Los primeros pasos del presidente priista Enrique Peña Nieto no apuntan cambios en el panorama económico y social, según el autor, investigador y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Lo primero que resalta hoy en México es la ausencia de cambios de fondo o al menos estreno de ropajes del nuevo gobierno del […]
Los primeros pasos del presidente priista Enrique Peña Nieto no apuntan cambios en el panorama económico y social, según el autor, investigador y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de México.
Lo primero que resalta hoy en México es la ausencia de cambios de fondo o al menos estreno de ropajes del nuevo gobierno del PRI, encabezado por Enrique Peña Nieto, respecto a los gobiernos anteriores, sean del PAN del PRI. La alternancia estaría funcionando, según cierta intelectualidad. Pero lo que en realidad funciona es la clase política ampliada, originada por el ciclo de reformas electorales que enfrentaron diversas signos del desgaste del régimen autoritario en crisis. El monopolio del poder que ejerció el PRI-Gobierno se amplió a una suerte de sistema de partidos de corte oligárquico, sin que las formas de la democracia se generalizaran al conjunto de la sociedad.
Clientelismo político
La transición política abierta desembocó en la caída del dominio priísta en el ya lejano amanecer del nuevo milenio, por medio de elecciones presidenciales por primera vez libres. El gobierno de Vicente Fox, candidato del PAN, disolvió en el aire las expectativas de cambio que se habían suscitado e inició un período de doce años (incluido el gobierno de Felipe Calderón) durante el cual se reprodujeron los principios y prácticas de la cultura política autoritaria (clientelismo, corrupción, fraude, violencia) forjada por el priismo a través de su largo dominio absoluto.
Las fracciones panistas de la nueva clase política, reproduciendo las estrategias neoliberales y prácticas consagradas, llevaron a México por la senda de la degradación política y la descomposición. Ahondaron la criminalización de lo social (resistencias, luchas, formas de organización y trabajo) y la judicialización de la política, cuya máxima expresión fue el desafuero del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, con el fin de inhabilitarlo en la competencia presidencial de 2006, en la que era favorito.
Política del miedo
Pero nada como la guerra -con propósitos de legitimación, luego de una elección fraudulenta- que el presidente Calderón declaró contra el narcotráfico. Su gobierno estuvo determinado por esa ofensiva que condicionó sus políticas, militarizó al país y generalizó la inseguridad cuando pretendía lo contrario, imponiendo una política de miedo, de resignación e incertidumbre dirigidas a paralizar las distintas expresiones de descontento o disidencia. El saldo fue estremecedor: alrededor de cien mil muertes violentas, decenas de miles de desaparecidos (el gobierno actual habla de 27 mil) y desplazados, así como la violación cotidiana de los derechos humanos de la sociedad mexicana. Un verdadero Estado de excepción con rasgos policiales se reprodujo en los hechos, empujando al hartazgo a muchos núcleos sociales.
Era, pues, previsible el hundimiento del PAN en las elecciones como resultado de gestiones desastrosas. El PRI recompuso una maquinaria que nunca perdió y aliado con el duopolio televisivo impuso a un candidato que pareció inventado y débil. La emergencia inusitada del movimiento estudiantil Yo soy132 a pocas semanas de las elecciones sacudió a la sociedad con su crítica a Peña Nieto y al desmesurado poder de los medios. Aunque no logró impedir un triunfo preparado rigurosamente -con el arte de la manipulación de la pobreza (que por lo demás todos los partidos utilizaron) y un árbitro (IFE) desprestigiado por su desempeño sesgado-, sí ayudó a un mejor resultado de la izquierda institucional de López Obrador, la que se encontraba a la deriva.
El Pacto por México
La primera sorpresa fue que, en diciembre de 2012, el presidente arrancó su periodo con el Pacto por México, un acuerdo que involucró a los dirigentes principales del PAN y PRD, sus principales adversarios, avalando en los hechos el programa de gobierno que Peña Nieto anunció el día de su asunción. Enunciando propuestas sin contenido claro, el objetivo parece buscar las «reformas estructurales» pendientes según la estrategia neoliberal vigente y retomar la nunca realizada la reforma del Estado.
La reforma laboral aprobada todavía en días de Calderón legalizando la precarización generalizada del trabajo alcanzada por gobiernos sucesivos y la reforma educativa nacional, serán seguidas por la reforma energética y la hacendaria que suscitan suspicacias pues amenazan derivar hacia la privativación de Pemex y el incremento a la imposición al consumo (IVA), más que a las ganancias de un sector empresarial en extremo privilegiado. La clase política evidencia que carece en el fondo de propuestas que rebasen la inercia neoliberal, se amalgama y confunde, cuanto mucho esgrime matices o estilos que no apuntan alternativas.
La segunda sorpresa fue la irrupción masiva del EZLN el 21 de diciembre, ocupando silenciosamente cinco de las principales ciudades de Chiapas, seguidos de mensajes que actualizaron una presencia y una fuerza acrecentadas por la consolidación del autogobierno de las comunidades. Ineludible, su imaginativa y contundente movilización suscitó de nuevo controversias y promesas, rápidamente olvidadas, sobre la necesidad de cumplir los traicionados Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena.
Peña Nieto lanzó, el 21 de enero, su Cruzada Nacional contra en Hambre en territorio zapatista, en un confuso intento de contrarrestar el impacto del 21 de diciembre. En realidad, a la clase política toda le incómoda un actor como el EZLN que no obedece a su lógica, prácticas ni intereses y en cambio relanza un proyecto alternativo construyendo una política autónoma, asentada en la democracia y la igualdad.
Movilización social
Otra sorpresa fue la persistente resistencia de abajo, que no han cesado a pesar de la criminalización y la guerra que los gobiernos panistas convirtieron en estrategia de sometimiento de la sociedad. La lucha de los electricistas contra el despojo de su fuente de trabajo y el desempleo masivo, lo mismo que múltiples resistencias contra el despojo y la devastación del territorio por compañías mineras o eólicas extranjeras, y en general en defensa de los recursos naturales del país y su reapropiación por las comunidades, se combinan con el brote de experiencias de autogobierno y autodefensa que evidencian la crisis de las instituciones estatales.
Aumento del feminicidio
Más que el temor y la parálisis que pretendía, la guerra de Calderón acarreó iniciativas novedosas en pueblos y comunidades de cada vez más estados de la república. Tales ensayos no dejan de prosperar abajo, mientras arriba dominan los juegos de poder y los ajustes de cuenta de una oligarquía estatal que no percibe su crisis y su aislamiento social. La descomposición social y la violencia prosiguen con su caudal de muerte; incluso el feminicidio ha repuntado con el nuevo gobierno en el estado de México, del que proviene el presidente. Éste recompone sus alianzas a espaldas de la sociedad en vistas a la continuación de un proyecto estatal que no se modifica.