M.H.: El gobierno nacional tiene el proyecto de derogar el decreto 603/13 y la propuesta de una nueva reglamentación de la Ley nacional 26.657 de Salud mental promovida por el Ministerio de Salud. Lo cual representa un claro retroceso de los derechos humanos de las personas que padecen algún tipo de afección mental. La iniciativa […]
M.H.: El gobierno nacional tiene el proyecto de derogar el decreto 603/13 y la propuesta de una nueva reglamentación de la Ley nacional 26.657 de Salud mental promovida por el Ministerio de Salud. Lo cual representa un claro retroceso de los derechos humanos de las personas que padecen algún tipo de afección mental. La iniciativa pretende modificar de manera ilegal los principios establecidos por la Ley, vuelve al paradigma anterior de psiquiatrización de la salud mental, habilita el uso de métodos de tortura contra los pacientes y promueve la creación de nuevos manicomios. Así comienza una larga declaración de la Comisión Provincial por la Memoria.
Ángel es un viejo luchador por la Ley de Salud Mental nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, la 448, hoy la idea es abordar centralmente este tema.
A.B.: Obviamente estamos hablando de una acción gravísima pero en realidad habría que ampliar la responsabilidad, porque vos dijiste que es un Proyecto del Ejecutivo, que lo vehiculiza, pero el origen, los autores intelectuales y materiales de esta acción modificando la reglamentación y desvirtuando totalmente el espíritu y el sentido de la Ley de salud mental, es la corporación médico psiquiátrica que está representada por una cantidad de instituciones, siendo la principal que ha fogoneado históricamente esto de ir en contra de las leyes de salud mental, la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Digo esto porque está documentado. Desde el Movimiento nacional en defensa de la ley habíamos alertado el año pasado, en el mes de noviembre, mediante un documento, que se había realizado una presentación de parte de esta asociación junto a la Asociación de Psiquiatras Argentinos, a FEMECA y a la Asociación de clínicas privadas, de un proyecto para modificar la reglamentación.
Esto pasó como una noticia más, no tuvo trascendencia en los medios de comunicación que no le dan lugar a la salud mental y se cumplió ese accionar que al ver el Proyecto uno se da cuenta de que prácticamente han dado vuelta la ley.
Esto implica en primer lugar que desde la legalidad se ha actuado atacando el principio de razonabilidad, porque nunca una reglamentación puede contradecir los lineamientos que tiene la ley.
M.H.: Me gustaría que nos comentaras qué plantea este decreto, cuáles son los aspectos que ataca respecto de una Ley que si mal no recuerdo tuvo un consenso unánime a nivel parlamentario, justamente a eso hace referencia el Consejo directivo provincial de CICOP, de los médicos de la provincia de Buenos Aires, rechazando la intención del gobierno de modificar por decreto la reglamentación de la Ley nacional de salud mental. Dice el Consejo directivo de CICOP: «La Ley de Salud Mental 26.657 fue reglamentada en el año 2013 por el decreto 613 a través de un largo proceso de consulta y participación de actores del campo de la salud mental y las adicciones. Acaba de conocerse un Proyecto de decreto del Poder ejecutivo nacional que pretende sustituir esa reglamentación. El mencionado proyecto representaría, de aprobarse, un grave retroceso en la materia violatoria del espíritu de la Ley que fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la Nación luego de un largo proceso de debate». ¿Qué es lo que se pretende modificar?
A.B.: Como fondo se pretende modificar el paradigma al que la ley apunta, esto implica pasar de un paradigma manicomial, esto es la existencia de instituciones de encierro, de un paradigma tutelar, a un paradigma de plenos derechos. Hay un giro verdaderamente total respecto a la concepción del padecimiento respecto de las personas y cómo debe ser el modelo de atención.
Entonces por un lado, por qué en vez de cambiar la reglamentación no derogan la ley, esta es la primera pregunta que uno debería hacerse desde la perspectiva política. Obviamente si la gobernabilidad que le da lugar a este poder médico hegemónico de avanzar de esta forma, uno se podría preguntar con los números de las elecciones últimas, por qué no hacen esto directamente; porque como bien dijiste esta Ley salió por unanimidad, inclusive fue votada por el PRO, con lo cual sería un trámite muy complicado.
M.H.: Lo cual no quiere decir nada porque muchas veces los legisladores del Pro votan leyes que después el Ejecutivo no respeta.
A.B.: También con la sanción de la Ley de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires, la 448, que en los últimos diez años de gobierno del PRO no se ha podido avanzar. Ayer mismo estuvimos debatiendo con la Ministra de Salud el presupuesto y sigue siendo más de lo mismo, prácticamente 3.000 millones de pesos para Salud mental y se lo llevan los cuatro neuropsiquiátricos. Por ejemplo, al Borda y al Moyano les corresponde para 2018, 800 millones de pesos. En este momento el hospital Borda tiene alrededor de 600 camas, si uno hiciese una división muy somera respecto de cómo se conforma ese presupuesto, si uno divide por las 600 camas se va a encontrar con que cada cama de internación nos sale alrededor de 95.000 pesos mensuales. Con la tercera parte de ese dinero mensualmente se podría subsidiar a una persona con inconvenientes de vivienda y trabajo, hasta familiarmente podría hacerlo.
Esto quiere decir que el cambio de paradigma y el interés corporativo tiene dos puntas, la primera es seguir considerando que la internación es inevitable, como elemento de acción y de proceso terapéutico. Porque sosteniendo el manicomio público se sostiene el manicomio privado. Si tal como expresa la Ley debemos ir en un proceso como tope al 2020 de sustitución de estas instituciones, esto no solo corre para el ámbito de lo público, sino también para los manicomios privados. Se caería un negocio multimillonario.
La otra punta tiene que ver con el tema de los psicofármacos, acá aparece el tema del gran incentivo que genera la industria farmacéutica respecto de cambiar este paradigma que está más ligado al principio de los Derechos Humanos por un lado y, por otro, a un paradigma donde al proceso de padecimiento le han cambiado de nombre nuevamente a «enfermedad mental», esto no es casual. El intento es que se restablezca la psiquiatría como la punta de la atención del abordaje psicoterapéutico y el resto de los profesionales como auxiliares.
Intentan retroceder 50 años en el tratamiento de la salud mental
M.H.: Alejandro Vainer nos acaba de traer el último número de la revista Topía que tiene por un lado una nota de Angel Barraco, «Salud mental el poder médico-psiquiátrico reconfigura su hegemonía» y además «Servicios comunitarios de salud mental en Trieste» de Roberto Mezzina.
A.V.: Quería agregar los datos que aporta el artículo de Roberto Mezzina que es el director del instituto mental de Trieste, lo tradujimos justamente porque los números que aporta demuestran que las cosas se pueden hacer de otro modo, que sale más barato y es mejor.
Esto está escrito con clara intención política de difusión porque es un modelo de salud mental hacia la comunidad, no basado en la internación y los psicofármacos, sino que apunta a que la salud mental depende de las redes comunitarias con las que contamos. Prácticamente dan vuelta el presupuesto, el 94% del presupuesto es para trabajo comunitario y solamente el 6% es para internaciones.
Imaginen tener una red donde hay desde cooperativas, emprendimientos sociales, salas en distintos lugares de la ciudad donde los casos se solucionan en el barrio, cerca de donde uno vive, donde las internaciones no son en los hospitales sino que hay algunas camas en estos centros de salud mental, donde alguien puede pasar como máximo 10 días. Alguien que tiene una crisis lo solucionan de otra manera.
Insisto, es otra manera, es mejor y es más barato; pero es un sistema basado en un sistema universalista y público de salud mental. Lo que están intentando hacer aquí es una privatización donde hay millonarios negocios y donde intentan volver para atrás algo que recién estaba tratando de empezar y que depende no solamente de quienes somos trabajadores de la salud mental sino de toda la comunidad. Por eso están avanzando en esto y va a depender de las luchas de toda la comunidad cuánto lo hagan aunque claramente intentan volver para atrás al menos 20 o 30 años.
A.B.: Yo te diría que más, a 1967, por el hecho de que restablecen las colonias psiquiátricas y ese conjunto de instituciones y lo otro, que es una cuestión inusitada, no es solo la cuestión del manicomio como receptivo de las problemáticas graves de la salud mental, sino que estamos frente a otra situación gravísima que está siendo desatendida y mercantilizada que es el tema de las adicciones.
Hoy lo que se plantea es poder sostener las comunidades terapéuticas, por eso el primer avance sobre la Ley que se viene intentando desde la Cámara de Diputados, a través de tres diputados, era justamente suprimir el artículo 4º de la Ley que es el que habla de adicciones, porque le estaban echando la culpa de que a los chicos no se los puede internar porque la Ley no lo permitía. Esto no es así, lo que hace la Ley es controlar de qué forma se interna.
Lo que pasa es que en las adicciones hay una situación grave porque ante la emergencia de casos de chicos atravesados por la problemática del consumo se generan situaciones de violencia y a su vez una desesperación tal en la familia que quiere internarlo a cualquier precio; entonces están planeando mecanismos compulsivos de fuerza para internación.
Justamente la Ley pone un límite a esto así como lo hace en los casos de locura, corre un control estricto porque es justamente la manera en la que se trasgreden los derechos de las personas. Cuando una internación deja de ser voluntaria para pasar a ser involuntaria estamos hablando de una situación grave de restricción de la libertad, esto indudablemente es innegociable.
Se trata de un grave retroceso que implica no solo modificar cómo se debe atender sino esta otra modificación en cuanto a que no le va a brindar garantías a la persona atendida, es porque justamente con esta nueva reglamentación pretenden destituir la intervención interdisciplinaria, esto es fundamental, porque en el proceso de atención psicoterapéutico, clínico y social indudablemente se requiere de la intervención de múltiples saberes y prácticas que a veces ni con todos los que podemos acudir se puede dar una solución; esta es la problemática del padecimiento mental.
Por otro lado, con esta reglamentación se pretende otra vez retroceder, volver a darle el poder al juez en lugar de dárselo al equipo interdisciplinario, se vuelve a sustituir el saber de la persona que padece en la figura del juez y no del equipo interdisciplinario.
Tengamos en cuenta que la psiquiatría convivió con lo jurídico porque se sostienen mutuamente. Lo jurídico porque en el sistema capitalista se requiere de una racionalidad y frente a todo aquello que indudablemente desde la diferencia genera algo disruptivo, el sistema requirió la normalidad y la psiquiatría históricamente se ha encargado de preservar esta cuestión.
Es un tema cultural, esta es también una lucha por el sentido de lo que es la salud mental, es también una lucha porque se pretende un gran trasvasamiento de los recursos públicos hacia el sector privado, por eso arranqué diciendo que indudablemente la responsabilidad es del gobierno macrista neoliberal, pero también de esta corporación neuroliberal que tiene que ver con el avance de las tecno ciencias, porque como moneda de cambio esta corporación ha silenciado y se ha callado increíblemente respecto del avance de la CUS, que es la Cobertura Universal de Salud, que es otro de los adelantos que ha hecho el macrismo respecto de borrar con la garantía que está en la Constitución y en las leyes respecto de la asistencia en la salud pública hacia todas las personas de manera gratuita. Con la CUS avanza la privatización.
A.V.: Con un modelo diferente en Italia bajaron a la mitad los intentos de suicidio en 20 años. Para tener datos concretos. Sale menos y tiene un mayor efecto.
A.B.: Este no es un problema que debe interesarle solamente a los trabajadores de la salud mental sino a la comunidad toda.
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