El juicio de Héctor Febres, por los tormentos y secuestros cometidos durante su servicio en la tenebrosa Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) demuestra los limites de la política de Derechos Humanos del gobierno Kirchnerista y la continuación de la infiltración institucional de los genocidas del llamado «Proceso» de la guerra sucia (1976-82). Los alegatos […]
El juicio de Héctor Febres, por los tormentos y secuestros cometidos durante su servicio en la tenebrosa Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) demuestra los limites de la política de Derechos Humanos del gobierno Kirchnerista y la continuación de la infiltración institucional de los genocidas del llamado «Proceso» de la guerra sucia (1976-82).
Los alegatos finales de las Dras. Liliana Mazea y Myriam Bergman, del colectivo Justicia Ya! y parte de la querella contra Febres (que publicamos aquí en carácter de exclusividad) demuestran a las claras el proceso de cuentagotas que aplica la justicia de Kirchner. Particularmente el detalle de los crímenes en los que participó Febres y el de los testimonios de estos abogados, ponen al descubierto la totalidad del genocidio cometido en la ESMA y del que formó parte Febres.
Febres es solo uno del centenar de represores plenamente identificados que sirvieron en la ESMA. El caso que se acaba de ventilarse en la corte (y que solo espera la sentencia que se dará en los primeros días de diciembre) solo trata de los tormentos infligidos a cuatro de los estimados 5.000 prisioneros ilegales que pasaron por las instalaciones bajo el dominio de la Armada del Almirante Massera.
Hubo que esperar 30 años desde los hechos criminales, 23 años desde el advenimiento de la democracia, tres años desde la derogación de las leyes de impunidad… para enjuiciar y seguramente castigar a 25 anos de prisión a un represor.
A pesar de los discursos del presidente desde que fue electo, los juicios caminan a paso de hormigas y la justicia se administra por cuentagotas. Mientras tanto testigos, victimas y criminales mueren de a racimos por edad avanzada.
A pesar de los pedidos de unificar en un juicio contra todos cuantos participaron en la represión en la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), se inició el día 18 de octubre, el juicio contra Héctor Febres, sobre los crímenes de la ESMA. Febres no es marino, sino miembro de la Prefectura Naval. De hecho, fue el «enlace» entre esa fuerza y el grupo de tareas que dirigía el represor Jorge «El Tigre» Acosta y respondía al dictador Emilio Eduardo Massera.
«De ninguna manera ratifico las declaraciones ante el tribunal militar. Sí ratifico la presentación que hizo mi abogado el 5 del corriente», fue casi todo lo que dijo el acusado. En el testimonio que trataba de invalidar, él mismo admitió, en 1984, que había sido enviado de la Prefectura en el centro clandestino de detención de la Marina. Incluso reconoció haber participado en «operativos» cuando «era necesario por su envergadura». El nuevo escrito al que se refirió, en cambio, era una crítica hacia el juicio: se quejaba porque no juzgaban a miembros de la Armada y, curiosamente, porque en este proceso sólo lo acusaban por cuatro hechos mientras estaba procesado por 300.
Sólo cuatro casos cuando en la ESMA pasaron cerca de 5000 secuestrados
El reproche de Febres es, en realidad, el mismo que la fiscalía y las querellas habían planteado desde que se anunció la realización de este juicio y que repitieron ayer, tanto dentro como fuera de la sala de audiencias. Es que el prefecto llegó al juicio solo y acusado de cuatro casos de torturas: los de Carlos Lordkipanidse, Carlos Alberto García, Julio Margari y Josefa Prada de Oliveri, que estaba embarazada de cuatro meses al ser secuestrada. Otros diez miembros del grupo de tareas de la ESMA, entre ellos Alfredo Astiz y Jorge Acosta, aún no llegaron a juicio porque, entre otras cosas, un recurso que presentaron estuvo trabado durante cuatro años en la Cámara de Casación. La semana pasada, la Corte Suprema dispuso que ese asunto se resuelva «con urgencia».
«Esto me indigna. No es posible que el primer juicio sobre la ESMA sea con una persona que no es marino y por tan pocos hechos. Más de cinco mil compañeros pasaron por ahí y hace veinte años que estamos denunciando a los represores», dijo Carlos Lordkipanidse durante un cuarto intermedio en la puerta de los tribunales.
La fiscal Mirna Goransky había pedido directamente la suspensión del juicio y llegó hasta la Corte Suprema con su reclamo, que finalmente no prosperó, a pesar que la propia lógica jurídica tiende a unificar y acumular las actuaciones iniciadas sobre los mismos hechos. Se pidió asimismo que el acusado sea llevado hasta su silla con esposas, pero el defensor oficial Víctor Valle aclaró que Febres sólo volverá a presenciar las audiencias cuando sea obligatorio, es decir, en el momento de los alegatos.
La fiscalía también hizo su pedido. Solicitó una ampliación de un peritaje realizado sobre el legajo personal de Febres. Según un primer estudio, el documento fue adulterado para camuflar el paso del represor por la ESMA.
A su turno, la abogada Myriam Bregman, de Justicia Ya! reclamó que se cambie el lugar de detención de Febres, actualmente preso en Prefectura de Tigre, zona Delta y que no sea asistido por miembros de la Prefectura sino del Servicio Penitenciario. «Los delitos de lesa humanidad por los que está acusado no ameritan que goce de semejante privilegio. Queremos que sea alojado en una dependencia común», dijo.
El tribunal no hizo lugar al reclamo que había sido fundamentado, además, en que el antecedente de la desaparición de Jorge Julio López ameritaba reforzar las medidas de seguridad para los testigos. El juez Gordo respondió que se había dado intervención a la Oficina de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia.
Jorge Julio López también se hizo presente en prendedores que llevaban algunos de los asistentes al juicio, en el que pedían su «aparición con vida». Adriana Calvo, de la Asociación de Ex detenidos Desaparecidos, se peleó con un policía para que dejaran que lo use dentro de la sala. Entre el público estaban la ex diputada Patricia Walsh y el subsecretario de Derechos Humanos, Rodolfo Matarollo y Luis Alén, jefe de gabinete de ese organismo, la dirigente del MST Vilma Ripoll y el editor de Izquierda Punto Info, Carlos Petroni, así como numerosos militantes de las organizaciones de DDHH como HIJOS, la LDH, CEPRODH y otros.
En la puerta de los tribunales, miembros de HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) reclamaban que el represor diga dónde están los niños desaparecidos. «Febres entregador», decían los carteles. Al lado estaban las fotos de doce mujeres que dieron a luz en la maternidad clandestina de la ESMA. Febres, según indican los testimonios de los sobrevivientes, era el encargado de las embarazadas secuestradas y de los niños que nacían y luego eran apropiados.
Lordkipanidse fue el único de los querellantes que estuvo en la primera audiencia. Volvió a ver a Febres después de casi treinta años. «Igual de gordo», describió. El prefecto estuvo en la sesión de tortura con la que lo «recibieron» en la ESMA. «Si no hablás reviento a tu hijo contra la pared», le dijo allí otro de los miembros de la patota mientras tenía colgado al bebé de una pierna. El niño recibió luego descargas eléctricas.
A través de esta dinámica de desmembración, se pierde el significado, la magnitud e importancia que este juicio tiene para la sociedad toda en su búsqueda de la verdad y en la pretensión de obtener el castigo de los responsables del genocidio perpetrado durante la dictadura militar en Argentina. Justamente en este caso, el mantener los juicios separados cuando se trata del juzgamiento de hechos ocurridos en el mismo centro clandestino de detención, en fechas y con imputados comunes, se atenta contra el principio de economía procesal y celeridad, provocando de esta forma un verdadero retardo de justicia.
A pesar de la devaluación, la ESMA sigue ahí, con todos los crímenes cometidos y con toda la impunidad acumulada