el Ejecutivo Nacional aspira a recaudar 3000 millones de dólares para cumplir las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) cuestionó la medida y llamó al Poder Ejecutivo a dejar de fortalecer al “campo concentrado, a las multinacionales del agrotóxico y a los sectores financieros” y a apoyar, en cambio, a quienes luchan para que “el alimento sea un derecho y no una mercancía”.
Desde el lunes 28 de noviembre y hasta el 31 de diciembre, los productores que vendan los porotos de soja que tienen acumulados recibirán 230 pesos por cada dólar, 58 pesos más que los 172 que fija el valor oficial. El Gobierno se comprometió ante el FMI a cerrar el año con 5500 millones de dólares de reservas internacionales en el Banco Central. Hasta el momento hay 4000 millones.
El ministro de Economía, Sergio Massa, defendió el relanzamiento del dólar soja alegando que Argentina tiene que lograr, al 30 de diciembre, «batir el récord de exportaciones del complejo agroindustrial» y mezcló la meta fiscal con el argumento de que «Argentina es parte de la agenda mundial de la seguridad alimentaria». No obstante, las propuestas relativas al mercado interno para la seguridad alimentaria del país siguen en espera.
La medida beneficia a quienes retuvieron su producción especulando con el valor de la moneda nacional. Se estima que hay 8,6 millones de toneladas de soja que aún no se vendieron. Los pequeños y medianos productores ya vendieron su cosecha a menor tipo de cambio de los obtenidos por la presión cambiaria. Sobre este punto, la Federación Agraria cuestionó la primera versión del dólar soja y su relanzamiento actual. “Sólo sirvió para seguir concentrando, beneficiando a actores que no somos los productores, menos aún a los pequeños y medianos que directamente ya no tenemos soja para vender”, alegó la entidad.
El economista Julio Gambina indicó —en su artículo Dólar soja, Fondo Monetario y el Consenso de Washington— que no queda clara la manera en que el productor se beneficia, ya que la exportación procede en general de grandes grupos económicos transnacionalizados que concentran el comercio externo del país. Gambina citó un ejemplo: apenas nueve firmas concentran el 92 por ciento de la facturación del sector agroexportador. Se trata de Cargill, Cofco, Bunge, AGD, Molinos, ACA, ADM, Oleaginosa Moreno y LCD Argentina.
La UTT, uno de los gremios que nuclea a las familias campesinas que producen el 60 por ciento de los alimentos que se consumen en el mercado interno, consideró al dólar soja como “la caja navideña que recibirán las patronales rurales gracias a las concesiones que el Gobierno sigue haciendo a los sectores más poderosos”. Al respecto agregó que el campo solidario y cooperativo sigue a la espera de las decisiones políticas que mejoren su realidad. Agustín Suárez, de la UTT, añadió que «esta medida muestra que el Gobierno se sigue sentando con las patronales para pensar el campo».
El dólar soja y las «descompensaciones» en el mercado interno
La soja, además de ser un commodity que genera ingreso de divisas en dólares, también es un componente de alimentos balanceados destinados a la producción animal. Esta oleaginosa resulta de importancia en la cadena de producción lechera, bovina y avícola. El tipo de cambio diferencial para la exportación de soja encareció la compra en el mercado interno para el procesamiento de alimentos balanceados, pese a la Resolución 05/22 de la Secretaría de Agricultura, que buscó evitar este efecto.
Suárez adelantó que esta medida volverá a generar aumento de costos en los precios de productos como la carne, la leche y los huevos. Señala que la decisión «no solo no beneficia a los pequeños productores, que no tienen espalda para retener los granos en los campos, sino que presiona sobre el precio de los alimentos del pueblo».
Sergio Massa, prometió un mecanismo de “asistencia” para “compensar las descompensaciones” por el dólar soja, en especial para quienes deben usar la soja para la transformación como producto de la alimentación animal como tambos, establecimientos de engorde a corral (feedlots), avícolas, entre otros. A su vez, el secretario de Agricultura y Ganadería, Juan José Bahillo, declaró que con lo obtenido por el programa Dólar Soja “se trabajará en el financiamiento de promoción para economías regionales; subsidios a las cadenas de valor avícola, bovina, lechera y porcina para aumentar producción; y un fondo para mantener el valor de las asignaciones familiares”. En esta línea reconoció la necesidad de «atender las asimetrías o las dificultades que pueda generar el programa en el mercado interno”.
La agricultura familiar sigue a la espera
Mientras el Ministerio de Economía ejecuta medidas para que las patronales del campo vendan los porotos de soja acopiados en los silobolsas (a la espera de la devaluación del peso), la agricultura familiar reclama sin éxito políticas concretas que mejoren el precario contexto en el que viven y producen. Suárez apuntó que «queda claro que, cuando hay voluntad política, las respuestas para los sectores aparecen».
El integrante de la UTT cuestionó que «el Gobierno le está dando una respuesta muy concreta y beneficiosa a las patronales del campo, cosa que no pasa con los pequeños y medianos productores pese a que venimos desarrollando una agenda en torno a la soberanía alimentaria, al arraigo rural y al desarrollo de las economías regionales».
Desde la UTT sostienen sus propuestas con hechos concretos: producción agroecológica descalzada del dólar, corredores logísticos de abastecimiento campesino (como los que el gremio lleva adelante en diferentes provincias argentinas), las colonias agroecológicas, las biofábricas y los mercados populares. “Son un conjunto de soluciones que sacan el alimento de la especulación fortaleciendo las economías regionales, fomentando el arraigo rural y la soberanía alimentaria”, califica la organización.
El pasado 6 de septiembre, la Mesa Agroalimentaria Argentina (conformada por la UTT, el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, la Federación de Cooperativas Federadas, Bases Federadas y la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar), presentó en el Congreso de la Nación cinco proyectos de ley que son de urgente tratamiento para el sector. Estos son: Acceso a la Tierra, Arrendamientos Rurales, Protección y Fortalecimiento de los Territorios Campesinos y la Agricultura familiar, Segmentación de las Políticas Impositivas Agrarias y Financiamiento y Fomento del Cooperativismo y la Transición Agroecológica.
Hasta el momento, el más avanzado es el proyecto de Ley de Acceso a la Tierra, que se viene presentando consecutivamente desde 2016. De las cinco, es la única iniciativa legislativa que actualmente se está debatiendo en las comisiones de la Cámara de Diputados, según informa la UTT.