El cimbronazo que se produjo tras las elecciones con la campana de largada del ajuste y la polarización del gobierno con Moyano, cambiaron el panorama político nacional que ya no puede ser leído solo en la aritmética del 54% de los votos del oficialismo. Empieza a percibirse un cambio de estado de ánimo ante las […]
El cimbronazo que se produjo tras las elecciones con la campana de largada del ajuste y la polarización del gobierno con Moyano, cambiaron el panorama político nacional que ya no puede ser leído solo en la aritmética del 54% de los votos del oficialismo. Empieza a percibirse un cambio de estado de ánimo ante las malas noticias oficiales que se sintetizan en ‘mas tarifas y menos salarios’. En parte de esto se apoya la ubicación de semi-oposición de Moyano, y aunque que el inicio de descontento de amplias franjas no signifique aún una ruptura política con el gobierno, ya se anuncia una oposición social al giro a la derecha de CFK y los gobernadores.
¿Qué significa, si no una debilidad estratégica, que Cristina mande a decir que quiere ser reelecta, cuando lo acaba de ser hace apenas 3 meses? El fantasma de la ‘re-re’, instalado por el oficialismo, es utilizado por la oposición mediática para hablar de otro fantasma, el peligro «chavista» de perpetuación. Pero el transfondo de esta jugada oficial es curarse en salud. El globo de ensayo de varios alfiles K que salieron a promover una reforma constitucional que habilite la re-reelección, es en realidad una movida defensiva para evitar que se desate la pelea por la sucesión de 2015. Scioli acaba de hacer una maniobra que lo separó claramente de la política de la Casa Rosada. La convocatoria del gobernador a Moyano para que no abandone su cargo en el PJ bonaerense, algo que el jefe de la CGT no puede aceptar después de su renuncia a esa «cáscara vacía», le sirvió como una táctica de diferenciación pública con el gobierno nacional. Con la perspectiva -no desmentida por CFK- de buscar un tercer mandato, tratan de evitar que Scioli siga actuando de candidato natural, como recientemente presentándose en los megafestivales en la Costa organizados por la provincia con amplia difusión en TV, y esperando que la sucesión de la presidencia se le caiga encima. Ahora, en cambio, para postularse hay que hacerlo explícitamente contra Cristina.
En este panorama, la presidenta, en su discurso de vuelta tras la licencia por enfermedad, salió a jugar «la carta nacional»: la retórica por la soberanía argentina de Las Malvinas contra Gran Bretaña y los reclamos ante las petroleras. La vuelta a un discurso con tintes «nacionalistas» de una presidenta que viene apostando a la amistad con Mr. Obama y su cruzada imperialista contra Irán, es un intento vano de soldar contradicciones internas en pos de un enemigo exterior (como también lo hace Cameron en Gran Bretaña, solo que en su caso para repintar los viejos blasones colonialistas de la desdentada potencia de ultramar).
Los nuevos ejes del discurso oficial tienen mucho de fuegos de artificio, de un intento de cobertura «por izquierda», justo en medio del giro hacia el ajuste y que le estallaran los reclamos contra las mineras extranjeras protegidas por el kircherismo y sus gobernadores como Gioja y Beder Herrera, muchas de ellas bancadas por los mismos fondos de inversión que las petroleras inglesas que operan en Malvinas. Lo nuevo que se incorpora en un discurso que venía en una tónica fuertemente antisindical, es la referencia a las «empresas que han ganado como nunca». CFK, ante el achicamiento de la caja y la crisis internacional, intenta ejercer un arbitraje personal (un bonapartismo más «apoyado» en los votos que en organizaciones que le respondan plenamente) entre las presiones del movimiento obrero al que se pretende poner en caja, y las corporaciones empresarias que son las primeras en aferrarse al «nunca menos» ganancias extraordinarias. «Siempre dije que no vine a la presidencia ni para ser gendarme de la rentabilidad de las empresas ni a formar parte de ninguna interna de poder gremial», recordó por cadena nacional. Sin embargo, no es así: la definición oficial hacia las negociaciones paritarias es que si los sindicatos y los empresarios no llegan a un acuerdo en el monto de aumento salarial, decidirán los funcionarios del Estado, es decir la presidenta (el colmo del bonapartismo), y fallarán base al criterio de productividad, es decir de acuerdo a los parámetros de las ganancias de las empresas, no de las necesidades de los trabajadores.
Anunciando un 17% de aumento a los jubilados, que en su mayoría no pasa de cobrar 1600 pesos con aumento y todo, CFK señaló que «también debe haber sintonía fina» en las empresas donde «los gerentes ganan sueldos millonarios» o las del transporte «que vienen pagando los aumentos de salarios con subsidios del Estado».
El bandazo oficial ha traído nuevos roces. Así como las medidas de restricción de las importaciones, generó críticas hasta del ultraoficialista De Mendiguren de la UIA; la campaña de denuncia a las petroleras ha puesto en alerta a la Repsol cuyas acciones cayeron, inclusive tirando hacia abajo la Bolsa de España «por temor a la estatización de YPF», como titularon los medios. Cuanto tiene de «batalla cultural» típicamente K, es decir puro verso, y cuanto de la conducta pragmática que los empujó a estatizar las AFJP, una medida de tipo «chavista», está por verse. El objetivo de mínima está en ejercer presión a las petroleras para contener los precios de naftas y gasoil que negocia «el príncipe» Moreno, y así tratar de limitar los efectos ya de por si inflacionarios de la quita de los subsidios al transporte. De máxima, no pueden descartarse totalmente los rumores de una «nacionalización» mediante compra de Repsol-YPF. Solo que a diferencia de la estatización de las AFJP la compra de YPF, en lugar de alimentar la caja fiscal directamente, significaría una fuerte utilización de reservas, a contrapelo del achique fiscal en curso. Un informe del banco español Santander le puso precio a la hipotética jugada: la petrolera tiene un valor de mercado de $ 64.503 millones. Así es que, si de todas maneras se produjera esta especulación, poco probable, la medida presentada como más «de izquierda» resultaría onerosa para los trabajadores y el pueblo, y beneficiosa para la empresa que viene vaciando los recursos. Solo sería la creación de una empresa estatal que compartiría el mercado con las multinacionales aunque, por el peso de YPF, serviría para que el Estado intervenga en un precio de referencia. Ni se le pasa por la mente una verdadera renacionalización de los hidrocarburos, sin indemnización ni pago alguno a las mismas empresas que ya se llevaron la parte del león durante todo este tiempo desde las privatizaciones de Menem y que el entonces gobernador Kichner y el actual funcionario K Oscar Parrilli impulsaron enfáticamente. La tarea de poner todos los recursos nacionales, como los hidrocarburos y los yacimientos mineros, al servicio de la mayoría nacional, significa romper con las leyes privatizadoras de los 90 que mantienen su continuidad en el Estado administrado por los K y solo podrá ser obra de la lucha de los trabajadores que pongan esos resortes bajo su administración directa.
Hugo Moyano también ha endurecido su discurso y desde un acto en Santa Fe acusó de «chirolitas» (de Cristina) a los funcionarios de gobierno, como el Ministro de Trabajo. Pero las acciones efectivas que, hasta ahora, impulsa el jefe de la CGT se reducen a una «guerra de guerrillas» con las huestes de camioneros que maneja su hijo Pablo, en el conflicto contra Gaz Camuzzi por el despido de choferes, y que utiliza como acciones ejemplares de amenazas contra los techos al salario de las paritarias que vienen. Moyano no ha enfrentado, ni de palabra, los aumentos de tarifas y transporte, como lo hicieron con acciones los trabajadores del cuerpo de delegados del Subte Metrovías. A pesar del extendido descontento popular por los aumentos de los servicios y el pasaje, la única oposición real al ajuste y a las políticas oficiales la han dado, puntualmente los trabajadores y el pueblo: en las luchas de los estatales en las provincias como Santa Cruz y Córdoba, en las puebladas y piquetes de la Rioja y Catamarca contra los piratas de las mineras extranjeras. Moyano pelea su propia interna con el gobierno y no convoca a una acción unificada, como tampoco lo hacen las CTAs, que sea la expresión de millones que muestran descontento.
Ante esta situación, el PTS propone a las organizaciones del sindicalismo de base y la izquierda, que mientras consolidamos y extendemos las oposiciones clasistas a la burocracia sindical, lanzar una campaña de exigencia en todos los sindicatos de la CGT y la CTA por un plan de lucha nacional, que comience con un paro y movilización contra el techo salarial, el trabajo precario, el aumento de tarifas y por el 82% móvil para los jubilados. Una primera acción unificada de los trabajadores que centralice todas las demandas obreras y populares.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.