La brigada estuvo integrada por diferentes organizaciones y colectivas de defensoría de los derechos humanos, entre ellas: Colectiva Cereza, Colectiva las Juanas, Centro de Derechos de las Mujeres de Chiapas, Centro de Derechos Fray Bartolomé de las Casas y la Campaña contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas. También estuvo un […]
La brigada estuvo integrada por diferentes organizaciones y colectivas de defensoría de los derechos humanos, entre ellas: Colectiva Cereza, Colectiva las Juanas, Centro de Derechos de las Mujeres de Chiapas, Centro de Derechos Fray Bartolomé de las Casas y la Campaña contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas. También estuvo un periodista del Semanario Mirada Sur.
A continuación presentamos nuestras observaciones, contextualizadas en un análisis integral de los aspectos jurídico, social, cultural, económico y político, que consideramos necesario aportando a una mayor comprensión de la situación que se vive en la zona de desplazamiento forzado interno, afectando a las comunidades y familias en cuestión. Iniciamos con una exposición de los principales puntos de vulnerabilidad que encontramos, continuamos con un análisis de la situación agraria afectada por el factor político y terminamos con recomendaciones desde nuestra perspectiva como sociedad civil defensora de los Derechos Humanos y de los Derechos de los Pueblos.
Principales expresiones de vulnerabilidad y violaciones a los Derechos Humanos:
1. Chalchihuitán es el quinto municipio más pobre en el país y el segundo en Chiapas según INEGI. Se trata pues de un municipio con un nivel de marginación y pobreza muy alto, especialmente en las familias que vivían y viven en las colindancias de los dos municipios, lo que es una muestra de la violencia estructural que ejerce el Estado Mexicano al desproteger la garantía de los derechos sociales, económicos y culturales; violencia que se expresa en:
a. el despojo del derecho a la alimentación, que ha generado el escaso acceso a la alimentación sana; gracias a que el Estado mexicano ha introducido desde hace décadas, como en otras regiones, el uso de pesticidas y semillas no locales, envenenando sus campos y llevándoles hacia la dependencia alimentaria en la que hoy se encuentran.
b. la ausencia de servicios básicos de abasto de agua potable, drenaje y manejo de residuos domésticos y agrícolas, siendo que en el tema de residuos sólidos, es bien sabido que al menos el plástico y los pesticidas, en todas sus variedades, son contaminantes originarios de la ciudad que se han introducido irresponsablemente en el campo, con graves consecuencias para la naturaleza y para la salud y la seguridad de las poblaciones campesinas e indígenas.
c. el escaso acceso a los recursos económicos, que imposibilita la adquisición de insumos básicos que no se producen en sus lugares y que tienen que adquirir al mercado, como azúcar, sal, aceite, jabón, etc. Que imposibilita también la adquisición de ropa, calzado y artículos necesarios para el bienestar familiar, la protección del cuerpo y el cuidado familiar de la salud con una vivienda apropiada provista de servicios básicos.
2. La población se encuentra indefensa y a merced de los grupos armados que desde el municipio vecino realizan continuos disparos y descargas de balas desde las laderas de los cerros colindantes, sembrando terror y provocando el desplazamiento interno, durante las noches. La intervención del Estado Mexicano se ha concentrado en hacer presencia policiaca en el territorio que está siendo agredido, municipio de Chalchihuitán, cuando tendría que estar vigilando, investigando y desarmando a los grupos de poder político y delincuencia organizada que operan en toda microrregión en al menos cuatro municipios entre ellos los municipios en conflicto. La presencia policiaca y militar resulta preocupante al hacer parecer esta presencia como una estrategia más de vigilancia que de protección de la población.
3. Hay una importante afectación psicosocial por la pérdida de sus casas, sus terrenos, sus pertenencias en general. El gobierno del estado simulación la atención a la salud enviando brigadas médicas desde los servicios públicos del estado, cuya atención es insuficiente e inapropiada. Esta afectación se agrava ante la falta de servicios de atención, prevención y promoción de la salud, que pese a tener unidades primarias de atención de parte del sistema de salud gubernamental, dista mucho de ofrecer servicios de calidad, apropiados, dignos y consistentes, toda vez que dichas unidades se encuentran permanentemente desabastecidas y sin personal ni equipo médico suficiente y pertinente desde el punto de vista cultural y sanitario. Esta carencia tanto material como sociocultural es la raíz del actual rechazo de las poblaciones indígenas a la atención a los servicios, pues la indignidad que generan las formas de atención y la miseria y mezquindad de los servicios resultan insultantes para nuestros hermanos y hermanas indígenas, quienes reciben, si acaso, los peores servicios y de la peor calidad.
4. Los programas de combate a la pobreza que les significan a las comunidades un ingreso mínimo familiar, generando en ellas dependencia, ahora están suspendidos por el clima de conflicto, con lo que la situación económica es tremendamente precaria. En general, las políticas asistenciales de combate a la pobreza, como ahora la política de apoyo en la emergencia, atiende las necesidades de salud con alimentos procesados de la peor calidad nutricional, desconocidos para la gente y sus organismos, que les enferman; completamente inapropiados culturalmente por la diferencia de sabores y definitivamente contaminantes por la cantidad de residuos sólidos que generan, cuyo manejo apropiado es desconocido para las poblaciones, generando basura en todo el entorno y contribuyendo con esto al empeoramiento de sus condiciones de salud y de vida. Igualmente es denigrante la acción del Estado Mexicano desde el nivel estatal ha desplegado en esta fase de conflicto y desplazamiento forzado interno, que son aún más insultantes, distribuyendo desde sus organismos de Protección Civil artículos superfluos y descontextualizados, así como despensas con alimentos chatarra, enlatados y consumibles rechazados por la población por el daño que les representan además del rechazo cultural. Y finalmente, también.
5. La autoridad formal de la comunidad es priista, lo que implica conflictos partidistas que no se pueden eludir en el análisis de la situación actual. Tanto los partidos políticos como el Estado han hecho oído sordos a la palabra de las comunidades y pueblos indígenas, ignorando sus usos y costumbres, sus culturas, sus necesidades, sus proyecciones, sus decisiones territoriales, su autonomía. Ambos actores políticos miran por sus intereses de grupos de poder político y delincuencial.
El Estado es responsable directo de la violencia estructural que se vive en la región: al permitir la prolongación del conflicto en función de sus intereses políticos y económicos; por omisión al no aplicar la ley agraria en la ejecución de las resoluciones de dotación de tierras.
Habiendo permanecido en la zona en conflicto durante los días sábado 16, domingo 17 y lunes 18, recogiendo testimonios orales y gráficos de la población desplazada pertenecientes al municipio de Chalchihuitán, concluimos:
• La urgencia de la presión de las organizaciones de la sociedad civil, y de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para emplazar al estado mexicano a atender el presente conflicto en sus aspectos jurídico, político, económico y social.
• Vemos con preocupación que se apele a la presencia militar y policiaca como forma de contribuir a la solución del conflicto cuando, en realidad, esta presencia contribuye a aumentar el clima de tensión y espionaje contra la población de las comunidades y las organizaciones y activistas de derechos humanos, civiles y religiosas.
• Nos preocupa también que el actual escenario electoral las acciones gubernamentales sirvan como pretexto para simular una solución que, a mediano plazo suponga mayor división y confrontación en las comunidades.
• Es urgente que la atención a las necesidades de salud, alimentación y servicios básicos, sea genuina, apropiada, urgente y de calidad, respondiendo sensiblemente a las características culturales de la población.
Recomendaciones desde nuestra perspectiva como sociedad civil defensora de Derechos.
• Las autoridades y comunidades de ambos municipios, tanto como el Estado en sus acciones de intervención, deben recuperar la preocupación por la población, especialmente la población desplazada en este momento, que debe ser prioridad en el análisis del camino a seguir y al elegir las formas de resolver el conflicto.
• De ninguna manera se debe permitir la demora en la solución política del conflicto que derive en una prolongación de la situación de desplazamiento forzado, que en este momento tiene a cientos de familias en situación de extrema vulnerabilidad y peligro. Si esto sucediera, es necesario el reconocimiento de la zona de conflicto como zona de Desplazamiento Forzado Interno, que permita atender la situación de violencia armada que se vive de acuerdo con los protocolos internacionales en esta materia.
• Las comunidades indígenas de esta región, como otras, son sujetos colectivos. Es necesaria y urgente la recuperación de su memoria histórica como comunidad, entendida como documentación viva del proceso de construcción de su autodeterminación social y territorial y de la convivencia social. Esta experiencia colectiva ha sido desestimada por los sistemas jurídicos y políticos anulándola como posibilidad de conciliación de los intereses al interior de las comunidades y entre ellas.
• Es necesario el respeto y la apertura del Estado en el reconocimiento y fortalecimiento de las formas asamblearias y de decisión colectiva, y principalmente a los ejercicios de diálogo y conciliación colectiva que tienen los pueblos, como mecanismos de resolución de conflictos y, en general, de convivencia para el bien común; relativizando el manejo jurídico, administrativo y procedimental. Para ello, son necesarios esfuerzos genuinos del Estado dirigidos al convencimiento del Diálogo más que a someter a las partes de una u otra manera.
• Consideramos tajantemente que de las mesas de diálogo deben estar excluidas las alcaldías y los partidos políticos, para no entorpecer sus deliberaciones. El diálogo y la conciliación en torno a este conflicto de naturaleza agraria corresponde al gobierno de los Bienes Comunales. Pero la conciliación no es posibles si se entrometen intereses políticos y partidarios ajenos a los intereses colectivos comunitarios de cada pueblo y comunidad, por lo que es imprescindible que los esfuerzos de diálogo y con conciliación promovidos por el Estado excluyan de dichos mecanismos a las estructuras municipales oficiales, cuyos intereses partidarios pueden enturbiar y corromper el proceso de decisiones.
• Por otro lado, consideramos un punto de partida fundamental para iniciar el diálogo el reconocimiento del Estado de sus responsabilidades en el desencadenamiento de este conflicto, en la medida en que el litigio agrario se deriva de errores administrativos institucionales, cometidos por la secretaría agraria en su momento al equivocar la cantidad de hectáreas dotadas a cada ejido. Este reconocimiento es una obligación del Estado ya que no hacerlo traslada el origen del conflicto responsabilizando en su totalidad a los pueblos en controversia, quienes lógicamente son parcialmente responsables.
Como medidas concretas y urgentes, es necesario:
– el apoyo y facilitación de las condiciones para que se logre un retorno que garantice la seguridad de las personas y su integridad física y mental, en el caso de las familias que aun conservan su casa. Y garantizar la indemnización de las familias cuyas casas fueron quemadas y/o saqueadas, asi como la compensación debida por la pérdida de las cosechas y el robo de los animales (ganado, caballos, puercos, pollos, etc.).
– el desarme simultaneo y urgente de los grupos armados que siguen amedrentando a la población, especialmente a las familias cuyos terrenos y solares se encuentran en los límites territoriales de ambos municipios y en la franja en conflicto. Para ello, es urgente que las Policias y militares hagan su labor en el municipio agresor y dejen de realizar labores de vigilancia que resultan en hostigamiento y tensión en la vida cotidiana de la población de Chalchihuitan
– la investigación y castigo a los responsables de las agresión y el clima de tensión que se está generando y mantiene a la población atemorizada y traumatizada por los continuos disparos de armas de alto poder que los agresores realizan todas las noches y en ocasiones incluso durante el día en los distintos parajes, asi como las amenazas a las familias que intentan volver a sus casas o terrenos a recuperar o proteger sus siembras, animales y pertenencias.
– la indemnización a las familias que ha perdido familiares debido al conflicto armado: algunas por las condiciones climatológicas y la precariedad en el acceso a los alimentos durante el desplazamiento y otras por las condiciones de terror y amenaza bajo las que están sobreviviendo.
San Cristóbal de las Casas 20 de diciembre del 2017
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.