El Fondo sólo garantiza hasta abril fondos para el repago de la deuda que el propio Caputo negoció en 2018 y Guzmán y Massa validaron posteriormente.
El acuerdo entre el gobierno y el FMI tiene gusto a poco para las expectativas que el propio Milei había generado.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer la variación de precios de diciembre que fue de 25,5 % respecto al mes anterior, y en el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 29,7 % un dato que refleja una preocupante situación para millones de familias trabajadoras y las de menores ingresos, las más afectadas.
Los precios acumularon una suba de 211,4 % durante 2023, el índice más alto desde 1990. Para los alimentos y bebidas no alcohólicas el salto fue de 251,3 % en el último año, un golpe enorme a los bolsillos populares. Bajo el acuerdo con el FMI y sus planes de ajuste no hay remedio para la inflación que sigue hundiendo los ingresos populares.
Esta aceleración inflacionaria es un resultado buscado por Milei. Sobre la base de una muy alta inflación del 10 % mensual y cerca de 200 % anual que dejó el gobierno de Alberto, Cristina y Massa, el presidente Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, impulsaron una política de “shock” para acelerar la inflación y pulverizar salarios, ingresos populares y jubilaciones.
«La división de mayor aumento en el mes fue Bienes y servicios varios (32,7%), producto de las subas en artículos de Cuidado Personal. Le siguieron Salud (32,6%), impulsada por las variaciones en medicamentos y medicina prepaga; y Transporte (31,7%), por los incrementos en combustibles. La división con mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (29,7%)«, explica el Indec en su informe.
A su vez, detalla que, dentro de los alimentos, el mayor aumento fue en Carnes y derivados, y Pan y cereales. «Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en diciembre fueron Educación (6,2%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (13,8%). A nivel de las categorías, el IPC Núcleo (28,3%) lideró el aumento seguida por Regulados (20,7%), mientras que Estacionales registró un incremento de 16,2%».
No hay paritaria que aumente a este ritmo de precios. Pero además el gobierno licúa los plazos fijos y depósitos de los ahorristas con tasas de interés por debajo de la inflación. Mientras que a los bancos y a los especuladores sí les indexan las ganancias y le emiten bonos a su medida.
Milei aseguraba que el mecanismo inflacionario era un robo al pueblo, y ahora «festeja» que es «menor» a la que supuestamente esperaban. Otro chantaje para justificar su plan antiobrero y antipopular de ajuste al servicio del FMI. Fueron sus propias medidas de gobierno, con la fuerte devaluación, la liberalización de los precios y los tarifazos, las que dispararon aún más los precios.
La inflación de alimentos fue de 251,3 % anual en 2023
Si la inflación de diciembre en 25,5 % es una barbaridad, más aún lo es la suba que tuvieron los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, de 29,7 % mensual. Se trata de un componente fundamental en la canasta de consumo de los alimentos.
De acuerdo al Indec, dentro de las subas se destaca el aumento de precios en Carnes y derivados, y Pan y cereales.
Entre los primeros 10 alimentos y bebidas que más treparon en diciembre en el Gran Buenos Aires (GBA) se encuentran: el limón (69%), Aceite de girasol (57%), arroz blanco simple (53%), Harina de trigo común (52%), Tomate entero en conserva (51%), detergente líquido (49%), champú (48%), pañuelos descartables (46%), Asado (44%) y lavandina (43%). Todos por encima del 40 % mensual.
El salario real cayó 15% en solo un mes de Milei
15% cayó el Salario Mínimo (SMVM) solo en diciembre según CIFRA.
15% cayó el salario promedio según el Centro de Estudios Scalabrini Ortíz (CESO). Toma la actualización paritaria que es de 8% promedio y la inflación del 28%.
12% cayeron los salarios privados en diciembre según la UMET (Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo).
Según el Ripte (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables) los salarios formales registraron un crecimiento del 37,6% en los últimos cuatro meses, pero la inflación en ese período fue del 54,8%. O sea que hubo una pérdida del poder adquisitivo del 11,1%. Y eso que el Ripte mide los ingresos de quienes están registrados, tienen más de un año de antigüedad, o sea que agarra a los “mejores pagos”.
Esa caída fue en la última parte de la gestión Massa. Si tomamos los últimos años, los datos muestran que antes de la asunción de Milei se habían perdido 28 puntos de poder adquisitivo: 20 con Macri y 8 con el Frente de Todos.
La Argentina se ha convertido en uno de los países con el salario mínimo, medido en dólares, más bajo de la región. Son 152 dólares, contra 342 de Bolivia y 440 de México.
A pesar de esa caída en los últimos meses de Massa y el primero de Milei, la CGT no ha salido a defender el poder de compra, aunque los empresarios remarcan todos los días las cúpulas sindicales se conforman con discutir paritarias con números que van quedando viejos mientras se firman.
A lo sumo se ha limitado a negociar por sector algunos bonos o actualizaciones, siempre a pérdida.
La canasta básica saltó hasta casi $ 500.000
Una familia conformada por dos adultos y dos menores de edad necesitó un ingreso de $ 495.798 para no ser considerada pobre en diciembre, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El informe oficial indica que el costo de los productos que integran la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para una familia del mismo tipo, subió 30,1 %, lo que determinó que hayan necesitado ingresos por $ 240.678 para no caer en la indigencia. Si tenemos en cuenta que la suba de los ingresos de la gran mayoría de la población quedó muy por detrás de estas cifras, se puede entender las graves consecuencias generadas por la fuerte devaluación del peso instrumentada por el gobierno de Milei apenas asumir.
Este nuevo golpe se da sobre la situación crítica que había dejado el gobierno de Massa, Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Hasta el primer semestre del año pasado, última medición disponible del Indec, el 40,1% de los habitantes del país estaban bajo la línea de pobreza, de los cuales, el 9,3 % era indigente. Además, el índice de pobreza era más grave en los menores de 16 años donde el porcentaje alcanza al 60 %, según cifras del Indec. Con la inflación fuera de control, millones de personas están viendo empeorar aún más sus condiciones de vida.
¿Qué miden las canastas? La canasta básica total se utiliza para medir el umbral de pobreza por ingresos, estableciendo que aquellos individuos o familias que perciban ingresos inferiores son considerados pobres. Mientras que la canasta básica alimentaria estable el límite de la indigencia, son aquellos individuos y familias que no llegan a completar las 4 comidas diarias, pasan hambre.
Si contemplamos que las canastas del Indec no incluyen un gasto tan importante como el alquiler, que subvalúan los requisitos alimenticios, entre otros, podemos deducir que el costo de vida real es aún mayor. Una medición alternativa de consumos mínimos (para una familia de 4 integrantes) realizada por la Junta Interna de Ate-Indec sostiene que ningún trabajador debería haber ganado menos de $ 608.392 en el mes de noviembre.
El Indec ya había dado cuenta la semana pasada de que la inflación minorista durante diciembre trepó hasta al 25,5 %, casi el doble que, en noviembre, y que el rubro Alimentos y Bebidas mostró una suba mayor al índice general, con un 29,7 %. Milei mismo declaró que continuaremos con una inflación alta al menos por unos meses, pero no anunció medida alguna para recomponer los ingresos de los trabajadores, los jubilados y sus familias, por el contrario, planea seguir aplicando un fuerte ajuste del presupuesto del Estado.
Pymes en diciembre: caída interanual de 26,9%
El nivel de actividad de las pequeñas y medianas industrias (Pymes) registró en diciembre una durísima caída de 26,9% respecto a igual mes del año anterior, cerrando de esa forma el 2023 con una baja acumulada de 2,6%, según el habitual informe que elabora la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Si se la compara en relación a noviembre pasado, la actividad industrial de diciembre perdió un margen todavía mayor al interanual, llegando a una retracción del 31,7%.
«La significativa depreciación de la moneda, la escalada de la inflación posterior a las elecciones y los cambios en las regulaciones de importación, que impidieron realizar compras durante algunas semanas, entre otras cuestiones, crearon un entorno marcado por la elevada incertidumbre y la disminución del consumo, factores que obstaculizaron los niveles de producción en el conjunto del sector manufacturero», señaló CAME al explicar los números del último mes de 2023.
«Además, se experimentaron períodos sin cotizaciones, con tasas elevadas de escasez de insumos, lo que llevó a que numerosas empresas suspendieran operaciones durante algunos días o adelantaran las vacaciones de su personal», agregó la entidad empresarial.
CAME, en un comunicado, señaló que si bien las pymes industriales operaron con el 73,1% de su capacidad instalada, casi en los mismos niveles de noviembre (73,3%), el contraste con el nivel de producción obedeció a «la salida del proceso productivo de algunas maquinarias sin repuestos disponibles, y al achicamiento de unidades de negocios frente a la expectativa de un futuro recesivo».
En este marco, en diciembre el 53,4% de las empresas reportó dificultades para reponer stocks, especialmente en la obtención de materias primas e insumos.
Estos resultados surgen del Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) que elabora CAME, con una muestra que alcanzó a 410 industrias pyme a nivel federal.
Por sectores, en diciembre la peor performance correspondió al rubro “Metálicos, maquinarias, equipos y material de transporte”, con una baja anual de 35,7% en su producción, a precios constantes, seguida por “Maderas y muebles” (-34,4%).
En tanto, en el acumulado del año, la mejor performance sectorial estuvo en “Textil e Indumentaria”, con un alza de 3,3% frente al período enero-diciembre de 2022.
Mientras que el peor desempeño en el acumulado anual fue para el rubro “Papel e impresiones”, con una caída del 16,7%.
Escenario catastrófico
Por Artemio López
La catástrofe social avanza. El INDEC dio a conocer el IPC (Índice de precios al consumidor) de diciembre del año 2023, medido luego del fogonazo inflacionario donde el León llevó el dólar de $366 a $800. Una devaluación del 118%.
El número es conocido, a nivel general el IPC de diciembre alcanzó el 25,3%, la mayor desde el año 1990 y casi seis veces el índice de la Venezuela chavista. Sin embargo, siendo ese nivel general catastrófico en sí mismo, en el estratégico rubro “alimentos y bebidas” es aún peor y trepó al 29,7% mensual, totalizando el 251,3% anual.
Proyectando datos de noviembre, la Canasta de Pobreza -aún no se conoce oficialmente su valor para el mes de diciembre- llega a un costo de $502.000 para un hogar tipo 2 de cuatro miembros metropolitano, en tanto la canasta de sobrevida calórica para el mismo hogar, la denominada Canasta de Indigencia, asciende $240.500 mensuales.
En ese mismo lapso, los salarios privados formales promedio, ascendían a mediados de diciembre a $394.000 bruto, aplicando los descuentos de ley, llegaban a $315.000 neto, apenas el 62% del valor de la canasta de pobreza de diciembre.
Esto señala un deterioro inédito del salario -en este caso privado formal- respecto a la línea de pobreza. Ni hablar del promedio salarial informal que no llega al 50% del valor de la línea de pobreza del mes de diciembre.
En rigor, la quemazón inflacionaria y el ingreso menguante no parecen un error sino un efecto buscado por el actual el gobierno “libertario”.
Los niveles de pobreza e indigencia tras conocerse el nivel de inflación de diciembre superan el 45 y 12% respectivamente, mientras el desempleo ha sobrepasado los dos dígitos. Todo en un mes de gestión de la cuarta ola neoliberal que sufrimos en el país.
Los niveles extorsivos del gobierno los expresó mejor que nadie Toto Caputo, el ministro que como bien señala el economista Sergio Chouza “logró que Argentina sea el único país del mundo en que una parte de la población aplauda por renegociar un crédito, al mismo funcionario que lo pidió y se lo patinó”.
En la conferencia tras el anuncio del “acuerdo” con el Fondo, Caputo lanzó una amenaza muy grave. “En la medida en que la ley (ómnibus) no pase, las medidas van a ser más duras y los argentinos van a sufrirlas más”.
*Director de Consultora Equis.
Columna independiente el 24
El miércoles pasado se reunieron en Ademys (sindicato docente porteño) referentes de sindicatos recuperados, el sindicalismo combativo, organizaciones piqueteras, asambleas populares, Centros de estudiantes, activistas de Unidxs por la Cultura y todas las organizaciones de izquierda. Resolvieron impulsar masivamente el paro general, la movilización y el cacerolazo del 24, así como organizar una columna independiente que exija la continuidad de un plan de lucha. El martes 23 a las 13:30 en Congreso realizarán una conferencia de prensa.
Comunicado acordado tras la reunión
Resoluciones de la reunión unitaria hacia el paro del 24 de enero
Más de 200 dirigentes y referentes de organizaciones sindicales combativas, sociales, piqueteras, culturales, asambleas vecinales, de Derechos Humanos, ambientalistas, de jubilados, de mujeres, estudiantiles y partidos de izquierda nos reunimos en la sede de Ademys.
Allí resolvimos llamar a garantizar el paro nacional del 24 de enero y la gran movilización a Plaza Congreso.
Participar bajo la consigna de «Plan de lucha hasta derrotar el ajustazo de Milei y el FMI», el DNU, la ley Ómnibus, el Protocolo represivo de Bullrich y toda la ofensiva patronal.
Con este planteo impulsar una gran columna independiente, combativa y unitaria de todos los sectores que coincidan.
Participar en la columna independiente con una cabecera común donde estén representadas todas las organizaciones convocantes.
Al finalizar el acto de la CGT, nos uniremos todos los sectores que adhieren a esta política para desconcentrar marchando en una gran columna independiente unitaria.
Impulsar también el 24/01 en las horas posteriores al acto de la CGT a un gran cacerolazo nacional.
Además, se resolvió que el día en que sesione la cámara de diputados para tratar la Ley Ómnibus, llamamos a concentrarnos frente al Congreso para exigir su rechazo total.
También se resolvió participar del plenario del 20/01 en la sede del Sutna en Ezeiza para llevar esta propuesta y garantizar una gran columna independiente unitaria.
Preparar una Conferencia de Prensa para difundir estas resoluciones. La misma se realiza el día martes 23 a las 13:30 en Congreso. Y volver a convocarnos en la primera semana de febrero para evaluar nuevas acciones.
Espacio multisectorial en la Ciudad de Buenos Aires: “La patria no se vende”
A partir de una primera reunión que se realizó este miércoles 10/1 en la sede del SiPreBA, confluimos diversos de sectores sindicales, sociales, políticos, académicos, de Derechos Humanos, feministas, barriales, estudiantiles y más. Nos une el rechazo a las políticas de ajuste, económicas y sociales del gobierno de Javier Milei. Resolvimos organizar acciones rumbo al paro de 24/1 y luego continuar con los espacios de encuentro y acción.
Con un primer encuentro realizado este miércoles 10/1 en la sede del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), desde diversos sectores golpeados por la política económica y social del gobierno de Javier Milei conformamos un espacio multisectorial. Lo llamamos “La patria no se vende” y resolvimos encarar una serie de acciones rumbo al paro general del próximo 24/1
Nos une la convicción de estar en alerta y movilización frente al modelo político que busca imponer el gobierno de Milei que, tras una devaluación brutal, sólo garantiza la transferencia de recursos hacia los sectores concentrados, la destrucción de los derechos laborales y la entrega del patrimonio público. Coincidimos en el rechazo al DNU 70/23 y al proyecto de “Ley Omnibus”, ya que expresan una política de ajuste sobre trabajadoras y trabajadores, así como sobre quienes vivieron de un salario y lograron jubilarse.
Además, planteamos la doble problemática que enfrentamos quienes trabajamos y nos organizamos en la Ciudad de Buenos Aires, ya que el gobierno local de Jorge Macri también avanzó en una política de despidos y ajustes sobre los sectores más débiles.
Luego del diagnóstico y el debate sobre este fuerte ataque a la mayoría de la población, en la ciudad y en todo el país, desde este nuevo espacio multisectorial resolvimos realizar una campaña callejera con volanteadas, afichadas y una olla popular el jueves 18/1, que organizaremos en el barrio de Constitución, para luego confluir todas y todos en el paro general nacional del 24/1.
Participaron dirigentes de sindicatos de CGT, CTA y UTEP, como Camioneros, ATE Capital, Curtidores, UTE, Agtsyp, Sadop, Federación Gráfica Bonaerense y Ammar. También fueron parte referentes de Inquilinos Agrupados, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y de diversas organizaciones de la economía popular, de derechos humanos, de la comunicación, feministas, sociales y políticas. Se sumaron también asociaciones de agentes de prensa, de pymes, de jubilados, de la pastoral social evangélica, de comerciantes y hubo presencia de centros de estudiantes y clubes de barrio, entre otros sectores.
Desde este espacio nos proponemos confluir con otros existentes, como el de “Producción y Trabajo” y los ámbitos que promovieron el “cacerolazo cultural”, así como sumar fuerzas con otras multisectoriales impulsadas en la Provincia de Buenos Aires y en todo el país.
Como pasos a seguir, también resolvieron que el martes 30/1 se realizará una nueva reunión de “La patria no se vende” en un lugar público para realizar un balance de las acciones y promover otras para tener continuidad luego del paro.
Otros dos amparos gremiales para frenar el capítulo laboral del DNU de Milei
En esta oportunidad las que obtuvieron fallos favorables fueron las presentaciones de la Asociación del Personal Aeronáutico y otra del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante. Consiguieron el cuarto y el quinto amparo que frena la aplicación de la reforma laboral libertaria.
En ambos, con argumentos similares a los tres anteriores, se ratifica la competencia de la Justicia del Trabajo en el tema y se suspende la aplicación del Título IV.
Antes la CGT, la CTA de los Trabajadores y la Federación de Viajantes de Comercio, sucesivamente, habían conseguido medidas similares para dejar sin efecto el plano laboral del DNU.
“Ahora cada organización que sienta que sus intereses particulares y el de sus representados están siendo afectados por otro capítulo del DNU deben seguir su camino”, había explicado uno de los abogados que promovió la estrategia jurídica de la CGT.
Tampoco se descarta que sigan cayendo amparos porque todavía hay más presentaciones por ser tratadas.
El Gobierno vuelve a atacar a los trabajadores
El gobierno nacional volvió a atacar a los gremios, esta vez por los amparos presentados contra los puntos del DNU 70/2023 que atacan los derechos laborales. Lo hizo a través del vocero Manuel Adorni, quien ninguneó a las organizaciones sociales que recurrieron a la Justicia y ratificó los descuentos a los estatales que adhieran al paro general.
“Hasta el momento se han presentado 17 amparos en la Justicia” y “no hay ninguno de quienes dan trabajo y crean empleo en el país”, sostuvo Adorni en su habitual unipersonal en Casa de Gobierno y a solo cuatro días del paro general de la CGT.
La expresión fue lanzada luego de ponderar la decisión de la Unión Industrial Argentina (UIA) de respaldar el capítulo laboral del DNU a través de un amicus curiae en favor del Gobierno. De esta manera, la administración de Javier Milei encontró un fuerte aliado en su intentona para chocar de frente con la suspensión del decreto decidida por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Adorni ponderó la decisión de la cúpula industrial, una de las patronales más grandes del país, y la elogió por “defender lo que corresponde a cuestiones laborales». Por el contrario, repudió la intervención de los gremios contrastando la función social entre empleados y empleadores.
“Llamativamente, todos los amparos fueron presentados por gremios. Los amparos presentados por empresarios e inversores son cero”. Obviamente quienes defienden las reformas laborales son los favorecidos por ella, y no los perjudicados.
Precisamente, las presentaciones de los gremios dieron cuenta de cómo las anulaciones y reformas de leyes laborales incluidas en el cuestionado DNU dejan a los trabajadores en una mayor situación de vulnerabilidad y pérdida de derechos. Ese fue el motivo por el cual la Cámara de Apelaciones del Trabajo -puesta en el blanco de los enemigos por el Gobierno- ordenó la suspensión del decreto que alega urgencia y, por ende, frenó su vigencia.
En otro tramo de su conferencia frente a la prensa acreditada en Casa Rosada, Adorni volvió a desafiar a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) por la carta documento que esta le enviara tras el anuncio de descontarles el día a los trabajadores de ese sector que adhieran al paro de la CGT.
“Reafirmo cada palabra: quien no trabaje no va a cobrar”, dijo el vocero arrogándose un rol de empleador y arriesgó una explicación con la corta lógica a la que suele apalear el oficialismo. “El derecho a huelga está garantizado y no tiene relación con que se cobre o no se cobre”, dijo.
Ese tipo me medidas “operan sobre la voluntad del trabajador” y “no solamente afectan su libertad sino, tangencialmente, resultan atentatorias del derecho a huelga”, explicó la jueza María Ventura Martínez cuando en marzo de 2017 la gobernadora Vidal intentó algo parecido con los docentes bonaerenses.
Por lo tanto, los descuentos “alteran, restringen, limitan o afectan la libertad de los trabajadores y de sus entidades gremiales en las negociaciones colectivas; con lo cual deberán en adelante de abstenerse de realizarlas”, fundamentó en su fallo.
Adorni omitió esa interpretación fundamentada en la Constitución Nacional y se arrogó representatividad y poder de decisión: “Lo que no vamos a hacer es que los argentinos paguen a un empleado estatal que no vaya a trabajar”.
La ministra Patricia Bullrich quiere que le paguen su show represivo
El ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, envió una carta documento a varios sindicatos intimándolos a pagar 40 millones de pesos en concepto de “costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos en miras del mantenimiento del orden público“, por la movilización al Palacio de Tribunales, convocada por la CGT , las dos CTA y otros movimientos sociales y políticos para respaldar el amparo contra el capítulo laboral del mega DNU de desregulación económica.
Pero además de esperar que otros le paguen el show represivo, Bullrich pareciera querer quedarse con un excedente: en todas las intimaciones justifica que el monto total del operativo fue de 40 millones de pesos y les pasó facturas a varios sindicatos.
La carta documento que llegó, por ejemplo, a las sedes de Sipreba y Camioneros, fue firmada por el secretario de Coordinación Administrativa de la cartera de Seguridad, Martín Siracusa, y se respalda en el decreto 943/23, que ordena el Protocolo “antipiquetes”, y el decreto 949/23, que instruye a las cinco fuerzas federales a estimar los gastos de los operativos de seguridad para cargar los gastos contra las organizaciones que ejercen el derecho a la protesta.
La intimación, de acuerdo al artículo 8 del protocolo “antipiquete” que habilita la inteligencia sobre las marchas, enumera a más de una decena de sindicatos –UOM, UOCRA, UEJN, Conadu, Sipreba, Sutna–, organizaciones gremiales como las dos CTA y la UTEP y partidos políticos de izquierda que acompañaron la movilización.
Además de la intimación económica –para el cual se solicita que se genere el volante de pago a través del portal del Sistema de Recaudación de la Administración Pública–, la carta anticipa que de no concretarse en diez días corridas se avanzará con una presentación judicial.
En el megaoperativo del 27 de diciembre, los sindicatos limitaron al mínimo el corte de vías, la concentración se desarrolló en una plaza pública, desbordada sobre las calles por la masiva convocatoria, que a pesar de desarrollarse de forma pacífica terminó en un operativo de uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía.
Esta acción de criminalización de la protesta fue aplicada también por el gobierno de Javier Milei contra las organizaciones de izquierda que se movilizaron el 20 de diciembre, en el marco del aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.
Entonces, el vocero presidencial Manuel Adorni informó la identificación de 14 agrupaciones como organizadores de la movilización –algunas de ellas que no habían participado, una responsabilidad en ausencia que se busca transformar en ley en el proyecto de Ley Ómnibus que Bullrich defendió el miércoles en el Congreso— y adelantó el envío de una intimación económica por 60 millones de pesos.
Según el decreto 949/23 firmado por la ministra Bullrich, los costos que las cinco fuerzas federales deben calcular 24 horas después del despliegue ordenado por la ministra para transformarlo en una intimación económica contra quienes ejercen el derecho a la protesta son:
· Las horas/hombre empleadas en cada operativo, calculadas en orden a la remuneración por jerarquía de cada uno de los efectivos que participaron.
· El combustible utilizado.
· Los elementos consumidos en los operativos.
· Otros costos en los que se hubiere incurrido a consecuencia directa del operativo.
“Hay que dar pelea de vida o muerte”
Patricia Bullrich amenazó a la CGT con aplicar su protocolo represivo durante la movilización prevista para el próximo miércoles 24, y lo hizo con una grave advertencia: “Hay que dar pelea de vida o muerte”.
La singular expresión de la ministra de Seguridad fue acompañada de una serie de provocaciones que echan un manto de sospechas sobre cuáles serán sus intenciones para enfrentar lo que se prevé como una masiva marcha en repudio del DNU y la Ley Omnibus de Javier Milei.
“Se van a encontrar con un gobierno que no va a ceder tan fácil”, amenazó y dejó claro que la intención es aplicar su mentado protocolo que castiga a quienes cortan una calle y ejercen el derecho de protesta garantizado por la Constitución Nacional.
Esta mañana, Mario Manrique, diputado y dirigente del gremio SMATA (Mecánicos y Afines), adelantó que la movilización será tan masiva que “no van a alcanzar las veredas” para que la gente marche. “Naturalmente lo van a hacer por las calles”, dijo y aclaró que no fue una amenaza sino una percepción sobre la magnitud de la convocatoria.
Pese a los pronósticos de masividad debido a la alta adhesión de sindicatos y organizaciones que tendrá el paro general de ese día, Bullrich dejó claro que su ministerio “seguirá adelante con el protocolo para que el país viva en orden”, porque “la calle no sea un desastre”.
Luego disparó otra frase desafortunada: “Algunos están aportando al cambio que necesitamos y otros defendiendo intereses que se han ido creando a lo largo del tiempo. Las oligarquías defienden sus intereses. Hay que dar una pelea de vida o muerte”.
La ministra insistió en que la “Argentina necesita orden económico y social en las calles para ser un país ordenado”, y sostuvo que por ello las organizaciones gremiales “Se van a encontrar con un gobierno que no va a ceder tan fácil”.
Para Bullrich, el Gobierno está diseñando “una operación fuerte” y para ser exitosa necesita “que los diputados y senadores ayuden sacando las leyes” que mandó a derogar y sancionar.
Luego se refirió al dudoso sistema de denuncias anónimas que el Gobierno puso en marcha para que supuestas víctimas denuncien aprietes gremiales a la línea telefónica 134. La ministra dijo que ese número está “colapsado” y afirmó que están “acumulando muchísima información de gente que dice que la obligan a hacer paro”.
Fallo antisindical contra miembro del SUTNA
El tribunal del Trabajo N°3 de Morón falló con fecha 24 de octubre contra el compañero Néstor Castelli, miembro de la Junta de Disciplina del SUTNA. Esto es parte de una ofensiva judicial de la patronal de Fate que lanzara en marzo del 2018 luego de la huelga total de varios días en esa planta que surgió por el aplastamiento por una máquina, que casi le cuesta la vida al compañero de producción Javier Bertolotti.
Ante este ataque se ha iniciado una campaña democrática. Reflejamos acá la declaración con decenas de firmas de delegados de base de distintos gremios y referentes políticos.
DECLARACIÓN GRAVE ATAQUE AL SUTNA
Los abajo firmantes expresamos nuestro más enérgico repudio a la sentencia de desafuero resuelta por el tribunal de Morón contra el compañero Néstor Castelli, trabajador de Fate, histórico delegado y fundador de la Lista Negra, actualmente miembro de la Directiva nacional.
También repudiamos el accionar de la empresa FATE ya que las acciones contra el compañero tienen su origen en la judicialización por parte de la patronal de las medidas de fuerza realizadas por el sindicato, con justo derecho, luego del gravísimo accidente laboral sufrido por el compañero Javier Bertolotti, quien casi pierde la vida el 13 de marzo de 2018 cuando fue atrapado por una máquina y por las malas condiciones de trabajo.
Por esta misma causa están en curso juicios de desafueros contra varios compañeros más.
Este tipo de acciones por parte de la patronal atacan el derecho a huelga y la actividad sindical, cosa que no podemos permitir.
Asimismo, y en concreto, los juicios buscan sacarles los fueros gremiales a los compañeros que ejercen funciones sindicales para poder tomar represalias y aplicar sanciones, las cuales pueden ir desde suspensiones hasta despidos.
En el actual contexto este grave ataque cobra una mayor envergadura, ya que sienta un precedente que puede habilitar a la justicia a fallar en el mismo sentido contra todos los demás delegados y miembros de Consejos ejecutivos y de la Directiva nacional que se encuentran judicializados por defender los derechos de los trabajadores.
Todos los enjuiciados pueden perder los fueros, siendo el de Néstor Castelli el caso testigo, el primero de una larga lista.
Las consecuencias de que puedan quedar sin fueros, y sufrir suspensiones y despidos los representantes gremiales, no implica únicamente la posibilidad real de la pérdida de sus fuentes de trabajo, sino el debilitamiento de todo el sindicato, que se enfrentará este año a intentos de ataques a las condiciones laborales de magnitudes históricas.
Estamos en las vísperas de un intento de reforma laboral y las patronales quieren aprovechar el momento para avanzar en los mayores ataques posibles a los trabajadores, y es por eso que primero están tratando de sacar del camino a los luchadores honestos y agrupados en el Sutna, que son los que organizarán la resistencia desde abajo para que esto no pase.
No vamos a convalidar que intenten ilegalizar la huelga y sancionen la actividad sindical.
No podemos permitir este ataque a quienes nos defienden y representan cotidianamente.
Nosotros defenderemos a todos y cada uno de los delegados y representantes de los trabajadores.
A los compañeros que han puesto el cuerpo a la lucha y la defensa de nuestros derechos tanto tiempo SE LOS DEFIENDE.
La sentencia ya tiene un mes por eso queremos poner en conocimiento a todos de lo sucedido. Nos convocamos en este escrito llamando a todos los trabajadores del Neumático, a los miembros activos del Sutna, de sus directivas, Consejos ejecutivos y Cuerpos de delegados, a los miembros de la Lista Negra, del resto de las listas que intervienen en el Sutna, a las organizaciones sindicales afines, a agrupaciones políticas, organizaciones de DD HH, organizaciones de desocupados, movimientos sociales, y a todos los luchadores que así lo sientan, a pronunciarse de manera urgente y sumarse a una campaña activa, en la juntada de firmas, en poner la lucha contra el desafuero de Castelli en la agenda de todos los plenarios obreros por venir, a participar en todas las acciones que se desplieguen en el camino a la apelación de esta sentencia y en la denuncia pública, hasta darla vuelta efectivamente.
Si tocan a uno, tocan a todos.
Jornada Nacional de Ollas Vacías
El miércoles 17 de enero movimientos sociales y territoriales llevaron a cabo acciones en todo país para frenar el salvaje ajuste, el DNU inconstitucional y la Ley Ómnibus que pretende el gobierno de Javier Milei.
En la Ciudad de Buenos Aires las asambleas y radios abiertas fueron en Retiro, Once y Constitución a partir de las 10:00.
Convocan a la Jornada Nacional la Federación Nacional Territorial (FeNaT) CTA Autónoma, Libres del Sur, Movimiento Argentina Rebelde, Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y la Coordinadora por el Cambio Social, que comprende al Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (MULCS), el Movimiento 8 de Abril, FAR y COPA en Marabunta, la Federación de Organizaciones de Base (FOB) Autónoma, OLP Resistir y Luchar, el Movimiento Juana Azurduy y Arriba Lxs Que Luchan, entre otras organizaciones y espacios.
“Mediante ollas populares, asambleas y radios abiertas expondremos en las calles, en nuestros espacios y en las plazas de toda la Argentina, nuestro rotundo rechazo al DNU y la Ley Ómnibus que sólo buscan saquear y empobrecer a nuestro pueblo”, señalaron en un comunicado conjunto.
En La Plata la convocatoria fue a las 16:30 en Plaza San Martín.
Compartimos el comunicado completo:
Jornada Nacional de Lucha, hacia el Paro y Movilización del 24 de enero
El miércoles 17/01 los movimientos sociales y territoriales llevaremos a cabo acciones en todo el país para frenar el salvaje ajuste que está aplicando el gobierno de Milei. En la ciudad de Buenos Aires las asambleas y radios abiertas serán en Retiro, Once y Constitución a partir de las 10:00.
Con ollas vacías, asambleas y radios abiertas expondremos en las calles, en nuestros espacios y en las plazas de toda la Argentina, nuestro rotundo rechazo al plan de saqueo, al DNU y al proyecto de Ley Ómnibus.
Frente a esta nueva crisis, los sectores financieros y grandes empresarios buscan seguir acumulando riquezas aumentando la explotación de la clase trabajadora. Esa es la tarea fundamental del gobierno que encabeza Javier Milei.
A los movimientos sociales nos aplican un ajuste y una persecución en particular, ya que pudimos mostrar en el último gobierno nuestra capacidad de dar respuestas organizadas en nuestros territorios y en las calles.
El congelamiento del Potenciar Trabajo y la enorme inflación, no hacen otra cosa que reproducir más violencias sobre nuestros barrios, fomentando las diferencias entre trabajadores, empobreciéndonos aún más.
El mensaje del gobierno es claro: vienen por nosotros, por los y las trabajadoras, por el saqueo de nuestros recursos naturales, y ojo con plantear cualquier resistencia a las medidas que solo buscan aumentar la concentración de la riqueza en Argentina.
¡Por nuestras condiciones de vida, el DNU no puede pasar!
¡El ajuste salvaje sobre nuestros salarios no debe pasar!
¡Jornada Nacional de Lucha el miércoles 17 de enero en todo el país!
¡Abajo el DNU; abajo la Ley Ómnibus; abajo el ajuste; arriba la resistencia del pueblo organizado; hacia el Paro General!
FeNaT-CTAA, Libres del Sur, Movimiento Argentina Rebelde, Frente Popular Darío Santillán
COORDINADORA POR EL CAMBIO SOCIAL: FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) – FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN CORRIENTE PLURINACIONAL – MULCS (MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL) – MOVIMIENTO 8 DE ABRIL – FAR Y COPA EN MARABUNTA – FOB AUTÓNOMA (FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUTÓNOMA) – OLP RESISTIR Y LUCHAR – MOVIMIENTO JUANA AZURDUY ARRIBA LXS QUE LUCHAN
Preparan una marcha de 250 micros en defensa de la industria azucarera
El mega DNU y el proyecto de ley ómnibus del Gobierno nacional que se debate en comisiones en el Congreso de la Nación han puesto en estado de alerta a distintos actores de la actividad azucarera y de la producción de alcohol derivado de la caña de azúcar, que tiene una fuerte presencia en las economías del NOA, en especial en Tucumán, Jujuy y Salta. De avanzar las iniciativas y de no haber cambios, las consecuencias serían que se permitiría el ingreso de azúcar de importación, sin barreras arancelarias, y se desregularía la producción y comercialización del mercado del bioetanol, lo que pondría a la industria en riesgo de quebranto, según el empresariado y los cañeros de la región.
Tucumán es el distrito desde donde han surgido los mayores cuestionamientos. Desde el Centro Azucarero Argentino (CAA), su presidente Jorge Feijóo, informó que el complejo sucroalcoholero está integrado por 20 ingenios azucareros (15 en Tucumán, 2 en Salta, 3 en Jujuy); 16 destilerías de alcohol, con una capacidad instalada conjunta de 700.000 m3 año; 12 deshidratadoras de alcohol; 7.100 productores cañeros independientes, 6.200 de ellos con explotaciones de menos de 50 hectáreas y 160 industrias metalmecánicas de servicios. Además, emplea en forma directa a 61.000 trabajadores; 19.800 en la industria, 34.800 en campo, 4.300 en los servicios de cosecha y 2.000 en el transporte de productos elaborados. Para Tucumán esto se traduce en un ingreso provincial de casi 540 millones de dólares anuales, uno de los más importantes junto a la citricultura del limón, una industria también en jaque por el proyecto de la Ley Omnibus.
«Desregular la agroindustria de la caña de azúcar significaría que cualquier país vecino podría introducir azúcar al nuestro, en desmedro de una actividad que genera miles de empleos. Y si se desregula el bioetanol, implicaría que las tres petroleras que hoy compran alcohol de la caña de azúcar y del maíz, lo van a poder comprar en Brasil o cualquier otro país», explicó el gobernador Osvaldo Jaldo. El mandatario tucumano encabezó el lunes de la semana pasada una cumbre de distintos referentes del sector, entre los que estuvieron el presidente de la Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT), Sergio Fara; Juan Carlos Mirande, presidente del Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART); el vicepresidente del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT), Bernabé Alzabé, representantes de ingenios, la senadora nacional peronista Sandra Mendoza; y el secretario general de la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA), Roberto Palina.
Al finalizar la reunión, el secretario de Producción provincial, Eduardo Castro, indicó que se buscará la derogación de los artículos que afectan al sector, tanto del mega DNU como del proyecto de Ley Omnibus. Uno de los principales temores es que el azúcar de importación ingrese al mercado local a precio de «dumping», es decir, un valor inferior al producto elaborado en el país.
Desde la FOTIA, el gremio de los trabajadores, Palina indicó que se declaró el estado de alerta y movilización. «El ingreso de azúcar de otras partes del mundo afectaría la producción local y el trabajo de muchas familias argentinas que se mantienen con la actividad», señaló.
A raíz de este escenario, el empresario tucumano Jorge Rocchia Ferro, presidente de la Compañía Azucarera Los Balcanes SA, explicó que de levantarse las barreras arancelarias sería imposible competir con la industria de Brasil, en donde se mantiene un esquema de subsidios estatales desde hace 50 años. «Ellos tienen 10 millones de hectáreas de caña, mientras que Argentina sólo tenemos 400.000. Competir con Brasil es como pelear con un gorila en un cuarto de dos por dos», graficó. Para tratar de revertir el contenido de las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional, impulsó una movilización desde el norte argentino hacia la Capital Federal para hacer escuchar los reclamos: «Hay que contratar 250 ómnibus para ir a protestar a las puertas del Congreso de la Nación o a la Residencia Presidencial de Olivos. Así podría tener relevancia nacional nuestro pedido; el porteño que vive en Buenos Aires no conoce la Argentina».
En las últimas horas, la Legislatura tucumana dio a conocer un documento que lleva la firma de sus autoridades y de la mayoría de los bloques parlamentarios, en donde se expresa: «En defensa de la actividad azucarera». Entre otras consideraciones, la solicitada señala: «Instamos a los diputados y senadores nacionales por la provincia a oponerse a estas medidas destructivas del trabajo de miles de tucumanos, y que por ende afecta seriamente el PBI de nuestra provincia. Esto nos retrotrae a épocas ya vividas en el gobierno de Onganía (con el éxodo de 200.000 tucumanos que engrosaron las villas del Conurbano bonaerense) al producirse el cierre de once ingenios en el año 1966. No firmaron los legisladores Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana y socio de Milei en la provincia, y José Macome, parlamentario del PRO.
La legislación vigente sobre bioetanol establece que se reserva para las pymes la provisión del 12% de alcohol derivado de caña de azúcar y de maíz, y del 7,5% de biodiesel en base a aceite de soja. La propuesta oficial, vía Ley Omnibus, habilita a que intervengan las petroleras en el mercado interno, más los grandes agroexportadores que producen biocombustibles. En la actualidad, las petroleras deben proveerse solo de las empresas argentinas. Además, contempla la importación libre de biocombustibles.
El sector yerbatero se plantó contra el DNU de Milei
Los pequeños productores de Misiones se declararon en movilización permanente contra el decreto que debilita el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y presentaron una medida cautelar. Tras un “tractorazo”, lograron que la justicia federal de Misiones suspendiera los artículos del DNU 70/2023 referidos al INYM.
La plaza 9 de Julio de la ciudad de Posadas amaneció el martes 9 con una imagen que evocó de manera directa lo ocurrido en 2002 con el histórico “tractorazo”. Esta vez, fue solo un tractor el que de manera simbólica se instaló ante la Casa de Gobierno de Misiones, en representación de cientos de productores yerbateros nucleados en siete organizaciones de diferentes puntos de la tierra colorada. La manifestación obedeció a un reclamo por la plena vigencia de la Ley 25.564, de creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), organismo que a partir de lo dispuesto por el DNU emitido por el presidente de la Nación, Javier Milei, sufrió severos recortes en sus alcances y funciones, quedando entre otras cosas, sin la facultad de fijar el precio mínimo de la materia prima. El viernes 12 y a partir de la medida cautelar presentada por los productores el día anterior, la jueza federal Adriana Fiori ordenó la suspensión de los artículos del DNU.
La presentación se sumaba a una similar hecha por el gobierno provincial en la semana del 20 de diciembre, cuando se anunció el decreto de desregulación económica. El viernes 12, la jueza Fiori habilitó la feria y decidió dar lugar a la medida cautelar.
En el segundo punto de la resolución del fallo ordenó: “La inmediata suspensión de lo dispuesto en el Capítulo I – Instituto Nacional de la Yerba Mate (Ley N° 25.564) -arts. 164 al 168- del DNU 70/2023 y de toda normativa o acto dictado en su cumplimiento específicamente, a fin de que no se modifiquen ni alteren la estructura, funciones y atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate de conformidad con el texto original de la Ley N° 25.564, hasta tanto se dicte sentencia respecto del fondo”
En paralelo, en el Congreso, representantes de la mesa del INYM se reunieron con los legisladores para exigir la marcha atrás de la decisión presidencial. Desde la Mesa Agroalimentaria Argentina emitieron un comunicado con la consigna “¡El INYM no se toca!”.
El día que volvió el “tractorazo” de los productores yerbateros
El grupo de pequeños productores que arribó a la plaza ubicada en pleno centro posadeño intervino el frente del edificio gubernamental con pancartas en defensa del INYM, y anunció que permanecería en estado de movilización por tiempo indeterminado hasta que se retrotraiga la medida que, en palabras del histórico dirigente yerbatero Hugo Sand, “condenará a los pequeños productores a la miseria y nos expondrá a una absoluta vulnerabilidad ante el poder económico”.
Asociación de Productores Agrarios de Misiones (APAM), Asociación Civil de Productores Yerbateros y Tareferos del Alto Uruguay, Asociación Chimiray, Centro Agrario Yerbatero Argentino (CAYA), Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (ACPYN), La Casa de la Familia Yerbatera y la Unión de Agricultores de Misiones (UDAM) son las organizaciones de productores que impulsaron la protesta y la presentación judicial.
Actualmente, el universo yerbatero involucra a un total de 12.000 productores, 49 cooperativas, 200 secaderos, 100 industrias y más de 15.000 cosechadores manuales (“tareferos”). Previo al DNU, cada uno de estos sectores contaba con representantes en el directorio del INYM, donde se discutía, entre otras cuestiones, el precio de la hoja verde y “canchada” de yerba mate.
“Estamos expresando nuestro más amplio repudio a esta medida contra el INYM. Se trata de una acción cobarde y mezquina de demandantes concentrados amparados en una situación coyuntural. Sabemos muy bien y en carne propia vivimos el enorme daño que produjeron medidas de desregulación en el pasado a toda la sociedad misionera y en especial en el sector yerbatero, que sostiene la soberanía nacional inserta entre dos países extranjeros”, observó esta semana Jorge Haddad, directivo del Centro Agrario Yerbatero Argentino (CAYA).
El gobierno de Misiones mantiene el frente judicial y legislativo contra el DNU
A su vez, el ministro del Agro y la Producción de Misiones, Facundo López Sartori, manifestó que “la provincia es la de mayor producción rural del país y es por ello que nuestra voz tiene que ser escuchada en todo el territorio argentino. Ponerse al frente del reclamo del sector yerbatero, es un compromiso de este gobierno. Como servidor público misionero, tengo el deber de defender y acompañar al pequeño productor”.
Otra de las iniciativas fue la propuesta legislativa de creación de un Instituto Provincial de la Yerba Mate por parte del diputado provincial Carlos Rovira —ex gobernador y fundador del Frente Renovador de la Concordia, que gobierna la provincia desde 2003—, proyecto que debe necesariamente pasar por la legislatura provincial, que se encuentra en receso hasta el 1° de mayo.
En paralelo, el conjunto de diputados y senadores nacionales misioneros pertenecientes al espacio Innovación Federal, se comprometió a la elaboración de “estrategias en defensa del sector yerbatero”. Este cuerpo de legisladores está integrado por los senadores Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, junto a los diputados nacionales Carlos Fernández y Daniel Vancsik. ”Estamos del lado de nuestros productores, de los secaderos y los industriales más pequeños, y sobre todo estar para las demandas que hoy tiene el INYM que logró recomponer la actividad yerbatera”, declaró la senadora misionera Rojas Decut.
La Cámara alta será el recinto clave para definir la suerte del rechazo al mega DNU de Milei. En ese sentido, llamó la atención lo expresado por el senador formoseño de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, quien respaldó el reclamo de los productores: “En la yerba mate no puede haber una regulación propia del mercado”.
Fuentes: Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Perfil, Agencia Tierra Viva, Infogremiales, Argentina Indymedia Trabajadores, Página 12, Télam, Agencia Farco
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