A diez días de comenzada la huelga de hambre en distintas unidades penales de la Provincia de Buenos Aires, también se sumaron al reclamo las unidades federales de Devoto y Marcos Paz. Ante este reclamo realizado por las personas privadas de la libertad, el Servicio Penitenciario Bonaerense dejó en evidencia su costado más represivo. Las […]
A diez días de comenzada la huelga de hambre en distintas unidades penales de la Provincia de Buenos Aires, también se sumaron al reclamo las unidades federales de Devoto y Marcos Paz.
Ante este reclamo realizado por las personas privadas de la libertad, el Servicio Penitenciario Bonaerense dejó en evidencia su costado más represivo. Las muestras de esto son las amenazas, coacciones y traslados para las personas que ejercen su derecho a la protesta. En este marco fue que falleció Rubén Terzagui, quien adhería a la medida y ya llevaba una larga lucha por ser escuchado por las autoridades del ámbito judicial y del Servicio Penitenciario Bonaerense (ver «Un sueño trunco»).
La huelga de hambre tuvo inicio el pasado jueves 18 de marzo en los pabellones universitarios y de trabajadores de la Unidad Penal Nº 9 de La Plata, en repudio al endurecimiento de las normas penales y procesales. Con el correr de los días, detenidos alojados en las Unidades 21 de Campana, 45 de Melchor Romero, 1 de Olmos, 8 y 46 de mujeres, se plegaron a la medida. Se exige a los jueces y legisladores que ejerzan el control de convencionalidad y constitucionalidad de la normativa en crítica.
En este contexto, las autoridades del S.P.B. no le han realizado a los detenidos los controles sanitarios periódicos que corresponden en situaciones como estas. Por el contrario, han ido tomando medidas cada vez más contraproducentes y vejatorias para las condiciones de vida de los huelguistas. Es el caso del traslado, -horas antes del inicio de la huelga- de seis detenidos estudiantes universitarios que organizaban esa medida en la Unidad 9; a los que sumaron cinco estudiantes de la Unidad 45 y a otros dos que fueron sacados de la Unidad 21 de Campana.
Se trata de José María Augusto Gandolfi, Sergio López Mandri, Sergio Molina Pomares, Martín Acosta Prochnuk, Ezequiel Neuman Rioja, Ignacio Monzón Águila, Nelson Fabián Sampietro López, Luis Gorosito, Ricardo Luis Colman Zavala, Juan Asti Ferreira, Walter Colman Zavala, Jorge Penela Dorado y Daniel Isidro Polischuk Gorski.
Todos estos traslados se realizaron de manera injustificada y sin previo aviso a cada uno de los Tribunales correspondientes a las causas de los detenidos, lo que demuestra que su funcionalidad es, únicamente, la de atormentar y castigar a quienes llevan adelante esta medida de absoluta legalidad, apuntando a desarticular su organización y a desplegar todo tipo de apremios psicológicos para quebrarlos.
En este mismo orden, otras 20 personas que se encontraban en huelga de hambre fueron trasladadas de la unidad Penal Nº 1 de Olmos. En los Pabellones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 de esa cárcel, el Servicio Penitenciario Bonaerense suspendió el acceso a los teléfonos, prohibió el ingreso a los docentes de las escuelas y, el día 24 de marzo, en el momento en que se desarrollaba el acto en memoria del más horroroso Golpe de Estado que haya sufrido la Argentina, trasladó compulsivamente a esos 20 detenidos y amedrentó al resto de la población con el único objetivo de romper la huelga.
Negociaciones
En el transcurso de estos diez días de protesta, los huelguistas han recibido en sucesivas reuniones a distintas autoridades que, cuidándose de no dejar constancia escrita y firmada de ello, se comprometieron a cesar los traslados y reintegrar a sus unidades de origen a quienes sí sufrieron esa situación.
A la primera de estas reuniones, realizadas en la Unidad 9 de La Plata, el martes 23 a las 10 de la mañana asistieron el Dr. Ricardo Casal -Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires-, César Albarracín- Subsecretario de Política Criminal de la Provincia de Buenos Aires, Javier Mendoza -Jefe del Servicio Penitenciario Boenaerense-, senadores y diputados nacionales y provinciales entre ellos: conti, Gianetassio, rivara. A este encuentro no permitieron el ingreso de las organizaciones que están mediando y que representan a los detenidos.
Allí se le entregó el petitorio a las autoridades y se resolvió seguir con la huelga. Además se propuso una reunion para el dia viernes con la intención de continuar el diálogo.
En la segunda reunión, el viernes 26 a las 16 hs., asistieron César Albarracín, Javier Mendoza y representantes de las organizaciones mediadoras: Azucena Racosta del Colectivo La Cantora, Alicia Romero del Comité contra la tortura, Oscar Rodríguez, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Secretaría de DDHH de La Plata.
En esta ocasión, César Albarracín mencionó un Proyecto de ley que contemplaría algunos de los puntos del petitorio y también habló sobre una posible comisión que debatiría sobre las reformas legislativas, pero no propuso algo concreto. Por lo tanto los detenidos decidieron continuar con la huelga.
Por otro lado, Albarracín se comprometió a dar la orden de que los huelguistas no fueran trasladados. Sin embargo, esa misma madrugada Ignacio Monzón Águila, plegado a la medida, fue sacado del pabellón 11 de la Unidad 9 hacia Florencio Varela. Este traslado se suma a los otros doce, sufrido por estudiantes universitarios, que en la actualidad siguen «sin destino». Todos ellos están contemplados en el habeas corpus colectivo presentado por las organizaciones, lo que logró que se les diera audiencia en los juzgados.
Si bien es cierto que no es novedad la forma en que el S.P.B. ataca con absoluta impunidad los intentos de organización de la población carcelaria, cabe resaltar que el contexto social en general no es ajeno a esta nueva respuesta represiva. Apenas unas horas separaron este hecho del que protagonizaron los manifestantes de ATE, en reclamo de la medida inconstitucional lanzada por el gobierno de Daniel Scioli de descontar parte de los sueldos a docentes que, en un marco de plena legalidad, ejercieron su derecho a huelga. Por si esto fuera poco, las autoridades del Ministerio de Educación bonaerense denunciaron que la toma del edificio de la Dirección General de Escuelas de la provincia fue violenta, siendo que representantes de ATE le demostraron a la policía que no hubo destrozos ni desmanes por parte de los manifestantes.
El telón de fondo que Scioli propone para acolchonar estas medidas represivas es por demás conocido: con renovado apoyo de los legisladores del PRO, vuelve a la carga su Código Contravencional que tiene como principal meta la criminalización de los sectores sociales más castigados, al mismo tiempo que intenta aprobar una nueva limitación a las excarcelaciones. Los puntos expuestos en el código acentúan las políticas de seguridad y otorgan un poder desmedido a la policía, que ninguno de nosotros quiere volver a soportar.
Este 24 de marzo volvimos a recordar con dolor el inicio de la última dictadura militar. En la permanente búsqueda de justicia que exige aquella época, el próximo 12 de abril comienza el juicio a quienes en 1976 eran autoridades de la Unidad 9, por los llamados «pabellones de la muerte». Como hoy, en esta nueva circunstancia de lucha, médicos, oficiales y funcionarios tenían la obligación de velar por la seguridad y custodiar la salud, la vida y la integridad física de los detenidos. Como hoy, en 1976 esa obligación fue incumplida, por lo que serán juzgados. La historia de la represión, la impunidad y el dolor se repite. La necesidad de justicia, también.
Un sueño trunco
Rubén Terzagui era un estudiante de periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Estaba privado de su libertad, tenia sueños y esperanza de lograr algún día, a través de su esfuerzo, un titulo que le permitiera darle en un futuro no muy lejano una herramienta que le allanara el camino y lo ayudara a, eventualmente, reinsertarse en la sociedad; no sólo en el sentido social sino también en un sentido socioeconómico y lograr así convertirse en una herramienta útil a los fines de las necesidades de su familia y la sociedad que lo marginaba.
Soñaba con el fin de su encierro como así también el fin de un relicario de errores que debía pagar. Sentía que el cambio era posible, sabía que si se esforzaba podía lograrlo, tenia esperanzas y trabajaba denodadamente para lograr su objetivo. Pero no sabia que así como él trabajaba para superarse, otros trabajaban para truncar sus sueños. Él estaba enfermo, era portador de H.I.V. y no era atendido con la delicadeza que una enfermedad así lo requiere.
En reiteradas ocasiones realizó el reclamo ante las autoridades pertinentes sin obtener un eco favorable a su solicitud, pidió ayuda a distintas organizaciones de Derechos Humanos, las cuales presentaron sendos Recursos de Habeas Corpus para lograr la atención sanitaria requerida, pero ninguno de estos pedidos fue escuchado ni tampoco logró su cometido final, dejándolo en un total abandono. A raíz de su necesidad de ser escuchado, en varias ocasiones de inició medidas de fuerza como huelgas de hambre, sabiendo que esto ponía en riesgo su integridad física, pero a pesar de ello tampoco fue escuchado.
Es así que habiéndose enterado que sus pares iniciarían una huelga de hambre el 18 de marzo en reclamo de mejoras en las condiciones de detención como así también se respete los plazos razonables de la prisión preventiva y los pactos internacionales a los cuales suscribió la Nación Argentina, decidió plegarse a tal medida. Rubén no sabía que en el transcurso de la protesta lo sorprendería el oscuro manto de la muerte, que pondría punto final a todos sus reclamos el día 28 de marzo del corriente año, en el sector de sanidad de la Unidad Penal Nº 22 de la ciudad de La Plata…
Fuente original: http://www.lacantora.org.ar/nota.php?idnota=730