Desde el martes 21 de octubre a las 9 de la mañana en el horario del Pacífico, se lleva a cabo en la sala de audiencias número 1 de la Corte de Apelaciones de San Francisco el juicio contra Daimler. Se trata de la muerte de 14 sindicalistas en la Mercedes Benz Argentina durante la dictadura […]
Desde el martes 21 de octubre a las 9 de la mañana en el horario del Pacífico, se lleva a cabo en la sala de audiencias número 1 de la Corte de Apelaciones de San Francisco el juicio contra Daimler. Se trata de la muerte de 14 sindicalistas en la Mercedes Benz Argentina durante la dictadura (1976-1983).
El juicio podría sentar un precedente y allanar el camino a los juzgados estadounidenses de las organizaciones de derechos humanos y de las asociaciones de consumidores de todo el mundo, incluso las que pretenden conseguir multas e indemnizaciones, esas multas e indemnizaciones que hacen daño a las empresas afectadas; tanto daño que el mundo de los negocios estadounidense, dirigido por el ministerio de Justicia, la Cámara de Comercio y el Instituto Americano de Petróleo, dirigen una campaña masiva desde la toma de posesión de George W. Bush.
¿Quién es el responsable de esto?
Para estas instituciones, era especialmente amenazador que un número cada vez mayor de extranjeros se querellara en los EE.UU. y se basase para ello en el Aliens Tort Claims Act (ley federal estadounidense que otorga competencia a los tribunales federales de ese país para entender de demandas de responsabilidad civil interpuestas por extranjeros, ante violaciones del Derecho Internacional. N. del T.). La ley, que data de 1789, fue inicialmente dictada contra los piratas que no podían ser perseguidos en las repúblicas bananeras del Caribe. Esta ley fue redescubierta en 1980 por organizaciones de los derechos humanos y ha sido utilizada para traer hasta los juzgados estadounidenses a los torturadores sudamericanos que estaban protegidos en sus países gracias a las amnistías.
También la querella argentina se ha basado en el juicio contra Daimler en el ATCA. En un primer lugar parecía que la presentación de la querella civil tendría pocas perspectivas. En el año 2003 habían sido desestimadas las querellas contra Chevron a causa de la contaminación de la selva ecuatoriana; el mismo Ecuador hubiera debido llevar a cabo el juicio, ya que los acontecimientos se produjeron allí y allí se encontraban la mayoría de los testigos utilizables por los jueces en aquel entonces. Pero el ATCA ha sido ratificado en otros juicios posteriores y en vista de ello, los abogados estadounidenses Daniel Kovalik y Terry Collingworth, apoyados por la International Labour Rights Fund, elevaron una querella contra Daimler. Además se han querellado contra la multinacional Coca-Cola a causa de su colaboración con los paramilitares colombianos.
Daimler quería impedir el proceso en San Francisco. Argumentaba que en el caso de haber un juicio, éste debía celebrarse en Alemania, sede de la compañía, o en Argentina, dónde se produjeron los asesinatos. Esto no es que sea poco razonable sólo por razones jurídicas. También habla en contra de ello, la multa de un máximo de 700.000 euros que se espera imponer en Argentina por los 14 asesinatos, una suma que no haría daño a la compañía: según declaraciones de los gerentes, durante el proceso la productividad de Mercedes Benz en Argentina subió un 40%. El «asesinato» como medio para maximizar las ganancias estaría, con una «multa» de esa cantidad, casi confirmado. Y por otra parte, en Alemania, el Tribunal Supremo de Justicia de Karlsruhe suspendió, a petición de Daimler, la notificación de la querella estadounidense a la empresa de Untertürkheim.
En la sesión de apertura de las negociaciones en San Francisco se tratará únicamente la competencia geográfica del juzgado en ese caso. Si fuera confirmada, se abriría oficialmente el juicio contra Daimler. En tal caso, primero serían escuchados los testigos y después se verían las pruebas. Pero ya es seguro que los abogados no necesitarán las pruebas para demostrar la cooperación de Mercedes Benz Argentina con los militares. El tema es que el testigo Hector Ratto había oído como el jefe de producción Juan Ronaldo Tasselkraut entregó a la policía la dirección de un compañero. Esa misma noche ese compañero fue secuestrado. Ratto le volvió a ver en el centro de tortura y después se perdió la pista de los afectados. Además, la empresa había denunciado al servicio secreto como «activista», al representante del comité de empresa Esteban Reimer, un expediente concluyente. Reimer fue secuestrado y asesinado.
Promesas sin consecuencias
Durante casi 10 años intentaron los denunciantes, en Alemania y Argentina, llevar a los culpables a juicio. Numerosos fueron los procesos penales, pero todavía están pendientes. El fiscal de Nuremberg determinó desde 1999, después de 4 años, la suspensión del juicio con el fundamento de que no se podía probar que los desaparecidos hubieran sido asesinados y que no reaparecieran algún día.
En Argentina se perfiló un cambio tras la toma de posesión de Néstor Kirchner en el año 2003. Los autores deberían haber temido desde entonces, cuando las leyes de amnistía fueron anuladas, que finalmente tuvieran que rendir cuentas; y el proceso contra los torturadores debería haber sido reanudado, incluyendo la investigación contra los responsables militares y civiles de la desaparición de los 14 representantes del comité de empresa de Mercedes. Kirchner recibió solemnemente a las viudas y prometió establecer una comisión de investigación. Pero esto no ocurrió, La fiscalía de Buenos Aires afirmó que la empresa sólo había encontrado pruebas de carácter general al respecto, pero nada concreto contra los directivos. El juicio fue enviado a la provincia.
En el caso de que no prosperase la acusación en San Francisco, queda el camino abierto para actuar en otros estados estadounidenses. Los abogados esperan que haya un veredicto en un plazo de tres a seis meses.
Traducción de Luis Montilla