Esta semana, en Formosa, la Cámara Criminal procedió a juzgar a tres tobas por la muerte de un policía y las heridas de otro. La misma justicia formoseña decidió no investigar las denuncias por torturas, violaciones y detenciones arbitrarias que sirven de base a este proceso. El próximo 10 de mayo se conocerá el fallo […]
Esta semana, en Formosa, la Cámara Criminal procedió a juzgar a tres tobas por la muerte de un policía y las heridas de otro. La misma justicia formoseña decidió no investigar las denuncias por torturas, violaciones y detenciones arbitrarias que sirven de base a este proceso. El próximo 10 de mayo se conocerá el fallo y en poco tiempo más, las explicaciones que está obligado a dar el gobierno argentino ante la CIDH.
La Cámara Criminal II de Formosa dictará justicia el próximo 10 de mayo en la causa que acusa a tres hombres de matar a un policía y herir a otro. Pero aunque todas las palabras escritas en esta oración son ciertas, nada de lo dicho en esta frase es verdadero.
Hay mucha más verdad en la síntesis que realizó ante el tribunal, esta semana de audiencias y testimonios, el encargado de traducirle a los jueces, veedores y abogados lo que en realidad allí estaba sucediendo. Fue Israel Alegre, miembro de la comunidad toba Nam Qom, quien ofició de traductor, el que describió la situación. Fue cuando el Tribunal le preguntó si los acusados entendían el idioma castellano. Alegre contestó:
-Pocas palabras. Pero aún traduciéndoselas, no entienden qué es lo que está pasando aquí, quiénes son esas tres personas que están sentadas en el Tribunal y por qué ellos son los que tienen que dar explicaciones de lo que sucedió.
Así de cierto es el caso que comenzó hace tres años atrás cuando el propietario de un campo se presentó a la comisaría local para denunciar que le estaban carneando ganado furtivamente.
Fue el 16 de agosto de 2002 y al mediodía, cuando dos policías a caballo, armados con un FAL y una escopeta Winchester, irrumpieron en el territorio de la comunidad toba del barrio Nam Qom, a solo 12 kilómetros de la capital de la provincia de Formosa, a los tiros y con la misma impunidad de siempre. Pero esa vez, fue diferente.
No está aún cómo ni por qué, pero lo cierto es que desde el llano, los tiros se respondieron. El resultado fue la muerte de uno de los policías de a caballo -Juan de la Cruz Barrios- y las heridas del otro jinete, Ángel Luquez.
Esa misma tarde, en la comunidad – compuesta por unas 3.000 personas que se amontonan en un barrio de 20 manzanas- comenzó ese infierno que todavía no concluyó.
Dice la denuncia presentada por el Cels ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre lo que sucedió ese día:
«Sin poseer más referencias sobre los supuestos sospechosos, excepto su carácter de «aborigen», los policías, algunos vestidos de civil, ingresaron en el barrio Nam Qom, irrumpieron en las casas e interrogaron a los indígenas para que dijeran «quiénes habían ido al campo en la mañana». Después de esta primera incursión se retiraron y regresaron alrededor de las 19:00 hs., momento en que, sin exhibir orden judicial alguna, decidieron detener a decenas de personas, algunas en sus propios domicilios, a otras en las calles y en inmediaciones del lugar. Además de las detenciones ilegales y arbitrarias, estas personas fueron objeto de tortura y de un trato completamente violento y hostil que mostró, a su vez, el absoluto y particular desprecio por la condición de indígenas de las víctimas».
Durante más de 24 horas, la comunidad fue azotada por la policía, literalmente, en presencia de un juez (Héctor Ricardo Suhr) y un funcionario judicial ( el Procurador General Carlos Ontiveros). Los agentes violaron a una chica de 15 años, encerraron en un calabozo a un menor de 10 para obligar a su padre a confesar, golpearon a más de una docena de hombres hasta desfigurarlos, le practicaron submarino seco a otros tantos, desnudaron y dejaron a la interperie a otra cantidad, hirieron de bala a otros dos a los que esposaron y les negaron atención médica, destrozaron prácticamente todas las casas y culminaron la faena con 80 detenciones arbitrarias. Ya en los calabozos, los prisioneros soportaron un trato similar: palos, insultos y amenazas, que se prolongaron durante varias días.
Dice la denuncia presentada ante la CIDH:
«Al final del procedimiento, 9 personas terminaron imputadas por el homicidio del agente policial Barrios. Cuando los abogados de estas 9 personas, junto con el padre Francisco Nazar, e integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) con sede en la provincia de Formosa, visitaron a los detenidos en la alcaldía, pudieron observar que se encontraban severamente golpeados, sin atención médica y que no les suministraban alimentos. De los 9 sospechosos, 6 permanecieron detenidos 3 meses, hasta su liberación. Otros 3 continúan detenidos en prisión preventiva, a la espera del juicio».
Se trata de Hilario Torales Vega, de 74 años, Carlos Ovidio Torrent, de 43, (acusados de homicidio) y Lucio Vega, de 43, (acusado de tentativa de homicidio) encerrados desde entonces en el penal provincial. Son los tres tobas que esta semana no entendían qué era lo que estaba sucediendo en la sala donde la Cámara Criminal II de Formosa intentaba enjuciarlos por la muerte de un policía y las heridas de otro.
Los acompañaron una centena de integrantes de la comunidad que llegaron a Formosa Capital en tres micros y, como veedores del juicio, el abogado Gerardo Fernández, del Cels y un representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
La abogada defensora Roxana Silva, integrante del Equipo Jurídico de la Pastoral Aborigen, solicitó que tanto los acusados como los dieciocho testigos pudieran dar sus testimonios ante el tribunal en su lengua materna. Así fue y de poco sirvió, ya que los tobas -testigos y acusados- dijeron poco y nada.
La antropóloga Morita Carrasco, perito de parte, fue la encargada de explicar el por qué de esta actitud, que los jueces juzgaron como » un pacto de silencio».
«Es lógico que no quieran hablar. Ustedes les solicitan que hagan hipótesis de lo que pasó. Y ellos provienen de una cultura en la que no pueden ponerse en el lugar del otro y especular. Todo su aprendizaje se basa en la propia experiencia».
Y la propia experiencia, seguramente, es las que le dictó esa desconfianza que el silencio expuso con total sinceridad.
Lo verdaderamente no dicho durante la jornada es que la justicia formoseña desestimó las denuncias presentadas sobre la brutalidad policial y clausuró así toda posibilidad de investigar los hechos y castigar a los responsables de las violaciones a los derechos de la comunidad toba. Así, confesiones arrancadas bajo tortura se convirtieron en la base del proceso judicial que ese día se estaba representando. Quedó en claro cuando uno de los testigos -quien supuestamente había identificado a los agresores de los policías- comenzó su testimonio diciendo:
-Es que me fracturaron el brazo en tres partes y me lo apretaban para que dijera lo que querían oir.
El próximo 10 de mayo el Tribunal dará a conocer su veredicto. En tanto, la CIDH espera ahora formalmente la respuesta del Estado argentino, quien deberá explicar lo que todos quieren oir: cúando habrá justicia para la comunidad toba Nam Qom.