A lo largo de su existencia -aún antes de 1996, cuando se le conoció públicamente- el Ejército Popular Revolucionario (EPR) ha recorrido distintas etapas en su desarrollo interno. Iniciar una mínima reconstrucción de su historia (o lo que pueda saberse de ella, porque su condición clandestina no permite ver la totalidad del proceso) comprenderá el […]
A lo largo de su existencia -aún antes de 1996, cuando se le conoció públicamente- el Ejército Popular Revolucionario (EPR) ha recorrido distintas etapas en su desarrollo interno. Iniciar una mínima reconstrucción de su historia (o lo que pueda saberse de ella, porque su condición clandestina no permite ver la totalidad del proceso) comprenderá el lugar que ocupa la organización político-militar más importante de México en la actualidad desde el segundo semestre de 2007.
1. Un brevísimo recuento
Según sus documentos internos, el EPR es la continuación histórica del PROCUP-PDLP y no la confluencia de catorce organizaciones en un solo proyecto armado. Este argumento resultó una estrategia de seguridad y la necesidad que estas organizaciones tuvieron para romper la «leyenda negra» que las embargó. En 1994, el PROCUP realizó algunas acciones militares en solidaridad con el levantamiento zapatista en distintos puntos de la República Mexicana. Ese mismo año el PROCUP se refundó como EPR (el brazo militar) y meses después la expresión política: el Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR).
Pero no será sino hasta dos años y medio después que el EPR se presentará públicamente en Guerrero. Entre junio y septiembre de 1996, el eperrismo realizó diversas acciones políticas y dio a conocer su ideario a través de los medios de comunicación. En septiembre, emprendió su primera campaña militar, atacando coordinadamente a distintos objetivos en diferentes estados de la República.
A inicios de 1997 empezaron a manifestarse los primeros signos de inconformidad intestina y en junio de 1998 se conocerá de la primera escisión formal del grupo. Entre ese momento y el año 2000, las rupturas continuarán hasta registrarse no menos de cinco desprendimientos (período que se conoce como «diáspora eperrista»). A mitad de ese año y el siguiente, el EPR, o el sector que conservó esta denominación, realizó su primer congreso nacional; lo que marca, también, el final del proceso de desmembramiento.
Tras un largo período de inactividad militar y luego del conflicto en Oaxaca, tiene lugar la desaparición de dos miembros de su estructura. Y ya en el segundo semestre del 2007 se consuman los atentados contra los ductos en PEMEX y otras acciones militares dentro de su segunda campaña militar por la presentación de sus desaparecidos. En abril de 2008, a través de un comunicado, el EPR realizó la propuesta de la formación de la Comisión de Mediación para resolver esta misma cuestión.
2. El EPR, hoy
El EPR que actualmente dirime la cuestión de sus desaparecidos por la vía política a través de la Comisión de Mediación no es el mismo de 1996. Y no sólo se trata de una cuestión metafórica sino que parte de quienes integraron la columna que se presentó en Aguas Blancas hoy conforman otras organizaciones que rompieron con aquella; por tanto, la mayoría de los grupos político-militares conocidos cuentan con ex eperristas. El «actual» EPR se corporizó a partir de su primer congreso nacional y se mantuvo en una clandestinidad suficientemente rigurosa para recomponerse, nuevamente acumular fuerzas y reconquistar espacios, entre otras cuestiones. Y así hubo de continuar hasta mayo de 2007. La cuestión de los desaparecidos, sin embargo, le ha planteado una modificación radicalmente distinta del escenario que había desarrollado a largo plazo, encuadrado dentro de la estrategia de Guerra Popular Prolongada (GPP).
3. El Gobierno frente al EPR
El Gobierno se enfrenta a los planteamientos políticos de una organización clandestina que propuso una iniciativa alejada de cualquier actitud que pudiese considerarse extremista o intransigente; más aún, el EPR se «alejó de sí mismo» con la propuesta de la Mediación, debido a que su antecedente más inmediato ha sido la voladura en los ductos de Petróleos Mexicanos. Este viraje debiera permitir el debate sobre la forma de inclusión del grupo armado al sistema, aunque la percepción y establecimiento de las fronteras que delimitan a las organizaciones antisistémicas de las que no la son han sido establecidas por fuerzas centrífugas ubicadas en el interior del mismo. Ello implica que aunque la ocasión se presente como propicia para resolver un conflicto por la vía política, los sectores duros que se oponen al diálogo logran dentro del sistema; al contrario de lo que ocurre hoy al interior del EPR.
El mensaje de los «duros» estableció que el EPR distrajo fuerzas del Gobierno en su lucha contra el narco y la delincuencia. Ahora que encuentra en la vía política la manera de resolver su demanda, no debiera prevalecer este posicionamiento para encauzar una solución definitiva a la cuestión de las desapariciones forzadas. Estos temas que vinculan a los Derechos Humanos, siempre presentará un problema político pendiente de resolución, donde el caso mexicano actual no representa una excepción. Tampoco puede especular con la impaciencia del EPR pues, con un grupo con tantos años de existencia en la clandestinidad, continuará elaborando distintas estrategias y tácticas a lo largo del tiempo; de ahí también el planteamiento de la GPP. La simple administración -y no resolución del conflicto- construye una coyuntura que obvia una salida de los tantos frentes que la actual administración federal enfrenta.
La referencia «autodenominado» es, también, una negativa a definirlo de otra manera que no sea a partir de la diferenciación radical con la sociedad. La estigmatización de los eperristas armados parte desde una relación asimétrica de poder, donde se impone una caracterización delineada en forma exclusiva por el Estado Mexicano. Estigmatizar es un eficaz medio de control social y de preservación del poder, pero cuanto mayor es la ilegalidad a la que se enfrenta un Estado mayor debe ser la legalidad con la que debe revestir cada medida que tome para resolver esa ilegalidad, si es que desea profundizar la institucionalidad y la democracia. La importancia del momento redunda en la superación de estos recursos y la profundización de la vía política con el grupo armado.
4. La Comisión de Mediación
La Comisión de Mediación representa la herramienta más importante para conocer la verdad de lo sucedido con los desaparecidos de la que disponen no sólo el Gobierno y el EPR sino la sociedad mexicana. Su trabajo se ha delimitado a los hechos evitando cualquier caracterización de las partes, lo que evidencia la equidistancia asumida con respecto a las partes. Proveyó, además, los elementos imprescindibles para su esclarecimiento y se condujo con transparencia: sus conclusiones están al alcance de todos. Y su reclamo se centra, confirmando la vía política que adquirió dicho proceso, en una mayor participación y disposición de las autoridades y corporaciones de seguridad.
5. Conclusiones
México sigue contando con un momento político excepcional -un «caso testigo»- que sirve para revertir las estrategias históricas que el Estado Mexicano ejecutó en su enfrentamiento contra las guerrillas (las que, además, resultaron ineficaces, porque el aniquilamiento militar no significó su desaparición). Hoy, en cambio, el marco institucional y el corte radical de la práctica de la desaparición forzada de personas debieran ser el camino obligado y la salida política por la gravedad de la circunstancia. Pero aún continúa definiendo al eperrismo como grupo subversivo. Sobre el «autodenominado» EPR se evita una caracterización de fondo y sólo se le resume a una frase que porta una carga significativamente negativa que no explica lo que implica y que impide una salida pacífica.
Quedan, finalmente, un par de preguntas todavía sin respuesta: ¿se tiene verdadero conocimiento de lo que el EPR representa y demanda? y ¿posee la actual administración una política de inclusión del grupo armado?
Investigador