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El horror de las políticas penitenciarias

Fuentes: Agencia Periodística del Mercosur

Carceleros: Una mala historia que se repite Luego de los dos motines que se sucedieron en el mes de julio con una diferencia de 5 días y el cambio de Director del Penal – de Sergio Miranda a Omar Pérez Botti-, los conflictos en la cárceles de Mendoza (provincia argentina) se agravaron. La represión de […]

Carceleros: Una mala historia que se repite

Luego de los dos motines que se sucedieron en el mes de julio con una diferencia de 5 días y el cambio de Director del Penal – de Sergio Miranda a Omar Pérez Botti-, los conflictos en la cárceles de Mendoza (provincia argentina) se agravaron. La represión de los grupos de requisas fue directa a los internos jóvenes adultos, y se conoció públicamente.

El capellán de la cárcel mendocina, padre Roberto Juárez, denunció en varios medios de comunicación los maltratos y abusos que sufrieron los internos en esa requisa. Los familiares de los internos y ex internos instalaron en reclamo, una carpa en frente de la Legislatura, y presentaron además varias cartas denunciando la represión.

Luego de la segunda visita que tuvieron después de los motines, Liliana Sotomayor, madre de uno de los internos que participó del levantamiento, comentó a Agencia Taller que «todos fueron golpeados brutalmente. Uno está orinando sangre, tiene problemas en un riñón y otro tiene la muñeca quebrada. Algunos estaban tan golpeados que primero ni los querían bajar a la visita». Y describió: «los desnudaban en la noche, los sacaban, les pegaban con palos y les decían ¿quién manda acá? ¡Repitan, los penitenciarios! Eso, es un método nazi», reflexiona la madre del interno.

La Supervisora de Educación del Penal, Mercedes Santander, afirmó ante Agencia Taller que los que aplican este sistema represivo son «un grupo grande de penitenciarios que ya tendrían que estar retirados. Son cerca de 100 personas que tienen un poder terrible, no hay manera de moverlos». Santander confirmó que después del segundo motín y luego de que entrara la policía a reprimir a los internos, «bajaron en principio muy pocos chicos a clases», eso porque estarían castigados o demasiado golpeados.

Marcelino Altamirano, emblemático ex interno de la cárcel de Mendoza y representante de la Casita Puente Afectivo que recupera niños en situación de calle, relacionó con estos hechos «la política penitenciaria del terror» llevada adelante por los ex funcionarios Roberto Gillo y Eduardo Orozco. «Hicieron muchas ofensas a la raza humana. Fue asqueante. No se cuántos se contagiaron de SIDA, a cuántos se los ultrajó con palos en el ano. En el último motín lo volvieron a hacer: les ponen gas paralizante en la cola y les introducen un palo», explica el reconocido dirigente social.

Por su parte, Sotomayor denunció que «lo peor es que este motín no fue creado por los chicos, sino que fue inventado por los penitenciarios para bajar al director y para que volviera un viejo caudillo que es uno de los jefes de la corrupción dentro del penal, y lo consiguieron. Su nombre es (Enzo) Quiroga».

Tanto Altamirano como Sotomayor confirmaron algunos de los nombres de los guardiacárceles. «Dalesio, Mateo, Serna, el indio González, Luis López, Irma Agüero, Bringa, Acevedo, son los que tenés que erradicar si o si», sostuvo Altamirano. Sotomayor mencionó a «Quiroga, Serna, Dalesio, Bringa, el hijo de (Claudio) Barrios, Irma Agüero, ´Corina´, otra mujer famosa que entra en los motines». Además otro de los penitenciarios que señalan es Ricardo Luvello.

Radiografía de los acusados

Agencia Taller investigó el accionar de los penitenciarios mencionados. Del resultado de esas averiguaciones, se elaboró el siguiente listado.

Orlando Dalesio fue jefe de la Unidad 9. En la página web oficial de la Penitenciaría se lo presenta como jefe de Seguridad Externa. Según un interno consultado por Agencia Taller, Dalesio fue acusado por una compañera de golpearla. La misma fuente dijo que últimamente se lo ha visto desempeñándose en la Unidad 5. Sin embargo, según la información de la dirección de la penitenciaría trabaja en la sección llamada San Felipe.

Anibal Mateo se desempeña como Subdirector de Seguridad también en el complejo San Felipe. Allí también trabajan la agente Corina Barros y Luis López, que sin embargo es indicado por el interno como penitenciario en el módulo 10.

Antonio Serna pasó de la Unidad 9 (puesto que indica la página web) a jefe de Seguridad Interna. Actualmente es el Vicedirector del penal de Boulogne Sur Mer.

Oscar González, alias «el indio». Actualmente trabaja en el servicio del Palacio de Justicia, una sección que depende del penal.

Enzo Quiroga trabaja en la sección canes. Mientras que José Ricardo Luvello es Jefe de Seguridad de toda la Penitenciaría.

La agente Irma Agüero, también denunciada, actualmente es la jefa de la Sección Visitas.

Pedro Bringa se desempeña en Seguridad Externa de la cárcel. De esa sección es jefe José Antonio Acevedo, quien trabajó antes en la división de Seguridad Interna del penal.

Impunidad

El 14 de julio, más de 300 internos presentaron un pedido de investigación con denuncias en contra de los penitenciarios Orlando Dalesio, Pedro Bringa y Luis López. Los agentes fueron trasladados de sus cargos por orden de la Inspección General de Seguridad (IGS) mientras se realizaban las investigaciones. Sin embargo, como ya se apuntó, los cuestionados han vuelto a su trabajo dentro del penal.

El 18 de julio los presos comenzaron con sus declaraciones judiciales. Ese día asumió al frente del ministerio de Justicia y Seguridad, el abogado Osvaldo Tello. Pero el martes 19 de julio, las declaraciones se suspendieron por que se produjo el primer motín en el pabellón 10.

El viernes 22 de julio, renunció Sergio Miranda y se designó a Omar Pérez Botti como nuevo director del penal. Cuatro horas después de haber asumido se produjo el segundo motín también en el pabellón 10, pero esta vez en otro sector.

Ambos incidentes se iniciaron en el sector de los jóvenes adultos, los internos más irascibles e inmanejables de la población.

Entrevistado por Agencia Taller, uno de los internos denunciantes explicó esta situación: «hace un mes se reanudaron las declaraciones en la 1ª fiscalía después del pedido, porque desde el lunes 18 de julio estábamos declarando y ahí fue el primer motín de los jóvenes».

El recluso sostiene también que los motines los arman los penitenciarios, y repasa: «después que movieron a Dalesio, López y Bringa, se va (Sergio) Miranda y se cae de maduro que ellos se movieron por eso, mostraron cómo se manejan: arman el motín con los internos para demostrar cómo controlan todo ellos».

El interno, quien reserva su identidad por seguridad, explicó además que luego del traslado, los agentes denunciados volvieron a sus puestos, aunque a otros lugares.

«Después que asume (Omar Pérez) Botti, volvió Dalesio y a López lo pusieron en el módulo 10. Y ahí no hay garantías de que no esté en conexión con los internos por que lo vemos entrar en medio de todo el personal y así siguen manejándose igual, siguen adentro», explica el preso.

Según la información de la dirección de la penitenciaría, Orlando Dalesio trabaja en seguridad del sector San Felipe de la cárcel, junto con Luis López. Y Pedro Bringa, en la división de Seguridad Externa del penal.

Agencia Taller entrevistó a Diego Arenas, integrante de la Inspección General de Seguridad (IGS) y actual candidato a diputado por el Partido Demócrata, quien sostuvo que «los internos tienen una actitud permanente de reclamo. A nivel servicio penitenciario, piden por la comida, que no hay agua, que no hay luz, que la visita. El hombre está viviendo dentro del penal, que por supuesto tiene las falencias que todos sabemos».

El funcionario mendocino habla de los internos desestimando sus reclamos. Y sobre la cantidad de hábeas corpus que reciben en la IGS reflexionó: «se han puesto de moda porque el sistema permite que el interno acceda a su reclamo con el Juez de Ejecución. Además es gracioso, porque normalmente hay un escribiente, aparte que saben más derecho penal que (Eugenio) Zaffaroni».

Consultado por la represión denunciada luego de los motines, Arenas comentó que «no entró un grupo al penal a hacer represalia. Yo soy demócrata y soy candidato a diputado en primer término por el partido en las próximas elecciones, si hubiera entrado un grupo a hacer represalia, yo hago dulce con eso».

El integrante de la IGS trata de «fantasmagóricas» las denuncias hechas por los familiares y el capellán de la penitenciaría. «Esto es como jugar al teléfono descompuesto porque se llega a una situación que es un disparate lo que se está diciendo. Los únicos que tienen contacto y que saben lo que ha pasado, son los internos y los que estuvieron allí».

Sobre el regreso de los tres penitenciarios acusados por más de 300 internos dijo: «No han sido retirados, fueron trasladados a prestar servicios a otra parte. La denuncia no era objetiva era global. Hace a la denuncia del sistema pero no contra Dalesio, Bringa o López».

Agencia Taller consultó también a Omar Pérez Botti, Director del penal, sobre la continuidad de estos penitenciarios denunciados: «Tenemos 2 organismos, una es la justicia y la otra es la IGS. Ellas tienen la facultad de decirme sepárelos momentáneamente. Por ejemplo, esa gente fue separada a solicitud de la IGS del contacto con los internos que los denunciaron».

«La ley dice un plazo, la suspensión puede estar 30 días, prorrogable por 30 días más, sino se los separa de su cargo en ese plazo, pueden volver a trabajar», dijo el director del penal.

Consultado por las denuncias por la requisa después de los motines respondió: «Yo hice hacer un informe médico, lo tiene la Dra. (Liliana) Curri. Ella tiene que resolver. Yo no tengo que investigar pero si poner el penal a disposición», sostuvo Pérez Botti, refiriéndose a la fiscal que toma las declaraciones en la Fiscalía de instrucción Nº 5.

Con respecto a las denuncias de familiares, internos y ex presos, que sostienen que los motines los arman los penitenciarios, el Director de la cárcel respondió: «es una hipótesis, lo he escuchado pero no tengo ninguna prueba. Hay un conjunto de personas que pueden decir los motines los arman los penitenciarios y ellos dicen que no. La versión es desde siempre; ahora, si el Director lo dice tengo que adjuntar pruebas y no tengo manera de comprobarlo».

Desde la dictadura militar

Este grupo de guardiacárceles lleva muchos años con los mismos hábitos y a los más viejos se los relaciona con la represión desde la dictadura militar. Marcelino Altamirano, recordó «cuando el Dr. (Manuel) Cruz Videla asumió la dirección, antes sacó a (Alejandro) Balmez, (Claudio) Barrios y (Antonio) Serna. A los meses, los penitenciarios les dieron gases para gasear un pabellón a algunos presos, que son funcionales a ellos, y mataron a dos internos en forma asquerosa: los abrieron fue muy siniestro. Voló el Director y volvieron como los salvadores estos señores».

El ya mencionado Antonio Serna, es el actual Subdirector del penal. Mientras que el agente Alejandro Balmez está retirado, aunque en la página web de la cárcel aún está figura como jefe de la Colonia y Granja Penal «Juan Bautista Vitale Nocera».

Además, Balmez es acusado de constituir junto con el agente Luis Bianchi y Claudio Barrios las llamadas «tres B», recordadas por los expresos políticos que padecieron la represión en la cárcel en los años de la dictadura, cuando la penitenciaría provincial fue utilizada como centro de detención.

Luis Bianchi, actualmente trabaja en el Organismo Técnico Criminológico, y el penitenciario Claudio Barrios en el Departamento de Inteligencia, en Control y Vigilancia electrónica de la cárcel. Agencia Taller publicó en la nota «Barrios: la curiosa historia de continuidad de un penitenciario denunciado por graves delitos» las numerosas denuncias y sumarios que tiene el agente.

Ante la consulta por Barrios, Diego Arenas, respondió que continúa «a pesar del sumario y de estar imputado en causas judiciales, por que el principio constitucional de inocencia es lo que prima sobre todas las cosas. Acá no basta con que alguien venga y te denuncie. Esto no es ámbito de la Inspección ni del Ministerio ni de la Penitenciaría, esto es ámbito de los jueces provinciales o federales». Y sobre estas denuncias que se disuelven dijo: «se llevan a juicios pero salen sobreseídos».

Por su parte, Pérez Botti dijo que «no puede dar respuestas. Eso lo tiene que decir la justicia y la IGS».

Marcelino Altamirano concluyó: «hay personas buenas, pero desgraciadamente son los menos y son resistidos por sus propios compañeros. Todos los que ingresan aprenden a golpear, a hacer todo este tipo de cosas, se contaminan. Entonces, si el Director no hace la purga, va a seguir todo igual».

* Este artículo forma parte de un intercambio de contenidos entre APM y la Agencia Taller de la Universidad Nacional de Cuyo.