La filtración que desnudó al Gobierno con la fuga del borrador educativo no solo expuso una reforma planificada entre sombras, sino también la intención deliberada del Gobierno de transformar el sistema escolar argentino en un mercado sin reglas, donde cada familia queda librada a su suerte.
El episodio que sacudió la Casa Rosada el 26 de noviembre de 2025 fue mucho más que un inconveniente administrativo: fue la grieta que dejó ver el proyecto educativo más ambicioso —y más riesgoso— del oficialismo. Un documento interno, pensado para avanzar en silencio tras el recambio legislativo, apareció circulando dentro del propio espacio libertario. Y esa filtración, lejos de ser un accidente, funcionó como una radiografía involuntaria de un Gobierno que pretende rediseñar la educación pública como quien desmonta una vieja máquina sin manual ni red de contención.
Carolina Losada, representante del Senado en el Consejo de Mayo, terminó siendo la portavoz involuntaria del caos. Su frase —“hay filtraciones que no ayudan a lo que queremos construir”— no solo reflejó enojo; mostró el nervio central del plan: la velocidad propia de quien sabe que la discusión pública puede desacreditar lo que solo cierra si se negocia a puertas cerradas. El “acuerdo de confidencialidad” que mencionó, casi como un escudo, confirma algo más profundo: el Gobierno necesita silencio para avanzar en una reforma que difícilmente resistiría la luz del día.
El oficialismo pretendía presentar el proyecto cuando los números en el Congreso le resultaran más favorables. El mecanismo era simple: reuniones discretas, borradores intercambiados entre pocos actores y cero participación social. Pero la filtración desarmó la ingeniería política. El Ejecutivo decidió congelar el trabajo del Consejo de Mayo, un organismo que nació como vidriera del diálogo plural y terminó funcionando como un comité cerrado de afinidades libertarias.
Aquí aparece la primera señal de alerta: cuando una reforma que promete “liberar” el sistema requiere secretismo, no estamos frente a una innovación, sino frente a un retroceso cuidadosamente empacado.
El corazón de los borradores filtrados es contundente: se deroga la Ley Nacional de Educación 26.206 y se habilita que cada escuela —estatal, privada o autogestionada— diseñe su propio programa pedagógico, su calendario, su modalidad de enseñanza e incluso sus mecanismos de contratación docente.
No hay estándares mínimos. No hay piso común. No hay horizonte compartido.
Lo que queda es un mosaico de ofertas educativas que irán desde instituciones consolidadas hasta experimentos improvisados. Un país donde la trayectoria escolar dependerá más del código postal que de un derecho garantizado por el Estado.
Es la metáfora perfecta del proyecto libertario: un país convertido en un mercado de opciones, donde “la libertad de elegir” oculta que muchos no tendrán nada para elegir.
La incorporación de la educación en casa y los modelos híbridos aparece presentada como una “ampliación de derechos”. Pero detrás se esconde una maniobra clara: la responsabilidad de garantizar aprendizajes se desplaza del Estado hacia las familias, que pasarán a sostener —económica, emocional y logísticamente— lo que antes era un derecho colectivo.
En otras palabras: el Estado se retira y quienes puedan pagar cubrirán el vacío. Quienes no, quedarán atrapados en un sistema que formaliza la desigualdad.
La filtración no solo adelantó el contenido del proyecto; también dejó al descubierto el rumbo fiscal del Gobierno. La reforma escolar funciona como la pieza clave para reducir el gasto público en uno de los bienes más estratégicos del país: la educación pública, gratuita y de calidad, el motor histórico de movilidad social que permitió que Argentina no fuera solo un territorio, sino una comunidad con aspiraciones comunes.
Cuando se desfinancia la escuela, no se ajusta una partida: se recorta el futuro.
La filtración obligó al Gobierno a mostrar su jugada antes de tiempo. Ahora la sociedad conoce el verdadero alcance del experimento: un sistema educativo sin estructura común, sin responsabilidad estatal y sin protección para quienes más dependen de lo público.
Argentina está frente a una encrucijada. Podemos aceptar una reforma que convierte la educación en un bien transaccional o podemos defenderla como lo que siempre fue: el pacto social que iguala, integra y proyecta.
Si esta es la revolución educativa que propone el oficialismo, entonces es momento de encender las luces, abrir el debate y decidir si estamos dispuestos a entregar el futuro de nuestros hijos a las reglas de un mercado sin reglas.
La educación no se improvisa. Se construye con Estado, con planificación y con un horizonte colectivo. Lo demás es marketing. Y del marketing, como quedó demostrado, siempre se escapa la verdad.
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