Con la reciente aprobación de cuatro leyes en el Congreso de la Unión crece la indefensión de los ciudadanos mexicanos frente al Estado: la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Con estas leyes se convierte en legal el espionaje civil sin que haya controles judiciales, se legalizan las intervenciones telefónicas, se autorizan las operaciones encubiertas, se podrá acceder sin restricción a datos fiscales, biométricos, comerciales, vehiculares, médicos, bancarios de todos los mexicanos. En lo sucesivo se tendrá la obligación de proporcionar datos biométricos para contratar servicios de telefonía o internet. El gobierno podrá geolocalizar a cualquier persona en cualquier momento.
En todas las justificaciones de estas leyes se aduce que son para la seguridad de la ciudadanía, que el Estado necesita herramientas para enfrentar al crimen organizado, que no se violan los derechos humanos, que no es para espiar a los ciudadanos, sino para combatir los delitos, etc.
Sin embargo, muchas voces opinamos lo contrario. El sistema penal en México, desde siempre, ha tenido los elementos suficientes para combatir el crimen organizado y no organizado en materia de leyes, impartidores de justicia, fuerzas armadas y cárceles. Si hasta el momento no se ha combatido al crimen y este sigue creciendo en nuestro país es por la omisión y hasta contubernio de las autoridades, como sucedió en el sexenio pasado que se les enviaron “abrazos, no balazos” y como se ha demostrado con la acusación y detención de policías corruptos, presidentes municipales y funcionarios públicos. Si ahora se aprueban leyes como las señaladas es para tener controlados a todos los ciudadanos de una manera más drástica, especialmente a todos aquellos que, motivados por la creciente desigualdad, el aumento de la pobreza y la creciente injusticia, se atrevan a protestar contra el régimen vigente, contra el sistema capitalista, causa y origen de la mayoría de los males que padece nuestra sociedad. El problema del crimen organizado subsiste no por falta de leyes sino por la falta de acción de los representantes del Estado.
El Estado capitalista, ahora en manos de la Cuarta Transformación, conoce de la inconformidad creciente de muchos sectores de la población ante la falta de servicios, de atención a la salud, del desempleo, de los bajos salarios, y se adelanta centralizando más el poder y restándole derechos a los ciudadanos, para lo cual aprueba leyes más draconianas, más duras, que no le permitan al ciudadano defenderse. No importa que se violen Derechos Humanos, leyes y derechos previos de la ciudadanía, tales como la presunción de inocencia, el debido proceso, la protección de datos personales o el derecho a la privacidad. Por ejemplo ¿dónde queda el artículo 16 constitucional que protege la privacidad y seguridad de las personas frente a las actuaciones de las autoridades, estableciendo límites y requisitos para las detenciones, inspecciones y registros?
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) señala que la Ley de la Guardia Nacional le otorga a esta corporación facultades amplias de investigación e inteligencia sin los controles y mecanismos de rendición de cuentas adecuados y reitera que la seguridad pública debe ser una responsabilidad de autoridades civiles, estar sujeta a controles democráticos y realizarse con pleno respeto y observancia de los derechos humanos.
Por su parte, Amnistía Internacional advierte riesgos de mayor impunidad y encubrimiento tras la aprobación de la Ley de la Guardia Nacional porque en el caso de delitos, esta corporación podrá tener contacto con la evidencia antes del Ministerio Público lo cual aumenta el riesgo de manipulación de pruebas y de encubrimiento de violaciones por elementos militares.
Hay varias razones por las que la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomiendan que la seguridad pública se ejerza por organismos civiles. Entre ellas encontramos que las fuerzas civiles se entrenan para el uso proporcional de la fuerza, mientras que los militares operan bajo la lógica de eliminación del adversario; con la milicia aumenta el riesgo de violación de los derechos humanos porque operan bajo sus propios reglamentos, mientras que las civiles están más sujetas al escrutinio público y mecanismos legales de supervisión; y la razón de más peso es la propia experiencia de la ONU que ha documentado que cuando se militariza la seguridad interna, como sucedió en Latinoamérica, se presenta una mayor violencia e impunidad y de allí concluye que la participación de los militares en seguridad pública debe ser excepcional, temporal y subordinada a las autoridades civiles. Al día de hoy, por acuerdo del Congreso de la Unión, la seguridad pública en México está militarizada.
A la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública ya se le bautizó como la “Ley Espía” porque con ella el gobierno puede acceder a todo tipo de datos del ciudadano, podrá pedir la CURP biométrica para acceder a servicios públicos o privados, Confiere a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional acceso a bases de datos personales y biométricos en posesión del Gobierno federal y de entes privados para realizar tareas de espionaje, es pues el espionaje civil sin controles judiciales.
A la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión diversos comunicadores la apodaron la “Ley Censura” porque el Gobierno se atribuía el derecho de bloquear plataformas digitales y quería concentrar el poder en una agencia unipersonal con datos personales bajo el control del Ejecutivo además de que el Estado se arrogaba el derecho de censura inmediata y suspensión arbitraria de transmisiones, hoy esta ley se mantiene con algunas modificaciones pero servirá para aumentar el control del Estado sobre las comunicaciones de, para y entre los ciudadanos.
Hoy los representantes de la 4T, embriagados porque la clase de los ricos que manda en este sistema capitalista los deja gobernar en su nombre y porque les deja manos libres para que se beneficien económicamente del manejo de las arcas públicas, no sienten el menor pudor para recortar derechos y garantías a los ciudadanos, derechos y garantías que antes exigían para sí. Es denigrante la actitud que asumen esos políticos que se autonombran de “izquierda” cuando para blindar el Estado capitalista aprueban un conjunto de leyes para ahorcar más al ciudadano, para limitarlo en sus libertades y para facilitar el castigo hacia los que tengan la osadía de atribuirle a este sistema los males que padece la clase marginada y sometida por este sistema social. Todavía recuerdo la expresión de uno de estos políticos cuando obtuvo un alto cargo y en el paroxismo de su vanidad hasta engolando la voz dijo: “un plebeyo como yo nunca hubiera podido aspirar a la presidencia del Senado”.
Los trabajadores mexicanos no debemos olvidar las sabias palabras de Lenin, cabeza y guía de la primera revolución de los obreros y campesinos en el mundo: “Cualquiera que sea la forma con que se encubra una república, por democrática que sea, si es una república burguesa, si conserva la propiedad privada de la tierra, de las fábricas, si el capital privado mantiene a toda la sociedad en la esclavitud asalariada… entonces ese Estado es una máquina para que unos repriman a otros”, y ese Estado y esa represión es lo que estamos presenciado con la aprobación de las leyes antes referidas. El Estado en nuestro país sigue siendo la máquina al servicio de los ricos, construido y formado para defender el sistema capitalista, que mantiene en la pobreza a todos los asalariados, obreros, jornaleros, campesinos, maestros, empleados, pequeños comerciantes, choferes, trabajadores informales, otros profesionistas, etc. Antes estuvo en manos de representantes de otros partidos, PRI, PAN y ahora MORENA, pero la esencia del Estado no ha cambiado, sigue siendo un organismo que está para defender el sistema social capitalista, el sistema de los privilegiados capitalistas, el sistema de la población asalariada esclavizada.
Ante tal estado de cosas, a los asalariados mexicanos, si queremos cambiar la suerte de las clases sociales oprimidas por este sistema, nos corresponde la tarea de luchar por un Estado diferente, un Estado de los trabajadores y por una sociedad más justa y equitativa, y dejar de pensar que nos van a venir a salvar políticos y partidos que se dicen de “izquierda” pero que cobran y disfrutan en la derecha.
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