Culmina el mandato presidencial de Néstor Kirchner y la Ley de Radiodifusión creada por la última dictadura militar continúa aún vigente y sin perspectivas concretas de que se modifique. La norma decretada en 1980 lleva la firma del genocida Videla, está inspirada bajo la doctrina de seguridad nacional y se la califica como verticalista, centralista […]
Culmina el mandato presidencial de Néstor Kirchner y la Ley de Radiodifusión creada por la última dictadura militar continúa aún vigente y sin perspectivas concretas de que se modifique.
La norma decretada en 1980 lleva la firma del genocida Videla, está inspirada bajo la doctrina de seguridad nacional y se la califica como verticalista, centralista y autoritaria.
La ley de la dictadura excluye la participación ciudadana y de las instituciones públicas en los organismos encargados de la gestión y control de los medios de comunicación, le da poca preponderancia a los medios públicos y concibe a la radio y a la televisión como un negocio destinado a las empresas comerciales, al impedir que las asociaciones civiles sin fines de lucro o cooperativas puedan acceder a las licencias de radiodifusión.
Lejos de democratizar las comunicaciones a través de los instrumentos legales, desde 1983 los diferentes gobiernos -sobre todo el de Menem- realizaron reformas parciales a la ley que tuvieron como consecuencia la consolidación de un sistema de medios privado, cada vez más trasnacionalizado y concentrado a medida de los grandes medios que se fueron transformando en multimedios, en desmedro de los medios de comunicación independientes.
Pero a diferencia del actual gobierno, los anteriores presidentes surgidos a través del voto -me refiero a Alfonsín, Menem y De la Rúa- se tomaron el trabajo de elaborar cada uno su proyecto de ley de radiodifusión y por lo menos fingir que se quería encuadrar la norma elaborada por un gobierno de facto a la institucionalidad democrática, porque ninguno de esos proyectos alteraba sustancialmente el sistema de medios en Argentina.
Al igual que más de cuarenta proyectos de ley de radiodifusión que presentaron los legisladores en casi un cuarto de siglo de sistema democrático, esos proyectos se archivaron en el Congreso Nacional sin nunca ser ni siquiera discutidos, cuestión que sin dudas favorece a las actuales empresas privadas de los medios de comunicación.
La política de medios
La actual gestión presidencial se muestra a sí misma como si fuera el producto de una ruptura en relación a las políticas neoliberales que se implementaron en los ’90. En ese sentido el único canal de TV que quedó en manos del estado después de la ola privatista -Canal 7- se presenta como el «canal público», mejora la programación, invierte luego de muchísimos años dinero en equipamiento y abre nuevas repetidoras a lo largo del país.
Si bien esos aspectos contrastan claramente con el vaciamiento y con los intentos de privatizarlo que hubo durante la presidencia de Menem, está claro que no se trata de un medio de comunicación público en la acepción clásica del término, que implica una independencia de los poderes del estado y los intereses políticos, integrando claramente ese canal la categoría de medio oficial.
El gobierno argentino además interviene en el canal Telesur que impulsa Venezuela.
Cuando parecía que quedaban en la nada los debates y las propuestas generadas en América Latina hace más de treinta años a través de las Políticas Nacionales de Comunicación y luego la elaboración del Informe McBridge, que en el seno de la UNESCO denunció las asimetrías a nivel comunicacional que había entre los países centrales y los periféricos, proponiéndose distintas medidas de fondo que implicarían un Nuevo Orden Mundial en la Información y la Comunicación, que exista un medio de comunicación multiestatal, cuya información contrasta con la que se brinda desde los medios comerciales hegemónicos y que se conciba así mismo desde una matriz latinoamericanista como lo es Telesur, es la noticia más importante en la materia de los últimos treinta años, aunque las organizaciones sociales de Argentina que se enfrentan al actual gobierno tengan que pagar el precio de la invisibilidad.
Pero más allá de que desde el estado se participa del proyecto, el canal estatal dejó de transmitir hacia todo el país al mediodía -en transmisión simultánea desde Caracas y Buenos Aires- y a la medianoche emisiones diarias del noticiero de Telesur, condenando a que el canal solo se pueda ver a través de los sistemas privados de televisión por cable y satelital.
Precisamente en este último sistema luego de la señal de Telesur los usuarios argentinos tienen la posibilidad de sintonizar también el canal Globovisión, que se transmite también desde Venezuela, seguramente puesto así para «equilibrar» la información.
Las normas para los grandes medios
Las normas dictadas en materia de radiodifusión sirven como ejemplo para demostrar como en el gobierno de Kirchner se expresa un discurso diferente al neoliberal pero se continúan aplicando las políticas de los ’90.
Bajo el argumento de defender la cultura nacional, el gobierno sancionó la Ley de Defensa de los Bienes Culturales, que teóricamente ponía trabas a la adquisición de medios de comunicación por parte de empresas extranjeras. Pero como el país había firmado varios tratados de inversión recíproca y las normas operan hacia adelante esa ley no fue obstáculo para que este año canal 9 pase a manos de un empresario mexicano-norteamericano, dueño de varios canales en toda Latinoamérica.
Sí bien el Congreso Nacional derogó el obstáculo que impedía a las organizaciones comunitarias acceder a las licencias de medios, al no establecer cupos para emisoras de esa característica se compite en inferioridad de condiciones en las licitaciones con los grandes medios. También pasaron dos años de esa reforma y no se ha alterado el sistema de medios, en el sentido que siguen bajo las mismas manos y el gobierno otorgó solo dos licencias a organizaciones no comerciales.
Sin embargo, el hecho que grafica más claramente lo que fue la política de Kirchner sobre la radiodifusión fue la firma del decreto 527 del 2005 que suspendió los plazos de las licitaciones de los medios que se habían privatizado bajo el menemismo -casi todos- y que se estaban por vencer, por lo que esos adjudicatarios se vieron beneficiados con una renovación automática de las licencias por diez años más, perdiéndose una clara oportunidad de reconfigurar el sistema de medios en Argentina.
Los fundamentos el decreto hacían referencia a la disminución de la rentabilidad que los medios habían tenido durante la crisis económica y su alto endeudamiento externo. No se tuvo en cuenta que durante la década del ´90 el sector de las comunicaciones fue uno de los más dinámicos de la economía y que una vez que se devaluó la moneda nacional la abultada deuda en dólares fue pesificada.
Los grupos mediáticos aplaudieron esa decisión y el gobierno se garantizó así una prensa obsecuente.
Porque por más que existan columnistas de los medios más importantes que critiquen al gobierno las observaciones que se hacen siempre apuntan a la calidad institucional, el manejo personalista en algunos asuntos y sobre ciertos personajes impresentables. Pero nunca en los medios aparecen cuestionamientos a la política de estado que permite el saqueo de los recursos naturales como son el suelo, el petróleo y la minería -que por sobre todas las cosas contamina- ni el aumento de la brecha que se produce entre los pocos que más ganan y la mayoría que cada vez tiene menos. Por supuesto que tampoco se refleja las luchas de quienes se oponen y resisten a esas políticas.
Así, el gobierno elige como oposición a algunos editorialistas y los corre por izquierda, a la vez que desde los mismos medios de comunicación se desarrolla una agenda temática favorable al gobierno.
Poder, comunicación y movimiento social
Si bien cada lugar tiene su propia dinámica política, es interesante conocer como se da el debate en materia de radiodifusión en algunos países de la región.
Actualmente en Brasil se está discutiendo la creación de un medio público al mismo tiempo que vencen las concesiones de los principales medios. Si bien todavía no se conoce el proyecto y cual será su autonomía con respecto al gobierno, Lula ya tiene presupuestado 250 millones de reales para los próximos cuatro años para el medio público.
En tanto las organizaciones sociales agrupadas en la Coordinación de Movimientos Sociales (CMS) lanzaron una campaña exigiendo democracia y transparencia en la renovación de las licencias de TV. «Concessões de rádio e TV: quem manda é você» es la consigna elegida y ya se realizaron movilizaciones en once de las principales ciudades del país exclusivamente por ese tema.
Por su parte en Venezuela una vez vencida la concesión de RCTV el gobierno optó por crear TVes, (Televisora Venezolana Social), una televisión de servicio público.
El gobierno asumió así la potestad de no renovar una licencia -potestad que tiene cualquier gobierno, incluido el de Estados Unidos e Inglaterra que han ejercido ese derecho varias veces- y en el marco de una política más amplia de fomento a los medios públicos y comunitarios recuperó una frecuencia que estuvo durante 55 años en manos de grupos privados cuando la ley establece que las concesiones son por 20 años.
Por supuesto que todos los medios comerciales de todo el mundo expresaron que se trató de un ataque a la libertad de prensa, pero jamás se dedicaron a explicar que las frecuencias radioeléctricas no son propiedad privada sino que son un bien colectivo y el Estado es quién las administra.
Mientras en Venezuela el proceso de transformaciones sociales se contrapone necesariamente a los intereses de las empresas privadas y por ello los medios de comunicación comerciales atacan decididamente al gobierno bolivariano, en Argentina gobierno y prensa coinciden en un concepto: no alterar el sistema de medios que favorece a los grandes grupos privados nacionales e internacionales.
Si bien en el país hay iniciativas generadas como la del Foro Argentino de radios Comunitarias (FARCO) y otras organizaciones destinadas a democratizar las comunicaciones, esta temática es abordada solo en ámbitos académicos específicos y ni siquiera las organizaciones gremiales de prensa incentivan el debate, para no contraponerse a los intereses de sus patrones.
El debate sobre los medios está ausente en el conjunto de la sociedad – así pasó desapercibida la renovación automática de las licencias de los grandes medios- cuando lo que está en juego es el derecho humano a la comunicación, que se efectiviza a través del pluralismo informativo y comunicacional, con la posibilidad de que organizaciones que no buscan el lucro gestionen medios de comunicación social.
Mientras existan gobiernos que legislen a favor del mercado, el debate sobre el rol de los medios de comunicación, su propiedad y la necesidad de que los mismos estén en otras manos debe ser asumido por las organizaciones sociales, ya que no se trata (solo) de un problema comunicacional, sino que en este aspecto intervienen cuestiones mucho más amplias y que tienen que ver con las relaciones de poder y sobre quién tiene el derecho a expresar la palabra en Argentina.