La tensión va en aumento. La confusión también. Dos gobiernos «progresistas» enfrentados por causa de dos conglomerados empresariales, ninguno de ellos con origen en el Río de La Plata. El socialista Tabaré Vásquez le pide a Buenos Aires que reprima las manifestaciones sociales y el empresario Kirchner no transa frente a la presión de los […]
La tensión va en aumento. La confusión también. Dos gobiernos «progresistas» enfrentados por causa de dos conglomerados empresariales, ninguno de ellos con origen en el Río de La Plata. El socialista Tabaré Vásquez le pide a Buenos Aires que reprima las manifestaciones sociales y el empresario Kirchner no transa frente a la presión de los inversionistas. Mientras tanto los vecinos alzados y grupos ambientalistas tienen cortadas las rutas de acceso al Uruguay. ¿Se ve alguna luz al otro lado del río?
Las voces populares
Dos plantas de celulosa abrieron el conflicto. La española ENCE y la finlandesa Botnia vieron el camino libre por parte del Estado uruguayo para construir sus nuevos complejos industriales al borde del Río Uruguay, cuyas aguas riegan, además, territorio argentino y brasileño. Las plantas producirán 1,5 millones de toneladas al año y contemplan una inversión de 1,8 millones de dólares. Sin dudarlo, la administración de Vásquez no puso mayores reparos a la iniciativa, en pos del resurgir económico en Fray Bentos.
De inmediato vino la reacción ciudadana, en especial de la asamblea vecinal del poblado de Gualeguaychú, el más afectado en caso de producirse una crisis ambiental. En este caso no es sólo un reclamo por la toxicidad que conllevan este tipo de procesos productivos, sino también porque «se va a cambiar la agricultura con los monocultivos de eucalipto y ello afectará al turismo«, como afirmó Juan Veronessi, vocero de la asamblea de Gualeguaychú. Esta última organización lidera el actual corte de las rutas 125 y 136.
El profesor Héctor Sejenovich, de la Universidad de Buenos Aires, afirmó que el riesgo ambiental reside en el hecho que se ubicarán a sólo 20 kilómetros de Gualeguaychú, «donde el río baja su energía y deposita sedimentos que conforman una zona propicia para la reproducción de peces. La no articulación entre las emisiones de efluentes líquidos, gaseosos y sólidos y la capacidad de absorción del medio generará contaminación en el aire, agua y suelo». Esto provocaría un aumento en los casos de cáncer, enfermedades respiratorias, asma e incluso modificaciones genéticas.
Existe, además, un cuestionamiento político en la medida que la producción de celulosa se destina mayoritariamente a la elaboración de papel de lujo, destinado al embalaje de costosos vehículos, línea blanca, electrónica y un largo etcétera que poco conocen los uruguayos. Sólo el 10% se utiliza para la fabricación de papel para libros, diarios, folletos, papel higiénico o clínico. El activista uruguayo Gonzalo Abella recordó que «un ciudadano norteamericano consume cien veces más papel que un ciudadano uruguayo, pero no lee cien veces más», el fruto de las papeleras tiene el destino de abastecer de material a la industria del lujo para las ciudades del Norte.
Greenpeace, quien desestabilizó la balaza a favor de los ambientalistas debido a la repercusión internacional que genera, puso el acento en las proyecciones de este auge de las celulosas: «lo que vemos a futuro es una expansión de esta actividad en ambos países, por lo que reclamamos un plan de producción limpia que impida la transferencia de tecnología sucia y contaminante hacia los países en desarrollo«, sostuvo Juan Carlos Villalonga, vocero de la ONG en la Argentina.
En todos los casos, se ha traído a la luz el recuerdo del caso Pontevedra, ciudad gallega que aloja una planta de celulosa bajo propiedad de ENCE. Miguel Ángel Fernández, alcalde del poblado, ha sido uno de los mayores entrevistados por la prensa trasandina: «Contaminación del agua, lluvia ácida, enfermedades, pérdida de puestos de trabajo y olor a huevo podrido que envuelve permanentemente la zona«, ha sido su lapidario informe de situación. Fernández ganó un juicio ambiental contra ENCE, el cual obliga a la empresa a retirar su planta recién…el 2018. «estos casos pueden durar 30 o 40 años porque la inversión es impresionante», sentenció el alcalde.
Por ello, los ambientalistas rechazan incluso la posibilidad de ceder ante la reforma de las tecnologías utilizadas por las papeleras. Se sugirió aceptar la inversión a cambio de trabajar con la tecnología TCF, es decir, «libre totalmente de cloro». ENCE y Botinia planean emplear la tecnología ECF, es decir, «libre de cloro elemental», una modalidad intermedia pero no por ello menos contaminante. «No ha lugar», sentenciaron los vecinos.
Las voces gubernamentales
Estas dos plantas polémicas no son un caso aislado. De hecho, Stora Enso, empresa de capitales sueco-finlandeses, ya tiene acordado la instalación de una tercera planta en el Uruguay. Andrés Berterreche, Director Nacional Forestal del gobierno de Tabaré, afirmó que «seguramente habrá más de tres» instalaciones papeleras funcionando en un corto margen de tiempo.
Esta situación es la que mantiene alerta a los gobiernos del Río de La Plata. No es sólo la instalación ahora de estos complejos industriales, sino su proyección. Esto llevó a Tabaré a comentar que la posición argentina «es como el tango del tipo que le pega a su esposa a cuenta de que ésta lo va a engañar con otro en cuatro o cinco años más«. Sutil ironía, pero contraproducente en el plano diplomático. «El diálogo está roto», se lamentaba hace unos días Reinaldo Gargano, canciller uruguayo.
Kirchner acusa a Montevideo de violar el acuerdo que ambas naciones firmaron en 1975 en relación a la vigilancia conjunta del cauce del Río Uruguay. En este sentido, pretende llevar el conflicto a la Corte Internacional de Justicia, en La Haya. Para algunos, esto es sólo una fuga para distender la situación porque es sabido que tales procesos tardan hasta tres años. Por lo demás, tampoco La Haya posee la capacidad de ordenar la detención de las plantas durante el período de tiempo que tarde el juicio. Uruguay propone dirimir en el marco del MERCOSUR y reafirma tal apuesta al enviar una misiva a los países miembros del pacto económico, y a sus asociados, entre los que se cuentan Chile y Venezuela.
¿Dónde acabará el conflicto? Lo cierto es que en los grupos ambientalistas es clara la bajada de telón por parte de ambos Ejecutivos: una salida pactada, «aguda vigilancia del proceso de contaminación» y un apretón de manos entre Kirchner y Tabaré, elogios de los inversionistas y elogios de gobiernos amigos como el de Chile en el sentido de «valorar la madurez» que impera entre nuestras naciones. Pero los tóxicos (y la sangre) igual llegarán al río.