El FMI busca acelerar los tiempos del ajuste

El FMI se maneja con un déficit que lleva incorporados los intereses de la deuda. El gobierno los excluye. En puntos del PBI alrededor del 4,9% contra alrededor del 3%. O U$S 20.100 millones contra U$S 12.300 millones. 

Además, el FMI descalifica, como el gobierno pretende, financiar ese déficit con demasiada emisión y sobreestimando los recursos que llegarían de organismos internacionales. 

El largo camino ya recorrido 

El gasto primario se redujo en 6,7% en términos reales e incorporando los intereses de la deuda bajó un 7,9%.  

Las reducciones más importantes fueron en la obra pública, salarios, jubilaciones y pensiones no contributivas. Un ajuste de $ 903.000 millones.  

Los datos oficiales de la secretaría de Hacienda arrojan que entre enero y noviembre de 2021, el déficit primario del sector público fue de $ 911.298 millones. Teniendo en cuenta los mayores gastos estacionales de diciembre (p. e. aguinaldos), la proyección arroja un saldo negativo cercano al 3% del PBI. La cifra es bastante menor al 4,9% que estimaba el Presupuesto 2021. 

Un informe reciente del IARAF (Instituto Argentino de análisis fiscal) compara el gasto acumulado en los once primeros meses de 2021 versus 2017, el registro más alto de los últimos seis años y sin pandemia: jubilaciones y pensiones $ 682.177 millones; PAMI $ 100.000 millones; asignaciones familiares $ 23.214 millones y salarios estatales $ 365.000 millones. Ahorro fiscal = U$S 11.600 millones. Los gastos reales de 2021 en jubilaciones, PAMI y salarios son los más bajos desde 2016.  

Al respecto, escribió el Lic. Héctor Giuliano el pasado 26 de diciembre: “[…] El rechazo del PL (Proyecto de Ley) de Presupuesto 2022 y su retiro por parte del Oficialismo produce, en lo inmediato, al menos tres consecuencias principales: 

1. Le deja las manos libres al Gobierno FF para seguir manejando discrecionalmente las Finanzas Públicas con la prórroga del Presupuesto 2021 más las medidas que introduzca vía Facultades Especiales y Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). 

2. Favorece directamente al FMI porque implica prolongar los pagos por servicios de Capital e Intereses hasta el Trimestre I de 2022 inclusive.  

3. Permite a la administración FF continuar con la Receta Recesiva del FMI en materia de baja de Salarios Reales, de Jubilaciones/Pensiones – también en términos reales (por aumentos menores a la Inflación) – y licuación parcial de los valores de Planes Sociales; utilizando paralelamente el Impuesto Inflacionario para seguir manteniendo el aumento de la Recaudación Fiscal (Impositiva y Previsional). 

Al 30.11 pasado – según cifras oficiales del MECON, Base Caja – los Ingresos Totales del Gobierno Central habían aumentado un 83 % frente al año pasado y paralelamente los Gastos Primarios, en igual período (acumulado de los 11 meses del 2021), se incrementaron prácticamente la mitad: un 46 %; lo que significa que – gracias fundamentalmente a la Inflación – el aumento de los Recursos fue el doble que el aumento de los Gastos (sin contar el pago de Intereses, que a esa fecha sumaba unos 670.000 M$. De esta manera, el gobierno FF puede presentar al Fondo uno de los resultados de cumplimiento más elevados dentro de la historia de nuestras relaciones con el Organismo: una reducción del Déficit Fiscal Primario del 66.5 % y del 41.6 % en el Resultado Financiero (contando los Intereses). 

Así, en plena pandemia de Covid 19 y bajo condiciones recesivas ejecutadas en línea con las exigencias del FMI, la Argentina ha logrado disminuir sensiblemente su Déficit Fiscal, una condición sine qua non para obtener el reconocimiento del Fondo por su cumplimiento del SBA (Acuerdo Stand-By) de Macri. 

Mientras tanto, se le dice a la población que el gobierno está peleando para no aceptar Políticas de Ajuste Fiscal del FMI en el nuevo Acuerdo, diferido por el Fondo (y el Club de París) hasta Marzo, mientras en la práctica este Ajuste se viene haciendo precisamente para poder llegar al Acuerdo. 

Y el premio de dicho Acuerdo va a ser que el país retorne al Mercado Internacional de Capitales para volver a endeudarse. (Archivo: GIULIANO ARTICULO 2021 12 23 PPTO Y FMI). 

Para pagar la deuda 

El lunes 10, el Tesoro argentino giró u$s693 millones a tenedores de los títulos bajo legislación de Nueva York y también bajo ley argentina. La mayor parte irá a fondos buitres y u$s155 millones a manos de entes públicos como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses y el Banco Central. 

Se trata de los bonos lanzados tras el canje de septiembre de 2020, con títulos bajo ley extranjera por un total de US$ 66.000 millones.  

Argentina finalizó 2021 con reservas netas de US$ 2.600 millones y, además del pago del lunes, en las próximas semanas vencen cerca de u$s1.100 millones del préstamo del FMI de 2018. 720 millones de dólares de capital a fines de enero y unos u$s360 millones de intereses los primeros días de febrero. 

El gobierno también permitió que los Bancos remitan al exterior el 20% de las utilidades acumuladas en 12 cuotas lo cual generó entusiasmo en el sector y se consideró como parte de la política del gobierno destinada a mostrar la normalización de la economía. 

A pedido de las patronales el Gobierno levantó el aislamiento obligatorio para contactos estrechos 

Tras una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), las autoridades sanitarias de todo el territorio nacional acordaron levantar la exigencia de aislamiento obligatorio para los contactos estrechos de casos positivos. La revisión del protocolo se da en medio de la tercera ola de Covid-19 en Argentina, y luego que un grupo de importantes empresarios le hiciera llegar al Gobierno su preocupación por el alto índice de ausentismo en los lugares de trabajo. 

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, detalló las nuevas medidas: 

   Los contactos estrechos con esquema completo de vacunación (dos dosis y el refuerzo aplicado) y que no presenten síntomas, serán exceptuados de realizar el aislamiento obligatorio y de testearse. 

   Los contactos estrechos que cuenten con dos dosis y no presenten síntomas, no será obligatorio que guarden aislamiento pero deberán realizarse un test de antígenos entre el tercer y quinto día. 

   Los contactos estrechos que no estén vacunados y no presenten síntomas, realizarán aislamiento de acuerdo al esquema que estaba siendo implementado. 

El jueves de la semana pasada los gerentes de Toyota, Syngenta y Unilever mantuvieron una reunión con ministros y sindicalistas. “La ministra Vizzotti escuchó la preocupación que tenemos por el alto nivel de ausentismo que se está dando en las últimas semanas, no tanto por la gente que se está enfermando, sino por gente que es contacto estrecho”, indicó el CEO de Syngenta, Antonio Aracre. 

Una novedad en la resolución, respecto del funcionamiento de la App CuidAr, despeja todas las dudas sobre a pedido de quién el Gobierno tomó esta nueva medida. Al ser contacto estrecho (y por tanto tener muchas posibilidades de tener el virus y la capacidad de contagiar a otras personas), con esta nueva normativa no habría ninguna cobertura para un trabajador o una trabajadora que necesite aislarse. Ahora bien, la App Cuidar al ser contacto estrecho se bloquea durante 10 días. Es decir, esa persona, que según el criterio epidemiológico del Gobierno no contagiaría a nadie en el trabajo, sí puede contagiar en cualquier evento social, cultural o deportivo y, por tanto, se le prohíbe el acceso a todos esos lugares. Vizzotti además se refirió a la situación actual de la pandemia y su posible cambio de categoría: «Es un momento bisagra. Estamos definiendo si estamos entrando a la endemia y este es un cambio de paradigma muy grande para la población”, expresó. 

«Si se ve en la evolución de la enfermedad que es realmente como la varicela, la gripe o ese tipo de enfermedades, la transición a endemia llevará a que no haga falta testear a todos los casos y que el aislamiento tenga otro rol, que pierda valor para controlarla», añadió. 

La continua y diaria suba de contagios afecta al mundo del trabajo. Ante esta situación, muchas empresas no cumplen con los protocolos de higiene y seguridad para resguardar la salud de los empleados y empleadas. En la zona norte del Gran Buenos Aires, lugar de las principales industrias del país, son varios los ejemplos que muestran que la subida de contagios está atada al no o parcial cumplimiento de las normas de higiene y seguridad. 

En la planta de Pacheco de la alimenticia Mondelez (ex Kraft-Terrabusi), la Comisión Interna informó que, para el jueves de la semana pasada, había 26 casos positivos, 29 sospechosos y otros 29 aislados por contacto estrecho. Fuentes ligadas a la agrupación Bordó -opositora a la conducción de Rodolfo Daer en el gremio de la Alimentación- expresaron que no se aplica el distanciamiento ni los aislamientos, así como tampoco se realizan testeos masivos al personal. 

En la fábrica que produce las tradicionales Tita y Rhodesia, la empresa también se niega a restituir los micros que transportaban al personal durante la primera y segunda ola. 

El quite de los micros muestra el relajamiento de las empresas en el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad durante el segundo semestre del año pasado en pos de aumentar sus ganancias.  

En Fate, por ejemplo, se normalizaron los horarios de ingresos y egresos de personal provocando amontonamientos y entrecruzamientos entre compañeros. 

La empresa de neumáticos ubicada en San Fernando también modificó el protocolo que establecía que los contactos estrechos de sospechosos debían aislarse. Ahora, se aíslan dependiendo del resultado positivo del sospechoso, el cual tarda entre 48 y 72 horas. 

Los bingos y casinos tampoco escapan a la norma. Ante la presencia de miles de visitantes mensuales, un trabajador del casino Trilenium de Tigre dijo que “los protocolos son escasos y que hay entre 15 y 20 compañeros contagiados”. También expresó que desde el 2020 se impulsó retiros voluntarios (despidos encubiertos), provocando la reducción del personal de limpieza y gastronómico. 

Esto generó que haya polifuncionalidad entre el personal sobrante y disminución de servicios. Los técnicos de las máquinas deben limpiarlas además de repararlas y no hay café ni gaseosas para los horarios de descanso, así como no se prepara la cena para el personal nocturno y lo que se les brinda son alimentos escasos en nutrientes. 

A algunos kilómetros de allí, los operarios del frigorífico Rioplatense (ubicado en la localidad de Pacheco) votaron en asamblea retirarse del establecimiento ante el acelerado ascenso de casos y el incumplimiento de los protocolos por parte de la patronal de Rodolfo Costantini. 

Un comunicado de los delegados publicado el viernes pasado comentaba que la firma citaba para control médico a trabajadores con diagnóstico confirmado, obligaba a trabajar a contactos estrechos y gente con síntomas, y amenazaba con el descuento de salarios a aquellos que optaran por cumplir la pauta sanitaria legal. 

En las empresas medianas también se encuentran casos preocupantes. En Finning CAT (Tortuguitas) fueron 6 positivos. En Plastimec (Tigre), más del 10% del personal tiene covid-19 (9 obreros), no se provee de alcohol sanitizante y el viernes pasado trabajaron sin agua. El sindicato no realizó asambleas ni exigencia de medidas a la patronal. 

En los ferrocarriles, expresaron que no se realizan testeos al personal, no se brindan elementos sanitizantes y en el caso de trabajadores contratados, aun siendo contactos estrechos y si no tienen síntomas, los envían a trabajar igual sin haber sido testeados antes. 

Por el ausentismo causado por la nueva ola, quieren reducir los 5 días de aislamiento para contactos estrechos, reformar los protocolos a su favor y hacer descuentos a quienes no estén vacunados. No se puede dejar la salud en manos de quienes buscan aumentar sus ganancias a costa de nuestro trabajo. 

Hay que exigir a la CGT y los sindicatos que rechacen estos planes y convoquen asambleas para poner en pie Comisiones de seguridad e higiene, elegidas por la base, que discutan los protocolos y puedan tomar medidas ante los incumplimientos. 

Más casos 

El Secretario Gremial de UTA-Jujuy, Nicolás Abet, denunció en medios provinciales que “va a haber un colapso en la prestación de servicio por no tener personal necesario”. Esto se debe al crecimiento de casos entre los choferes de colectivo: 21 casos positivos y decenas de aislados por contacto estrecho. 

El gremialista también señaló que existe un “vacío legal” en cuanto a las medidas de prevención y bioseguridad, al quedar sin efecto el último DNU del Gobierno Nacional el 31 de diciembre de 2021. “Tengo una audiencia el lunes que viene con el ministerio de Trabajo y el sector empresarial, en la cual el Gremio va a solicitar que se vuelvan a tomar las medidas de colocar las cortinas de aislamiento. El Gobierno Nacional tuvo DNU hasta el 31 de diciembre, hasta la fecha hay un vacío legal. No hay nada que diga cómo se debe proceder, por esto las ART no se hacen cargo. Esto lleva a una complicación sanitaria”, señaló el gremialista. 

Los trabajadores no reciben los certificados de positividad por parte del COE por lo que no pueden tener el tratamiento de las obras sociales. Frente a este tema, Abet denunció que: “El problema es que se va a hacer un testeo, le da positivo y lo mandan a la casa y no dan ninguna certificación ni se explica cómo hacen con la obra social, que no lo cubre porque no tiene ninguna certificación de que es un caso positivo. Y qué se hace con los que dan negativo o son contactos estrechos que no se pueden hisopar hasta el quinto día para hacerse un hisopado. Hay un vacío legal que marque cómo se justifica frente al empleador estos casos. El ministerio de Salud debe decir cómo se va a cubrir ese vacío legal. Si el mes que viene se descuentan días por esto vamos a ir a una medida de fuerza, porque están atacando al trabajador por un vacío legal que no está cubierto”. 

El referente de UTA finalizó solicitando a los trabajadores que “se cuiden, utilicen el barbijo y lleven su propio alcohol hasta que las empresas empiecen a cubrir esta situación porque la salud está ante todo. Les solicito que no carguemos los colectivos con más de 10 personas paradas porque también vamos a tener un problema si amontonamos gente. De los 21 positivos, 3 trabajadores están internados ya que son los que tenían enfermedades pre-existentes. Hay un 98% de vacunados con una dosis, 75% con dos dosis y 43% con tres. Vamos a hacer una campaña jueves y viernes en el complejo de la UTA para colocar la tercera dosis a todos los que le falten”. 

“En Coto se dieron a conocer en diferentes sucursales, 33 casos positivos y se van sumando. Mientras tanto si fuiste contacto estrecho te lo niegan hasta que des positivo, por ende vas a trabajar sintiéndote mal. Luego te hacen volver antes de que se cumplan los días de aislamiento, llamándote por teléfono desde un número privado apurándote para que vuelvas”. 

“En la heladería Freddo, mi empleador me pidió que me hisope el primer día que presenté síntomas, obvio que me dio negativo, me hicieron trabajar igual. Al otro día volví a la guardia, me hisopé y di positivo. Cuando aviso me dijeron que me tenían en cuenta para la próxima, literalmente me dijeron no vengas más”. 

“Trabajo en atención al público, mi compañera de turno dio positivo, no solo que tuvimos que laburar como si no hubiera pasado nada, sino que en el local no tenemos ni siquiera insumos para higienizarnos nosotros, ni a la gente que entra a comprar al local. Ni hablar si sumamos los maltratos de los jefes, cambios de turno sin previo aviso, y demás.” 

La temporada turística sigue a pleno en medio de la ola de Covid. En ciudades como Mar del Plata se llegó esta semana a 1.000 nuevos casos positivos diarios, lo que podría crecer en los próximos días. La pandemia golpea no solo sobre las y los “veraneantes”, sino sobre quienes hacen funcionar “La Feliz”. Es el caso de las y los trabajadores gastronómicos y hoteleros. 

La Uthgra Mar del Plata, a través de su secretario general Pablo Santín, aseguró que en la ciudad hay cerca de 4.000 trabajadores de la gastronomía y hotelería aislados por casos de coronavirus. 

Santín destacó que no se están generando hospitalizaciones, aunque reconoció que hay tensión con las patronales del sector por el ausentismo que genera la pandemia. “Cuando hay síntomas, se manda a hisopar y cuando es un contacto estrecho, se está esperando un primer síntoma y ahí empieza la confusión y está generando problemas: antes, si había síntomas, se aislaba y mandaba por ART, que cubría esta ausencia. Pero ahora, para pasarlo a la ART, tenés que demostrar que se contagió en el establecimiento”. 

En el ministerio de Economía, las y los trabajadores señalan que vienen denunciando “en tiempo real la continuidad de oficinas completamente selladas, sin ventilación, falta completa de elementos de protección personal para trabajadorxs y fundamentalmente, la ausencia de medios de transporte seguros para quienes realizan tareas presenciales desde el anuncio del regreso “programado y cuidado” en septiembre de 2021”. 

Y agregan que esto se agrava para “lxs compañerxs que padecen diabetes, afecciones cardíacas, respiratorias entre otras enfermedades consideradas comorbilidades y que son obligados a prestar tareas presenciales sabiendo de su condición médica”. 

Cuentan también que el 29 de diciembre presentaron una carta al ministro de Economía, Martín Guzmán, en donde reclaman el regreso inmediato a tareas remotas de todas aquellas tareas en las que no sea imprescindible la presencialidad, como sucedió en otros ministerios y dependencias estatales nacionales. Hacen responsables al ministro Guzmán y a la directora de Recursos Humanos, Isabel Marano, por esta situación. 

Lorena Itabel, delegada gremial de Ate Mecon y parte de la agrupación Marrón Clasista, sostuvo: «Además de esta exigencia al Ministro y denuncia de la situación que atraviesan los trabajadores del ministerio de Economía, es prioritario que el sindicato convoque a plenarios abiertos para discutir la situación en todas las dependencias y que ponga todos los recursos a disposición para atravesar esta tercera ola, que está azotando a las y los compañeros estatales». 

La Asamblea General de Trabajadores del Cerro Vanguardia –ubicado a 150 kilómetros al noroeste de la ciudad de Puerto San Julián, en Santa Cruz– denuncia «una situación de desborde sanitario por la cantidad de casos positivos de Covid y sus contactos estrechos». Detallan que hasta el momento hay alrededor de 285 aislados. «No se están pudiendo sanitizar las áreas. Las áreas operativas están con falta de personal y trabajando a destajo. Las áreas de todos los mantenimientos están reducidas a su mínima expresión y la producción no para», relatan, y denuncian que la empresa AngloGold Ashanti Ltd – Fomicruz amenaza con sancionarlos si no van a trabajar. Por eso, reclaman a la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) que apoye su «reclamo de empezar a evacuar el yacimiento a los 14 días con un PCR previo para garantizar la bajada de los que aún están sin contagiarse, que se armen las guardias mínimas en las áreas sensibles para descomprimir el campamento y, a la vez, se pueda dar una atención de calidad a los contactos estrechos y positivos que se encuentran aislados».  

Y amplían: «las áreas operativas están con falta de personal y trabajando a destajo. En el área de operaciones planta llegó a haber hasta un solo compañero manejando las distintas áreas. Las áreas de todos los mantenimientos están reducidas a su mínima expresión y la producción no para. El área de mantenimiento eléctrico quedó con solo un trabajador para toda la planta. La brigada está aislada por contacto estrecho y en un test rápido ya dieron cinco positivos y quedan a la espera del PCR donde se esperan más positivos». 

Trabajadores de la salud 

Desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina advierten que los contagios y las situaciones de violencia contra los trabajadores de salud crecen exponencialmente, por lo que exigen medidas concretas y aumento del presupuesto para sumar personal. 

Compartimos comunicado:
Tal como advirtió el CEN de Fesprosa a comienzos de la semana, el desborde y descontrol de la pandemia ya es evidente. Los más de 110.000 casos reportados ayer y el aumento y replicación de los casos de violencia contra los trabajadores de salud dan cuenta de ello. 

A las situaciones de violencia en salas de guardia y centros de testeos de Buenos Aires se sumaron las de Santa Cruz, Río Turbio, Mar del Plata, La Plata y Mendoza. 

“Es urgente la necesidad de convocar a los trabajadores a los Comités Operativos de Emergencia (COE) para poder abordar la situación de sobrecarga laboral, de salud, y prevención de la violencia en las que sí o sí los trabajadores de la salud deben ser partícipes. Debemos terminar con las decisiones verticales y burocráticas que no hacen más que profundizar el deterioro de las condiciones de trabajo”, enfatizó María Fernanda Boriotti, presidenta de Fesprosa. 

Asimismo, informó que “los equipos de salud están desbordados, amenazados y violentados desde los gobiernos, con una sobre exigencia que vas más allá de las posibilidades, y que no toman la decisión de aumentar los presupuestos para tener más trabajadores capacitados disponibles y ejerciendo las funciones necesarias”. 

También señaló: “Insistimos en la convocatoria de los COE en todos los niveles del Estado con la participación de las representaciones de los trabajadores como única forma de abordar la compleja situación epidemiológica y laboral que estamos atravesando desde el sector salud”. 

“Repudiamos y no justificamos de ninguna manera que los trabajadores de la salud sean víctimas del enojo y de la violencia social. La Fesprosa abraza solidariamente a todos los trabajadores que están expuestos a este tipo de situaciones e insiste en el reclamo por políticas públicas para la prevención de la violencia”, finalizó. 

En el contexto de la tercera ola de COVID-19, también la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) repudió las situaciones de violencia hacia el equipo de salud. Exigen reconocimiento a la tarea realizada y reclaman que garanticen la integridad psico-física de sus integrantes. Compartimos el comunicado: 

Ante la tercera ola de la pandemia 

Durante las últimas dos semanas en nuestro país, la curva ascendente de crecimiento de casos de COVID-19, que ha tomado un carácter realmente meteórico, nos ha llevado a superar los 100.000 contagios diarios. Por el momento, este crecimiento exponencial sigue disociado de la ocupación de camas de internación, gracias al avance de la vacunación en todo el país, que ya supera el 70% de población inmunizada con dos dosis y a las características intrínsecas de letalidad de las variantes de prevalencia. Pero sí pone en tensión el sistema de testeos, registrándose largas filas y horas de espera en hospitales, centros de salud y unidades febriles, nuevamente causando una sobrecarga de trabajo en los equipos de salud. El otro elemento es el personal limitado de realizar tareas asistenciales por infecciones covid y contactos estrechos. Optimizar los cuidados y confeccionar protocolos consensuados con lxs trabajadorxs a través de los Comités de Crisis, que deben impulsarse en forma perentoria, resultan de suma urgencia para un manejo consensuado de la pandemia. 

La pandemia continúa a nivel mundial y sigue resultando fundamental que la vacunación se extienda a todos los países a fin de prevenir la aparición de nuevas cepas que sigan poniendo el horizonte del fin de esta difícil etapa histórica cada vez más lejos. Los intereses geopolíticos y económicos de los países centrales y los grandes laboratorios no han permitido medidas humanitarias, como la liberación de las patentes, que permitirían multiplicar la producción de vacunas, que han claramente demostrado su eficiencia y seguridad, a nivel mundial, garantizando el acceso a las mismas a las naciones más pobres. 

Ante las situaciones de violencia 

En este contexto ciertamente complejo, estamos viendo la recurrencia de situaciones de violencia, como lo sucedido en el Hospital de Pacheco durante el fin de año, que ponen en riesgo la integridad psico-física de integrantes de los equipos de salud, quienes vienen desde hace dos años sosteniendo la atención durante la pandemia, con compromiso y muchísimo esfuerzo, en un sistema de salud con múltiples deficiencias estructurales, visibilizadas y agudizadas por la pandemia, y con una deuda histórica por parte de los diferentes gobiernos con los trabajadorxs de la salud. Repudiamos todas las situaciones de violencia hacia el personal de salud, reclamando que las autoridades de cada efector de salud como así también las provinciales y municipales tomen las medidas pertinentes para garantizar la integridad psico-fisica de lxs trabajadorxs de la salud.  Y avalaremos todas y cada una de las medidas que se tomen en cada lugar donde no se garanticen condiciones de seguridad para la atención. 

Sabemos que la solución no viene de la mano de acciones de corte punitivista, sino por el contrario, de presupuestos acordes que permitan hacer las reformas necesarias para superar los problemas estructurales del sistema de salud, contar con los recursos humanos y físicos suficientes, y mejorar las condiciones laborales y salariales del personal sanitario, permitiendo así garantizar el acceso a una salud de calidad para el conjunto de la población. Reclamamos que esta sea la prioridad, por sobre las exigencias de los pagos de deuda y de los organismos multilaterales de crédito. 

Este sábado nos enterábamos del atentado sucedido en la vivienda del Director de Región Sanitaria I en Bahía Blanca, que incluyó panfletos contra el pase sanitario con amenazas a profesionales de la salud. Repudiamos este aberrante acto que nos retrotrae a las peores épocas de nuestra historia y reclamamos su inmediato esclarecimiento, siendo fundamental que todas las organizaciones democráticas exijamos que este tipo de ataques por parte de grupos fascistas no queden impunes. 

Seguimos reclamando reconocimiento 

Sigue pendiente un verdadero reconocimiento al equipo de salud por parte de los gobiernos nacional, provincial y municipales, luego de la sobre-exposición y la sobrecarga laboral de los últimos dos años, y el inclaudicable compromiso demostrado por lxs trabajadorxs de la salud. Este reconocimiento debe ser concretado a través de una adecuada recomposición salarial y la resolución de los problemas concernientes a nuestras condiciones laborales, muchas de ellas de manera urgente. Se convocó para el día martes la Mesa Sectorial de Trabajadorxs de la Salud, de la cual participaremos para seguir reclamando por todo nuestro pliego de demandas. Esta mesa es una oportunidad para retomar el camino de la paritaria 2020 cuando superamos no solo la inflación general sino también a la inflación núcleo que rige sobre alimentos y productos de primera necesidad. Solo con salarios jerarquizados venceremos al pluriempleo y garantizaremos una salud pública de calidad a la comunidad. 

En consonancia con el aumento de casos en todo el país y a nivel mundial, los niños no fueron la excepción y aumentaron muchísimo también los casos de positividad ante el covid-19 en ellos también. Esto se debe no solo a que falta vacunar o completar el esquema de vacunación, la escolarización y el comienzo de las colonias o el aumento de las reuniones debido a las fiestas, sino además a la falta de acceso a los medios necesarios para evitarlo, la crisis habitacional sumado con los constantes cortes de luz y agua que lo imposibilitan. La falta de inversión y los recortes en estas áreas se expresa en que hoy también los hospitales pediátricos estén colapsando, y el Garrahan no es la excepción. 

Mientras miembros del Consejo de Administración del hospital informan por medio de Twitter que se abrieron nuevamente tres salas para pacientes Covid, las y los trabajadores del hospital Garrahan nuevamente estamos viviendo una historia repetida de cómo se vulneran nuestros derechos y nuestra salud. 

Desde los primeros días que se decretó la pandemia en marzo del 2020 hasta la actualidad, las y los trabajadores del Garrahan venimos dando la pelea por nuestras condiciones de trabajo al ver que no existe una política acorde al cuidado y necesidades del personal. Todo lo contrario, las jefaturas hacen lo que quieren con los protocolos estipulados desde la dirección médica en conjunto al departamento de Infectología. 

Un ejemplo de esto es que muchas de las jefaturas ante trabajadores de Enfermería que dieron positivo, los que estuvieron en contacto estrecho con ellos no se los aisló correctamente o en algunos de los casos, ni siquiera se les informó, para no tener que aislarlos preventivamente y no quedarse sin personal para la atención. Esto se expresó que hasta el 5 de enero haya 628 trabajadores aislados, más del 10% de los trabajadores del hospital, contando solo a los de planta, sin tener en cuenta a los tercerizados. 

Sin embargo, ante la consulta, el Consejo por un lado reconoce la faltante de personal como de ayudantes de servicio y camilleros, pero niega esta situación diciendo que se aumentó la dotación de Enfermería de 800 a 1.200 actualmente, pero es evidente que continúa siendo insuficiente. Si no volverían a implementar las cohortes sanitarias, con la implementación del teletrabajo, disminuyendo la exposición al virus y generando grupos de trabajo, y no tener que aislar sectores enteros. Y tampoco estarían evaluando el criminal protocolo de no aislar al personal con contacto estrecho sin síntomas, con el argumento de que, con el esquema completo de vacunación y el uso de barbijo no existe peligro de contagio. Tengamos en cuenta que por más vacunación completa que tengamos, la vacuna no impide que uno se contagie y contagie a otros. 

Sumado a esto, en los informes institucionales, hipócritamente recomiendan el distanciamiento, ventilación de los lugares, etc., cuando, como se denuncia hace años, muchos de los lugares de descanso son diminutos y sin ventilación adecuada. Es decir que luego de dos años de pandemia continúa sin haber protocolos e infraestructura adecuada para cuidar al personal. 

Esto no es un hecho aislado. Ante el silencio y complicidad de todas las centrales sindicales, cualquiera puede ver en los medios la sobrecarga de trabajo y la falta de personal e insumos en todo el país, en los hospitales, instituciones sanitarias, lugares de vacunación y testeo. Sin embargo, a pesar de esta situación y a pedido del FMI, el Gobierno, en el proyecto de presupuesto quiere el recorte en salud en términos reales de un 20,8% para seguir pagando la deuda fraudulenta a los especuladores. 

Por este motivo es imprescindible un plan integral para enfrentar la pandemia, no solamente en el hospital Garrahan, sino en todos los centros de salud, la organización de todos los sectores en asambleas/comisiones de seguridad e higiene, de trabajadores y parientes de pacientes, para hacer cumplir los protocolos para el cuidado de las y los trabajadores y también para garantizar los insumos de cuidado personal (EPP). Exigiendo, además, la necesidad de testeos periódicos de todo el personal y la liberación de las patentes para poder vacunar y testear masivamente a toda la población, dejar de poner por delante la ganancia de las farmacéuticas por sobre la salud de las personas. También exigimos a las centrales sindicales que se pongan a la cabeza de todos los reclamos. 

ATE y la agrupación Médicos Unidos se expresaron por la situación del sistema de salud de Córdoba y criticaron al Gobierno por bajos salarios, equipos de salud agotados y contagios masivos.  

La agrupación Médicos Unidos publicó una carta abierta crítica de la gestión del Gobierno provincial en el marco de la pandemia de COVID-19. “Con el 35% del personal de salud como estrecho o infectado, el año en Córdoba comienza de la peor manera. A los cortes indiscriminados de luz, se suman las colas interminables en los lugares de hisopados y los equipos de salud agotados y agobiados vuelven a cargar con la inescrupulosa gestión del gobierno provincial”, sostienen en la misiva. 

“Las guardias hospitalarias repletas de personas enfermas que necesitan asistencia, no tienen el personal suficiente para poder asistirlas de manera digna. Médicas y médicos contactos estrechos obligados a trabajar son fuente de probable contagio para sus pacientes”, describen los profesionales y sostienen que “no podemos seguir siendo el epicentro de la pandemia por las malas políticas”. 

En referencia al sueldo que cobran aseguran “el peor salario del país para profesionales completa el cuadro de extremo peligro y de abandono de sus obligaciones básicas por parte del Estado”. 

El lunes ATE emitió un comunicado donde denunció la falta de personal y los contagios masivos en hospitales provinciales. “Ante la sobrecarga a la que se somete a las y los trabajadores por la no contratación de personal nuevo, ni la cobertura de altas por bajas -jubilación, fallecimientos, etc.- se suma la gran cantidad de contagiados y contagiadas en los equipos de salud”, dijo la organización gremial. 

Federico Giuliani, secretario general de ATE, aseguró que “la situación del personal de Salud acá es de una precariedad absoluta, la llegada de la pandemia desnudó y profundizó las falencias estructurales en el sistema sanitario de Córdoba. Es decir, existen hace tiempo por lo cual contratados, becarios, pasantes, contratados provisorios, monotributistas, son las formas vinculantes que tiene el Estado patrón para precarizar o generar el trabajo en negro, algunos con contratos de 30.000 pesos, con contratos basura”, y agrega que respecto a la pandemia, lo que se evidencia “es una gran falta de personal”, donde un trabajador tiene que hacer la tarea de dos o tres personas porque no hay personal. 

Toda esta situación donde también aparece el tema del “pluriempleo”, donde la baja remuneración al personal de salud, que en su mayoría no se acerca a los 74.000 pesos de la canasta básica, obliga a los trabajadores a salir de un empleo y entrar a otro, para sostenerse económicamente, “con las implicancias que puede tener en la calidad de la atención”. 

Yamila Sierra es enfermera y trabaja en el Hospital de Niños en tareas operativas en contacto directo con el paciente, sea Covid-19 o no, dice que “hoy, a casi dos años de pandemia estamos peor porque tenemos un agotamiento físico, psíquico, hemos sido desvalorizados y hasta tratados de mentirosos”. 

En un relevamiento con planilla entre el personal de enfermería del Hospital de Niños, realizado el pasado lunes, mostró que el 50% está afectados por contagio de coronavirus. “La masividad de casos acá empezó el 24 de diciembre y en este momento, además de enfermeros y médicos, ya afecta también a la gente de laboratorios, rayos, camilleros, jefes de mantenimiento y anexos como las empresas tercerizadas cuyos trabajadores hacen tareas de cocina, farmacia o limpieza”, explicó. 

Sierra, que es delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), indicó que el relevamiento “es la evidencia para contrastar con todo lo que dijo el Gobierno, los dirigentes, incluso el director del hospital, Juan Ledesma, sobre que no hay situación de desborde”, tal como habían denunciado los trabajadores: “No es verdad, fueron palabras falaces. Este lunes, por ejemplo, en piso, donde hay mayor cantidad de internados, había enfermeras a cargo de siete u ocho pacientes”. 

Agrega que a los padres de los pacientes internados, se les hace un hisopado al ingreso pero no un seguimiento y algunos empezaron a dar positivos: “Hubo una contaminación porque los espacios son reducidos, sobre todo por la aparatología que demanda la atención de los pacientes críticos y no es posible tener un distanciamiento apropiado entre un paciente y otro”, dice Sierra y agrega: “Con ese estrés, con ese agobio, con esa sensación de saber que uno ha sido contacto estrecho de alguna compañera, de algún familiar directo, uno tiene que trabajar”. Concluye: “estamos desbordados y es real”. 

ATE Córdoba solicitó al ministro de Salud de la Provincia, Diego Cardozo, fije día y hora de audiencia, con carácter de urgencia, “a los fines de comparecer como entidad gremial y generar una instancia de diálogo sobre la crisis sanitaria actual que nos encontramos viviendo, atento la grave situación epidemiológica que se encuentra atravesando nuestra provincia”, según expresaron en la nota ingresada por CiDi esta mañana. “Este pedido se fundamenta -continuaron en la misiva- en defensa y en amparo del derecho fundamental a la salud que deben gozar todos/as los/as trabajadores/as dependientes de este gobierno provincial y todos/as los habitantes de esta provincia”. 

Reclamos obreros por salarios y despidos 

Las y los trabajadores de Latam continúan en lucha por sus puestos de trabajo. Luego de 20 meses de acciones y movilizaciones, realizarán un corte este viernes 14 a las 18:00 en Aeroparque. 

Exigen que el ministerio de Transporte cumpla con las actas-acuerdo firmadas, en las que se comprometió a garantizar la reinstalación laboral de quienes fueron despedidos por la empresa Latam, con la excusa de la pandemia. Mientras en estos momentos se encuentra reactivada la industria aerocomercial y donde varios sindicatos denuncian la falta de personal ante los casos de contagios de Covid-19. 

El Gobierno no tiene ninguna excusa de para no cumplir con el acta firmada hace un año, mientras los trabajadores siguen en la calle. 

En un comunicado de prensa, los trabajadores denuncian que la empresa continúa funcionando y ganando millones gracias al “rebote y el boom en la actividad aerocomercial”. 

Y también vuelven a dejar en claro que ya han presentado una propuesta “a la presidencia de Aerolíneas Argentinas para concretar la necesaria continuidad laboral de todas las familias aeronáuticas. Desde muchos años atrás, cuando todavía LATAM no había aplicado los despidos masivos, apoyamos y promovimos desde nuestra estructura laboral a nuestra Línea de Bandera. Aquello fue cuando intentaron vaciarla y dejarla en desuso en función de promover la “iniciativa privada”. 

Este miércoles por zoom realizaron una reunión del Comité de solidaridad con su lucha para sumar fuerzas para la acción de este viernes y para la pelea en general. De la misma participaron de la directiva del sindicato docente ADEMyS, de las minorías de las directivas de los sindicatos del subte AGTSyP y telefónicos de Foetra, como así también jóvenes trabajadores precarizados como los del SiTraRePa y La Red, y jóvenes estudiantes del Centro de estudiantes de Arquitectura. También estuvieron trabajadores portuarios en lucha, ferroviarios y estatales del ministerio de Trabajo, Economía, INDEC e INCAA, entre otros. Las organizaciones sociales fueron parte de la misma, como el FOL y de Fuerza de Mujeres de la Villa 31. 

También las agrupaciones de la izquierda del Frente de Izquierda: PO, MST y el PTS con su legisladora porteña Alejandrina Barry y el diputado provincial MC y metrodelegado Claudio Dellecarbonara. 

En diciembre los trabajadores habían sido recibidos por funcionarios del ministerio de Transporte, que no les ofrecieron ninguna solución.  

Tras siete días de paro y con la reincorporación de la mayoría de los despedidos, los trabajadores municipales de Berazategui, decidieron en asamblea finalizar la medida de fuerza. Anunciaron que continuarán la pelea por la reinstalación de todos y por el pase a planta. 

El 31 de diciembre pasado el municipio despidió a cerca de 200 trabajadores municipales, al mismo tiempo que lanzó un brutal tarifazo que va del 48% al 168% en los impuestos, atacando los ingresos de todas las familias de Berazategui.  

Los trabajadores recolectores y los despedidos del nuevo sindicato de municipales (UPMB), junto a vecinos y organizaciones solidarias, sostuvieron un paro y acampe en Rocha y 19. Realizaron movilizaciones y distintas acciones acompañadas por el Polo Obrero, el Teresa Vive, el PTS y La Red de Trabajadores Precarizadxs y la Secretaría de Unidad Obrero Estudiantil de la UNQ, entre otros. 

Durante esos días recibieron amedrentamientos de la policía bonaerense de Axel Kicillof, presionando para que saquen los camiones, y ataques del intendente Mussi, quien en un video en sus redes mintió públicamente sobre el número de despidos, ocultando que mantienen a miles de trabajadores con contratos precarios hace más de diez años. Desconoció, además, los fueros gremiales de los miembros del sindicato UPMB, creado el pasado diciembre y cuyos miembros están entre los despedidos y realizó acusaciones persecutorias contra la izquierda y las organizaciones que se solidarizaron, junto a otras mentiras y ataques a los trabajadores en su justa lucha. 

En simultáneo, el intendente peronista mandó a sectores del Movimiento Evita a realizar las tareas de los trabajadores que se encontraban de paro, como una forma de amedrentar la lucha y presionarlos a que abandonen su reclamo. Este tipo de accionar no solo pretendió coaccionar a los trabajadores sino que profundiza la precarización laboral del sector, tercerizando las labores de higiene, como denunciaron los trabajadores. 

A esto se suma la denuncia ambiental que realizaron no solo los despedidos sino también los vecinos, ya que al operar con móviles no autorizados por el CEAMSE estos sectores del Movimiento Evita, bajo órdenes del intendente, descartaron la basura recolectada en zonas no habilitadas para tal fin. Esto se tradujo en un basural a cielo abierto en el barrio El Pato, contaminando el ambiente y afectando la salud de los vecinos. 

Los sindicatos dirigidos por Baez -UOEM- y por Carril -STM Berazategui- actúan en total complicidad con Mussi, no solo avalando los despidos el pasado diciembre sino que permiten que existan en el municipio estafas laborales como los contratos precarios bajo los que se encuentran trabajadores hace más de diez años y la precarización laboral que se vive en diferentes sectores. 

A pesar de los reiterados ataques y de la complicidad de estos sindicatos con Mussi, los trabajadores mantuvieron la medida y realizaron movilizaciones durante la semana, logrando la reinstalación de casi todos los despedidos. 

Del sindicato UPMB movilizaron el lunes al ministerio de Trabajo de Quilmes y este miércoles al de La Plata, para continuar la pelea por la reincorporación apelando a los fueros gremiales que tienen. 

Los y las brigadistas que combaten incendios exigen recomposición salarial luego de tres años de salarios congelados en el marco del ajuste permanente del gobernador Arcioni en Chubut. 

Desde enero 2019 no hay paritarias en el sector estatal de la provincia. Los sueldos han quedado congelados ante una inflación que, sólo en 2021, acumuló un 53% en la Patagonia, pero la situación de los brigadistas provinciales es aún más grave en materia de infraestructura y recursos. 

Con cerca de 90.000 hectáreas quemadas en Península de Valdés, un incendio de interfase de 180 hectáreas en la Comarca Andina y decenas de focos en toda la provincia en menos de un mes, la necesidad de contar con una brigada provincial en las mejores condiciones se hace urgente en un marco de sequía y ola de calor producto del calentamiento global. Sin embargo, el área de trabajo del SPMF se encuentra delimitada por la traza de la ruta 40. Al este de la misma la autoridad competente es Defensa Civil de Chubut, que delega el combate de incendios como el reciente en el cuerpo de Bomberos Voluntarios. 

Los enormes recursos provinciales, derivados de la exportación del petróleo, la pesca y el aluminio de ALUAR, o la ingente coparticipación que el Estado Nacional gira a la provincia, se van en el pago de una deuda que no ha dejado una sola obra de utilidad a la provincia, pero que implica un ajuste brutal sobre los y las trabajadoras. 

En este contexto, la pelea de brigadistas por apertura de paritarias es común al conjunto de los estatales de la provincia. ATECH (docentes) ha anunciado medidas de fuerza ante la no respuesta del gobierno al pedido de aumento salarial y la bronca de otros sectores de la administración pública y de salud se expresó en las recientes protestas que derrotaron la zonificación minera.  

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) anunció medidas de acción gremial a partir del martes. 

Sin embargo, en el mediodía del lunes el ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria y quedó sin efecto la medida de fuerza anunciada. 

¿Cuál es el reclamo? «Producto de la pandemia se agravó la situación de falta de personal que reclamamos hace años, y hay trabajadores que están realizando tareas con dotaciones por debajo de los mínimos de seguridad recomendados», dijo el gremio en un comunicado. 

Allí denuncian que “el 51 % de los trabajadores encuestados confirmó que tiene compañeros y compañeras en estado de aislamiento y que no están prestando servicio. El 56 % afirmó que el personal es insuficiente y está trabajando con dotaciones por debajo de los mínimos de seguridad recomendados y esto perjudica las operaciones y les genera más presiones y estrés. El 66 % se vio obligado a compensar la falta de personal cumpliendo más tareas, con alta carga laboral y sus responsabilidades se duplicaron. Y, entre otros datos, que la empresa no reemplaza al personal que queda aislado. Nos dicen arréglense como puedan en el turno”. 

También se solicita que la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), que está bajo la órbita del ministerio de Transporte de la Nación, brinde «respuestas» a la cláusula de revisión de la paritaria de 2021. 

Desde el sindicato señalaron que se anunció el cronograma de medidas a todas las empresas aeroportuarias en «tiempo y forma» para que reprogramen los servicios sin afectar a los pasajeros ni los vuelos de transporte de cargas. 

Las Comisiones Gremiales Internas del Banco Supervielle se declararon en los últimos días en estado de alerta y movilización en todas las sucursales. El motivo: «la insistencia de la entidad en cerrar locales de atención, reducir la atención al público e imponer retiros forzados». 

Desde el plenario de Comisiones internas del Supervielle sacaron un documento que plantea que la ausencia de personal genera «la sobrecarga laboral y presiones que afectan la salud de los trabajadores, a veces de forma irreparable. Esas presiones, incluso, se realizan afectando el cumplimiento del protocolo de la Covid-19, mientras se registran los más elevados números de contagios», señalan los referentes bancarios. 

Las Comisiones Gremiales también rechazaron el pedido de los directivos del Supervielle al Banco Central (BCRA) para disponer el cierre de sucursales y señalaron que ello fue informado por la entidad en reunión de mesa técnica. 

«No se trata de cerrar sucursales sino de cientos y cientos de trabajadores, detrás de los cuales hay una familia. En cambio, las Comisiones Gremiales se expresan por la capacitación laboral y por oportunidades para todos», dice el documento. 

Los bancarios de la provincia de Jujuy cumplieron el 29 y 30 de diciembre un paro de 48 horas debido a que no hubo acuerdo entre los trabajadores del ex Banco de Desarrollo de Jujuy y las autoridades del Gobierno jujeño en el marco de una conciliación obligatoria, por incumplimientos salariales y laborales, tras la liquidación de la entidad. La medida de fuerza incluyó una movilización por las calles céntricas de la capital jujeña. 

Esta situación dejó a la provincia sin atención al público en los bancos y tampoco hubo recarga de dinero en los cajeros automáticos hasta el primer día hábil de enero de 2022. 

El conflicto afecta a 60 trabajadores hace más de cuatro meses que “no tienen resuelta su situación”, recordó uno de los interventores de la Asociación Bancaria, Sergio Garzón Torres, quien asimismo cuestionó dos leyes sancionadas en la provincia relacionadas con la liquidación del ex Banco de Desarrollo de Jujuy a las que consideró “inconstitucionales”. 

La protesta se encuadra en el conflicto que los bancarios mantienen con el Gobierno provincial, que disolvió y liquidó la entidad financiera a fines de agosto, luego de la sanción de una ley por parte de la Legislatura, que rechazaron los empleados y el gremio. 

La movilización fue respaldada por otras organizaciones sindicales y recorrió algunos bancos del casco céntrico de San Salvador de Jujuy para concluir en Plaza Belgrano, frente a la sede del Gobierno provincial. 

Cientos de trabajadores de Atento y Aegis de Tucumán se vienen organizando en grupos de whatsapp y en asambleas por zoom, exigen desde antes de la pandemia un bono de fin de año, frente a la pandemia y el comienzo del teletrabajo también exigieron mejoras en sus condiciones de trabajo como el paso al Convenio de teletrabajo y que las empresas costeen los servicios de luz, internet y calefacción. Reclamos que estas empresas multinacionales y locales a través de la Cámara argentina de centros de contacto rechazaron. 

El ministerio de Trabajo de provincia el pasado lunes 3 a las 17:00 decretó la conciliación obligatoria. Al día de la fecha siguen las negociaciones con la empresa. El 7 de enero estaba convocada una nueva audiencia en el ministerio de Trabajo a la cual la empresa se presentó, pero no ofreció ninguna respuesta. Lxs trabajadores continúan en conflicto en coordinación con trabajadores de todo el país y siguen exigiendo un bono de fin de año y que se respete el convenio 781 que se firmó entre la Cámara de call center y la Federación de empleados de comercio y que se anexe el convenio según lo establece la Ley de teletrabajo que según denuncian dejó afuera a todos los que estaban trabajando bajo esta modalidad desde el momento en que se decretó la emergencia sanitaria.
También denuncian que se les realizan descuentos cuando se les cae el sistema. Esteban Fraysse, delegado gremial de Atento y parte de la Comisión directiva de la secretaría de Juventud del Sindicato de comercio comentaba: “Vamos a seguir exigiendo que se respete nuestro convenio… Fueron dos años de pandemia con teletrabajo y ahora exigimos un bono para equiparar lo perdido porque quienes más pusimos somos nosotros, siempre en las pérdidas somos socios, en las ganancias no, llegamos a este punto y por eso también se adhirieron todos los compañeros y compañeras porque el reclamo es justo y hoy por hoy estamos acatando la conciliación obligatoria” 

“Hubo presión de todos lados, de los supervisores, ahora al estar con trabajo remoto estamos trabajando con campañas de Tucumán, Chaco, Salta y al no estar cara a cara exigen ese tipo de amenazas, rescatamos la actitud de todos los compañeros y compañeras que frente a ese intento de quebrar la unidad de los trabajadores se mantuvieron firmes y denunciamos todo tipo de acoso y maltrato». 

El pasado jueves, de diferentes empresas y provincias del país, trabajadores de call centers se coordinaron en asamblea para debatir la realidad en cada trabajo: los protocolos de covid-19 son incumplidos por las empresas, los salarios no alcanzan para cubrir el mes, y las condiciones de trabajo empeoran día a día. Por eso se autoconvocaron y tomaron medidas de difusión con un “Twittazo Nacional” el lunes 10 y un corte en el Obelisco el miércoles 12. 

Desde la Federación de Trabajadores Agrarios de la Actividad Primaria (FeTAAP-CTAA) repudian el acuerdo entre las Cámaras patronales agrarias y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) para el aparente «Bono Navideño» al considerarlo “engañoso e ilegal, además de que es de dudoso cumplimiento”. 

Afirman que es “engañoso” porque no se dice la verdad y solo llegaría a la ínfima parte de la masa de trabajadores y trabajadoras (solamente al personal permanente de prestación continua); es “ilegal” porque no cumple con la ley 26.727, artículo 18, que dice que se debe igualar de manera ascendente derechos entre trabajadores permanentes y cíclicos; “de dudoso cumplimiento” porque “las Cámaras Patronales rurales son evasoras seriales de sus obligaciones y porque los representantes sindicales de UATRE, cómplices, no exigen dicho cumplimento efectivo de las resoluciones, decretos y leyes en los lugares de trabajo”. 

En este marco, exigen que el Bono sea para todos los trabajadores y trabajadoras rurales y que no se descuente a futuro para que sea un bono real y no un mero adelanto. 

El jueves 6 de enero los trabajadores del Patronato de Liberados llevaron adelante una jornada de lucha, que incluyó asambleas locales, carteles, y difusión en redes, mientras que para la semana del 10 al 14 de enero se mantendrán en estado de asamblea permanente, y convocarán a un paro y movilización. Es en rechazo al régimen de 40 horas, que de manera inconsulta quieren imponer el gobierno bonaerense y los sindicatos, y en defensa de su bonificación por tarea especial. 

El Patronato de Liberados es un organismo de la Provincia de Buenos Aires que se ocupa de la asistencia y control de personas que tienen causas penales. Está presidido por Aníbal Hnatiuk y depende del ministerio de Justicia bonaerense, hoy a cargo de Julio Alak. 

Sus trabajadores están en conflicto desde hace cuatro semanas: “El gobierno, en complicidad con las burocracias sindicales de Ate Provincia y UPCN quiere imponernos, de manera inconsulta, un cambio de régimen horario, sumado a la derogación de una bonificación que cobramos por realizar una tarea considerada ‘especial’, dadas las problemáticas sociales complejas que abordamos y teniendo en cuenta, entre otros aspectos, el desgaste físico, psíquico y emocional que estas tareas conllevan. Este acuerdo paritario, firmado por Ate a espalda de les trabajadores del Patronato, implica una pérdida de derechos laborales obtenidos con la lucha de les trabajadores, así como una mayor precarización de nuestros salarios y una afectación mayor de nuestras condiciones de vida y de salud”, afirman. 

El 30 de diciembre despidieron a casi 300 trabajadores de Volkswagen, su último día de trabajo, un día antes de fin de año. La empresa dice que es una “rescisión de contrato”. En vez de la efectivización, la decisión es dejarlos en la calle, un acuerdo que sólo beneficia a VW, ya que toman gente y la despiden cuando se les antoja.  

Muchos de los trabajadores renunciaron a sus antiguos trabajos para poder entrar a VW, y luego de unos 3 meses, perdieron su sustento, su ingreso mensual. Una total entrega de parte del sindicato SMATA que permite que dejen en la calle a 300 familias en una planta de 3.000, el 10% de los trabajadores. Algo que por ley es ilegal y fraudulento, ellos lo realizan porque se amparan en que «son contratados». 

Los trabajadores de la Terminal 5 realizaron un bloqueo del acceso al puerto durante 4 horas para volver a poner en agenda su reclamo al gobierno Nacional, a Transporte y a la AGP por la continuidad laboral de 800 familias que hoy depende de un fallo judicial. Al finalizar acercaron un petitorio a Casa Rosada. 

Además, realizaron un brindis simbólico para despedir el año dejando en claro que van a continuar su lucha para no ser despedidos ni precarizados como pretende el gobierno Nacional, la Federación que agrupa a los gremios (FEMPINRA) y la Administración General de Puertos (AGP) que firmaron un acta, la 441/7, a espaldas de los trabajadores que implicaba el traspaso a otras terminales de forma tercerizada y cientos de despidos encubiertos para terminar con la concesión ante el cierre definitivo de la terminal. 

El acta quedó sin efecto tras un fallo judicial que determinó que tanto el ministerio de Transporte, como la AGP tienen que extender la concesión de la T5 en igualdad de condiciones como al resto de las terminales hasta el 2024. 

El delegado Manuel Ojeda del gremio de Guincheros sostuvo: “Quiero brindar por este gobierno simbólicamente (irónicamente) que traicionó a la clase obrera y a todos los trabajadores de la Terminal 5 que al día de hoy se niega a tratar un fallo de la Justicia, que nos da solvencia en poder seguir trabajando. Sabemos que la gran mayoría de los trabajadores han votado a este gobierno y ha sido peor el remedio que la enfermedad, este gobierno que se dice Nacional y Popular nos iba a llevar a esta situación, inclusive con un fallo de la justicia que no quieren acatar”. 

Además agregó, “al ministro de Transporte, uno de los corruptos más grandes, Alexis Guerrera, mintiendo en el Congreso diciendo que ya iba a salir algo en estos días para solucionar el tema de la Terminal 5, le mintió en el Congreso a una diputada. Acá hay casi 800 familias que estamos esperando la decisión de él”, haciendo referencia a la intervención de Myriam Bregman en la comisión de Presupuesto del Congreso en donde cruzó al ministro tanto por la situación de los trabajadores aeronáuticos de LATAM que siguen en lucha como de los portuarios de la Terminal 5. 

Garbarino 

Son más de 4.000 en todo el país los trabajadores que desde el mes de abril vienen reclamando que la empresa no les paga salarios y montos adeudados. Afirman que la empresa los estafó y que el Gobierno nacional y de las provincias no dan soluciones a favor de los trabajadores. Actualmente sólo quedan 100 trabajadores en actividad, y algunas sucursales en funcionamiento ya que la mayoría cerró. 

En Jujuy son 15 trabajadores despedidos afectados por esta situación. La mayoría tiene más de 10 años de antigüedad y familia a cargo. “La empresa se declaró en quiebra y nos dejó de pagar, sólo recibimos el Repro de 22.000 pesos entre abril y noviembre “imposible poder vivir y mantener nuestras familias con ese monto”, afirmó una de las despedidas de la sucursal local que también comentó que no cuentan con obra social desde hace varios meses. 

“Hemos ido al ministerio de Trabajo de la provincia, a Desarrollo Humano, y si bien al principio nos prometieron subsidios de emergencia, bolsas de alimentos, entre otras cosas, ahora ni siquiera nos atienden… Una funcionaria nos dijo que con los salarios con los que figuran en el sistema, dibujados por la empresa, no nos corresponde ningún tipo de ayuda social…”. Los trabajadores comentan que actualmente hay una conciliación obligatoria abierta en el ministerio de Trabajo de la provincia, donde participa el sindicato de Empleados de Comercio, pero hasta el momento no hay ningún tipo de respuesta. 

El 27 de diciembre, a las 9:00, trabajadores y trabajadoras de Garbarino realizaron un corte en el Puente Pueyrredón de Avellaneda para reclamar sueldos adeudados e indemnizaciones.  

Ante el abandono del sindicato de comercio y el gobierno, las y los trabajadores de Garbarino llevaron esta acción para visibilizar y que se dé una solución a su desesperada situación. 

Mientras tanto, el ministerio de Trabajo y la Federación de Empleados de Comercio firmaron un convenio para “proteger a trabajadores despedidos de Garbarino”. “Se trata de un Convenio Marco de Cooperación para la implementación de acciones integradas en materia de empleo”, que lleva la firma del ministro Claudio Moroni y el secretario general del gremio de Comercio, Armando Cavalieri. 

El acta promueve la inserción laboral de los trabajadores y las trabajadoras desvinculados de la empresa Garbarino entre 2020 y 2021. “Permitirá que las 1.800 personas despedidas por la firma en ese período, cuando ingresen en una empresa del sector privado, cuenten con el apoyo del Programa de Inserción Laboral (PIL). El Programa tiene como objetivo promover la inserción laboral de trabajadores con mayores dificultades de empleabilidad, brindando a las empresas que los contraten una ayuda económica del Ministerio, que cubre parte de su salario. Además, los empleadores y empleadoras que contraten a los destinatarios de esta medida podrán acceder a una reducción transitoria de contribuciones patronales”, informó la cartera laboral. 

Elecciones sindicales después del verano 

En febrero será el turno del sindicato de la Carne, donde la oposición de izquierda viene ganando en varios frigoríficos de importancia. El 8 de marzo en la UOM, Antonio Caló no tendrá oposición nacional pero sí podrían emerger fracturas y listas opositoras en seccionales del Gran Buenos Aires y Puerto Madryn (Aluar). 

En los primeros meses e 2022 también se realizarán elecciones de docentes universitarios de AGD-UBA y la ConaduH, así como de la docencia bonaerense del Suteba, donde la Lista Celeste de Roberto Baradel buscará mantener su preeminencia respecto de la Multicolor, animada por la izquierda. 

De este modo, avanzarán las elecciones de docentes, que ya se realizaron en Neuquén, Chubut y Santa Cruz, entre otras provincias.  

Fuentes: Anred, Red Eco Alternativo, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Tiempo Argentino, argentina.indymedia, Clarín, El Megáfono, La Nación, Página 12 

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